La acusación contra el fiscal anticorrupción ocurre mientras el gobierno de Margarita González Saravia mantiene coordinación con la Federación para combatir corrupción, extorsión y vínculos criminales en Morelos.
La Fiscalía Anticorrupción de Morelos ahora está en el ojo del huracán. El fiscal Leonel Díaz Rogel fue denunciado en abril pasado ante la FGR por presuntamente operar una red de “moches” junto a su hijo para quedarse con parte del dinero destinado a víctimas de delitos.
La denuncia la presentó Eva Penélope Picazo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos. Ella asegura que padre e hijo cobraban hasta el 25 por ciento de las indemnizaciones federales que recibían las víctimas como reparación del daño.
Según la acusación, el hijo del fiscal, Leonel Díaz Grajales, trabajó dentro de la Comisión de Víctimas en 2024. Ahí habría tenido acceso a expedientes confidenciales y datos sobre los fondos de apoyo.
Después de salir del organismo, presuntamente empezó a representar legalmente a víctimas y a cobrar honorarios excesivos. Mientras tanto, desde la Fiscalía Anticorrupción, su padre supuestamente pedía información sobre esos casos para meter presión y acelerar pagos a quienes aceptaban entregar parte del recurso.
La denuncia incluso habla de posibles delitos como peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones y extorsión institucional, porque el dinero involucrado proviene de fondos federales destinados a seguridad y reparación integral.
Además, la funcionaria denunció que se alteraba el orden de atención a víctimas para beneficiar a quienes sí aceptaban pagar el “moche”.
Por su parte, Leonel Díaz Rogel rechazó completamente las acusaciones. El fiscal aseguró que todo se trata de una campaña para frenar investigaciones que actualmente realiza la Fiscalía Anticorrupción contra exfuncionarios y actores políticos de Morelos.
Todo esto pasa en un momento donde Morelos vive una fuerte ofensiva contra la corrupción y el crimen organizado. Desde marzo arrancó el llamado Operativo Enjambre, una estrategia coordinada entre autoridades estatales y federales para combatir extorsión y posibles redes criminales dentro de gobiernos municipales.
En ese operativo ya fueron detenidos funcionarios de Amacuzac, incluyendo una síndica, una regidora y un tesorero municipal acusados de extorsión agravada. También cayó Carlos “N”, alias “El Camarón”, identificado como presunto operador de la Familia Michoacana.
Y apenas hoy, la FGR también vinculó a proceso a cinco personas detenidas en el Operativo Enjambre, entre ellos exalcaldes y exfuncionarios de municipios como Yecapixtla, Atlatlahucan y Cuautla por presuntos delitos de delincuencia organizada.
En medio de todo este panorama, la gobernadora Margarita González Saravia ha mantenido el discurso de colaboración con la Federación y de cero impunidad, dejando claro que las investigaciones deben llegar hasta donde sea necesario, sin importar quién esté involucrado.
