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El senador de Morena, Alejandro Armenta, denunció que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña lo amenazó.
Desde la Tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador narró lo ocurrido y leyó un escrito que dirigió a la presidenta de la Corte para esclarecer los hechos.
“Me permitieron hacer uso de la palabra por algo que considero podría ser grave y no lo puedo permitir, es un hecho que de concretarse sería lamentable, a las 9 de la noche del día de ayer empecé a recibir de un numero tel. un conjunto de mensajes presuntamente del número de la ministra Presidenta de la Corte, quiero informar que he enviado un escrito a la corte”, inició.
“Mediante una serie de mensajes de whatsapp, pretendió crear un canal de comunicación entre usted y su servidor, acto seguido presuntamente el número telefónico que usted acredita, recibí mensajes a las 9:01 con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por un desempeño como legislador federal.”

Sirva la presente para que bajo protesta de decir verdad y contando con su invaluable apoyo se pueden clarificar los hechos narrados”, leyó el documento.

Mientras los diputados federales y senadores del PAN, PRI, MC, PRD y sin partido defendieron a Piña, los de Morena, PT y PVEM criticaron que la Corte esté resolviendo controversias y acciones de inconstitucionalidad con “carácter político’’.
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El periodista Manuel Pedrero Solís ha revelado en sus redes sociales que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, se entregará un premio a sí misma, siendo éste el que tanto ha presumido la derecha con orgullo.
El también titular del informativo Sin Máscaras detalló que el premió que entregará entre el 11 y 14 de mayo la International Association of Women Judge, cuenta con varias delegaciones regionales, como lo son la asiática, Europea y Latinoamericana, esta última dirigida por la ministra Piña Hernández, la cual ha demostrado que no solo gusta de liberar criminales y echar atrás reformas constitucionales democráticamente aprobadas, sino que también resultó ser una autopromotora descarada.
“Esto es bastante similar a cuando Vicente Fox fue premiado con doctorado honoris causa por la universidad de Miami donde el presidente era Julio Frenk, secretario de Fox”.
detalló el politólogo.
Por si queda lugar a dudas, en la misma página de la ONG se detalla que Norma Piña es la encargada de la región de Latinoamérica de la organización Esther Elisa Agelan, de la Suprema Corte de la República de Santo Domingo.
El pasado miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, quien recibirá el Premio de Derechos Humanos 2023, por haber contribuido, según quienes entregan el galardón, en los avances en la reducción de la brecha de género.
Ante esto, el Presidente López Obrador hizo gala de su crítico y característico sentido del humor, señalando que tal reconocimiento se puede conseguir en la Plaza de Santo Domingo, lugar ubicado en el centro de la Ciudad de México, infame por ser donde se falsificaban títulos profesionales entre algunos otros documentos oficiales.
“Esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo, o también en la revista Times”, se mofó el primer mandatario haciendo referencia a Enrique Peña Nieto, que hace algunos años apareció en la portada de la revista estadounidense.
AMLO también puso como ejemplo el caso de Enrique Krauze, uno de los “intelectuales” de la derecha salinista que casi cada año es galardonado por la monarquía de España.
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El Perro tuitazo de este martes es de Eva Prianti y menciona como es que la derecha ha reaccionado violentamente al enterarse que habrá una movilización pacífica a fuera de la Suprema Corte, donde se exigirá la renuncia de la ministra presidenta, Norma Piña Hernández.
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Este miércoles 3 de mayo el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que, mediante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), solicito de manera formal a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, no abordar este jueves la impugnación sobre la primera parte del ‘Plan B’ electoral, el cual plantea invalidar reformas realizadas por la mayoría de Morena.
En cambio, la Presidencia solicitó que el máximo tribunal resuelva de forma inmediata la constitucionalidad o no del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) desde el pasado el 11 de mayo de 2018, reforma que fue respaldada por el PRI y PAN en su momento.
Bajo esta connotación, el gobierno federal solicitó al alto tribunal resolver primero dicho tema, ya que lleva cinco años pendiente.
“Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018”, se lee en un comunicado.
Asimismo, la Consejería detalló que la LGCS fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI y el PAN, causando los cuestionamientos de la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento Ciudadano, pues consideraban que existían vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones no son constitucionales.
Sin embargo, reprochó, que al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la acción de inconstitucionalidad 29/2023, contra el ‘Plan B’.
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En el colmo de la desvergüenza la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que también dirige el Consejo de la Judicatura Federal, después de haber propinado un severo golpe a la corporación de seguridad pública más importante en los últimos años, me refiero a la Guardia Nacional y que dicho sea de paso ha sido, a juzgar por los datos, una fuerza pública que ha logrado revertir la desconfianza que la sociedad en su conjunto tenía contra las policías de todos los niveles de gobierno; la ministra presidenta ha pedido al gobierno de México la protección del edificio que alberga al máximo tribunal del país con dichos efectivos, a los que dieron previamente la espalda al negarles una estructura organizada por la Secretaria de la Defensa Nacional.
Ante las inminentes protestas sociales que se avecinan y esperan con motivo de las últimas resoluciones, polémicas por decir lo menos, de una Corte Suprema encabezada por una presidenta que ha manifestado tácita y expresamente su postura política contraria al Presidente de la República. La señora Piña exhibe su poco oficio político al también haber quedado evidenciado su actuar corrupto pues habría intentado corregir en la última decisión referente precisamente a la Guarda Nacional pues no obstante de haberse pronunciado por la inconstitucionalidad de que la Secretaria de la Defensa Nacional asumiera su organización, por ende su efectividad y viabilidad; hizo gestiones que harían que al menos durante lo que resta del sexenio se mantuviera la Guardia Nacional bajo el mando de la Defensa, cuestión que causó la molestia del Ejecutivo Federal pues se entendió como un enjuague premeditado del que seguramente buscaban sacar raja política para después dejar evidenciado al gobierno como si se tratase de una más de las corruptas administraciones a las que estaban acostumbrados a obedecer a cambio de favores.
Sin embargo, la ministra Presidenta de la SCJN decidió mal y le ha costado que además de la irritación social por otras decisiones concernientes a implicados políticos por corrupción a los que se ha beneficiado últimamente por ese poder judicial que ella preside ahora tiene la antipatía de otro grande sector que quiere y aspira a contar con una Guardia Nacional en la que ve una luz al final del túnel con el tema de la inseguridad.
La opinión pública no miente, aquí por ejemplo, en la Ciudad de México es un hecho que los últimos ejercicios que preguntaban sobre mantener la Guardia Nacional en la red del metro capitalino era abrumadora la posición de continuar con esa vigilancia pues cuenta con la confianza ciudadana. Y qué más prueba que la misma victimaria de ese estado de fuerza ha pedido su apoyo para su protección.
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Pasado el mediodía de este lunes, comenzó a la s afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el plantón pacifico que un grupo de ciudadanos ha convocado para exigir la renuncia de la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, señalada de ser un eslabón más de la derecha en contra de las iniciativas de la Cuarta Transformación.

En el lugar, los presentes han comenzado a recaudar firmas para que la gente pida la renuncia de Piña Hernández, que en días pasados fue uno de los 8 elementos que votó en contra de la seguridad del pueblo, evitando que la Guardia Nacional pase a la Sedena.

“Pasen a firmar, hay que remover a este Poder Judicial corrompido, han convertido la justicia en un negocio… la justicia en México la tocan y la venden, puros moches en los Ministerios Públicos ya queremos que se vayan… que vayan a hacerle compañía a Genaro García Luna”.
Este lunes, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, adelantó que Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha pedido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), asistencia de la Guardia Nacional ante una supuesta manifestación que concluirá en el recinto del Poder Judicial.
López Hernández adelantó que la relación del Gobierno de México con la Suprema Corte es institucional, misma vía por la que la presidenta solicitó ayuda de la Guardia Nacional, petición que será tratada de la misma manera.
“Ahora mismo podŕia comentarles que la presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha propósito de un anuncio que se ha hecho los últimos días, las últimas horas, respecto a una marcha que estaría dirigida o terminaría en la SCJN, ha solicitado por vía oficial institucional, mediante un oficio a Rosa Icela Rodríguez, que se proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones”.
Adán Augusto
El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, trató de negociar el tema de la Guardia Nacional con el Gobierno de México, sin embargo la Cuarta Transformación no le siguió el juego.
El líder del Ejecutivo mencionó que Piña Hernández y otros ministros de la SCJN pidieron negociar el plazo para que la Guardia Nacional pase al control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, petición que fue rechazada.
“Hasta se arrepintieron ayer, porque estaban muy prepotentes, pero la gente está en contra de ellos, no se puede acatar porque entra en vigor hasta enero del año próximo, se arrepintieron ósea en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato empezaron ahí hasta mandándonos a decir que porque no se negociaba que entrara en vigor después, ¡no!, les dije al secretario de gobernación y la secretaría de Seguridad, no, nada de negociación, eso tiene que ver con la dignidad”.
Explicó AMLO el viernes.
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Este lunes, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, adelantó que Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha pedido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), asistencia de la Guardia Nacional ante una supuesta marcha que concluirá en el recinto del Poder Judicial.
López Hernández adelantó que la relación del Gobierno de México con la Suprema Corte es institucional, misma vía por la que la presidenta solicitó ayuda de la Guardia Nacional, petición que será tratada de la misma manera.
“Ahora mismo podría comentarles que la presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha propósito de un anuncio que se ha hecho los últimos días, las últimas horas, respecto a una marcha que estaría dirigida o terminaría en la SCJN, ha solicitado por vía oficial institucional, mediante un oficio a Rosa Icela Rodríguez, que se proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones”.
Adán Augusto
El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, trató de negociar el tema de la Guardia Nacional con el Gobierno de México, sin embargo la Cuarta Transformación no le siguió el juego.
El líder del Ejecutivo mencionó que Piña Hernández y otros ministros de la SCJN pidieron negociar el plazo para que la Guardia Nacional pase al control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, petición que fue rechazada.
“Hasta se arrepintieron ayer, porque estaban muy prepotentes, pero la gente está en contra de ellos, no se puede acatar porque entra en vigor hasta enero del año próximo, se arrepintieron ósea en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato empezaron ahí hasta mandándonos a decir que porque no se negociaba que entrara en vigor después, ¡no!, les dije al secretario de gobernación y la secretaría de Seguridad, no, nada de negociación, eso tiene que ver con la dignidad”.
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