La detección de plomo en la sangre de menores en Centros de Desarrollo Integral en Nuevo León, exhibe una crisis sanitaria que el gobierno estatal ha manejado con evasión. Mientras crecen las dudas sobre el alcance del daño y las posibles fuentes de contaminación, la administración de Samuel García guarda silencio, minimiza la información y desvía la atención hacia su imagen pública.
La confirmación de casos menores con presencia de plomo en la sangre en diversos CENDI del área metropolitana de Nuevo León no sólo alertó las condiciones sanitarias, sino que exhibió la falta de reacción por parte del gobierno estatal. Pese a la gravedad del tema, la respuesta oficial se ha limitado a comunicados sin detallar niveles de riesgo ni medidas urgentes de atención.
Al menos 83 niños dieron positivo en pruebas que se llevaron a cabo desde hace un año, en coordinación con instituciones académicas como el TecSalud del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la institución estatal.
Sin embargo, lejos de informar con claridad, las autoridades optaron por escudarse en la necesidad de “pruebas confirmatorias”, prolongando la incertidumbre de padres de familia y comunidades.
¿Qué pasa cuando se trata de la salud en las infancias? La administración estatal ha sido incapaz de explicar si los niveles detectados representan un riesgo inmediato, ni ha presentado un plan integral de atención médica o de solución ambiental. El plomo es un neurotóxico que puede afectar de forma irreversible el desarrollo de los menores.
Desde 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya había iniciado una queja por este tema, la cual sigue sin resolución. Mientras tanto, surgen indicios alarmantes sobre posibles fuentes de contaminación. A escasos kilómetros de los planteles afectados operan industrias metalúrgicas, químicas y de reciclaje que podrían estar emitiendo contaminantes peligrosos.
Hasta el momento no hay información precisa sobre inspecciones, sanciones o acciones preventivas en estas zonas. De más de 300 alumnos en uno de los centros, sólo una parte fue evaluada, lo que podría el problema ser aún mejor de lo que se conoce oficialmente.
El gobierno estatal parece más enfocado en la promoción personal del mandatario que en frenar una emergencia sanitaria. Viajes, “giras”, eventos y presencia en redes sociales sólo evidencian un silencio ante un problema que afecta directamente a la población maps vulnerable.
¿Cuántas advertencias más serán ignoradas antes de que se accione con seriedad que la situación exige? Cuando la imagen pesa más que la vida y el bienestar de niñas y niños, el problema se convierte en algo político, la crisis del plomo en los Centros de Desarrollo Integral no sólo es un tema de salud pública, sino un reflejo de la falta de seriedad y prioridades que están desalineadas.
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