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  • Rosario Robles pierde otra batalla y no podrá ocupar cargos públicos un año

    Rosario Robles pierde otra batalla y no podrá ocupar cargos públicos un año

    El Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa rechazó por unanimidad los argumentos de la exfuncionaria. Ella omitió una cuenta bancaria en su declaración patrimonial.

    Rosario Robles Berlanga volvió a perder en los tribunales. Este miércoles, el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó por unanimidad su castigo: un año sin ocupar empleos, cargos ni comisiones en el servicio público federal.

    La sanción llega por falsear su declaración patrimonial. Todo comenzó cuando las autoridades detectaron que Robles omitió una cuenta bancaria a su nombre. La exfuncionaria dirigió la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

    El caso tiene un largo recorrido. En septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) le impuso una inhabilitación de 10 años. Robles impugnó esa decisión y ganó una parte de la pelea. Un Tribunal Colegiado resolvió en contra del fallo y obligó a la SFP a dictar uno nuevo. En junio de 2023, la dependencia redujo el castigo a un año.

    Robles acudió otra vez a los tribunales. Argumentó que las autoridades la juzgaron dos veces por la misma falta. El TFJA no coincidió con ella. Los magistrados concluyeron que no existió violación al debido proceso ni sanción doble, porque la resolución de 2023 da continuidad a la de 2019.

    Además, el tribunal aclaró cuándo empieza a correr el castigo. La inhabilitación no retrocede a 2019 ni a 2023. El año sin cargos públicos cuenta desde que Robles reciba la notificación de la resolución que el Pleno emitió este miércoles.

    Este revés llega después de un episodio distinto en el terreno penal. En octubre de 2024, la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró por completo el caso contra Robles por ejercicio indebido del servicio público. La acusación la vinculaba con omisiones en un fraude entre dependencias, “empresas fantasma” y universidades, que desvió más de 5 mil millones de pesos.

    Aquella vez, los ministros votaron por unanimidad el proyecto del exministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Con ese voto, desecharon el amparo directo en revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra la sentencia de un juez federal que había absuelto a Robles.