Este miércoles, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) México presentó su estudio “Buenas prácticas y desafíos en una investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de DD.HH y periodistas”, donde retomó nueve casos de comunicadores, entre ellos, de Amir Ibrahim.
De acuerdo con el documento, este se enfoca en personas que han sido víctimas de los delitos de secuestro, homicidio y amenazas. De los casos expuestos, cinco son defensoras de los derechos humanos y cuatro periodistas.
En el caso de Ibrahim, quien fue amenazado por un empresario en 2017, el estudio señala que en la investigación llevaron a cabo diversos peritajes y un análisis del contexto, “lo que arrojo conclusiones sobre las posibles causas de la animadversión y amenazas”, señala el documento.
Más adelante, el estudio dice que la investigación necesitó de muchas actuaciones para recabar las evidencias relacionadas con el delito perpetuado en contra del periodista y así poder conocer la identidad del perpetrador “y valorar su impacto para la víctima, quien finalmente se desplazó forzadamente“, resalta la ONU.
Además de esta información, el documento agrega cuales fueron los apoyos a las víctimas. Ibrahim fue incorporado en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), recibió asesoría jurídica y se le otorgaron otras medidas para salvaguardar su vida.
Entre otras cosas, también se menciona el actuar de las autoridades, las medidas y protocolos que siguieron para concluir la investigación.
Ibrahim agradeció en redes sociales incluir su caso en el estudio y expresó que espera sirva para próximas investigaciones.
El caso de amenazas que sufrió el periodista Amir Ibrahim en 2017
El periodista Amir Ibrahim ha publicado en su cuenta de X que el caso de amenazas y violencia que sufrió en el año de 2017, ha sido retomado en el “Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos en contra de persona defensoras de DDHH y periodistas” de la Organización de las Naciones Unidas.
Mohamed Alfie cuenta con una amplia trayectoria en medios y en 2017 comenzó a recibir amenazas por teléfono por parte de un empresario de Quintana Roo tras una serie de investigaciones sobre corrupción en la política local de Quintana Roo.
Tras las intimidaciones por exponer la verdad, Mohamed Alfie y su familia se vieron obligados a desplazarse a otra entidad federativa para proteger su integridad, todo en el contexto del deterioro que vivió la libertad de expresión que se vivió en la entidad.
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