La reforma al artículo 9 de la Constitución local obligaría a las autoridades a crear servicios comunitarios y políticas contra los riesgos del consumo de drogas.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, envió al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para cambiar la Constitución local. Con ella, la salud mental y la atención al consumo de sustancias psicoactivas serían parte esencial del derecho a la salud.
El proyecto parte de una realidad que toca a muchas familias. Según el documento, 14.9 por ciento de los adultos mayores de 20 años en el país presentó síntomas de depresión moderada o severa. La cifra pega más a las mujeres, con 18.7 por ciento, que a los hombres, con 10.8 por ciento.
En la capital, el panorama también preocupa. El texto retoma datos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, de la Secretaría de Salud federal. Los servicios públicos atienden a más de 60 mil mujeres y a poco menos de 30 mil hombres por problemas de salud mental. Casi todos llegan por depresión y ansiedad.
Por ello, la reforma modifica el artículo 9, apartado D, de la Constitución local. El cambio garantiza que los servicios de salud incluyan la atención a la salud mental y a las adicciones. Esa atención abarcaría la promoción, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación.
Además, la iniciativa amplía los derechos de las personas con discapacidad. Suma el concepto de habilitación al de rehabilitación integral y menciona de forma expresa a quienes viven con discapacidad psicosocial.
Asimismo, la propuesta pone nuevas tareas a las autoridades capitalinas. Primero, deberán desarrollar poco a poco políticas, programas y servicios de salud mental en las comunidades. Después, tendrán que aplicar políticas públicas completas para prevenir y atender el consumo de sustancias psicoactivas, y para reducir sus riesgos y daños.
