Por Nathael Pérez
Adrián de la Garza Santos, el candidato designado del PRI para la próxima gubernatura de Nuevo León, lleva décadas construyendo una imagen de hombre respetable. Sin embargo, debajo del discurso de orden y seguridad se acumula un historial de señalamientos que van desde presuntos vínculos con el crimen organizado hasta contratos millonarios con empresas que no existen.
Su nombre en narconóminas
En octubre de 2016, una investigación de la policía española contra el Cártel de Los Zetas reveló una presunta relación entre De la Garza y Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono” Muñoz, durante el período en que el político fungió como procurador de justicia estatal. Su nombre habría aparecido también en narconóminas incautadas por el Ejército, develando supuestos pagos del grupo criminal a funcionarios de seguridad. Esas mismas libretas fueron enviadas a la Procuraduría para su investigación, precisamente cuando De la Garza la encabezaba. Él lo negó todo.
Aplicaba tortura siendo procurador
Daniel Abdón Torres Muñoz, exmiembro de la Agencia Estatal de Investigaciones, narró públicamente haber sido privado de la libertad en Apodaca y sometido a golpes, quemaduras y dedos rotos para que firmara una confesión. La denuncia apuntaba directamente a la Procuraduría bajo el mando de De la Garza.
Desvío por medio de cámaras de vigilancia
Durante su segunda alcaldía, De la Garza presumió la instalación de 4,000 cámaras de videovigilancia con un costo de 647 millones de pesos. Los peritajes realizados por la revelaron que 2 mil 384 cámaras no funcionaban, no existían o estaban desconectadas, lo que significaba un desvío de 411 millones de pesos. Un sistema de seguridad que era, en su mayor parte, un fraude.
Cobraba “moches” en la Secretaría de Desarrollo urbano
Durante la gestión de De la Garza, fue presentado un video donde realiza supuestos cobros ilegales — “moches”— dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey. El entonces titular de Control Urbano, Arturo Treviño, aparecía involucrado. El alcalde guardó silencio y nadie fue detenido.
Extorsionaba a los más vulnerables
La Asociación Unidad y Fuerza, que representa a miles de vendedores ambulantes de la ciudad, denunció que durante la alcaldía de De la Garza operó una red de extorsión con policías e inspectores municipales. El “cobro de piso” institucionalizado oscilaba entre 300 y 1,000 pesos semanales por comerciante. Una red que abusaba de los trabajadores informales más necesitados de Monterrey.
‘Juguetes’ de cartón para desviar recursos
Durante su administración fue denunciado que el municipio otorgó contratos por 23 millones de pesos a una empresa ligada al PRI, supuestamente para adquirir “juguetes”. ¿El resultado? Tarjetas de cartón repartidas en colonias vulnerables: desvío de recursos disfrazado de acción social.
7 mil millones para una planta fantasma
Quizá el escándalo más grave: un contrato de 7 mil millones de pesos para una planta fotovoltaica que no existe, con el que De la Garza comprometió las finanzas del municipio por los próximos 20 años. La contralora municipal quedó señalada como socia del empresario detenido por fraude bajo el mismo esquema.
Las Vegas en horario laboral
En su segunda administración como alcalde, De la Garza fue sorprendido viajando a Las Vegas en jet privado durante día y horario laborales. Su reacción fue un clásico del manual priista: primero negó el viaje, luego lo aceptó, y ante la pregunta sobre el dueño del avión, ofreció versiones distintas hasta finalmente admitir que el jet era de su hermano Filiberto.
Adrián de la Garza ha sobrevivido políticamente a cada una de sus polémicas, amparado en la maquinaria del PRI, en alianzas oportunistas y en la fragmentación de la oposición. Pero gobernar Nuevo León —un estado que ha sufrido décadas de violencia, corrupción e impunidad— requiere más que sobrevivir a escándalos. Requiere no haberlos provocado.
El expediente de De la Garza es el de un funcionario que, a lo largo de veinte años, ha dejado un rastro demasiado largo, demasiado documentado y demasiado costoso para los ciudadanos como para ser ignorado.
