Un arbitraje secreto en Israel reveló que el expresidente Enrique Peña Nieto habría recibido 25 millones de dólares de los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher a cambio de contratos con su gobierno, incluido el del software espía Pegasus.
La disputa legal, revelada por el diario The Marker, exhibe cómo ambos empresarios israelíes “invirtieron” en Peña Nieto entre 2012 y 2018 para obtener acceso a contratos lucrativos y contactos con altos funcionarios. Según el reportaje, Neriah fue quien gestionó el vínculo con el entonces mandatario, e incluso fue designado Cónsul Honorario de México en Haifa.
Ansbacher, relacionado con la venta de Pegasus al gobierno mexicano, reclamó parte de los fondos invertidos tras la ruptura con Neriah al final del sexenio. El arbitraje religioso, y posteriormente civil, documenta cómo ambos se dividieron influencias en distintas dependencias, incluyendo a Peña Nieto, referido en clave como “el hombre mayor”.
Aunque no se detalla cómo se usaron exactamente los 25 millones, una fuente cercana sugirió que parte del dinero financió la campaña presidencial de Peña en 2012. El pleito legal también señala que Ansbacher exigió 5 millones de dólares por tres reuniones que Neriah nunca gestionó, aunque los árbitros concluyeron que ya había recibido un reembolso parcial.
Las revelaciones coinciden con declaraciones previas del testigo protegido “Zeus”, quien también vinculó al expresidente con el espionaje ilegal mediante Pegasus. El arbitraje sugiere, sin embargo, que la relación de confianza de Peña era con Neriah, con quien ya había hecho negocios desde que era gobernador del Estado de México.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el miércoles una investigación sobre la adquisición de un software espía realizado por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) en 2021, durante el mandato de su predecesor, Iván Duque. La polémica compra asciende a 11 millones de dólares y fue realizada mediante una transacción en efectivo con la empresa militar israelí NSO Group Technologies, fabricante del conocido software de espionaje Pegasus.
En un discurso transmitido a la nación, Petro explicó que el software fue adquirido en un contexto de fuertes protestas sociales contra las políticas del gobierno anterior. “He solicitado al director de la UI que proporcione información detallada a la señora Fiscal General a través de los canales oficiales”, afirmó el mandatario.
El presidente también reveló que el pago por la compra del software fue transportado en efectivo desde Bogotá hasta Tel Aviv el 27 de junio de 2021, siendo declarado en la aduana israelí y depositado en la cuenta de NSO Group el 30 de junio del mismo año. La revelación ha generado un escándalo en el país y ha resonado a nivel internacional, especialmente tras las recientes acusaciones en España sobre el uso de esta tecnología para espiar a figuras políticas.
Este nuevo episodio suma tensión al debate sobre el uso de tecnologías de vigilancia en medio de las protestas sociales y la protección de derechos civiles en Colombia.
Este viernes, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que hubo un fraude en la compra del sistema de espionaje Pegasus, y que fue usado por los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para espiar periodistas, fue comprado a sobreprecio.
Desde Palacio Nacional, Gómez Álvarez reiteró que la unidad a su cargo nunca ha tenido reparo en entregar información sobre este caso, en el cual para no variar, se cometieron varios fraudes al erario público.
“¿Qué es el que lo que le corresponde a la UIF? Dar los elementos para documentar que el equipo que se compró estaba sobrevaluado, hubo un fraude. Se compró por más de lo que valía lo que se compró”.
Puntualizó
Sobre el tema, agregó que no le corresponde a la UIF explicar como es que se empleó el sistema de espionaje, siendo esto responsabilidad de otras autoridades, además de que ya hay una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República.
Durante su espurio sexenio, Calderón pagó con dinero del pueblo 8 mil MDP al cambio actual para contratar “Pegasus”, revela ContraLínea
De acuerdo con un reportaje e investigación de Contralínea y que fue publicado en su portal de noticias, en el gobierno de Felipe Calderón pagó con dinero del pueblo, cerca de 8 mil millones de pesos para contratar a “Pegasus”.
“Pegasus” es un sistema de espionaje masivo, el cual, fue traído a México, durante el sexenio del entonces Presidente de México, del PAN, Felpe Calderón.
Cabe destacar que el costo inicial que en aquellos años de 2006-2012, fue con un costo inicial de 5 mil 628 millones de pesos, los cuales, actualmente representan 8 mil millones de pesos con el tipo de cambio actual.
Con este dinero se instaló la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con lo que revelan los contratos firmados entre la dependencia federal de seguridad y la empresa privada SecurityTracking Devices, la cual, Contralínea revela en su investigación.
De acuerdo con un reportaje e investigación de Contralínea y que fue publicado en su portal de noticias, en el gobierno de Felipe Calderón pagó con dinero del pueblo, cerca de 8 mil millones de pesos para contratar a “Pegasus”.
“Pegasus” es un sistema de espionaje masivo, el cual, fue traído a México, durante el sexenio del entonces Presidente de México, del PAN, Felpe Calderón.
Cabe destacar que el costo inicial que en aquellos años de 2006-2012, fue con un costo inicial de 5 mil 628 millones de pesos, los cuales, actualmente representan 8 mil millones de pesos con el tipo de cambio actual.
Con este dinero se instaló la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con lo que revelan los contratos firmados entre la dependencia federal de seguridad y la empresa privada SecurityTracking Devices, la cual, Contralínea revela en su investigación.
Documento de Contralínea
En el sexenio del panista se contó con la capacidad para controlar más de mil 200 teléfonos inteligentes de manera simultánea, esto provocó que el gobierno de Calderón pudiera escuchar las llamadas telefónicas.
De igual forma, las personas objetivo además de ser espiadas, también fueron puestas en la mira con su actividad, debido a que los aparatos intervenidos se convirtieron en micrófonos abiertas de manera permanente.
Estos eran cámaras de captura de fotografías y video, que pudieron extraer toda la información de contactos, correos electrónicos, mensajes de texto y tarjetas-chip de los aparatos.
Se desarrolló una instalación en tres fases durante los años de 2010 a 2012, donde quedó listo para ser usado por las Secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor de la Defensa.
Las tres tenían diferentes objetivos:
-Una de ellas era la encargada de operaciones de inteligencia y contrainteligencia hacia la insurgencia.
-La otra a cargo de las operaciones contra el narcotráfico.
Esto serviría para espiar y contener los movimientos armados y desarticular a los cárteles del narcotráfico.
Hay otros 10 contratos para la adquisición de bienes y servicios complementariosde “Pegasus”, los cuales, Contralínea tiene copia y que fueron firmados entre el gobierno de Felipe Calderón y la misma Security Tracking Devices.
Documento de Contralínea
En tanto una segunda empresa llamada AV y D Solutions. Ambas, en esos momentos representantes en México de NSO Group, la firma israelí desarrolladora del software.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) emitió una resolución el 6 de febrero pasado, donde ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) integrar y presentar una versión pública de toda la información que posea acerca de “Pegasus”.
Lo anterior y relacionado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deriva de una conferencia de prensa mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En dicha conversación con medios de comunicación el pasado 21 de julio de 2021, asistió el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, donde ofreció algunos detalles de los contratos que la dependencia había encontrado sobre “Pegasus”.
Explicó que durante los sexenios de Enrique Peña Nieto (2006-2012) y de Felipe Calderón (2006-2012) varias dependencias del gobierno federal adquirieron y operaron el sistema.
Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la ex Procuraduría General de la República (PGR), quien está acusado de torturar y obligar a desaparecer a 43 normalistas de Ayotzinapa, en un entrevista desde Israel declaró que ha sido objeto de persecución política en México.
Zerón, exfuncionario de la administración del expresidente del PRI Enrique Peña Nieto,refutó las afirmaciones de que su viaje a Israel se realizó en violación del hecho de que Israel y México no comparten un tratado de extradición en una entrevista realizada por el medio de comunicación israelí, N12 desde Tel Aviv.
Cabe recordar que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, escribió dos cartas aBenjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, solicitando el apoyo de su administración en la extradición de Tomás Zerón, quien está acusado de tortura y presuntamente ser uno de los perpetradores de la creación de la “verdad histórica” en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Incluso se presentó un video que muestra a Tomás Zerón en un interrogatorio irregular al que fue sometido Felipe Rodríguez Salgado, ‘El Cepillo’, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a quien Zerón de Lucio amenaza hasta con matar si no le dice lo que sabe.
Además, la Fiscalía General República lo acusa por su probable responsabilidad en la compra del software de espionaje Pegasus a la compañía NS Group, también es acusaso de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa. Aunque no fue el único servidor involucrado.
Sin embargo, en la entrevista de N12, Tomás Zerón de Lucio rechazó que haya tenido algún contacto con la empresa NSO Group, quien es propietaria del software espía Pegasus. “No hay forma, yo no conozco a nadie de NSO, yo no tengo relación, yo nunca me senté con ellos. No hay una prueba, que presenten una sola prueba”.
EL Presidente Andŕes Manuel López Obrador confirmó este martes que Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, sí fue espiado en su teléfono celular, sin embargo mencionó que aún se desconoce quién pudo haber perpetrado la intimidad del funcionario federal.
AMLO también fue enfático al mencionar que no fue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la responsable y que con anterioridad se le había informado que era blanco de espionaje, pero que no le diera demasiada importancia.
“Si me lo comentó (Encinas) y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie” y recordó que en el pasado muchos de los que hoy forman parte de la Cuarta Transformación fueron espiados e incluso mencionó que aún los vigilan.
El primer mandatario también declaró que pudieron haber sido “Las Guacamayas” las que espiaron al Subsecretario de Gobernación y agregó que el mencionado grupo de hackers trabajan para el magnate Claudio X. González Guajardo y para medios conservadores como Aristegui Noticias.
Encinas fue espiado, asegura medio estadounidense
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, fue espiado por el programa Pegasus, mientras investigaba abusos del Ejército nacional, aseguró The New York Times.
Según el medio estadounidense, Encinas se enteró sobre los hackeos después de que fueron confirmados por Citizen Lab, un grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto. Este grupo realizó un análisis forense de su teléfono que no se ha dado a conocer.
“Su celular ha sido infectado varias veces, incluso el año pasado, mientras lideraba la Comisión de la Verdad del Gobierno sobre la desaparición, lo que le dio a los piratas informáticos acceso ilimitado a toda su vida digital”
FEAI integra carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema Pegasus.
La Fiscalía General de la República informó que integró una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema Pegasus, para la entonces PGR, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La FGR también dio a conocer que la contratación de dicho contratación fue hecha por Tómas “Z”, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR; Judith Aracely “G”, ex oficial mayor; Vidal “D”, ex titular de la PFM y Rigoberto “G”, ex director de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.
Los delitos que se les imputan a los antes mencionados son: peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.
El monto de dicha operación fue de 460 millones de pesos y fue adquirida ilegalmente. La actual administración no ha hecho uso del sistema Pegasus.
La FGR también añadió que esta investigación es independiente de la ya judicializada por la FGR, debido a diversas intervenciones ilegales por el uso de Pegasus en la administración pasada y de las que se cuenta con vinculaciones a proceso.
FGR confirma dos carpetas de investigación por el sistema Pegasus
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que tiene abiertas dos carpetas de investigación relacionadas por la adquisición del programa “Pegasus” en el sexenio pasado, es decir durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Este lunes 6 de febrero del 2023 continuaron las audiencias del juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos, el juez Brian Cogan indicó que por el momento no permitirá que se presente evidencia sobre los supuestos sobornos que el exfuncionario mexicano habría dado a un medio de comunicación nacional para dar una imágen positiva sobre él.
En la tercera semana de audiencias del juicio de Genaro García Luna, Héctor Villarreal Fernández se presentó en la Corte de Brooklyn como testigo. El extesorero de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira (2005-2011) declaró que bajo sus órdenes se cometieron actos de corrupción que tenían que ver con el cobro de comisiones por obras.
2. Héctor Villarreal, ex tesorero de Coahuila durante mandato de Humberto Moreira.
Villarreal acusa que el entonces gobernador le pidió cobrar comisiones por obras, para que ese mismo dinero regresará a manos de Moreira.
Según Héctor Villarreal, , los actos de corrupción en dicho estado generaron cerca de 200 millones de dólares, de los cuales Humberto Moreira ganó un total 40 millones de dólares. El testigo y otros colaboradores ganaron 2.5 millones de dólares cada uno.
El testigo informó que conoció al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna primero en 2008 con Moreira cuando hablaron de presupuesto para programas estatales de seguridad pública
En 2009 se vieron de nuevo cuando García Luna les dio un recorrido del complejo de inteligencia conocido como El Búnker en la Ciudad de México. Ahí ofrecieron una muestra del programa Pegasus pero decidieron no adquirirlo.
5. Villarreal se hizo con 2.5 MDD y Moreira un aproximado de 40 MDD con las mencionadas operaciones ilícitas de obra pública y señala que conoció a García Luna en 2008, cuando éste le quiso vender al estado de Coahuila el sistema de espionaje "Pegasus".
El testigo continuará declarando esta tarde. Se espera que Villarreal hablé de sobornos a medios de comunicación por parte de García Luna, ha que se sabe que Moreira tenía un sistema de promoción de políticos y un avión a sus disposición.
7. Héctor Villarreal aseguró que la entonces administración federalismo dinero público para comprar cobertura mediática amistosa y evitar exponer casos de corrupción de García Luna, sin embargo el juez bloqueó tal testimonio.
Sin embargo, hasta el momento no ha explicado de manera clara cuál es la relación de estos hechos con el juicio de García Luna y los cargos que enfrenta en Estados Unidos. Simplemente ha mencionado que conoció al exfuncionario mexicano en 2008, debido a la posible compra del programa espía conocido como “Pegasus”.
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que en este momento tiene abierta dos carpetas de investigación relacionadas por la adquisición del programa “Pegasus” en el sexenio pasado, es decir durante la administración de Enrique Peña Nieto.
En la primera carpeta de investigación expone que la entonces Procuraduría General de la República (PGR), adquirió el equipo de inteligencia “PEGASUS”, por la cantidad de $456,843,149.00 pesos, sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.
Dicha responsabilidad cae en el ex Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, Tomás Zerón, quien es acusado por los delitos de peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa, al igual que otros servidores públicos, los cuales no menciona la FGR.
#FGRInforma | Existen dos carpetas de investigación sobre #Pegasus. Una por peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa en su adquisición; otra por intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de periodistas y defensores de #DH.
Respecto a la segunda carpeta de investigación, la FGR indicó que esta abierta por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de Derechos Humanos (DDHH).
Por lo anterior, la FGR ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones.
También, Juan Carlos “N”, fue vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva justificada el pasado 6 de noviembre del 2021, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones.
Finalmente, la FGR detalló que en este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema “PEGASUS” mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas.
El técnico forense del laboratorio Citizen Lab aceptó no poder comprobar el origen del espionaje con el malware Pegasus en contra de un opinador, un reportero y un activista, por lo que no se ha determinado que dicha institución fue que operó la infección de los teléfonos móviles en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su más reciente reporte acerca de los nuevos hallazgos, Citizen Lab declaró: “evaluamos con alta confianza que estas personas fueron hackeadas con el software espía Pegasus. En este momento, los datos técnicos disponibles para estos casos recientes (2019-2021) no nos permiten atribuir el hackeo a un cliente de NSO Group en particular. Sin embargo, cada una de las víctimas sería de gran interés para las entidades dentro del gobierno mexicano y, en algunos casos, preocupantemente, para los cárteles”.
Lo anterior indica que los medios mexicanos que se atribuyen la supuesta investigación, sabían desde un principio que el estudio de Citizen Lab no señalaba directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ni el laboratorio canadiense estaba en posibilidades de determinar si dicha secretaría estaría involucrada en el espionaje.
Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado reiteradamente que en su administración no se llevan a cabo labores de espionaje y que el software Pegasus fue adquirido durante el gobierno de Felipe Calderón, mientras Genaro García Luna, hoy en prisión por colusión con el narcotráfico en los Estados Unidos, dirigía el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), además de que también estuvo disponible durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Y fue precisamente durante aquellas administraciones que la entonces Procuraduría General de la República, la Conagua, la Policía Federal e incluso gobiernos estatales, como el de Chiapas y el del Estado de México, compraron licencias a NSO Group, pero además, grupos de empresarios y hasta del crimen organizado tendrían actualmente acceso a Pegasus, razón por la cual la Fiscalía General de la República inició, desde 2019, sendas investigaciones contra altos exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto, de quienes las autoridades sospechan que comercializaron indebidamente las licencias del malware.
Así, tras el descubrimiento de un centro clandestino de espionaje en un inmueble, presuntamente propiedad de los empresarios Álvarez Puga, ubicado en el piso 35 de la Torre Impulso, en avenida Santa Fe número 443, donde se aseguraron centenas de grabaciones de conversaciones privadas de varios funcionarios del actual gobierno federal, incluidas del mismo presidente López Obrador, la UIF y la Consejería Jurídica de la Presidencia en 2019 presentaron sus correspondientes denuncias.
Estas investigaciones involucran, entre otros, al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente se encuentra en prisión; el prófugo Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal; el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes; su primo Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado en Michoacán y exdirector de la Comisión Nacional del Deporte; el exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera y del ya extinto Cisen, Alberto Bazbaz; Walter Meade, primo del excandidato presidencial priísta José Antonio Meade y proveedor de armamento y equipo a las Fuerzas Armadas; y los extitulares de la PGR, Alberto Elías Beltrán y Raúl Cervantes.
