La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, recorrerán seis regiones de México para establecer reuniones directas con familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Del 07 al 14 de mayo se llevaron a cabo reuniones con colectivos de Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.
El 4 de junio se realizará la Mesa 2 (Región Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas); el 18 de junio, la Mesa 3 (Región Noreste: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas); y el 2 de julio, la Mesa 4 (Región Sursureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán).
En las mesas participan la Comisión Nacional de Búsqueda, fiscalías estatales, comisiones locales de búsqueda, la Fiscalía General de la República, con el propósito de revisar casos específicos y verificar el avance de carpetas de investigación.
El nuevo sistema nacional de identidad ha permitido localizar a casi 6 mil personas desaparecidas entre octubre de 2025 y mayo de 2026.
La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó la obligación del gobierno de atender las demandas de los colectivos, señalando que sus exigencias son legítimas, con el objetivo de seguir fortaleciendo la actuación de las instituciones de justicia y corregir lo que sea necesario.
El Gobierno de México impulsa un modelo integral que mejora registros, obliga a investigar cada caso y refuerza la coordinación con familias y organismos internacionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que las reformas en materia de desaparición de personas han permitido consolidar un Sistema Integral de Búsqueda, gracias al cual se ha logrado la localización de más de 31 mil personas desde el inicio de su administración. Subrayó que ahora todas las fiscalías deben abrir carpetas de investigación, lo que fortalece la atención inmediata y la trazabilidad de cada caso.
Durante la presentación del informe, explicó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas se ha modernizado mediante el cruce de bases de datos públicas y privadas, lo que ha permitido identificar actividad reciente en personas reportadas como desaparecidas. A través de este mecanismo, cerca de seis mil personas han sido ubicadas, brindando mayor certeza a sus familias.
El gobierno federal informó que actualmente existen 132 mil 534 registros, de los cuales 43 mil 128 cuentan con información completa sin actividad posterior, lo que permite enfocar los esfuerzos de búsqueda. Asimismo, se trabaja en la depuración de 46 mil casos con datos incompletos, fortaleciendo la calidad de la información para hacer más efectivas las investigaciones.
La titular del Secretariado Ejecutivo, Marcela Figueroa, precisó que más del 90% de los registros corresponden a las últimas dos décadas, por lo que se han implementado estrategias diferenciadas para atender tanto casos históricos como recientes. Además, destacó que 78% de las personas desaparecidas son hombres entre 30 y 59 años, lo que permite orientar políticas públicas específicas.
En este contexto, se informó que desde 1952 a la fecha se han registrado más de 394 mil personas desaparecidas, de las cuales 262 mil han sido localizadas, y la gran mayoría con vida, reflejo de la eficacia de los nuevos mecanismos de verificación y seguimiento.
Finalmente, Sheinbaum resaltó que el trabajo se realiza en coordinación con colectivos de búsqueda y organismos internacionales, reforzando la transparencia y el acompañamiento a las familias. Con el Protocolo Homologado de Búsqueda, las autoridades avanzan en investigaciones más precisas, consolidando una política de Estado enfocada en la verdad, la justicia y la atención integral a las víctimas.
Margarita González Saravia acuerda reuniones periódicas con familias buscadoras y refuerza atención con enfoque humano y permanente.
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, reiteró su compromiso de mantener un gobierno cercano, abierto y sensible con los colectivos de búsqueda, al sostener un encuentro donde garantizó acompañamiento permanente a familiares de personas desaparecidas.
Durante la reunión, realizada en el Salón Morelos del Palacio de Gobierno, la mandataria subrayó que desde el inicio de su administración se ha impulsado una política de puertas abiertas, enfocada en atender directamente a todos los sectores, en especial a quienes enfrentan la crisis de desapariciones. Afirmó que esta línea de trabajo continuará como eje central de su gobierno.
Como parte de los acuerdos, se estableció la realización de reuniones periódicas con los colectivos para dar seguimiento puntual a sus demandas, fortalecer la coordinación institucional y garantizar avances en las acciones de búsqueda.
En el encuentro participaron autoridades clave como el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado; la directora de Derechos Humanos, Andrea Acevedo García; la titular de la CEARV Morelos, Penélope Picazo Hernández; el comisionado de Búsqueda, Óscar Alfredo Valdepeña Mendoza; y el fiscal estatal, Fernando Blumenkron Escobar.
Asimismo, asistieron representantes de diversos colectivos como Familias Resilientes de Morelos, Regresando a Casa Morelos, Colectivo Tetelcingo, Víctimas y Ofendidos de Morelos, Ángeles Buscándote, Buscadoras del Sur y Caminando por las Calles I.R.R.M.A.C., quienes expusieron sus inquietudes y necesidades.
La crisis de desapariciones en México enfrenta un nuevo obstáculo: Nayarit, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Tlaxcala y Puebla siguen sin firmar el convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) para compartir datos biométricos y agilizar la identificación de personas.
De acuerdo con información de La Jornada, el consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Registro Federal Electoral, lamentó que no haya avances desde abril, atribuyendo la demora a “resistencias de las autoridades” locales. Hizo un llamado urgente a colaborar, recordando que se trata de un tema delicado para miles de familias.
Desde 2016, el INE ha firmado 37 convenios con instituciones federales y estatales. A través de su base de datos —la más grande del país— y de los sistemas AFIS y ABIS, se han procesado 94 mil 672 solicitudes con un 34.56% de resultados positivos, y 306 mil 879 peticiones de datos generales con un 51.1% de efectividad.
En Nayarit, Tabasco, Guerrero y Puebla, las fiscalías estatales no han concretado el acuerdo; en Chiapas y Tlaxcala, son las Comisiones Estatales de Búsqueda las que están pendientes. La consejera Carla Humphrey pidió a estas instancias sumar esfuerzos para no frenar el trabajo de localización.
Durante la sesión, representantes del PAN y Morena cruzaron críticas: Acción Nacional advirtió que los datos biométricos no deben usarse para “espiar” a ciudadanos, mientras Morena acusó a la oposición de usar el dolor de las familias como arma política y defendió que las cifras se reportan con una transparencia inédita.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó un presunto narcocampamento entre Teuchitlán y Ahualulco, donde encontraron fragmentos óseos calcinados y casquillos de alto calibre. A través de una transmisión en vivo, denunciaron que el sitio sería usado por grupos criminales para entrenamientos, tortura y quema de cuerpos.
Aunque no revelaron la ubicación exacta, afirmaron haber llegado tras recibir denuncias anónimas. En el lugar, se observaron árboles quemados y restos óseos —principalmente cráneos— a ras del suelo. La fundadora del colectivo, Indira Navarro, aseguró que el escenario coincide con prácticas de cremación a cielo abierto.
La Fiscalía estatal acudió al sitio el miércoles, pero evitó confirmar el hallazgo. Anunció que este jueves dará su postura oficial.
En marzo, el colectivo encontró el rancho Izaguirre, también en Teuchitlán, señalado como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por ese caso, diez personas ya fueron sentenciadas a más de 100 años de prisión. Entre los detenidos se encuentran el alcalde de Teuchitlán, Ascensión Murguía, y el presunto líder criminal José Gregorio Lastra, alias “Comandante Lastra”.
El Senado de la República aprobó dos reformas clave: una a la Ley en Materia de Desaparición y otra a la Ley General de Población, con el objetivo de agilizar la búsqueda de personas desaparecidas y establecer la CURP biométrica como documento de identidad oficial.
La reforma en materia de desaparición, conocida como Ley de Búsqueda, fue aprobada con 89 votos a favor y 13 en contra. Contempla la creación de una Plataforma Única de Identidad interconectada en tiempo real, que integrará el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y el Banco Nacional de Datos Forenses. También obliga a abrir carpetas de investigación de manera inmediata tras una denuncia de desaparición.
✅ Con 89 votos a favor y 13 en contra, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como empresas con bases de datos biométricos, deberán permitir el acceso a esta información a la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, el Centro Nacional de Inteligencia y cuerpos de seguridad.
El senador morenista Enrique Inzunza destacó que las reformas son resultado del trabajo de colectivos de víctimas, defensores de derechos humanos y especialistas. Se refuerzan mecanismos de búsqueda con perspectiva de derechos humanos y se reconoce legalmente la participación de las familias como víctimas en los procesos de investigación.
Por su parte, la reforma a la Ley General de Población fue aprobada con 69 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones. Establece el uso de la CURP biométrica con fotografía, huellas y otros datos como nuevo documento oficial de identidad. La oposición (PRI, PAN y MC) advirtió sobre riesgos a la privacidad y al control excesivo del Estado sobre los datos personales.
El morenista Alejandro Murat calificó de “fantasías” estas críticas y aseguró que la CURP biométrica es una herramienta moderna que no implica vigilancia indebida.
Las minutas fueron turnadas a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la comisión de búsqueda se encuentra activa en la obtención de cifras sobre personas desaparecidas. Su objetivo es obtener información clara para abordar este grave problema en el país.
Sheinbaum subrayó la importancia de considerar diversas fuentes de información. Esto permitirá mejorar la atención que se brinda a las familias de las personas desaparecidas. La presidenta enfatizó que es crucial contar con datos precisos para implementar estrategias efectivas.
Además, la mandataria reafirmó su compromiso con la búsqueda de soluciones para este fenómeno que afecta a miles de familias en México. La situación de las personas desaparecidas es una prioridad para su gobierno, y se están tomando medidas para fortalecer la respuesta institucional.
La presidenta hizo un llamado a todas las autoridades para colaborar en la búsqueda y localización de personas desaparecidas. La comunicación y el trabajo conjunto son esenciales para enfrentar esta crisis humanitaria.
Cuarta jornada de exhumaciónse suspende por razones de seguridad.
Tras cuatro semanas de trabajos en el panteón municipal de Jojutla, Morelos, familiares de personas desaparecidas reportaron el hallazgo de al menos 60 cuerpos en la fosa común de la comunidad de Pedro Amaro. Se trata de la cuarta intervención en esa zona desde 2017, cuando comenzaron las exhumaciones con apoyo de autoridades locales.
De acuerdo con los colectivos participantes, entre los restos localizados hay mujeres, bebés y diversas osamentas aún por clasificar. Aunque la cifra no es definitiva, aseguran que la magnitud del hallazgo es significativa.
Los trabajos se reanudaron el 26 de mayo de 2025, como parte de una nueva fase de búsqueda impulsada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, que previamente había llevado a cabo tres etapas de exhumación en los años 2017, 2022 y 2024. La intervención fue suspendida temporalmente el 19 de junio, tras detectar fracturas estructurales en el muro perimetral del panteón, derivadas de las intensas lluvias recientes.
En un comunicado, la Fiscalía señaló que los reportes sobre la cantidad de cuerpos localizados “carecen de veracidad” y anunció que el informe técnico oficial con los resultados de esta jornada será dado a conocer esta misma semana.
Durante las labores, se aplicó un protocolo de excavación que incluyó trabajo mecánico y arqueológico, hasta una profundidad de un metro. Las actividades fueron supervisadas por Servicios Periciales y se utilizaron niveles de criba para detectar posibles restos humanos. Se busca garantizar la identificación adecuada de cada hallazgo.
La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos informó que, ante la cantidad de restos localizados, se evalúa una posible quinta fase de intervención en el sitio. Mientras tanto, los colectivos de familiares mantienen presencia en el lugar y solicitan el acompañamiento continuo de expertos.
Cabe recordar que la fosa de Jojutla se suma a la de Tetelcingo, también ubicada en Morelos, como uno de los espacios en los que desde hace casi una década se han concentrado esfuerzos de recuperación de restos no identificados.
Hasta el momento, no se ha determinado un número final de cuerpos identificados. Las autoridadescontinúan con el procesamiento de restos y la integración de los registros correspondientes.
Durante la Mañanera del Pueblo de este jueves 15 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum, detalló que derivado de los diálogos entre la Secretaría de Gobernación y los colectivos de familiares de personas desaparecidas, han surgido muchas adiciones a las leyes, por lo que en junio, serán presentadas en el Congreso de la Unión.
La mandataria federal, recordó que se presentaron dos iniciativas: a la Ley General de Población y a la Ley de Búsqueda, derivadas de las conversaciones entre Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación y el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, con los familiares de desaparecidos, la cual, ya cerró la “primera ronda de diálogos”.
Claudia Sheinbaum detalló que todas las adiciones a las leyes se están revisando para que puedan incorporarse la mayor parte, tras presentarlas en el siguiente mes, mientras se continúa trabajando con los colectivos para seguir en el proceso de búsqueda.
La Presidenta Sheinbaum finalizó informando que también se darán a conocer cifras de acuerdo a carpetas de investigación, registros de personas desaparecidas que ya fueron localizadas y “todo lo que tiene que ver con registros de desaparición”, reiteró, en el mes de junio.
En los últimos 15 años, colectivos de familiares de personas desaparecidas han encontrado al menos 1,400 fosas clandestinas en el estado de Jalisco. Así lo informó el investigador universitario Eduardo Santana durante la presentación del libroInterpretando la naturaleza para encontrar a quienes nos faltan: ciencias biológicas, físicas y de la tierra aplicadas a la detección de inhumaciones clandestinas. La obra destaca el uso de ciencias naturales para localizar tumbas clandestinas, así como la labor incansable de los colectivos.
El libro, presentado ante diversos grupos de búsqueda, fue coordinado por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) en colaboración con instituciones académicas como la Universidad de Guadalajara y el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo), además de la Universidad Politécnica de Guadalajara y universidades internacionales como Oxford y Bristol.
Colectivos: Impulso clave en las búsquedas
Según el libro, las fosas descubiertas por los familiares representan alrededor del 70% del total de tumbas clandestinas localizadas en Jalisco. Santana destacó que entre el 60% y el 80% de las fosas son identificadas gracias a información proporcionada por los colectivos, aunque no siempre estos grupos son los que encuentran directamente las tumbas.
“Puede ser que el colectivo no encuentre la fosa en sí, pero sí informa al gobierno de dónde tienen que ir a buscar”, explicó Santana.
El investigador también subrayó que en más del 90% de los casos, los colectivos reciben denuncias anónimas de ciudadanos, quienes prefieren compartir la información con estos grupos en lugar de las autoridades, debido a la desconfianza en el gobierno.
Herramientas científicas al servicio de las búsquedas
El libro recoge investigaciones y métodos científicos que ayudan a la detección de fosas, incluyendo análisis del entorno y el paisaje, estudios de conductividad eléctrica, imágenes multiespectrales con drones, análisis de vegetación, suelos y entomofauna, además de ciencias forenses en general. Estas herramientas son utilizadas para localizar cuerpos en tumbas clandestinas.
Como parte de los estudios, científicos del Centro Universitario de Tonalá de la UdeG y la Universidad Politécnica de Jalisco realizaron experimentos enterrando cuerpos de cerdos en condiciones similares a las que los criminales utilizan con víctimas humanas, buscando aprender cómo detectar mejor estos cuerpos. Las universidades de Oxford y Bristol también colaboraron en estos trabajos.
Madres buscadoras: Un motor impulsado por el dolor
El libro reconoce que las madres buscadoras son la fuerza principal detrás de los colectivos de búsqueda. Estas mujeres, impulsadas por el dolor y la frustración ante la falta de acción gubernamental, han organizado sus propias búsquedas, aprendiendo técnicas para leer el paisaje y colaborar con científicos.
En palabras de Santana, México no solo es el país con mayor número de personas desaparecidas, sino también con el mayor número de asociaciones civiles y colectivos dedicados a su búsqueda, superando incluso a Colombia.
El libro incluye entrevistas con madres buscadoras y expone su papel en la ciencia ciudadana, destacando sus conocimientos y propuestas para mejorar las búsquedas de desaparecidos.
En total, 50 especialistas de 15 disciplinas, incluyendo botánica, entomología, ecología de fauna y estudios de suelos, trabajaron en la elaboración de los 20 capítulos que conforman el libro.
