Human Rights Watch, junto a otras tres organizaciones, presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump. Su director ejecutivo, Philippe Bolopion, explica por qué decidieron responder por la vía legal.
El gobierno estadounidense mantiene un ataque directo contra la Corte Penal Internacional. Sus sanciones representan una amenaza real para la existencia misma del tribunal, según Human Rights Watch. Ante ese panorama, la organización decidió no quedarse callada y actuar en los tribunales.
Philippe Bolopion, director ejecutivo de HRW, encabeza esta respuesta legal. Junto con el American Friends Service Committee, el Center for Constitutional Rights y el Open Society Institute, presentaron una demanda formal. El objetivo es claro: derribar las sanciones que consideran ilegales.
La demanda se presentó el 11 de agosto en un tribunal federal del distrito sur de Nueva York. Impugna directamente la orden ejecutiva 14,203, firmada por el presidente Donald Trump el 6 de febrero de 2025. Ese decreto autorizó sanciones contra fiscales, jueces y colaboradores de la CPI.
Las medidas también alcanzaron a un experto en derechos humanos de la ONU. Además, golpearon a tres organizaciones palestinas dedicadas a la defensa de derechos humanos. Para las organizaciones demandantes, este régimen de sanciones frena el acceso a la justicia de víctimas de crímenes graves en todo el mundo.
Según los denunciantes, las sanciones violan derechos constitucionales fundamentales. Entre ellos están la libertad de expresión, de asociación y de religión. Asimismo, argumentan que la medida contradice tanto la ley estadounidense como las obligaciones internacionales del país.
La demanda también cuestiona los límites del poder presidencial en este caso. Sostiene que Trump basó su decisión en una supuesta emergencia nacional sin fundamento real. Andrew Loewenstein, abogado principal del caso en Foley Hoag LLP, calificó la unión de tantas organizaciones como una muestra clara del daño causado.
El contexto detrás de esta batalla legal tiene un antecedente reciente y contundente. Tres semanas antes de la demanda, el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió desmantelar la CPI “ladrillo por ladrillo”. Para Bolopion, esa frase amenaza un pilar clave de la justicia internacional.
Liz Evenson, otra voz dentro de HRW, fue igual de directa en su señalamiento. Aseguró que estas sanciones socavan el Estado de derecho del que depende la protección de los derechos humanos globales. La demanda incluye como acusados al Departamento de Estado, al propio Rubio, a Trump y al Departamento del Tesoro.
También aparecen como codemandados la Oficina de Control de Activos Extranjeros y su director, Bradley Smith. Se suman el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el Departamento de Justicia con su fiscal general, Todd Blanche. La lista de responsables refleja el alcance institucional de la ofensiva.
Bolopion asumió la dirección de HRW en diciembre pasado, en un momento particularmente difícil para el orden internacional. Él mismo ha reconocido que antes fue un entusiasta del crecimiento de la CPI. Hoy lamenta que ese tribunal enfrente sanciones del propio país que ayudó a construir el sistema basado en reglas.
Pese al panorama adverso, el director de HRW insiste en no rendirse ante la presión. Cita con frecuencia una frase de Martin Luther King Jr. sobre el largo camino de la historia hacia la justicia. Con esta demanda, su organización decidió no esperar y actuar ahora.
