Hace unas semanas, TV Azteca, de manera sensacionalista, difundió un supuesto reportaje titulado “¡La red de corrupción que sacude a México!”
En la pieza preparada por la televisora de Ricardo Salinas Pliego, acusaban al empresario Gerardo Sánchez Zumaya de liderar una supuesta estructura criminal dedicada a sustraer у comercializar combustible de Pemex de forma ilícita.
TV Azteca no tuvo empacho en recuperar, sin ningún rigor periodístico, señalamientos que carecían de sustento. Sus fuentes eran: el periódico Reforma, el portal LatinUs y Lourdes Mendoza, columnista del periódico El Financiero. En las piezas, presentadas desde la falsedad y los infundios, aseguraba que, a través de 17 empresas “factureras” y contratos por adjudicación directa, Sánchez Zumaya se habría dedicado a lavar ganancias millonarias.
Sin embargo, el falso periodismo de los medios de comunicación de la derecha se desmoronó estrepitosamente.
Y es que, lo que, en esos medios, no informaron que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó el no ejercicio de la acción penal en, al menos dos carpetas de investigación distintas, relacionadas con presuntos delitos federales. En una de estas carpetas se había iniciado por señalamientos de lavado de dinero contra el empresario Gerardo Sánchez Zumaya y, en otra, se pretendía vincularlo a diversos delitos como portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, operaciones con recursos de procedencia ilícita y facturación de operaciones simuladas.
Cabe destacar que, de acuerdo con un acuerdo ministerial fechado el 7 de marzo de 2024, la FGR analizó una carpeta (FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-SLP/0000715/2024) iniciada tras una denuncia anónima recibida el 19 de septiembre de 2024, que señalaba al empresario Gerardo Sánchez Zumaya, relacionado con el conglomerado Grupo GESA y la empresa Petrogesa, S.A. de C.V., por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ésa denuncia sostenía que el empresario presumía inversiones millonarias en estados del sureste y centro del país, particularmente en Tabasco y en San Luis Potosí. También se agregaba que su fortuna podría provenir de una red de empresas vinculadas al sector petrolero y a contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Durante la investigación, la Fiscalía solicitó información a diversas dependencias, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Policía Federal Ministerial, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la propia empresa estatal Pemex, que confirmó la existencia de contratos con Petrogesa para suministro de equipo y servicios, entre ellos uno para la adquisición de una bomba contra incendios y otro relacionado con reparaciones en instalaciones de almacenamiento en Poza Rica.
Lo que TV Azteca, Reforma, LatinUs ni El Financiero informaron fue que, todos y cada uno de los análisis financieros y ministeriales, no arrojaron indicios de que los recursos investigados provinieran de actividades ilícitas.
Pero no solo eso. Contra la versión dolosa e irresponsable de eso medios de comunicación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también informó que no contaba con elementos para denunciar el delito de lavado de dinero, un requisito indispensable para proceder penalmente en este tipo de casos.
Pero hay más en esta historia, que echa por la borda las versiones sesgadas y manipuladas que algunos medios han querido imponer.
Y es que, con base en todos esos resultados, el Ministerio Público federal concluyó que no se había podido acreditar la probable comisión del delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, por lo que solicitó formalmente decretar el no ejercicio de la acción penal a favor de Sánchez Zumaya, al considerar que la denuncia anónima carecía de elementos circunstanciados y que las diligencias practicadas no confirmaron irregularidades.
De igual manera, en otro oficio de la FGR fechado el 10 de diciembre de 2024, relacionado con la carpeta FED/TAB/VHS/0001450/2024, tramitada por la célula de investigación I-6 en Villahermosa, Tabasco, el agente del Ministerio Público federal solicitó al fiscal federal en el estado que, de igual forma, fuera autorizado el no ejercicio de la acción penal.
Es importante señalar que ambos expedientes corresponden a carpetas de investigación diferentes, y que fueron tramitadas por unidades distintas de la FGR, pero coinciden en lo sustancial: en que las autoridades federales concluyeron que no existían elementos suficientes para llevar los casos ante un juez, por lo que solicitaron cerrar las indagatorias conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Lo más alarmante es que, de acuerdo con fuentes consultadas por LosReporterosMx, estas acusaciones, que han resultado falsas, han sido utilizadas como parte de campañas de desprestigio, presuntamente promovidas desde círculos cercanos al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.
Todas y cada una de versiones sostienen que los señalamientos buscaban, de cualquier forma, afectar la imagen pública del empresario. Desafortunadamente para los desinformadores, todas y cada una las investigaciones federales arrojaron que a Gerardo Sánchez Zumaya no se le pudo acreditar ningún delito.
La exoneración del empresario, contra todo pronóstico de sus calumniadores, es el punto final de una cacería de brujas mediática.
