El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria determinó que el expresidente de Perú fue privado de su libertad en violación del derecho internacional y llamó al Estado peruano a reparar el daño.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que la detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue arbitraria y solicitó al Estado peruano su liberación inmediata, al considerar que el proceso en su contra vulneró principios fundamentales del derecho internacional. El pronunciamiento representa un nuevo giro en uno de los casos políticos más polémicos de América Latina en los últimos años.
El dictamen fue emitido por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, organismo integrado por expertos independientes, tras analizar la captura de Castillo ocurrida en diciembre de 2022, cuando fue detenido luego de anunciar la disolución del Congreso en medio de una profunda crisis política. Desde entonces, el exmandatario permanece sujeto a un proceso penal por los hechos relacionados con aquel episodio.
Los expertos concluyeron que la privación de la libertad del exjefe de Estado no cumplió con los estándares internacionales de debido proceso, por lo que instaron a las autoridades peruanas a poner fin a la detención, además de garantizar una reparación integral por las violaciones identificadas durante el procedimiento.
La resolución del organismo internacional no equivale a una sentencia judicial vinculante, pero sí constituye un pronunciamiento con peso jurídico y político dentro del sistema de derechos humanos de la ONU. Este tipo de opiniones suele ser utilizado como referencia por tribunales internacionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos para evaluar el actuar de los Estados.
La decisión reaviva el debate sobre la crisis institucional que atraviesa Perú desde la destitución de Pedro Castillo, un episodio que desencadenó protestas, denuncias de violaciones a los derechos humanos y una fuerte polarización política. Con este pronunciamiento, la ONU coloca nuevamente el caso bajo el escrutinio internacional y llama a las autoridades peruanas a revisar la situación jurídica del exmandatario conforme a los estándares internacionales.
