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Etiqueta: peculado

  • Exvocero de Alito Moreno sale libre tras pagar fianza

    Exvocero de Alito Moreno sale libre tras pagar fianza

    Un juez de Campeche otorgó libertad condicional a Carlos Alberto Medina Hernández, acusado de desviar 36 millones de pesos.

    Carlos Alberto Medina Hernández recuperó su libertad este lunes, once días después de su detención por presunto peculado. El exfuncionario pagó una fianza de 200 mil pesos.

    El exdirector de Comunicación Social del Gobierno de Campeche enfrentaba cargos por el desvío de más de 36 millones de pesos. Un juez de Control le impuso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

    Entre esas medidas, Medina Hernández deberá firmar periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares. Tampoco podrá salir del estado sin autorización ni acercarse a las víctimas o testigos del caso.

    Medina Hernández ocupó ese cargo durante la administración de Rafael Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas. Fue designado un día antes de que Moreno pidiera licencia para buscar la dirigencia nacional del PRI.

    Tras la audiencia de este lunes por la mañana, el exfuncionario quedó vinculado a proceso en libertad. La investigación judicial en su contra continúa abierta por el delito de peculado.

    Su detención ocurrió el 11 de agosto por la tarde. Desde entonces permaneció recluido en el Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén, donde pasó seis días.

  • 154 años de prisión pide la Fiscalía de Tabasco contra Hernán Bermúdez

    154 años de prisión pide la Fiscalía de Tabasco contra Hernán Bermúdez

    La Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó una pena de 154 años de prisión contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en el proceso penal que enfrenta por secuestro, extorsión agravada y asociación delictuosa. 

    La mayor parte de la pena solicitada corresponde al delito de secuestro, con 100 años de prisión. A esa cifra se suman 30 años por extorsión agravada y 24 años más por asociación delictuosa, hasta completar los 154 años acumulados. La petición fue presentada por el Ministerio Público durante la audiencia intermedia y aún debe ser resuelta por un juez. 

    La Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó una reparación del daño superior a 628 millones de pesos.

    Según la investigación, habría existido un grupo de policías y particulares involucrados en el control y comercialización ilegal de combustible, incluyendo presiones para obligar a una víctima a vender combustible de procedencia ilícita y ceder una estación de servicio.

    El fiscal general, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, señaló que existen tres carpetas de investigación adicionales contra el exfuncionario. Una corresponde al delito de peculado, por la presunta distracción de vehículos destinados a seguridad pública, con una pena de entre 2 y 14 años.

    Otra es la causa por desaparición forzada de personas, por la que fue vinculado a proceso en abril; en este caso, la pena podría ir de 40 a 60 años por víctima, la investigación cierra el 4 de octubre.

    Esta actualización se conoció después de que circulara una carta atribuida a Hernán Bermúdez Requena, fechada el 3 de agosto, en la que se declara inocente, asegurando ser víctima de una persecución política y mediática.

    Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros afirmó que la Fiscalía General del Estado de Tabasco ha respetado la presunción de inocencia y el debido proceso, subrayó que las familias de las víctimas también tienen derecho a la verdad.

    Rechazó que el caso deba resolverse en medios o redes sociales y remarcó que la decisión final corresponde a un juez.

    Hernán Bermúdez Requena permanece recluido en el penal del Altiplano mientras avanzan los procesos en su contra.

  • Juez vincula a proceso a ex edil de Catemaco

    Juez vincula a proceso a ex edil de Catemaco

    La Fiscalía Anticorrupción acusa a Jorge Alberto “N” de desviar recursos deportivos federales.

    Un juez federal vinculó a proceso penal al exalcalde de Catemaco, Veracruz, por el delito de peculado. Jorge Alberto “N” habría desviado recursos federales destinados a actividades deportivas del municipio.

    La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó pruebas suficientes ante el juzgado. Estos elementos acreditaron la probable responsabilidad del exfuncionario en el desvío de dos millones de pesos. Jorge Alberto “N” ocupó la presidencia municipal en tres periodos distintos: 1991-1994, 2008-2010 y 2014-2017.

    Todo comenzó con una denuncia de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Este organismo detectó irregularidades en el manejo de recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

    El dinero federal tenía un destino específico: la rehabilitación de una unidad deportiva en el ayuntamiento. El Ministerio Público Federal argumentó ante el juez que estos fondos terminaron en fines distintos a los autorizados.

    Finalmente, el juez decretó libertad condicional para el imputado mientras avanza el proceso. Jorge Alberto “N” deberá cumplir con medidas cautelares durante esta etapa judicial.

  • Congreso de Nuevo León activa investigación formal contra Samuel García

    Congreso de Nuevo León activa investigación formal contra Samuel García

    La Comisión Anticorrupción del Legislativo neoleonés solicitó documentos a 69 dependencias y los contratos de 12 empresas vinculadas al gobernador.

    La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León abrió este viernes la etapa de investigación del juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda. Los legisladores aprobaron la medida por mayoría. Solo Movimiento Ciudadano votó en contra y el Partido Verde se abstuvo.

    A partir del sábado 27 de junio, 69 dependencias estatales y federales tienen seis días hábiles para entregar copias certificadas de sus contratos. Las empresas bajo escrutinio son 12 y los legisladores sospechan que García Sepúlveda triangulaba recursos públicos a través de ellas.

    Morena presentó la solicitud de juicio político el 8 de junio. La dirigió la lideresa estatal del partido, Anabel del Roble Alcocer, acompañada de aspirantes a la gubernatura. Los cargos que pesan sobre el mandatario son triangulación de recursos, peculado y corrupción. Cuatro días después, la Comisión Anticorrupción dio luz verde al proceso.

    El gobernador entregó su defensa el 23 de junio: un documento de casi 250 páginas. En él, García Sepúlveda rechazó el procedimiento y pidió que se le asignara un defensor público porque no tiene abogado. La Comisión ya solicitó al Instituto de Defensoría Pública que le designe uno en los próximos tres días.

    Si el proceso avanza sin contratiempos, en agosto el caso llegará al Pleno del Congreso local. Ahí, 28 de los 42 diputados deberán votar a favor para que el juicio político proceda de manera definitiva. De lograrse esa votación, el asunto pasará al Tribunal Superior de Justicia del estado.

  • Vinculan a proceso a exgobernador priista de Colima por presunto desvío millonario

    Vinculan a proceso a exgobernador priista de Colima por presunto desvío millonario

    La Fiscalía mantiene investigaciones por irregularidades en obras públicas, pagos indebidos y presuntos daños al erario durante el gobierno de Ignacio Peralta.

    El ex gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, y quien fuera su secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega García, fueron vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones, luego de que un juez encontrara elementos suficientes para continuar las investigaciones relacionadas con presuntos desvíos de recursos públicos durante la administración priista de 2016 a 2021.

    La resolución judicial establece que ambos ex funcionarios enfrentarán el proceso en libertad, mientras se desarrolla una investigación complementaria con un plazo de hasta cinco meses. Durante ese periodo, tanto la defensa como la parte acusadora podrán presentar pruebas adicionales relacionadas con las irregularidades detectadas en auditorías y revisiones financieras realizadas por el gobierno estatal.

    Entre las principales acusaciones destacan presuntas anomalías por casi 100 millones de pesos destinados a la construcción del Centro de Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia del Estado (C5i) y a la remodelación del Palacio de Gobierno de Colima. De acuerdo con las investigaciones, la administración encabezada por Peralta Sánchez adquirió una deuda superior a los 500 millones de pesos para ambas obras, aunque las auditorías únicamente lograron justificar alrededor de 400 millones.

    Las autoridades también detectaron pagos presuntamente irregulares por asesorías inexistentes durante 2018. Según las investigaciones, el gobierno estatal habría pagado cerca de 97 millones de pesos a una empresa por servicios de consultoría, pese a que un año antes se destinó apenas un millón de pesos al mismo concepto. Estas inconsistencias forman parte de las denuncias presentadas por la actual administración estatal encabezada por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.

    Por su parte, Carlos Noriega García ya enfrenta una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos en Colima, debido a acusaciones relacionadas con un presunto desvío de 70 millones de pesos del Instituto Estatal de Pensiones. Además, existe otra denuncia penal contra Ignacio Peralta por ordenar en 2021 el pago anticipado de casi mil millones de pesos a bancos derivados de un empréstito de corto plazo, mientras se anunciaba la suspensión del pago de nómina a miles de trabajadores estatales.

    Tras la audiencia, Ignacio Peralta aseguró que el proceso “era algo esperado” y sostuvo que demostrará haber actuado conforme a la ley durante su gestión. Sin embargo, el caso representa uno de los expedientes de presunta corrupción más relevantes en la historia reciente de Colima y mantiene bajo escrutinio el manejo financiero del anterior gobierno priista.

  • Vinculan a proceso a Jaime Bonilla, exgobernador de BC, por caso Next Energy

    Vinculan a proceso a Jaime Bonilla, exgobernador de BC, por caso Next Energy

    El exgobernador enfrenta cargos por peculado y abuso de autoridad tras un contrato que comprometía miles de millones sin que se construyera la planta.

    El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso penal por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, en un caso que exhibe el manejo irregular de recursos públicos a través del proyecto energético Next Energy.

    La resolución fue dictada por un juez del Sistema de Justicia Acusatorio tras una audiencia que se prolongó por casi 24 horas. El exmandatario, también exsenador y actual dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), enfrentará el proceso en calidad de coautor con dolo, según las autoridades.

    El caso gira en torno a la contratación de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, la cual nunca fue construida pese a los compromisos financieros adquiridos. De acuerdo con la investigación, el contrato obligaba al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, generando una carga superior a 35 mil millones de pesos, garantizados con participaciones federales.

    Además, el gobierno estatal habría destinado mil 300 millones de pesos como inversión inicial, mientras que la institución financiera involucrada realizó una quita parcial por una obra que jamás se concretó, lo que refuerza las sospechas de daño al erario.

    La Fiscalía General del Estado (FGE) sostiene que este esquema representó un riesgo financiero grave para Baja California, al comprometer recursos públicos por décadas sin resultados tangibles. El caso se ha convertido en uno de los más relevantes en materia de combate a la corrupción en la entidad.

    La audiencia continuará para definir la medida cautelar que enfrentará Bonilla, en medio de un proceso que podría marcar un precedente sobre la rendición de cuentas de exfuncionarios y el uso indebido de recursos públicos.

  • Niegan amparo a ex secretario de Seguridad de Michoacán; seguirá en prisión por presunta corrupción

    Niegan amparo a ex secretario de Seguridad de Michoacán; seguirá en prisión por presunta corrupción

    El ex funcionario ligado a la administración de Silvano Aureoles enfrenta cargos por peculado y lavado; el presunto daño supera los 3 mil 400 millones de pesos.

    José Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, continuará en prisión luego de que un tribunal federal le negó el amparo contra la prisión preventiva justificada que le fue impuesta por diversos delitos de corrupción.

    La resolución fue emitida por la secretaria en funciones de magistrada del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal, Virginia Jácome Planté, quien determinó que los argumentos del ex funcionario para enfrentar su proceso en libertad son infundados.

    Bernal Bustamante fue detenido en marzo de 2025 por la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. De acuerdo con las investigaciones, estaría relacionado con un presunto quebranto patrimonial por 3 mil 412 millones de pesos, derivado de contratos irregulares para la construcción y arrendamiento de cuarteles de la Guardia Civil que, según las autoridades, no estaban edificados al momento de su contratación.

    El tribunal consideró que existe riesgo de fuga, ya que no se acreditó un domicilio fijo ni arraigo suficiente que garantice su comparecencia. Además, se valoró la gravedad de los delitos y las penas elevadas que podrían imponerse.

    En audiencias previas, la FGR sostuvo que el ex secretario formó parte del Poder Ejecutivo estatal, lo que podría implicar capacidad de influencia o presión sobre involucrados en el caso.

  • Javier Duarte enfrenta nuevos cargos de peculado

    Javier Duarte enfrenta nuevos cargos de peculado

    El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es procesado por peculado relacionado con fondos de salud. La prisión preventiva complica su posible liberación en abril.

    El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso por el delito de peculado. Un juez del Centro de Justicia Penal Federal lo acusó de desviar 5 millones de pesos destinados a obras de salud para niños y adultos mayores en 2012.

    El juez Gustavo Aquiles Villaseñor decidió imponer prisión preventiva justificada. Esta medida suspende su posible liberación, programada para el 15 de abril, cuando se cumplirán nueve años desde que fue sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero. Duarte ha estado en el Reclusorio Norte desde 2017.

    La Fiscalía General del Estado tiene un plazo de seis meses, hasta el 17 de agosto, para reunir más pruebas. Su abogado, Pablo Campuzano, anunció que apelarán la decisión del juez. Además, planean solicitar una nueva audiencia antes de la fecha de liberación para pedir un cambio en la medida cautelar.

    Al concluir la larga audiencia de casi 11 horas, Duarte expresó su descontento. “Gana nuevamente la política sobre la justicia”, reclamó al juez. Sus palabras reflejan la frustración que siente ante el proceso judicial que enfrenta. A medida que avanza este nuevo caso, la atención sobre su situación sigue siendo alta.

  • Juez definirá hoy situación jurídica de Javier Duarte; enfrenta nueva acusación por peculado

    Juez definirá hoy situación jurídica de Javier Duarte; enfrenta nueva acusación por peculado

    La Fiscalía Anticorrupción busca una condena de 21 años de prisión por el presunto desvío de 5 millones de pesos destinados a obras de salud en Veracruz.

    Este martes, un juez federal determinará la situación jurídica de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el delito de peculado agravado relacionado con el presunto desvío de recursos públicos destinados a obras de salud en 2012.

    La audiencia se llevará a cabo a las 10:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, bajo la conducción del juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor. En esta etapa procesal, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) solicitará una pena de 21 años de prisión contra el exmandatario priista.

    De acuerdo con la imputación presentada la semana pasada —diligencia que se extendió por más de siete horas— la autoridad ministerial expuso 38 datos de prueba, entre ellos transferencias bancarias realizadas desde cuentas que administraban recursos federales. Según la acusación, la Secretaría de Salud federal transfirió 10 millones de pesos para la construcción y mejora de dos centros de atención: uno para niños y otro para personas adultas mayores en Veracruz; sin embargo, solo se habrían aplicado 5 millones, mientras que el resto fue presuntamente desviado.

    El expediente fue judicializado a finales de 2025, derivado de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2016, relacionadas con múltiples desvíos de recursos federales en el sector salud y obra pública durante la administración de Duarte.

    Mientras avanza este nuevo proceso penal, Javier Duarte permanecerá en prisión preventiva justificada, a la espera de que el juez resuelva si lo vincula a proceso por este nuevo cargo.

  • ¿No sale de prisión? FGR presentará nueva acusación por peculado contra Javier Duarte

    ¿No sale de prisión? FGR presentará nueva acusación por peculado contra Javier Duarte

    La FGR busca frenar la liberación del exgobernador de Veracruz con una nueva imputación por el presunto desvío de recursos federales destinados a personas con discapacidad.

    La Fiscalía General de la República (FGR) presentará una nueva acusación contra Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el presunto delito de peculado, relacionado con el supuesto desvío de cinco millones de pesos en subsidios federales durante su administración.

    De avanzar esta imputación y ser vinculado a proceso, Duarte podría permanecer en prisión más allá de abril, fecha en la que concluiría la sentencia de nueve años que actualmente cumple por lavado de dinero y asociación delictuosa. El caso quedó en manos del juez Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien citó a audiencia inicial el próximo 12 de febrero a las 09:00 horas.

    La acusación fue presentada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) y se refiere al presunto desvío de recursos destinados al Fondo de Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz, correspondiente al año 2012.

    No obstante, la audiencia celebrada este lunes no avanzó luego de que Duarte solicitara un aplazamiento, argumentando que sus abogados se encuentran hospitalizados. Ante ello, la FGR acusó a la defensa del exmandatario de recurrir a “prácticas dilatorias”, recordando que en ocasiones anteriores el proceso ya había sido pospuesto por motivos similares.

    El juez recordó que no es la primera vez que se difiere una audiencia por inasistencias o razones de salud, por lo que determinó reprogramarla en el transcurso de esta semana.

    De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito de peculado contempla penas de hasta 14 años de prisión y amerita prisión preventiva oficiosa, lo que podría impedir cualquier beneficio de libertad anticipada.

    Cabe recordar que Duarte también enfrenta un proceso penal por desaparición forzada, lo que previamente ya frenó su intento de obtener libertad anticipada. A ello se suma que, según una resolución judicial, no cumplió con los requisitos legales para acceder a dicho beneficio, entre ellos el plan de actividades dentro del reclusorio.