Por: Luis Piña
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Cultura Cívica con la que busca atender desde sus primeras etapas los problemas de convivencia entre vecinos y evitar que situaciones como riñas, amenazas o daños materiales escalen a hechos de violencia.
La propuesta plantea cambiar la forma en que se atienden las faltas cívicas, con un modelo que no se limite a imponer sanciones, sino que también busque resolver las causas de los conflictos, reparar los daños y evitar que las conductas se repitan.
“Queremos pasar de una justicia que castiga después, a una justicia que previene antes”, expresó Brugada durante una conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde explicó que la iniciativa se trabajó durante más de un año en el Gabinete de Construcción de Paz.
Entre los cambios planteados destaca la posibilidad de atender por la vía cívica determinados casos de robo de bajo valor y daños a bienes, siempre que no exista violencia, reincidencia u otras circunstancias que los conviertan en delitos graves. En estos supuestos, el monto de referencia será de hasta 5 mil 800 pesos.
La mandataria aclaró que la iniciativa no modifica el Código Penal ni elimina la posibilidad de acudir al Ministerio Público. Las personas afectadas podrán elegir la vía correspondiente para buscar una solución, recuperar sus bienes o recibir la reparación del daño, de acuerdo con las características de cada caso.
El proyecto también contempla la realización de juicios orales con audiencias públicas, en las que las partes involucradas podrán presentar sus argumentos ante un juez cívico. Con ello, el Gobierno capitalino busca agilizar las resoluciones y dar mayor transparencia al proceso.
Otro de los componentes será la incorporación de agentes psicosociales restaurativos, quienes evaluarán las condiciones personales y sociales relacionadas con las conductas infractoras. A partir de cada caso, podrán canalizar a las personas a servicios de atención psicológica, tratamiento de adicciones, programas educativos o alternativas de capacitación y empleo.
La iniciativa incluye además la creación de los Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios, conocidos como Calpullis de Paz, que podrán instalarse en Utopías, PILARES y otros espacios públicos. Estos lugares ofrecerán mediación, conciliación y mecanismos de justicia restaurativa para resolver diferencias entre vecinos sin que necesariamente terminen en procesos judiciales.
El modelo se apoyará también en jornadas itinerantes de justicia cívica, actividades comunitarias y programas de prevención de la violencia. Para detectar los problemas, se tomarán en cuenta los reportes ciudadanos recibidos mediante el 911, el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), las asambleas vecinales y los mecanismos de proximidad policial.
En este último punto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que las estrategias La Policía Cerca de Ti y Código 1: Policía en tu Calle ayudarán a identificar conductas que afectan la convivencia y atenderlas oportunamente.
Entre las situaciones que se buscará atender están las riñas, intimidaciones, provocaciones, maltrato, consumo de alcohol en espacios públicos, maltrato animal, uso imprudente de objetos peligrosos y daños a inmuebles, así como la disposición indebida de basura y desechos.
Por su parte, la consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, señaló que el modelo se sostiene en seis pilares: fomentar las reglas de convivencia, resolver conflictos con mayor eficiencia, anticipar riesgos, promover el diálogo, transformar conductas y dar seguimiento a los casos.
La fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que los acuerdos reparatorios registraron un incremento de 120 por ciento. Explicó que la reforma busca ampliar las alternativas para resolver determinados conflictos mediante la reparación del daño y sanciones como el arresto o el trabajo en favor de la comunidad, cuando corresponda.
Brugada adelantó que a partir del próximo año se destinarán recursos para mejorar las instalaciones de los juzgados cívicos, reforzar su funcionamiento e incorporar personal especializado, incluidos los servicios médicos legistas. Aunque la Constitución de la Ciudad de México atribuye a las alcaldías la responsabilidad de mejorar estos espacios, el Gobierno central también participará en su fortalecimiento.
La iniciativa será enviada al Congreso capitalino para su discusión. La jefa de Gobierno llamó a las y los legisladores a analizar la propuesta, cuyo objetivo, afirmó, es lograr que los desacuerdos encuentren una salida antes de convertirse en hechos violentos y fortalecer la convivencia en las comunidades de la ciudad.
