Víctor Hugo Gutiérrez Yánez acusa al gobernador de Jalisco, a policías y a directivos del SIAPA de detención arbitraria y tortura. Pide a la fiscal Ernestina Godoy que abra una investigación.
Las 39 personas detenidas el 11 de octubre en Guadalajara ya tienen una voz ante la Fiscalía General de la República (FGR). Este jueves, el activista Víctor Hugo Gutiérrez Yánez presentó una denuncia penal contra el gobernador Pablo Lemus Navarro.
Gutiérrez Yánez, político y exaspirante presidencial, preside la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA). Llegó a la sede de la FGR, en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Allí pidió a la fiscal Ernestina Godoy Ramos que ordene las diligencias necesarias por posibles violaciones a los derechos humanos.
El denunciante quiere que la FGR atraiga el caso. Señala a policías y funcionarios estatales, encabezados por Lemus, además de directivos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Los acusa de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detención arbitraria y abuso de autoridad. También menciona corrupción y peculado.
Para Gutiérrez Yánez, todo empezó con el agua. Según explicó, al menos 320 colonias de Guadalajara reciben un servicio deficiente e insalubre. Sostiene que repartir agua sucia o descuidar las plantas que la procesan incumple el deber de proteger a la gente. “Este problema del agua está desde 2019, y hoy le explotó al gobernador Lemus en 2026”, afirmó. El mandatario llegó al cargo por Movimiento Ciudadano.
Ese malestar sacó a los vecinos a la calle el 11 de octubre, cerca de Casa Jalisco. Allí, policías estatales y fuerzas antimotines detuvieron a 39 personas. El activista asegura que los agentes usaron la fuerza de forma desproporcionada. Según su versión, lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma, bombas aturdidoras y chorros de agua a presión.
Por eso, Gutiérrez Yánez exige que la FGR revise cómo actuó la policía. Quiere que aclare las detenciones y las presuntas agresiones. Muchas de las personas ya quedaron libres, según indicó, y pide verificar si todas salieron del penal de Puente Grande. Además, reclama que la Fiscalía evalúe los daños físicos y psicológicos que pudieron sufrir los detenidos.
