El miedo a ser deportado aumentó 10 puntos porcentuales entre marzo y junio de este año, de acuerdo con una encuesta del Centro de Investigación Pew. El 43% de los migrantes en EE.UU. teme que ellos o personas cercanas sean expulsados del país, frente al 33% registrado en marzo.
Este repunte coincide con operativos más agresivos del Servicio de Inmigración (ICE), particularmente en zonas latinas del sur de California. Las redadas han provocado protestas en ciudades como Los Ángeles.
Los latinos son el grupo más preocupado: 47% teme una deportación, mientras que entre migrantes de otras etnias también hubo aumentos. Incluso ciudadanos de segunda y tercera generación expresaron más temor: en el caso de hijos de migrantes, el porcentaje pasó de 28% a 34%.
La afiliación política también influye: 35% de los demócratas o simpatizantes dicen estar preocupados, frente al 10% de los republicanos. Actualmente, cerca de 93 millones de personas en EE.UU. son migrantes o hijos de migrantes.
El presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se reencontraron este martes durante la presentación de “Alligator Alcatraz”, un centro de detención temporal para migrantes, construido en apenas ocho días en los Everglades y rodeado por caimanes.
El centro, impulsado por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, tiene capacidad para albergar a 5 mil personas en espera de ser deportadas. La instalación, financiada con 450 millones de dólares anuales del Programa de Refugios y Servicios de FEMA, busca impedir fugas mediante la inhóspita fauna del entorno.
Trump y DeSantis —distanciados por sus apoyos a distintos aspirantes a la gubernatura estatal— se mostraron unidos en el recorrido, donde el mandatario elogió la rapidez con la que se levantó el centro: “En ocho días, una nueva instalación estaba en funcionamiento”, dijo DeSantis. Trump calificó el trabajo como “un 10”.
“Alligator Alcatraz” será operado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y representa un endurecimiento de la política migratoria bajo el actual gobierno republicano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violenta detención de Narciso Barranco en California. La detención ocurrió el 23 de junio y fue realizada por agentes migratorios. La CIDH instó al Estado a investigar el caso y adoptar políticas que protejan los derechos de los migrantes.
Narciso Barranco ha vivido 32 años en Estados Unidos. Es jardinero, padre de tres miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y no tiene antecedentes penales. Su detención, grabada en video, muestra el uso de gas pimienta y golpes en la cabeza.
La CIDH exigió una investigación sobre el uso excesivo de la fuerza en este caso. También pidió que se considere si la violencia fue motivada por antecedentes étnico-raciales u origen nacional. Esto es crucial para determinar responsabilidades y prevenir futuros incidentes.
Además, la CIDH reiteró que todas las políticas y prácticas migratorias deben respetar los derechos humanos de las personas migrantes. La protección de estos derechos es fundamental en cualquier contexto de movilidad humana.
El gobierno de Estados Unidos ha decidido reabrir cárceles privadas con un historial atroz de abusos, maltratos y negligencia para encerrar migrantes como si fueran criminales de guerra. Como si la historia no hubiera dejado suficiente lección, ahora la política migratoria se parece más a una amenaza de operación de limpieza étnicadisfrazada de legalidad.
La empresa CoreCivic y el grupo GEO, dos corporaciones expertas en lucrar con el encierro humano, han recibido contratos millonarios, y sin licitación, para reactivar prisiones desacreditadas que parecían condenadas al olvido. Entre ellas, Delaney Hall, en Nueva Jersey, o el centro de Leavenworth, en Kansas, donde unajueza llegó a describir las condiciones como “un infierno absoluto”. Ahora ese “infierno” está listo para llenarse de personas cuyo único “delito” fue buscar una vida mejor.
No es casualidad. Es racismo y xenofobia institucionalizada, elevada a política de Estado. Las cifras no mienten: el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) planea duplicar, si no triplicar, su capacidad de detención migrante. De las 41 mil camas actuales, quieren llegar a 100 mil, incluso 150 mil.
Y mientras tanto, las grandes cárceles privadas celebran. “Nunca habíamos tenido tanta demanda”, dijo Damon Hininger, CEO de CoreCivic, ante sus accionistas. Claro, ¿qué mejor negocio que el sufrimiento humano cuando viene con fondos públicos?
Lo que está pasando en Estados Unidos no es un tema administrativo, es una catástrofe moral. Estamos viendo centros de detención operando bajo condiciones insalubres, sin acceso suficiente a comida o atención médica, y con registros de agresiones, tortura psicológica y hasta asesinatos. En North Lake, Michigan, donde GEO reabrió una prisión con capacidad para 1,800 migrantes, los vecinos no lo dudan: “Esto es una abominación”.
El Congresoaún discute el presupuesto de 45 mil millones de dólares para sostener esta maquinaria de detención masiva. Pero las redadas ya aumentaron y criminalizaron a nuestros migrantes. Y los centros, disfrazados de instalaciones de detención, no son otra cosa que jaulas, donde se encierra la dignidad de miles.
Estados Unidos no está enfrentando una crisis migratoria, está ejecutando una estrategia de odio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un plan para aumentar los operativos de deportación en ciudades gobernadas por demócratas. Entre ellas se encuentran Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Trump afirmó que su objetivo es ejecutar “el mayor programa de deportación masiva en la historia”.
A través de su red social Truth Social, Trump defendió la medida. Argumentó que es necesario detener y deportar a migrantes indocumentados en estas ciudades. Según él, “millones de extranjeros ilegales” residen en estos lugares, que considera el corazón del poder demócrata.
Esta declaración ha generado fuertes críticas. Organizaciones proinmigrantes y líderes opositores acusan a Trump de usar la migración como herramienta política. Este anuncio coincide con un clima de creciente tensión en torno a la política migratoria de Estados Unidos. Con la campaña electoral en marcha, analistas sugieren que esta estrategia busca movilizar a su base conservadora.
Hasta ahora, las autoridades locales en Los Ángeles, Chicago y Nueva York no han respondido oficialmente. Sin embargo, en el pasado, estas ciudades han adoptado políticas para proteger a migrantes indocumentados, declarándose “ciudades santuario”.
El anuncio de Trump reaviva el debate sobre la migración en el país. Este tema continúa dividiendo a la opinión pública estadounidense y promete ser central en la campaña electoral.
