Etiqueta: Operación Enjambre

  • Morena echa a alcalde de Suchiapa tras su detención: “No somos tapadera de nadie”

    Morena echa a alcalde de Suchiapa tras su detención: “No somos tapadera de nadie”

    Ariadna Montiel, líder del partido guinda, aseguró que Morena castiga de inmediato a los militantes con señalamientos graves. La Operación Enjambre ya suma más de 110 detenidos en el país.

    Morena sacó de sus filas a Jorge Lorenzo Lara Cordero, alcalde de Suchiapa, Chiapas. Las autoridades lo detuvieron el sábado 3 de octubre en la Operación Enjambre. La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, confirmó la expulsión este martes en conferencia de prensa.

    Montiel explicó que el partido actuó en cuanto conoció el caso. “La semana pasada conocimos del caso de un alcalde en Chiapas e inmediatamente fue expulsado”, afirmó. Además, detalló que el partido revisa si la persona tiene militancia y, si la tiene, la expulsa.

    Una reportera le preguntó por los señalamientos contra funcionarios de Morena y sus vínculos con el narcotráfico. La dirigente respondió que el partido “ha actuado permanentemente”. Según ella, la única motivación de la militancia debe ser el bienestar del pueblo de México.

    Con tono firme, Montiel rechazó cualquier acusación de encubrimiento. “No somos ni tapadera de nadie ni encubrimos a nadie”, sostuvo. También recordó que Morena sanciona o expulsa a quien incumple esa regla.

    Por otra parte, la dirigente defendió la Operación Enjambre, que nació por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gabinete de Seguridad. Hasta ahora, el operativo dejó más de 110 funcionarios y mandos policiacos detenidos en varios estados.

    Montiel aclaró que Morena no encabeza la lista de detenidos. “No es Morena el partido que tiene la mayor presencia en este operativo, pero independientemente de eso debemos de actuar”, dijo. No señaló a ningún otro partido.

    En el caso de Chiapas, el Gabinete de Seguridad vincula a Lara Cordero con abuso de autoridad, corrupción y asociación delictuosa. Los mismos delitos le atribuye al exalcalde Alexis Nucamendi Gómez. Las autoridades detuvieron a ambos junto con otras 19 personas, entre ellas mandos y policías municipales.

    Mientras tanto, Suchiapa ya tiene nueva cabeza en el Ayuntamiento. El cabildo nombró presidenta municipal a Daniela Guadalupe Flores Chanona, quien ocupaba la cuarta regiduría.

  • Salomón Jara pide desaparecer ayuntamiento de Juchitán tras detención de alcalde

    Salomón Jara pide desaparecer ayuntamiento de Juchitán tras detención de alcalde

    El gobernador de Oaxaca anunció que solicitará al Congreso local la desaparición del ayuntamiento para garantizar la conducción del municipio y reforzar la seguridad.

    A 48 horas de la detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que solicitará al Congreso local la desaparición del ayuntamiento y el nombramiento de un encargado de despacho.

    Jara explicó que instruyó al secretario de Gobierno, Jesús Romero, presentar la solicitud ante el Congreso estatal, luego de la detención del edil, quien enfrenta acusaciones por extorsión y delitos contra la seguridad del Estado. El mandatario sostuvo que Juchitán atraviesa una situación que requiere “decisiones firmes y claridad” en la conducción de su gobierno.

    De aprobarse la desaparición del ayuntamiento, el Poder Ejecutivo estatal asumiría temporalmente la conducción del municipio mediante un encargado de despacho, con el objetivo de dar continuidad a los asuntos públicos y garantizar certeza a la población de Juchitán.

    El gobernador también anunció que se reforzará la seguridad en el municipio, luego del operativo en el que fue detenido Sánchez Altamirano. Las autoridades investigan al alcalde por su presunta relación con una estructura criminal señalada por actividades como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.

    La detención del edil ocurrió el pasado 23 de septiembre en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, durante un despliegue coordinado de autoridades federales y estatales. Ahora, la solicitud de desaparición del ayuntamiento deberá ser analizada por el Congreso de Oaxaca, que determinará el procedimiento correspondiente para la conducción temporal del gobierno municipal.

  • Gabinete de Seguridad responde a la DEA: “no hay pruebas”

    Gabinete de Seguridad responde a la DEA: “no hay pruebas”

    Las dependencias federales de seguridad calificaron de infundadas las declaraciones del jefe de la agencia antidrogas estadounidense sobre supuestos vínculos entre el crimen organizado y el gobierno mexicano.

    Las principales dependencias de seguridad del país salieron al paso este martes de los señalamientos hechos por Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Cole había asegurado un día antes, durante un discurso en Orlando, Florida, que los cárteles mexicanos y el gobierno de México “son una y la misma cosa”.

    La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional, la Marina-Armada, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional emitieron un comunicado conjunto. Las autoridades sostuvieron que las palabras de Cole carecen de sustento y no reflejan los resultados que México ha mostrado públicamente en la lucha contra el crimen organizado.

    Pese al desacuerdo, el gobierno mexicano insistió en que sigue dispuesto a reforzar la cooperación con Washington. Las dependencias federales pidieron mantener ese trabajo conjunto bajo principios de soberanía, confianza mutua y responsabilidad compartida entre ambas naciones.

    Las autoridades detallaron cifras para respaldar su postura. Explicaron que su estrategia se sostiene en inteligencia, investigación y coordinación entre los distintos niveles de gobierno, bajo una política que llaman de cero impunidad.

    Los números presentados son contundentes. Entre el inicio de la administración y el 30 de junio de 2026, fueron detenidas 59 mil 582 personas y aseguradas 31 mil 366 armas de fuego. También se decomisaron 498 toneladas de droga, entre ellas 2 mil 363 kilogramos de fentanilo y más de 5 millones de pastillas de esa sustancia. Además, se desmantelaron 2 mil 627 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas.

    El comunicado precisó que entre los detenidos figuran líderes y operadores de todas las organizaciones criminales, sin excepción. Las autoridades remarcaron que no existe distinción alguna al momento de perseguir a estos grupos.

    Las investigaciones también alcanzaron a funcionarios públicos. Gracias a la Operación Enjambre y otras acciones similares, fueron arrestados más de 80 servidores y exservidores públicos, incluidos siete presidentes municipales en funciones. Con ello, el gobierno buscó demostrar que ningún cargo ofrece protección frente a la ley.

    Finalmente, el Gabinete de Seguridad destacó que la colaboración bilateral ha rendido frutos concretos. Como ejemplo, mencionó las detenciones de generadores de violencia, entre ellos objetivos prioritarios que las propias autoridades estadounidenses habían solicitado.

  • Operación Enjambre reaviva denuncia contra fiscal anticorrupción de Morelos

    Operación Enjambre reaviva denuncia contra fiscal anticorrupción de Morelos

    La acusación contra el fiscal anticorrupción ocurre mientras el gobierno de Margarita González Saravia mantiene coordinación con la Federación para combatir corrupción, extorsión y vínculos criminales en Morelos.

    La Fiscalía Anticorrupción de Morelos ahora está en el ojo del huracán. El fiscal Leonel Díaz Rogel fue denunciado en abril pasado ante la FGR por presuntamente operar una red de “moches” junto a su hijo para quedarse con parte del dinero destinado a víctimas de delitos.

    La denuncia la presentó Eva Penélope Picazo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos. Ella asegura que padre e hijo cobraban hasta el 25 por ciento de las indemnizaciones federales que recibían las víctimas como reparación del daño.

    Según la acusación, el hijo del fiscal, Leonel Díaz Grajales, trabajó dentro de la Comisión de Víctimas en 2024. Ahí habría tenido acceso a expedientes confidenciales y datos sobre los fondos de apoyo.

    Después de salir del organismo, presuntamente empezó a representar legalmente a víctimas y a cobrar honorarios excesivos. Mientras tanto, desde la Fiscalía Anticorrupción, su padre supuestamente pedía información sobre esos casos para meter presión y acelerar pagos a quienes aceptaban entregar parte del recurso.

    La denuncia incluso habla de posibles delitos como peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones y extorsión institucional, porque el dinero involucrado proviene de fondos federales destinados a seguridad y reparación integral.

    Además, la funcionaria denunció que se alteraba el orden de atención a víctimas para beneficiar a quienes sí aceptaban pagar el “moche”.

    Por su parte, Leonel Díaz Rogel rechazó completamente las acusaciones. El fiscal aseguró que todo se trata de una campaña para frenar investigaciones que actualmente realiza la Fiscalía Anticorrupción contra exfuncionarios y actores políticos de Morelos.

    Todo esto pasa en un momento donde Morelos vive una fuerte ofensiva contra la corrupción y el crimen organizado. Desde marzo arrancó el llamado Operativo Enjambre, una estrategia coordinada entre autoridades estatales y federales para combatir extorsión y posibles redes criminales dentro de gobiernos municipales.

    En ese operativo ya fueron detenidos funcionarios de Amacuzac, incluyendo una síndica, una regidora y un tesorero municipal acusados de extorsión agravada. También cayó Carlos “N”, alias “El Camarón”, identificado como presunto operador de la Familia Michoacana.

    Y apenas hoy, la FGR también vinculó a proceso a cinco personas detenidas en el Operativo Enjambre, entre ellos exalcaldes y exfuncionarios de municipios como Yecapixtla, Atlatlahucan y Cuautla por presuntos delitos de delincuencia organizada.

    En medio de todo este panorama, la gobernadora Margarita González Saravia ha mantenido el discurso de colaboración con la Federación y de cero impunidad, dejando claro que las investigaciones deben llegar hasta donde sea necesario, sin importar quién esté involucrado.

  • Del PRIAN los detenidos por Operación Enjambre; alcalde de Cuautla sigue prófugo

    Del PRIAN los detenidos por Operación Enjambre; alcalde de Cuautla sigue prófugo

    Los alcaldes y exfuncionarios señalados en la Operación Enjambre llegaron al poder arropados por alianzas del PAN, PRI y PRD; el edil de Cuautla continúa pendiente de captura pese a las investigaciones federales.

    La llamada Operación Enjambre sigue destapando presuntos vínculos entre autoridades municipales y grupos criminales en Morelos, pero hay un detalle que la oposición intenta esconder: los funcionarios detenidos o investigados forman parte del viejo bloque político del PRIAN. Mientras las capturas avanzan, el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, sigue prófugo pese a existir una orden de aprehensión confirmada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa.

    Corona Damián llegó a la presidencia municipal de Cuautla respaldado por la alianza integrada por PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas, convirtiéndose en otro de los perfiles emanados de la oposición que ahora aparece bajo la lupa de las autoridades federales. Su nombre tomó fuerza desde marzo, cuando fue mencionado en videos difundidos por presuntos integrantes del CJNG, quienes lo acusaron de mantener nexos con operadores criminales en la región oriente de Morelos.

    El caso no es aislado. Dentro de la misma Operación Enjambre ya fueron detenidos Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, así como Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla. Ambos personajes también tienen raíces políticas vinculadas al PRIAN. Toledano llegó al cargo impulsado por la coalición PRI-PAN-PRD y durante campaña prometía combatir la corrupción y la inseguridad, aunque posteriormente apareció en videos junto a “El Barbas”, presunto operador criminal ligado al Cártel de Sinaloa.

    Por su parte, Irving Sánchez Zavala forma parte de una de las familias políticas más influyentes de Yecapixtla, históricamente ligada al PRI y posteriormente al PAN. Su apellido ha dominado durante décadas la política municipal en la región, alternándose cargos públicos y posiciones de poder. Ahora, el exedil terminó detenido dentro de las investigaciones federales relacionadas con extorsión y posibles vínculos con estructuras criminales.

    En medio del escándalo, el caso de Jesús Corona Damián continúa creciendo. Además de los señalamientos criminales, el alcalde de Cuautla ya había protagonizado polémicas por presuntos episodios de ebriedad durante sesiones de Cabildo y por videos donde aparecía con personajes investigados por delincuencia organizada. Aunque públicamente aseguró que “no debía nada”, las autoridades federales confirmaron que existe un mandamiento judicial en su contra y su captura sigue pendiente.

    La Operación Enjambre se ha convertido así en un golpe político para el PRIAN en Morelos, exhibiendo cómo varios de sus cuadros municipales terminaron relacionados con investigaciones federales por posibles nexos criminales. Mientras la oposición intenta victimizarse y hablar de persecución política, las detenciones y órdenes de captura continúan acumulándose.

  • Operación Enjambre: cae Agustín Toledano, edil de Atlatlahucan, por presunta extorsión

    Operación Enjambre: cae Agustín Toledano, edil de Atlatlahucan, por presunta extorsión

    Omar García Harfuch confirmó la captura de cuatro personas vinculadas con investigaciones federales por delincuencia organizada; entre ellas, un alcalde en funciones y un exedil morelense.

    Como parte de la Operación Enjambre desplegada en Morelos, autoridades federales detuvieron a Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan, señalado por su presunta participación en delitos relacionados con extorsión y delincuencia organizada. La acción fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

    De acuerdo con el funcionario federal, elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el gobierno federal.

    Entre los detenidos también se encuentra Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla, además de otras dos personas cuya identidad no fue detallada oficialmente. García Harfuch señaló que las investigaciones continúan abiertas y adelantó que aún se busca cumplimentar una orden de aprehensión contra Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla.

    Las detenciones representan un nuevo golpe contra presuntas redes de corrupción y extorsión que operaban desde distintos niveles de gobierno municipal en Morelos. A través de redes sociales, Harfuch destacó que estas acciones forman parte de una estrategia nacional enfocada en combatir estructuras criminales infiltradas en administraciones locales.

    La llamada Operación Enjambre ha cobrado relevancia en las últimas semanas debido a las investigaciones federales que apuntan a posibles vínculos entre funcionarios públicos y grupos delictivos. El gobierno federal ha reiterado que no habrá tolerancia para autoridades relacionadas con actividades ilícitas y que las indagatorias seguirán avanzando para deslindar responsabilidades.

    Con estas capturas, las autoridades buscan enviar un mensaje de cero impunidad frente a delitos de alto impacto como la extorsión, uno de los ilícitos que más afectan a comerciantes, empresarios y ciudadanos en distintas regiones del país. Hasta el momento, las personas detenidas permanecen bajo disposición de las autoridades ministeriales correspondientes mientras continúan las investigaciones.

  • Operación Enjambre suma más de mil años de cárcel en sentencias a 20 personas

    Operación Enjambre suma más de mil años de cárcel en sentencias a 20 personas

    Exalcaldes, mandos policiales y servidores públicos fueron sentenciados por delitos graves como secuestro, homicidio y extorsión tras investigaciones federales y estatales.

    La Operación Enjambre asestó uno de los golpes más contundentes contra la corrupción en el Estado de México, al acumular mil 146 años de prisión en sentencias contra 20 personas vinculadas a delitos de alto impacto, incluidos homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.

    El operativo fue resultado de la coordinación entre el Gabinete de Seguridad Nacional —integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)— junto con autoridades estatales, para desmantelar redes criminales infiltradas en el servicio público.

    Las investigaciones comenzaron tras el hallazgo de restos humanos en pozos del municipio de Nicolás Romero, lo que permitió identificar la presunta participación de policías municipales, comisarios y funcionarios, incluyendo exalcaldes y miembros de cabildos, en actividades delictivas.

    Entre las sentencias más relevantes destaca la de una ex presidenta municipal de Amanalco, condenada a 70 años por homicidio, así como ex mandos de seguridad de municipios como Nicolás Romero, Tlatlaya, Acambay y Naucalpan, quienes enfrentan penas de hasta 150 años de prisión por secuestro y extorsión.

    Las autoridades precisaron que, con base en pruebas sólidas, el Poder Judicial del Estado de México ha emitido 15 sentencias condenatorias, marcando un precedente en el combate a la impunidad y la infiltración del crimen en instituciones públicas.

    Este resultado refuerza la estrategia federal de seguridad, al demostrar que no habrá tolerancia para servidores públicos coludidos con el crimen organizado, y que las investigaciones continuarán para llevar ante la justicia a todos los responsables.

  • Tres funcionarios detenidos en Operación Enjambre

    Tres funcionarios detenidos en Operación Enjambre

    La Secretaría de Seguridad del Estado de México arresta a tres de sus funcionarios por presuntas irregularidades en su área jurídica.

    En el marco de la Operación Enjambre, tres funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Estado de México fueron detenidos por posibles irregularidades en la Dirección de Procedimientos y Defensa Jurídica. 

    Los detenidos son Gustavo “N”, director de Procedimientos y Defensa Jurídica; Diana “N”, encargada del Departamento de Empresas de Autorización y Revalidación de Servicios de Seguridad Privada; y José “N”, encargado del Departamento de Verificación a Empresas de Seguridad Privada.

    Las detenciones se realizaron por órdenes de aprehensión, tras una investigación conjunta entre la policía estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

    La Secretaría de Seguridad del Estado de México reafirmó su compromiso de cero tolerancia ante actos ilegales. También se comprometieron a mantener la transparencia y fortalecer sus instituciones.

    Luego de su captura, los funcionarios fueron llevados ante un agente del ministerio público. Ahora, esa instancia será la encargada de definir su situación legal. La vigilancia y la integridad institucional son prioridad para la dependencia, que busca salvaguardar la confianza ciudadana.

  • Exfuncionarios de Estado de México podrían enfrentar hasta 70 años de cárcel tras “Operación Enjambre”

    Exfuncionarios de Estado de México podrían enfrentar hasta 70 años de cárcel tras “Operación Enjambre”

    Desde que la Operación Enjambre se desplegó en 2024 como estrategia de seguridad y combate a la corrupción implementada por el Gobierno del Estado de México, 60 han sido las personas que han sido detenidas. Entre las penas más severas figura una de hasta 70 años de prisión.

    De acuerdo con los informes de la Fiscalía estatal, la Operación Enjambre ha resultado en 19 sentencias condenatorias contra 18 personas identificadas como objetivos principales, quienes enfrentaron procesos judiciales por diversos delitos relacionados con su ejercicio en el servicio público.

    La estrategia busca eliminar nexos, complicidades y vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales que han puesto en riesgo la seguridad y bienestar en municipios del Edomex.

    La sentencia más alta hasta ahora recayó en María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, quien fue condenada a 70 años de prisión por el delito de homicidio calificado. Este caso concreto es representativo de cómo las autoridades intentan desarticular estructuras de corrupción que, según la investigación, permitieron la infiltración del crimen organizado en el gobierno local.

    La Operación Enjambre ha abarcado diversas demarcaciones del Estado de México, con detenciones y procesos en municipios como Santo Tomás, Naucalpan, Nicolás Romero, Tlatlaya, Coatepec Harinas y Acambay, entre otros, lo que pone de manifiesto el alcance territorial de las indagatorias y la diversidad de delitos en los que se vieron implicados los servidores públicos. 

    La estrategia de seguridad ha expuesto la presencia del crimen organizado en el Edomex, donde exfuncionarios terminaron coludiéndose con estructuras delictivas y donde grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan en al menos 60 municipios del estado y continúan desafiando la seguridad pública y generando presión sobre las instituciones.

  • Regidor de Tequila, ligado al CJNG, sigue en el cargo pese a denuncias de extorsión

    Regidor de Tequila, ligado al CJNG, sigue en el cargo pese a denuncias de extorsión

    Testigos protegidos e informes de la FGR lo ubican como operador clave dentro del Ayuntamiento; su nombre aparece en la llamada “Operación Enjambre”.

    El regidor de Tequila, Jalisco, Josué José de Jesús Gutiérrez Guzmán, continúa en funciones pese a que su nombre figura en investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de extorsión y vínculos con el CJNG dentro del Ayuntamiento.

    De acuerdo con documentos judiciales integrados en la causa penal 39/2026 y en el expediente FED/FEMDO/FEIDMS-JAL/0000781/2025, el edil es mencionado por testigos con identidad reservada y reportes de inteligencia como uno de los operadores más relevantes en la estructura que encabezaba el exalcalde Diego “N”, alias “El Presidente”, hoy vinculado a proceso por delincuencia organizada y secuestro agravado.

    Según las indagatorias, Gutiérrez Guzmán habría construido un presunto “imperio de extorsión” desde el interior del gobierno municipal, colocando a familiares en áreas estratégicas. Entre los señalados se encuentra Francisco Javier Rivera Gutiérrez, identificado como su cuñado y actual director de Padrón y Licencias, quien presuntamente exigía “moches” a comerciantes a cambio de trámites y permisos.

    Los informes federales también mencionan la supuesta cercanía del regidor con Roberto Rivera Gutiérrez, hermano del exalcalde, quien habría operado cobros ilegales de “derecho de piso” sin reportarlos a la Tesorería municipal.

    Aunque la FGR solicitó órdenes de aprehensión contra varios funcionarios municipales en el marco de la llamada “Operación Enjambre”, hasta ahora no ha pedido captura contra el regidor, quien incluso participó en la reciente sesión de Cabildo donde se designó a la presidenta municipal interina.

    El exalcalde Diego “N” permanece recluido en el Cefereso 1 Altiplano, mientras otros exfuncionarios enfrentan procesos o continúan prófugos. La permanencia del regidor en el cargo ha generado cuestionamientos sobre la depuración institucional y el combate a la corrupción en el municipio.

    Con información de Yazmin Morales para El Sol de México.