Habitantes denuncian falta de permisos, ausencia de consulta vecinal y modificaciones que afectan gravemente la movilidad en Santa Cruz Atoyac.
Habitantes de la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, alzaron la voz contra las obras que se realizan en la calle Uxmal, las cuales califican como “arbitrarias” y ejecutadas sin transparencia por la administración encabezada por Luis Mendoza.
En un tramo de aproximadamente 400 metros, entre Eje 7 Sur Municipio Libre y Miguel Laurent, se han implementado cambios como el cierre parcial de la vialidad, un corredor peatonal, circulación en desnivel y doble sentido, lo que ha provocado caos vial y riesgos para peatones y automovilistas.
Ante la falta de información clara, los vecinos iniciaron protestas desde sus domicilios, colocando mantas en las que exigen transparencia, legalidad y respeto a la comunidad. Señalan que, pese a reuniones con autoridades, no se les ha presentado el proyecto completo ni el detalle de la inversión.
Los colonos denuncian que las obras comenzaron desde el año pasado sin consulta vecinal, estudios previos ni permisos visibles, afectando directamente el acceso a al menos 11 predios habitacionales. Además, acusan que las modificaciones se realizaron de manera unilateral aprovechando la cercanía con la sede de la alcaldía.
Entre las medidas más polémicas, se les informó que el acceso a la calle Uxmal sería restringido mediante un código QR, lo que ha generado inconformidad por limitar el libre tránsito en la zona. También se habilitó un tramo de doble sentido cerca de oficinas públicas, incrementando el desorden vial.
La situación se agrava debido a la alta afluencia en el área por usuarios de oficinas gubernamentales y del deportivo local, lo que ha convertido la zona en un punto crítico de movilidad. Los vecinos advierten que continuarán las protestas hasta que las autoridades transparenten el proyecto y detengan las obras.
Con información de Josefina Quintero para La Jornada.
Habitantes acusan falta de estudios, consulta ciudadana y transparencia en el proyecto impulsado por la alcaldía encabezada por Luis Mendoza, que limitará el acceso vehicular a residentes.
Vecinos de la calle Uxmal, en la alcaldía Benito Juárez, denunciaron opacidad, falta de planeación y ausencia de consulta ciudadana en una obra impulsada por el gobierno del alcalde Luis Mendoza Acevedo, que mantiene cerrada la vialidad desde hace seis meses y que ahora pretende controlar el acceso mediante un código QR.
De acuerdo con los habitantes del tramo ubicado entre Municipio Libre y Miguel Laurent, la obra inició desde octubre sin que la alcaldía presentara estudios técnicos, presupuesto, duración del proyecto o detalles del plan urbano. Los vecinos aseguran que, pese a varias reuniones con funcionarios de la alcaldía, nadie ha podido explicar con claridad en qué consisten los trabajos.
Según versiones de trabajadores de la obra, el proyecto contempla un acceso peatonal en la zona cercana al edificio sede de la alcaldía y al deportivo Benito Juárez, mientras que los vehículos ingresarían por la rampa del estacionamiento subterráneo para salir posteriormente hacia Miguel Laurent. Sin embargo, no existe información pública oficial que confirme estos cambios viales.
Foto: Josefina Quintero
Además, los residentes señalaron que la calle será convertida en doble sentido en un tramo, pero con acceso exclusivo para habitantes mediante un sistema de código QR, lo que impediría el tránsito habitual desde Emiliano Zapata hacia el norte. Esta medida, advierten, podría generar mayor congestión vial y complicaciones para servicios de emergencia y transporte.
La situación se agrava —afirman— por la presencia de vehículos siniestrados, patrullas y ambulancias estacionadas en la zona, muchos de ellos bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sin que la alcaldía haya explicado qué ocurrirá con estas unidades si la calle queda restringida.
Los vecinos también criticaron que ni el director de Participación Ciudadana ni el equipo de arquitectos presentado en las reuniones pudieron detallar el proyecto, lo que evidencia —dijeron— la improvisación del gobierno de Luis Mendoza. Para los habitantes, la obra se ha convertido en un ejemplo de falta de transparencia y mala gestión urbana, pues afecta directamente a al menos 11 predios habitacionales sin que exista información pública clara.
Mientras su gobierno en León enfrenta cuestionamientos por el uso de recursos públicos en comunicación social, la alcaldesa pausa una eventual salida del PAN tras ser mencionada por MC como perfil rumbo a 2030.
La gestión de Alejandra Gutiérrez Campos como alcaldesa de León, Guanajuato, ha estado marcada por señalamientos persistentes sobre el uso discrecional de recursos públicos, especialmente en comunicación social, imagen institucional y promoción personal, al tiempo que su figura comienza a ser mencionada en escenarios políticos de largo plazo.
Uno de los casos más relevantes se remonta a 2022, cuando investigaciones de POPLab, replicadas en medios nacionales, expusieron contratos municipales con empresas que presuntamente administraban las redes sociales personales de la alcaldesa, una práctica prohibida por la ley. El tema cobró fuerza tras las declaraciones de Carolina Valenzuela, titular de la agencia Dirección de Ideas y Sueños, quien inicialmente admitió que su contrato incluía el manejo de perfiles privados.
Aunque Gutiérrez Campos negó los señalamientos y la proveedora intentó retractarse, la Contraloría Municipal abrió de oficio el expediente CM/DAI/INV-118/2022, impulsado por regidores de oposición, quienes acusaron que el gasto en comunicación social funcionaba como una estrategia de posicionamiento personal más que informativa.
A estos cuestionamientos se sumó una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) por el uso de publicidad oficial con una modelo de rasgos similares a la alcaldesa, señalada como propaganda encubierta para evadir la prohibición constitucional de promover la imagen de servidores públicos con recursos del erario.
En este contexto, la alcaldesa pausó la posibilidad de abandonar el PAN, luego de que el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, la calificara como un perfil viable para la gubernatura de Guanajuato en 2030. Gutiérrez confirmó que ha sostenido pláticas con distintos liderazgos, aunque aseguró que seguirá siendo una voz crítica dentro de su partido.
“Agradecerle a Máynez por sus comentarios; lo que nos interesa es la gente, el país y este municipio”, declaró la alcaldesa, evitando definiciones políticas mientras los señalamientos por opacidad y promoción personal continúan siendo una constante en su administración.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acumula señalamientos por despidos injustificados, presunta opacidad en contratos y operativos de “mano dura” contra comerciantes.
A poco más de un año de haber asumido la titularidad de la alcaldía Cuauhtémoc, la gestión de Alessandra Rojo de la Vega se ha consolidado no solo por sus denuncias contra administraciones pasadas, sino por una serie de controversias internas y externas que han marcado su ejercicio.
El estilo de gobierno, caracterizado por represón y operativos sin aviso previo, ha generado un clima de tensión constante con sindicatos, comerciantes y adversarios políticos, quienes acusan a la alcaldesa de autoritarismo y de utilizar el aparato administrativo con fines de revancha o control político.
Conflicto laboral y acusaciones de despidos masivos injustificados
El escándalo más persistente de su administración ha sido el conflicto laboral con el personal de base y sindicalizado de la demarcación.
Bajo la bandera de combatir la corrupción y la figura del “aviador” heredado de gestiones anteriores, Rojo de la Vega implementó una reestructuración de personal que se tradujo, de acuerdo a denuncias sindicales, en la separación o reubicación forzosa de cientos de trabajadores.
Los empleados afectados han acusado a la alcaldesa de realizar despidos injustificados por motivos políticos, argumentando que las bajas se concentraron en personal con afiliación o simpatía hacia el partido opositor que gobernó la demarcación previamente.
Estas decisiones han derivado en múltiples manifestaciones, paros laborales y la interrupción de servicios, lo que ha puesto en evidencia la inestabilidad interna en el funcionamiento operativo de la alcaldía.
Uso de recursos y señalamientos por presunta opacidad
Su administración ha enfrentado críticas por el manejo discrecional de recursos. Un foco de controversia ha sido la contratación y adjudicación de servicios de seguridad privada y vigilancia.
Se ha señalado una presunta falta de transparencia en la selección de proveedores para estos servicios, sugiriendo que los montos contratados no siempre se justifican con la mejora real de la seguridad en la demarcación.
Una investigación realizada por Los Reporteros Mx reveló graves contradicciones, omisiones y una evidente manipulación de cifras. La alcaldesa presumió los “logros” que beneficiarían, según ella, a los más de 545 mil habitantes de esa demarcación. Entre estos estaban la instalación de 51 mil luminarias, adquisición de 53 patrullas nuevas y recuperación de 20 mil metros cuadrados de vía pública.
Pero la alcaldesa de oposición olvidó mencionar un detalle fundamental: las patrullas no son propiedad de la alcaldía; son arrendadas. Por si fuera poco, documentos oficiales de la propia alcaldía se contradicen sobre el número exacto de unidades y su costo real.
Choques por el reordenamiento urbano y abuso de autoridad
La política de “mano dura” en el reordenamiento del espacio público ha sido otra fuente constante de escándalos.
Los operativos de desalojo de comerciantes informales, especialmente en las colonias Juárez, Centro, y Tepito, han sido frecuentes y polémicos. Comerciantes ambulantes y organizaciones vecinales han denunciado que estos operativos se llevan a cabo con exceso de fuerza, intimidación y sin agotar las vías de diálogo o de reubicación formal.
En varios incidentes documentados, se han reportado confiscaciones de mercancía y enfrentamientos directos entre el personal de la alcaldía y los vendedores, lo que ha escalado las tensiones sociales.
Y como si todo lo anterior no bastara para el expediente de escándalos, recientemente la alcaldesa “invitó amablemente” a comerciantes de La Lagunilla a formar parte de la famosa marcha de la supuesta Generación Z, ese evento que buscó venderse como espontáneo pero que tuvo más producción que un espectáculo del Ajusco.
Incluso se señaló que la movilización habría sido financiada para quedar bien con su conocido aliado, Ricardo Salinas Pliego. Un cierre digno para una administración que, en vez de gobernar, parece empeñada en competir por el premio a la mejor telenovela política del año.
Al final, Alessandra Rojo de la Vega parece empeñada en demostrar que, si no puede gobernar con resultados, al menos puede gobernar con escándalos. Su administración avanza como sus operativos: sin aviso, sin consenso y con más ruido que claridad. Rojo de la Vega domina el espectáculo, lástima que la alcaldía no necesita una influencer, sino una administradora.
Los Reporteros MX.- Damián Zepeda ha navegado con la bandera de ser una voz crítica dentro del PAN, llamando a la renovación del partido desde hace años, frente a las derrotas electorales que sufrieron sus filas entre 2018 y 2024.
Pero lejos de esa imagen de hombre sensato que “sabe lo que quiere el partido”, se encuentra un político que prefiere ocultar sus ingresos, faltando a la ley y al compromiso que asumió como servidor público. Y por si fuera poco, ganando casi tanto como la presidenta de la República ¡Como asesor del Senado!
Según una investigación realizada por Los Reporteros MX, Zepeda ocultó varias empresas de su declaración patrimonial: tanto una que está a su nombre como las de su pareja, Ivonne Robinson Bours González, que dicho sea de paso pertenece a una de las familias más acaudaladas de Sonora.
En su declaración patrimonial 2025, Damián Zepeda asegura no tener ninguna relación con empresas o participaciones en instituciones más allá de Acción Nacional. Esto sigue el patrón de opacidad de otros dos cabecillas del PAN: Ricardo Anaya y Marko Cortés, que ocultaron sus negocios desarrollados en sus estados de origen, Querétaro y Michoacán, como así lo reveló Los Reporteros MX en investigaciones anteriores.
En el caso de Zepeda, tiene acciones en la empresa TGI GRUPO DE INVERSION, S.A. DE C.V., con sede en Hermosillo, Sonora. Este negocio data de 2014 y según su página de internet, la organización es de carácter financiero:
“Consolidarse, crecer y posicionarse como organización líder y ser uno de los mejores grupos inversionistas en México en el rubro empresarial, a través de un crecimiento constante, sostenible y una gestión eficiente que garantice nuestra rentabilidad y la satisfacción de nuestros miembros”.
Esta empresa sigue teniendo actividades y movimientos legales hasta 2025. En uno de los documentos disponibles en el Registro Público de Comercio, aparece el nombre de Zepeda, lo que confirma su participación activa en el negocio.
Este documento revela que la empresa recibe ganancias millonarias, las cuales, por supuesto, no están en la declaración patrimonial del panista. Esta empresa tiene aportaciones que están valuadas en 5 millones 249 mil pesos y aportaciones pendientes por un millón 730 mil pesos.
Según otro documento de asamblea, Zepeda Vidales tiene una participación accionaria de 28 mil pesos de capital fijo y 428 mil 500 pesos de capital variable, es decir, 456 mil 500 pesos que no están siendo declarados (como mínimo).
Pese a esto, el legislador sólo declaró el pago por honorarios recibido como asesor del Senado de la República por 2 millones 182 mil 398 pesos al año, es decir, 181,866.5 pesos al mes. Por sólo dar un ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum gana 191 mil pesos mensuales.
En cuanto a los bienes de su esposa, también ha guardado silencio. Ivonne Robinson Bours González es dueña de dos empresas en Sonora, Navojoa:
🔴 Agrícola RBG S.A. de C.V. 🔴 Avícola El Ciclón S.A. de C.V.
Agrícola RBG tiene como accionistas activos tanto a Ivonne Robinson Bours como a varios miembros de su familia. Esta empresa tiene un capital variable de 6 millones 128 mil pesos, según un documento mercantil. Su última actividad legal fue registrada en el año 2012.
Por su parte Avícola El Ciclón fue fundada en 1993 y su último rastro legal apareció en 2016.
Los Reporteros buscó al área de Comunicación de la bancada panista del Senado para hablar de los señalamientos de este reportaje, sin hasta ahora obtener respuesta.
Más allá de la falta de transparencia, Damián Zepeda continúa con sus actividades políticas, formando parte del relanzamiento del PAN, junto con rostros como el de Anaya, Cortés y Kenia López Rabadán, que de nuevos no tienen nada. Pese a compartir la opacidad con varios de sus compañeros de partido, el mayo de este año Zepeda afirmó que “por el bien del país, nos merecemos transparencia”, lanzando una crítica al gobierno oficialista. ¿Habrá olvidado que primero se tiene que empezar por los problemas de casa? Parece que no. Un miembro más de la oposición con la incongruencia como bandera partidista.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, defiende su contrato de casi 4 mil millones de pesos con Seguritech. Afirma que la empresa ha mejorado la seguridad en la entidad. Sin embargo, la realidad parece contradecirlo.
Recientemente, Aristegui Noticias expuso detalles sobre el contrato millonario otorgado a Seguritech. Este acuerdo, que abarca desde 2022 hasta 2027, ha generado controversia por su falta de transparencia. Muchos aspectos del contrato fueron clasificados como reservados, lo que ha despertado sospechas.
Kuri argumenta que, desde la llegada de Seguritech, los índices delictivos han disminuido. Sin embargo, los críticos apuntan que la falta de una licitación pública y la opacidad contractual plantean dudas sobre la gestión del gobernador. ¿Es realmente una mejora en la seguridad o un despilfarro de recursos?
Además, el contrato con Seguritech no es un caso aislado. En Guanajuato, donde la empresa también operó, los resultados fueron desalentadores. A pesar de una inversión similar, los homicidios aumentaron y la seguridad se desplomó. Este patrón plantea serias preguntas sobre la efectividad de Seguritech en Querétaro.
Los ciudadanos merecen claridad sobre cómo se invierten sus impuestos. Kuri afirma que no tiene nada que esconder, pero la falta de transparencia es evidente. La seguridad no debería ser un negocio opaco. ¿Realmente se está protegiendo a la ciudadanía o se están priorizando los intereses económicos?
La administración de Kuri enfrenta un reto crucial. La seguridad pública debe ser prioridad, pero no a costa de la transparencia y la rendición de cuentas. Los queretanos esperan respuestas claras y resultados tangibles.
