La cancillería recuerda que el Tratado de Límites de 1970 fija la frontera en el centro del cauce. Solo la CILA decide de qué lado queda cada isla.
El gobierno de México respondió con firmeza a Texas, que decidió por su cuenta quedarse con nueve islas del río Bravo. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtió que ninguna autoridad estatal puede cambiar los límites fronterizos. Un tratado internacional los define.
Todo empezó con el anuncio de Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas. Ella afirmó que nueve islas del río, entre Laredo y McAllen, pertenecen a su estado. En total, el río Bravo tiene 28 islas en ese tramo. Según Buckingham, la propiedad de estas nueve era incierta desde hace años, y nadie las había reclamado.
La funcionaria explicó que la Oficina General de Tierras “confirmó” la propiedad a petición de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Con esa decisión, el ejército de Estados Unidos podrá entrar a las islas. Allí hará labores de limpieza y patrullaje. Según ella, busca mantener la seguridad de la frontera sur y quitar posibles escondites de narcotraficantes.
La cancillería mexicana no aceptó el argumento. En su pronunciamiento, recordó que el Tratado de Límites de 1970 marca la frontera en el centro del cauce del río Bravo. “Ese límite determina la soberanía de las tierras en ambos lados de la frontera”, puntualizó.
Además, la SRE señaló quién tiene la última palabra. La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia que ambos gobiernos eligieron para aplicar el tratado. Ella decide de qué lado del límite queda cada isla. “Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución”, precisó la cancillería.
Asimismo, el tratado prohíbe a cualquiera de los dos países construir obras que, según la CILA, desvíen u obstruyan el curso normal del río.
Por su parte, el gobierno mexicano prometió vigilar cualquier acción en la zona. También reiteró que seguirá cumpliendo los tratados de la frontera común y que prefiere el diálogo entre ambos países.
Mientras tanto, Buckingham admitió en un comunicado que nadie ha confirmado actividad criminal en las nueve islas. Aun así, dijo que “la experiencia previa” muestra cómo los cárteles y los contrabandistas pueden aprovechar las islas fronterizas. No dio ejemplos concretos.
