Habitantes acusan presuntas irregularidades en el traslado de residuos y señalan posibles omisiones de las autoridades, mientras persisten las preocupaciones por la contaminación en la zona.
Pobladores de la antigua fundidora Ávalos, en Chihuahua, denunciaron la presunta extracción y traslado irregular de materiales potencialmente tóxicos desde la zona, señalada por sus antecedentes de contaminación.
Entre los señalados se encuentra Fuad Georges Farah Valdez, identificado como funcionario del Poder Judicial estatal, a quien acusan de lucrar con estos residuos y de operar sin las autorizaciones correspondientes.
De acuerdo con los testimonios, diariamente circulan más de 20 camiones tipo góndola, con cargas que superan las 38 toneladas, para transportar el material hacia otras entidades, entre ellas Coahuila. Los habitantes advierten que el polvo dispersado durante los recorridos podría representar riesgos para las comunidades, y sostienen que el movimiento de carga también ocurre durante la noche.
Los denunciantes vinculan las operaciones con Viacasa Arquitectura y Construcción, S.A. de C.V., y cuestionan si la empresa cuenta con los permisos y la capacidad técnica para manejar y transportar residuos peligrosos. Asimismo, acusan de presuntas amenazas y acciones legales contra vecinos que han protestado, además de señalar posibles vínculos e influencias dentro de instituciones estatales.
La preocupación ambiental tiene antecedentes documentados. En 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a autoridades federales, estatales y municipales por problemas relacionados con el manejo de residuos peligrosos y la construcción de viviendas en terrenos contaminados en Ávalos. El organismo advirtió sobre afectaciones a la población, incluida la exposición a metales como plomo, arsénico y cadmio.
Los habitantes sostienen que la situación continúa sin una respuesta suficiente y exigen que las autoridades ambientales inspeccionen las operaciones, verifiquen los permisos de transporte y determinen si existe contaminación durante el traslado. También piden esclarecer las responsabilidades correspondientes y garantizar la protección de las comunidades, especialmente de niñas, niños y personas en condiciones de vulnerabilidad.
