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Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, lleva meses repitiendo que su estado ya no está entre los cinco más violentos del país y que su administración es un modelo de seguridad. Lo que no dice es cómo la corporación policial que él mismo creó terminó en la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación, ni por qué una ley que protege a mujeres víctimas de violencia lleva más de dos meses guardada sin que él la firme.

Narconómina: policía de Lemus en la nómina del Mencho

El 22 de febrero de 2026, el Ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG. En las cabañas donde se ocultaba el capo, las fuerzas federales encontraron documentos contables en los que aparecieron pagos por 456 mil pesos en diciembre de 2025 a tres corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, de acuerdo a un reportaje de El Universal. 

La lista incluye a la Policía Estatal (Los Negros) con 400 mil pesos, a la Policía Estatal de Caminos con 40 mil pesos, y a la Policía Vial con 16 mil pesos. Los documentos identificados como “Gastos de Cocula. Semana 1, 2, 3 y 4” detallan entregas semanales de 10 mil pesos para facilitar las operaciones y la movilidad del cartel en esa región.

Cabe recordar que la Policía Estatal de Caminos es una corporación creada por el propio Lemus. Fue una de sus promesas de campaña en 2024: vigilar las carreteras del estado tras la desaparición de la Policía Federal de Caminos. Para ilustrar su modernidad, incluyó entre sus unidades una Cybertruck Tesla, que generó polémica desde el primer día. 

Hasta el momento, Lemus no ha explicado este hallazgo con la seriedad que el caso exige y su gobierno solo se limitó a señalar que se investigan los hechos.

Guadalajara, desbordada por extorsión

A inicios de 2026, Jalisco amaneció con dos casos que pusieron en alerta a los empresarios de la región: el asesinato de Alberto Prieto, comerciante del mercado de abastos, junto a su hija de 16 años y uno de sus escoltas, ocurrido el 29 de diciembre; y el levantón y posterior homicidio del empresario tequilero Adrián Corona, quien viajaba con su familia por una carretera del sur del estado hacia Puerto Vallarta.

Pobladores, empresarios y pequeños propietarios de negocios acusan que las extorsiones se han recrudecido en decenas de municipios de Jalisco, entre ellos Tala, Zapopan y Guadalajara. En Tala, los habitantes identifican una red de extorsionadores operada desde el nuevo sindicato de transportistas de la CTM, cuyos integrantes llegan armados a los desarrollos inmobiliarios para amenazar a los propietarios. Medios locales como Plumas Libres o Cuarto Guerra describen a Jalisco como uno de los estados con mayor número de reportes de cobro de piso en el país.

Lemus parece no entender que la segunda ciudad más importante de México, sede mundialista en menos de un mes, es percibida por los habitantes como una metrópoli controlada por la delincuencia. Lemus ha dicho que ninguna sede del Mundial está en riesgo, pero quienes viven en Guadalajara piensan otra cosa.

Ley Vicaria: dos meses en el cajón, sin firma y sin explicación

El 5 de marzo de 2026, los legisladores jaliscienses aprobaron reformar el Código Penal para reconocer la violencia vicaria como delito autónomo. La violencia vicaria es aquella en la que un agresor ejerce contra su ex pareja usando a los hijos como instrumento: les niega alimentos, los manipula, los aleja de su madre, los pone en riesgo. La reforma identifica esta violencia como una modalidad específica de violencia de género y contempla mecanismos de protección para mujeres, infancias y adolescencias.

La ley fue aprobada, el Congreso hizo su trabajo, pero Lemus no ha firmado. No vetó la ley, sino que simplemente no ha hecho nada. La legislación estatal concede al Ejecutivo ocho días hábiles para hacer observaciones y veinte días límite para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial. Ambos plazos vencieron sin que el gobernador cumpliera con el trámite. La ley existe en papel, pero sin publicación oficial.

Organizaciones civiles presentaron escritos ante la Secretaría de Igualdad Sustantiva del estado. También enviaron peticiones al despacho del gobernador, pero no hubo respuesta de ninguna instancia. Ante el silencio, la organización Civilidad Para Transformar presentó un amparo ante el Poder Judicial, el cual fue admitido. El gobernador tiene ahora 15 días para justificar ante un juez por qué no ha publicado una ley que protege a mujeres y a sus hijos.

Diputadas locales, activistas y madres afectadas por violencia vicaria se plantaron frente a las cámaras para exigirle al gobernador que actuara. “Hoy, lamentablemente, una vez más el Estado le sigue negando el reconocimiento a las colectivas y a las madres que sufren este tipo de violencia”, dijo la diputada Tonantzin Cárdenas. Lemus no respondió.

Pablo Lemus gobierna Jalisco desde diciembre de 2024 con presencia constante en redes sociales, datos favorables en conferencias de prensa, obras urbanas vistosas para la foto. Pero los hechos cuentan una realidad distinta.