La presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad llama a combatir las malas prácticas, mientras el pago vitalicio que recibió tras la muerte de su esposo fue cuestionado por Pemex, que sostuvo que no procedía al tratarse de un suicidio.
María Amparo Casar aseguró que “la corrupción hay que combatirla porque estaríamos mejor todos”. La frase revive la polémica por la pensión vitalicia que recibió durante años de Petróleos Mexicanos (Pemex), un caso que puso bajo la lupa la congruencia entre su discurso anticorrupción y los beneficios que obtuvo.
En mayo de 2024, el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, sostuvo que la pensión y el seguro de vida entregados a Casar no procedían, pues la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, ocurrida el 7 de octubre de 2004 en la Torre Ejecutiva de la petrolera, fue determinada como suicidio y no como accidente laboral. Según la explicación del funcionario, esos beneficios correspondían cuando la muerte ocurría en funciones y por accidente.
La cronología expuesta por Romero Oropeza llamó la atención: Casar solicitó la pensión el 15 de octubre, apenas ocho días después del fallecimiento, y recibió el primer pago el 29 de ese mes. El seguro de vida, por 17.6 millones de pesos, se entregó el 19 de noviembre, antes de que concluyera la investigación ministerial, según el relato presentado por Pemex.
El funcionario también informó que, hasta febrero de 2024, Casar había recibido alrededor de 31 millones de pesos en pensiones, con pagos mensuales de aproximadamente 125 mil pesos. Pemex calificó el caso como un presunto acto de corrupción y cuestionó que los beneficios se autorizaran antes de que se cerrara el expediente sobre la muerte.
Así, mientras Casar llama a combatir la corrupción, el caso de su pensión sigue siendo un punto de controversia pública. La ironía política resulta inevitable: quien encabeza una organización dedicada a denunciar la corrupción también debe responder a los cuestionamientos sobre los recursos públicos que recibió. Las acusaciones de Pemex, sin embargo, deben distinguirse de una resolución judicial definitiva que establezca responsabilidades.
