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Etiqueta: Pablo Quintero

  • Latinoamérica en Giro: Ruptura en Argentina y Consolidación en Colombia

    Latinoamérica en Giro: Ruptura en Argentina y Consolidación en Colombia

    Introducción

    Las recientes definiciones políticas en Argentina y Colombia muestran un continente en transformación acelerada. La ciudadanía ya no tolera discursos sin resultados y está impulsando nuevos proyectos políticos que reordenan el tablero regional. El desafío para los actores en juego será convertir el descontento en gobernabilidad sostenible.

    Conclusiones políticas clave

    • El peronismo perdió su conexión histórica con la sociedad. El castigo electoral se convirtió en cambio estructural. No habrá camino de regreso sin renovación ideológica, transparencia y nueva generación de liderazgos.
    • La ultraderecha ya no es marginal en Argentina. Milei y su proyecto libertario se consolidan como alternativa real de poder. Su éxito o fracaso impactará la estabilidad democrática.
    • El progresismo colombiano entra en fase de madurez. El Pacto Histórico tiene la oportunidad de demostrar continuidad con estabilidad. La candidatura de Iván Cepeda apunta a alianzas y diálogo como estrategia para 2026.
    • La economía manda. El electorado exigirá resultados rápidos: menos pobreza, menos violencia y claridad fiscal. Sin avances concretos, cualquier proyecto político será vulnerable.
    • Los partidos tradicionales están ante su última advertencia. O se transforman o quedarán atrapados en la nostalgia de su pasado glorioso.
    • 2026 definirá el rumbo ideológico del continente. Ruptura radical o reformas con gobernabilidad. La región observa y aprenderá de ambos modelos.

    Cuadro Comparativo: Argentina vs. Colombia

    ArgentinaColombia
    Avance de la ultraderechaConsolidación del progresismo en el gobierno
    Crisis económica como detonante del voto de castigoSeguridad y desigualdad como ejes del debate político
    Desgaste y desconexión del peronismoPacto Histórico en proceso de institucionalización
  • Bolivia: el fin de una era y la fractura de la izquierda que dominó el poder por dos décadas

    Bolivia: el fin de una era y la fractura de la izquierda que dominó el poder por dos décadas

    La derrota del Movimiento al Socialismo en las elecciones de 2025 marca el cierre de un ciclo político que transformó Bolivia. El triunfo de Rodrigo Paz abre una nueva etapa, mientras la izquierda enfrenta su crisis más profunda.

    La Paz.— Bolivia despertó el lunes con un panorama político completamente distinto. Por primera vez desde 2006, el Movimiento al Socialismo (MAS) ya no ocupará la presidencia. Con el 54 % de los votos, Rodrigo Paz se impuso en las elecciones presidenciales frente al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, en una jornada que simboliza el fin de una de las hegemonías más duraderas de América Latina.

    El resultado confirma lo que muchos anticipaban: el ciclo político iniciado por Evo Morales llega a su conclusión. Lo que comenzó como un movimiento popular de reivindicación indígena y justicia social terminó fragmentado por la pugna interna entre Morales y el presidente saliente, Luis Arce. Esa división debilitó al partido y lo dejó sin un liderazgo capaz de sostener el apoyo popular que alguna vez fue casi absoluto.

    Durante casi veinte años, el MAS se erigió como símbolo del cambio y la inclusión. Nacionalizó los recursos naturales, redujo la pobreza y colocó a los pueblos originarios en el centro del discurso nacional. Sin embargo, el modelo económico basado en la renta gasífera comenzó a mostrar señales de agotamiento. La caída de los ingresos, la falta de divisas y el aumento del déficit fiscal deterioraron la estabilidad que había caracterizado al país en la primera década del siglo.

    El desencanto social se profundizó cuando las bases históricas —campesinos, obreros e indígenas— sintieron que el partido se había alejado de sus raíces. Las disputas entre las facciones “evista” y “arcista” terminaron por romper la unidad que había sido clave en los años de gloria. “La gente no votó contra la izquierda, votó contra la soberbia”, comentó un analista local tras conocerse los resultados.

    El nuevo presidente, Rodrigo Paz, heredará un país dividido y con una economía debilitada. Su discurso moderado y su promesa de estabilidad lo convirtieron en una figura de consenso, especialmente entre los sectores urbanos que demandan eficiencia y menos confrontación. Sin embargo, su reto será gobernar sin una mayoría sólida en el Congreso y responder a una sociedad que exige resultados inmediatos.

    La derrota del MAS no borra el legado de su gestión, pero obliga a la izquierda a una profunda autocrítica. Bolivia sigue siendo un país con fuertes desigualdades, donde los logros sociales de la última década aún marcan la vida de millones de ciudadanos. No obstante, el proyecto político que alguna vez simbolizó esperanza se vio atrapado en su propio éxito y terminó desconectado de la realidad que ayudó a transformar.

    El fin del dominio del MAS no implica necesariamente el fin de la izquierda boliviana, pero sí el inicio de su reconstrucción. Bolivia cierra un ciclo histórico y se adentra en una nueva etapa donde el desafío será equilibrar la estabilidad económica con la justicia social. La historia del país vuelve a escribirse, esta vez sin el liderazgo que durante años pareció inamovible.

  • México y el hidrógeno verde: energía para el futuro

    México y el hidrógeno verde: energía para el futuro

    El hidrógeno verde se perfila como una de las grandes apuestas para enfrentar el cambio climático y transformar la forma en que producimos y usamos la energía. A diferencia de otros tipos de hidrógeno, este se obtiene separando el agua en hidrógeno y oxígeno mediante un proceso llamado electrólisis, alimentado con energía renovable, como la solar o la eólica. El resultado es un combustible limpio que no genera emisiones contaminantes.

    En México, hablar de hidrógeno verde no es una utopía tecnológica, sino una oportunidad real. Nuestro país cuenta con condiciones naturales privilegiadas: el norte, con su intenso sol, y el Istmo de Tehuantepec, con sus vientos constantes, ofrecen un potencial extraordinario para producir hidrógeno verde de manera competitiva. Además, la cercanía con Estados Unidos —uno de los mercados que más está invirtiendo en esta tecnología— coloca a México en una posición estratégica para convertirse en un actor clave de la transición energética en América del Norte.

    Sin embargo, el potencial por sí solo no basta. Para que el hidrógeno verde sea una realidad, se necesita una visión de Estado y una política pública sólida que trascienda los cambios de gobierno. Hoy, el país aún no cuenta con una estrategia nacional específica. Existen iniciativas aisladas, principalmente desde el sector privado o en algunos estados, pero carecemos de una ruta clara que marque objetivos, metas y mecanismos de implementación.

    Implementar el hidrógeno verde requiere tres pasos esenciales: planificación estratégica, incentivos e innovación tecnológica.

    El primer paso sería crear una Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, con metas a corto, mediano y largo plazo. Esta debería integrar a las dependencias de energía, medio ambiente, industria y educación, además de contemplar la participación de las comunidades locales. Es fundamental que los proyectos generen beneficios sociales tangibles —empleos, formación técnica e inversión local— y no se limiten a un enfoque meramente industrial.

    El segundo paso es diseñar incentivos y mecanismos financieros que hagan viable la inversión. México podría establecer fondos verdes, otorgar beneficios fiscales a las empresas que desarrollen proyectos de hidrógeno, e incluso fomentar la cooperación internacional para atraer capital extranjero. En otras regiones del mundo, como Europa o Asia, estos apoyos han sido clave para impulsar la adopción de esta tecnología.

    El tercer paso es fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico nacional. Universidades y centros de investigación mexicanos pueden participar en el diseño de electrolizadores, sistemas de almacenamiento y en la integración del hidrógeno en redes eléctricas o de transporte. Fomentar esta colaboración entre academia, industria y gobierno permitiría generar conocimiento propio y reducir la dependencia tecnológica del exterior.

    La incorporación del hidrógeno verde en la política energética mexicana no debe verse como un añadido, sino como parte central de la transformación del sector. La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrían establecer estándares de seguridad, normas de producción y lineamientos ambientales para garantizar un desarrollo sustentable.

  • Cambio climático y tormentas recientes en México: el caso de Raymond y Priscila

    Cambio climático y tormentas recientes en México: el caso de Raymond y Priscila

    El cambio climático ya no es una predicción del futuro, sino una realidad que está transformando la manera en que se comporta la naturaleza a nuestro alrededor. Sus efectos se reflejan en fenómenos cada vez más intensos, repentinos y difíciles de prever. En México, un país expuesto tanto al Océano Pacífico como al Golfo de México, las tormentas tropicales Raymond y Priscila son ejemplos recientes de cómo el clima global alterado se traduce en eventos locales más severos.

    Las tormentas tropicales siempre han formado parte del ciclo natural de las costas mexicanas. Sin embargo, en los últimos años han cambiado: aparecen fuera de temporada, se intensifican en pocas horas y descargan lluvias más concentradas de lo habitual. Según el Servicio Meteorológico Nacional y la Organización Meteorológica Mundial, esto tiene mucho que ver con el aumento de la temperatura del mar y la humedad del aire, dos consecuencias directas del calentamiento global.

    En el caso de Raymond, las aguas cálidas del Pacífico central mexicano actuaron como un motor que permitió su rápida formación. Las lluvias intensas afectaron zonas de Colima, Michoacán y Guerrero, dejando evidencia de cómo un pequeño cambio en la temperatura del océano puede alterar el comportamiento de una tormenta. Priscila, por su parte, se desarrolló en condiciones similares y, aunque tampoco alcanzó la categoría de huracán, sus efectos fueron notorios en forma de lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra y desbordamientos en regiones costeras.

    Estos fenómenos son señales claras de que los patrones del clima están cambiando. La temperatura promedio del planeta ya ha subido más de un grado respecto a la era preindustrial. Ese aumento parece pequeño, pero altera por completo el equilibrio energético de la Tierra: más calor significa más evaporación, más vapor de agua en la atmósfera y, por lo tanto, tormentas más fuertes. El resultado son lluvias intensas en periodos cortos y sequías más largas en otros momentos del año.

    El impacto del cambio climático también se nota en los ecosistemas costeros. Los manglares, los arrecifes y las playas, que sirven como barreras naturales ante las tormentas, están sufriendo las consecuencias de la alteración en la salinidad, la sedimentación y el oleaje. Esto no solo afecta a la flora y fauna que habita en estos espacios, sino también a las comunidades humanas que dependen de ellos para protegerse y sostener sus actividades económicas.

    Otro aspecto importante es la alteración del calendario climático. Las temporadas de lluvias y ciclones ya no comienzan ni terminan como antes. Cada vez es más común que las tormentas se formen fuera de los meses tradicionalmente considerados como temporada alta. Esta variación pone en evidencia la necesidad de actualizar los modelos de predicción y los sistemas de monitoreo, para entender mejor cómo está evolucionando el clima regional.

    Las tormentas Raymond y Priscila no son simples episodios meteorológicos: son reflejos de un sistema climático más inestable y dinámico. Observarlas desde la perspectiva del cambio climático nos ayuda a comprender que no se trata de eventos aislados, sino de una nueva normalidad en la que la atmósfera responde de forma más violenta a los excesos de calor acumulado.

  • Migrar para sobrevivir

    Migrar para sobrevivir

    El cambio climático ya no es solo un problema ambiental: es una crisis humana. Las sequías, los huracanes, los incendios y el aumento del nivel del mar están transformando la vida de millones de personas en todo el mundo. Pero más allá de los daños materiales, esta crisis está empujando a comunidades enteras a dejar atrás sus hogares en busca de un lugar donde puedan sobrevivir.

    Como explican Magaly Sánchez-R y Fernando Riosmena, el cambio climático afecta con más fuerza a quienes dependen directamente de la naturaleza para vivir: campesinos, pescadores y pobladores de zonas rurales y costeras. En América Latina, donde muchas comunidades viven del campo o del mar, la pérdida de tierras fértiles, el agotamiento del agua y la degradación de los ecosistemas están provocando una creciente ola de desplazamientos.

    Migrar se ha vuelto, para muchos, una forma de adaptación ante un entorno cada vez más hostil. Sin embargo, no todos pueden hacerlo. La pobreza, la falta de recursos o la violencia hacen que muchas personas queden atrapadas en lugares donde los riesgos climáticos son cada vez mayores. Este fenómeno revela una dura realidad: el cambio climático no afecta a todos por igual, y quienes menos han contribuido a generarlo son los que más sufren sus consecuencias.

    Los estudios reunidos en la Revista de Estudios Sociales muestran esta relación entre clima y migración en distintos contextos. En Centroamérica, el calor extremo y la falta de lluvias han reducido la producción de café, obligando a muchas familias a emigrar. En las periferias de Buenos Aires, los migrantes que llegan buscando un nuevo comienzo se enfrentan a la contaminación y la precariedad. En Honduras y el Caribe colombiano, los proyectos extractivos y ganaderos han despojado a comunidades de sus tierras, forzándolas a desplazarse.

    A esta crisis se suma un vacío legal preocupante: los llamados “migrantes climáticos” todavía no cuentan con protección internacional. Millones de personas desplazadas por el clima quedan fuera de las leyes de asilo y refugio, lo que las deja en una situación de enorme vulnerabilidad.

    Frente a esta realidad, los autores llaman a una acción conjunta. No basta con reducir las emisiones de carbono; es necesario fortalecer la resiliencia de las comunidades, proteger la biodiversidad y garantizar los derechos de quienes se ven obligados a migrar. También es urgente una educación ecológica que ayude a entender que lo que ocurre en una región repercute en todo el planeta.

    La pandemia de COVID-19 demostró cuán frágil puede ser nuestro equilibrio con la naturaleza. De la misma forma, el cambio climático nos recuerda que las fronteras no detienen el calor, las sequías ni las tormentas. Migrar, en este contexto, es mucho más que moverse: es resistir, adaptarse y buscar un futuro posible en medio de un mundo que cambia demasiado rápido.

  • La nueva reforma del agua en México: ponerle rostro humano a un recurso que se agota

    La nueva reforma del agua en México: ponerle rostro humano a un recurso que se agota

    En muchas colonias de la Ciudad de México, abrir la llave no garantiza que salga agua.

    A veces hay que esperar días, o incluso semanas, para llenar un tinaco. En comunidades rurales, el problema es aún más grave:
    el agua llega en pipas o no llega nunca. Mientras tanto, grandes industrias y desarrollos urbanos continúan extrayendo miles de litros diarios con permisos que pocas veces se revisan.


    Este es el escenario que motivó al gobierno federal a impulsar una nueva reforma del agua en México, una iniciativa que busca cambiar de raíz la manera en que se gestiona, se reparte y se cuida el recurso más vital que tenemos.

    La propuesta, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pretende reemplazar la Ley de Aguas Nacionales de 1992, una norma que permitió la compraventa de concesiones y, con ello, el nacimiento de un mercado del agua que hoy muchos consideran injusto.

    “El agua no puede ser negocio. El agua es vida, y debe garantizarse como un derecho humano, no como una mercancía”, dijo Sheinbaum al anunciar la iniciativa durante los foros Transformando el régimen del agua en México.

    Lo que cambia

    La nueva Ley General de Aguas busca devolverle al Estado la rectoría sobre el recurso. Ya no se permitirá que las concesiones se vendan o se hereden entre particulares; si alguien cambia el uso del agua —por ejemplo, de agrícola a industrial— el permiso deberá regresar a manos del gobierno, que decidirá cómo reasignarlo.

    Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tendrá más poder para supervisar y sancionar a quienes abusen del recurso. Según datos de la propia dependencia, existen más de 58 mil concesiones con irregularidades: pozos ilegales, permisos falsos o sobreexplotación de acuíferos que hoy se encuentran al borde del colapso.

    La reforma también propone castigos más severos para quienes roben o desperdicien agua, y la creación de nuevos delitos hídricos, algo inédito en la legislación mexicana.

    Reúso, transparencia y justicia

    Otro punto clave es el reúso obligatorio del agua tratada en actividades industriales y agrícolas. La idea es liberar agua potable para los hogares, especialmente en regiones donde el suministro es irregular. En ciudades como Mexicali, este modelo ya funciona: el 70% del agua residual se reutiliza con éxito.

    La reforma también plantea crear consejos ciudadanos y regionales de cuenca, donde las comunidades puedan tener voz en la gestión del recurso. En ellos participarían pueblos originarios, gobiernos locales, especialistas y organizaciones sociales, para que las decisiones no se tomen sólo desde los escritorios.

    El reto: convertir la ley en realidad

    El país enfrenta una crisis hídrica que ya no se puede ignorar. Más de 80 acuíferos están sobreexplotados, y en muchas ciudades se pierde hasta el 40% del agua por fugas.
    El cambio climático agrava la situación: menos lluvias, más sequías, más calor.

    Expertas como Elena Burns, exdirectora de Conagua, advierten que la nueva ley será apenas el primer paso:
    “No basta con escribirlo en el papel. Se necesita infraestructura, transparencia y una nueva cultura del agua. Si no, seguiremos parchando el mismo problema”.

    La reforma llegará al Congreso en las próximas semanas. Si se aprueba, será la transformación más profunda en 30 años sobre cómo México entiende el agua: no como un privilegio, sino como un derecho que debe fluir para todas y todos.

    Porque al final, el agua no pertenece a nadie… pero la falta de ella nos afecta a todos.

  • Vasos reguladores: infraestructura clave para garantizar el derecho al agua en la Ciudad de México

    Vasos reguladores: infraestructura clave para garantizar el derecho al agua en la Ciudad de México

    La Ciudad de México enfrenta una paradoja hídrica: mientras millones de personas padecen escasez y cortes en el suministro, cada temporada de lluvias grandes cantidades de agua se pierden o generan inundaciones. En este contexto, los vasos reguladores se han convertido en un eje central para el manejo del recurso, al captar y almacenar temporalmente agua pluvial, reduciendo riesgos y aportando a la recarga de acuíferos.

    Más allá de su dimensión técnica, estas infraestructuras tienen hoy un respaldo jurídico sólido. Con la reforma de 2023 a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), los vasos reguladores fueron reconocidos como de utilidad pública y vinculados de manera directa al derecho humano al agua. Esto significa que su construcción y operación ya no dependen de decisiones administrativas aisladas, sino que constituyen un mandato legal para los tres niveles de gobierno.

    El marco jurídico parte del artículo 27 constitucional, que reconoce el agua como bien de la Nación, y del artículo 4, que consagra el acceso al agua como derecho humano. La LAN reformada refuerza estos principios con tres innovaciones: prioridad al uso humano y doméstico, declaratoria de utilidad pública para la conservación de cuencas y vasos, y reconocimiento del uso ambiental del agua, es decir, la obligación de garantizar caudales mínimos para ecosistemas.

    En la práctica, la capital ha desarrollado un sistema de vasos reguladores con ejemplos notables. El Vaso de Santa Catarina, en Iztapalapa, puede almacenar 400 mil metros cúbicos, mitigando riesgos en zonas vulnerables y funcionando también como espacio recreativo. En Magdalena Contreras y Álvaro Obregón se han construido microvasos que combinan control pluvial con áreas verdes, mientras que en Tlalpan se aprovechan suelos de conservación para captar lluvia y recargar acuíferos.

    Sin embargo, los retos no son menores. Muchos terrenos con potencial para albergar vasos reguladores son ejidales o de conservación, lo que exige respetar la Ley Agraria y garantizar consulta previa, libre e informada a las comunidades. Además, la participación social en la gestión hídrica sigue siendo un desafío.

    Las implicaciones de la reforma son profundas. Por un lado, fortalecen la potestad estatal para adquirir terrenos y destinar recursos; por otro, ofrecen seguridad jurídica al regular el destino del agua captada y obligan a considerar impactos ambientales más estrictos. También impulsan un modelo de gobernanza participativa que reconoce a las comunidades como actores centrales.

    En conclusión, los vasos reguladores representan más que una obra de ingeniería: son un símbolo de justicia socioambiental. Su adecuada implementación puede reducir desigualdades en el acceso al agua, fortalecer la resiliencia frente al cambio climático y consolidar el compromiso del Estado mexicano con la sostenibilidad urbana. El futuro del agua en la Ciudad de México dependerá de que estas infraestructuras se integren en una política hídrica de largo plazo, transparente, participativa y ambientalmente responsable.

  • La importancia de la movilidad sustentable e integrada en la Ciudad de México

    La importancia de la movilidad sustentable e integrada en la Ciudad de México

    La movilidad urbana es un elemento clave para la calidad de vida en las ciudades. En la Ciudad de México, donde convergen más de 9 millones de habitantes y millones más de la zona metropolitana, garantizar un sistema de transporte eficiente y equitativo es un desafío urgente. El tiempo que las personas invierten en trasladarse —hasta tres horas diarias en algunos casos— no solo reduce productividad, sino que impacta directamente en la salud y en la cohesión social.

    El uso intensivo del automóvil privado acentúa este problema: aunque solo una minoría lo utiliza, ocupa la mayor parte del espacio vial y genera congestión, contaminación y desigualdad en el acceso al espacio público. En contraste, peatones, ciclistas y usuarios de transporte público —la mayoría de la población— dependen de sistemas fragmentados y en condiciones desiguales.

    La movilidad sustentable e integrada no se reduce a contar con más autobuses o ciclovías. Su esencia radica en articular los distintos modos de transporte en una red interconectada que facilite traslados rápidos, seguros y accesibles. La intermodalidad, entendida como la posibilidad de combinar bicicleta, metro, autobús o trolebús en un mismo viaje, constituye una herramienta central para reducir tiempos y costos. La expansión de ciclovías, el Metrobús, el Cablebús y el fortalecimiento del Trolebús representan avances importantes, pero aún falta una verdadera integración tarifaria y tecnológica que simplifique la experiencia del usuario.

    Los beneficios de un sistema de movilidad sustentable son amplios. En el plano ambiental, la transición hacia transporte eléctrico y modos no motorizados contribuye a disminuir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire. En términos sociales, se amplía el derecho a la ciudad, ya que los sectores de menores ingresos pueden acceder a oportunidades laborales y educativas con menos tiempo y gasto. Desde la perspectiva económica, una movilidad eficiente incrementa la productividad y reduce las pérdidas derivadas del congestionamiento.

    No obstante, alcanzar este modelo implica superar diversos retos. En primer lugar, se requiere inversión sostenida para mantener y modernizar infraestructura, como el Metro y las redes de transporte eléctrico. En segundo lugar, es necesario transformar la cultura de la movilidad: mientras el automóvil continúe asociado al estatus y la comodidad, será difícil consolidar alternativas sustentables. Políticas como el cobro por congestión, la limitación de estacionamientos o la promoción de ciclovías deben acompañarse de educación vial y campañas de concientización. Finalmente, la movilidad debe planearse desde una visión metropolitana, pues millones de viajes diarios provienen del Estado de México y otras entidades; sin coordinación regional, las estrategias resultan incompletas.

    La movilidad sustentable e integrada no es solo un asunto técnico, sino un derecho ciudadano y una apuesta por la equidad. Garantizar traslados accesibles, seguros y ambientalmente responsables implica transformar la vida cotidiana, reducir desigualdades y proyectar una ciudad más resiliente frente a los retos del cambio climático. La Ciudad de México tiene la oportunidad de consolidarse como referente latinoamericano si impulsa políticas públicas de largo plazo, basadas en inversión, innovación y participación social.

    En última instancia, la movilidad no debe entenderse únicamente como transporte, sino como un componente central del futuro urbano: un espacio donde convergen justicia social, sustentabilidad y competitividad.

  • Aprender a reutilizar: la nueva lección que el planeta exige

    Aprender a reutilizar: la nueva lección que el planeta exige

    En medio de una crisis ambiental global, la economía circular surge como una alternativa necesaria frente al modelo lineal de producción y consumo basado en “usar y desechar”. Esta propuesta busca alargar la vida útil de los materiales, reducir residuos y fomentar la innovación. Sin embargo, para que esta transformación ocurra, es indispensable un elemento clave: la educación.

    México: transformar la cultura del desecho

    En México se generan más de 120 mil toneladas de basura cada día, pero menos del 10% se recicla formalmente. La falta de infraestructura es un problema, pero el mayor desafío está en la cultura ciudadana. Incluir contenidos de economía circular en la educación básica y superior permitiría crear generaciones más conscientes, capaces de diseñar proyectos sostenibles y participar activamente en la transición ecológica.

    Universidades como la UNAM y el Tecnológico de Monterrey ya han comenzado a impulsar programas y proyectos de innovación circular, aunque aún de manera limitada.

    América Latina: una región con oportunidades

    La riqueza natural de América Latina contrasta con la vulnerabilidad ambiental y la desigualdad social. Países como Chile, Brasil y Colombia han dado pasos en políticas de economía circular, pero los resultados dependen de que las comunidades reciban formación y acompañamiento.

    La educación en este campo no solo enseña técnicas de reciclaje, sino también valores de justicia ambiental, cooperación comunitaria y responsabilidad social. Jóvenes preparados en este modelo pueden convertirse en emprendedores verdes y en líderes comunitarios capaces de generar soluciones locales frente a los retos globales.

    El mundo: cerrar la brecha educativa

    En Europa, la economía circular ya forma parte de la agenda industrial, mientras que en Asia se apuesta por tecnologías de reciclaje y rediseño de procesos. Sin embargo, en gran parte del Sur Global los programas educativos siguen siendo incipientes.
    Esta brecha amenaza con profundizar desigualdades: los países que formen talento circular tendrán ventajas competitivas, mientras que los que no lo hagan quedarán rezagados. De ahí la urgencia de democratizar la educación en sostenibilidad como un derecho universal.

    Del aula a la vida diaria

    La enseñanza de la economía circular no debe limitarse a lo académico. Su verdadero impacto está en la vida diaria: aprender a consumir con responsabilidad, diseñar productos duraderos, aprovechar recursos locales y crear empleos verdes. Según la CEPAL, se trata de un cambio cultural de largo plazo, que exige tanto políticas públicas como la participación activa de la ciudadanía.

    Conclusión: la educación como motor del cambio

    México, América Latina y el mundo comparten un reto: cambiar la manera en que entendemos el desarrollo y el consumo. La economía circular no es solo un modelo económico, sino una nueva forma de pensar y vivir.

    En definitiva, aprender a reutilizar no es una opción, sino la lección más urgente que el planeta nos exige para garantizar un futuro sostenible.

  • Derechos en llamas

    Derechos en llamas

    La crisis climática ya no es una amenaza del futuro, sino una realidad que golpea con fuerza a nuestro continente. Sequías prolongadas, huracanes devastadores, olas de calor letales e incendios que consumen selvas y bosques son parte de un escenario que amenaza no solo a la naturaleza, sino también a los derechos humanos más básicos.

    El deterioro ambiental ha roto los equilibrios que sostienen la vida en el planeta. Los sistemas biofísicos —como el clima y la biodiversidad— han superado límites seguros, poniendo en riesgo la salud de los ecosistemas y, con ello, el bienestar y la dignidad de las personas. Si las emisiones de gases de efecto invernadero siguen en aumento, la temperatura global podría superar los 2°C, exponiendo a millones de personas a inseguridad alimentaria, enfermedades, desplazamientos forzados y muertes evitables.

    Los impactos de la crisis climática no son iguales para todos. Los sectores más golpeados son precisamente los más vulnerables: mujeres, niños, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos, migrantes y quienes viven en asentamientos precarios. A pesar de haber contribuido muy poco a las emisiones contaminantes, son ellos quienes cargan con la peor parte de esta crisis. Ejemplos recientes, como los incendios en la Amazonía y el Chaco, mostraron cómo comunidades enteras sufrieron pérdidas irreparables en sus territorios, medios de vida y cultura.

    Frente a este panorama, los gobiernos tienen la responsabilidad de actuar con decisión: reducir las emisiones con la mayor ambición posible, garantizar la participación de la sociedad en las políticas ambientales y proteger a quienes defienden la tierra y la naturaleza, muchas veces perseguidos o incluso asesinados por su labor. El derecho a un ambiente sano debe ser entendido como un derecho humano fundamental, indivisible de otros como la salud, la vida y la integridad.

    El sector privado también tiene un papel crucial. Las empresas, en especial aquellas vinculadas a los combustibles fósiles y la ganadería industrial, deben transformar sus operaciones, reducir sus emisiones, transparentar sus impactos y reparar los daños ocasionados. La sostenibilidad no puede quedarse en discursos: requiere compromisos reales y verificables.

    Además, resulta urgente replantear la economía hacia una transición justa: reducir subsidios a los combustibles fósiles, invertir en energías renovables, generar empleos verdes que respeten los derechos laborales y crear programas sociales que protejan a quienes se vean más afectados por los cambios productivos.

    La conclusión es clara: defender los derechos humanos y enfrentar la crisis climática son luchas inseparables. Sin un entorno sano no existe posibilidad de vida digna. El futuro depende de que gobiernos, empresas y ciudadanía actúen con solidaridad y responsabilidad, poniendo en el centro la justicia ambiental y la dignidad humana.

    El mensaje es simple y profundo: cuidar del planeta es cuidar de nosotros mismos. El mañana de nuestras sociedades dependerá de lo que decidamos hacer hoy.