La serie, que estrenó hoy su nueva y última temporada, es una de las críticas más relevantes hacia las corporaciones, el poder mediático y el modelo político.
La serie “The Boys”estrenó hoy los primeros dos capítulos de su última temporada, se trata de una de las sátiras más incisivas de la televisión contemporánea, donde se ha hecho mofa del mundo de la cultura pop, de la propia industria audiovisual de los superhéroes, e incluso de las políticas y sociedad actual.
Desde su estreno, la producción ha desmontado la imagen tradicional del héroe, presentando figuras corruptas, manipuladas por intereses corporativos y alejadas de cualquier ideal moral. Una crítica directa a las franquicias de superhéroes de Marvel Studios y DC Comics.
El enfoque satírico también se extiende al terreno político, donde las corporaciones tienen más poder que las instituciones democráticas, y donde los superhéroes funcionan como herramientas de propaganda. A través de personajes como Homelander o A Train, retratan el autoritarismo, el populismo, la manipulación y, digámoslo, la ignorancia del ciudadano que pese a los hechos, apoyan a este tipo de personajes.
Este discurso ha evolucionado con cada temporada, volviéndose más explícito,ya que incluso llegaron a bromear sobre la vez que celebridades cantaron “Imagine” en un intento enérgico para acabar con los “males del mundo”, algo que la serie no dejó pasar e hizo burla utilizando a sus superhéroes. También hubo una superheroína nazi, que llegó a decir “A la gente le encanta lo que digo. Creen en ello. Simplemente no les gusta la palabra nazi“. Con esto, la ficción ha logrado plantear dilemas extremos que conectan con audiencias globales por su vigencia.
Con el estreno de su quinta y última temporada, la serie de Amazon Prime, basada en cómics, viene con más crudeza, sátira extrema, acción y gore. El grupo, conocidos como “The Boys”, continúa su lucha para exponer y matar a los superhéroes corruptos que abusan de su fama y poder. En esta ocasión, el grupo liderado por Butcher hará uso de métodos más extremos y/o oscuros para su último gran movimiento.
Netflix anunció una serie animada dirigida por Juan José Campanella de Mafalda, un personaje de humor crítico creado por Quino, el historietista argentino.
Mafalda, uno de los símbolos culturales y políticos más relevantes de América Latina, creada por el argentino “Quino”, regresa en forma de serie animada de Netflix para 2027. Desde su aparición en 1964, la tira introdujo una mirada crítica sobre la sociedad, la política y los conflictos globales.
Netflix presentó la primera imagen oficial de la nueva serie animada del personaje, una adaptación que será dirigida por Juan José Campanella y cuyo estreno está previsto para 2027. La serie buscará trasladar este legado al formato contemporáneo sin perder su esencia crítica; según reportes, el proyecto mantendrá el humor, la ironía y el espíritu reflexivo que caracterizan a la obra original.
A lo largo de décadas, Mafalda ha sido interpretada como una voz crítica frente a temas como la desigualdad, los derechos humanos y la guerra. Su capacidad para cuestionar el orden establecido desde la perspectiva de una niña la convirtió en un referente del pensamiento político, capaz de trascender generaciones y fronteras.
La historieta también destacó por construir un universo social complejo a través de personajes como Felipe, Manolito y Susanita, quienes representan distintas posturas ideológicas y aspiraciones sociales. Mediante situaciones cotidianas, Quino logró articular críticas profundas con un lenguaje sencillo, con viñetas y frases como “¿No sería hermoso el mundo si las bibliotecas fuesen más importantes que los bancos?”, o “Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno”, vaya, simplemente, Mafalda.
Tras un paso gris y cuestionado en la política, el exfutbolista busca reinventarse como técnico, aunque aún sin experiencia ni resultados que lo respalden.
El exgobernador y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco volvió a acaparar reflectores al anunciar su intención de convertirse en director técnico, apuntando alto desde el inicio: el Club América y la Selección Mexicana. Sin embargo, el también exseleccionado dejó claro que no aceptaría dirigir de inmediato, pues “prefiere prepararse”, algo que claramente no hizo en la política.
Durante una entrevista en televisión, Blanco aseguró que su objetivo es construir una carrera sólida en los banquillos antes de aspirar a retos mayores como el Tricolor en un Mundial. No obstante, sus declaraciones han generado escepticismo, considerando que su experiencia reciente ha estado más ligada a la política que al futbol profesional.
Y es que su paso por la función pública dejó más críticas que aplausos: señalamientos, polémicas y resultados cuestionables marcaron su gestión, lo que ahora contrasta con su discurso de disciplina y proceso dentro del deporte. Para muchos, el salto del escritorio al vestidor luce más como un cambio de escenario que de fondo.
Sobre el América, equipo con el que hizo historia como jugador, Blanco fue tajante: no es el momento. Reconoció que dirigir a un club de alta exigencia requiere condiciones y experiencia que aún no tiene, aunque no descartó que sea una meta a futuro.
Mientras tanto, su intención de llegar a la Selección Mexicana también parece lejana. El propio exjugador admitió que necesita formación, resultados y trayectoria, elementos que hoy están ausentes en su currículum como entrenador.
Así, Blanco inicia una nueva etapa con más dudas que certezas: tras un desempeño político ampliamente criticado, ahora busca reinventarse en el futbol, aunque el reto será demostrar que puede hacer algo más que vivir de su pasado como ídolo.
Hoy en día, la política mexicana atraviesa una transformación silenciosa pero profundamente visible: la conversión de sus figuras públicas en auténticos generadores de contenido. Diputados, senadores, alcaldes y aspirantes han adoptado dinámicas propias de las redes sociales reels, historias, transmisiones en vivo donde proyectan no solo su agenda política, sino también su estilo de vida, su imagen personal y, en muchos casos, una narrativa aspiracional.
No hay nada reprochable en el éxito. Al contrario, es legítimo que quien ha trabajado, invertido o emprendido pueda reflejar los frutos de su esfuerzo. Sin embargo, el problema surge cuando esa vitrina de éxito contrasta de manera brutal con la realidad de los territorios que representan.
Porque mientras en redes vemos viajes, ropa de marca, restaurantes exclusivos y discursos cuidadosamente producidos, en muchos municipios del país persisten condiciones de pobreza estructural. Según datos recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), más del 36% de la población en México continúa en situación de pobreza, y una proporción importante enfrenta carencias básicas como alimentación, vivienda digna o acceso a servicios de salud.
Es ahí donde surge la pregunta inevitable: ¿existe una desconexión entre la clase política y la ciudadanía?
La historia parece repetirse. Como en las monarquías de antaño, hay momentos específicos en los que el poder “desciende” al pueblo: las campañas electorales. Es entonces cuando aparecen los recorridos casa por casa, los apoyos temporales, las promesas renovadas. Pero fuera de ese ciclo, la percepción generalizada expresada constantemente en la opinión pública es que el contacto se diluye.
Paralelamente, otro fenómeno ha tomado fuerza en la conversación social: la relación entre programas sociales y cultura laboral. Hay quienes sostienen que los apoyos gubernamentales han desincentivado el trabajo; otros argumentan que lo que realmente está ocurriendo es un reajuste en la conciencia laboral.
Hoy, gracias a la globalización digital, el trabajador promedio ya no vive aislado en su contexto local. A través de plataformas sociales observa condiciones laborales en otros países: jornadas reguladas, pago de horas extras, espacios de trabajo dignos. Ese contraste ha elevado las expectativas, no por ambición desmedida, sino por una creciente noción de derechos.
De acuerdo con información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tendencia global apunta hacia mejores condiciones laborales, mayor regulación de jornadas y fortalecimiento de derechos del trabajador. México, aunque ha avanzado en reformas recientes como el incremento al salario mínimo y cambios en la subcontratación, aún enfrenta retos importantes en materia de equidad laboral.
Esto nos lleva a otro punto sensible: la desigualdad dentro del propio aparato productivo. Mientras algunos empresarios logran expandir sus negocios, viajar y acumular patrimonio, muchos trabajadores siguen enfrentando condiciones precarias. La discusión no es si el empresario debe ganar por supuesto que sí, sino si ese crecimiento también se traduce en bienestar para quienes sostienen la operación día a día.
Ese mismo principio debería aplicar con mayor rigor en la política.
El servicio público, en esencia, implica una responsabilidad ética superior: mejorar las condiciones de vida de la población. No se trata únicamente de administrar recursos o ejecutar programas, sino de reducir brechas, generar oportunidades reales y construir entornos donde el desarrollo no sea privilegio de unos cuantos.
Por ello, la creciente “estetización” de la política centrada en imagen, presencia digital y narrativa personal debe ir acompañada de resultados tangibles. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en una simulación bien producida. México no necesita políticos influencers. Necesita servidores públicos efectivos.
Y si bien la comunicación moderna es una herramienta poderosa capaz de acercar, informar y movilizar, nunca debe sustituir la esencia del cargo: servir.
Porque al final, más allá de los likes, las vistas o los seguidores, la verdadera evaluación sigue estando en la calle. En la mesa de quien no tiene suficiente para comer. En el trabajador que busca condiciones dignas. En la familia que espera oportunidades.
Ahí es donde realmente se mide el éxito de cualquier gobierno.
La violencia contra actores políticos se extiende en más de la mitad de los municipios y pone en entredicho la estrategia de seguridad del gobierno estatal.
En medio de un contexto de creciente inseguridad, el estado de Guanajuato acumula al menos 71 asesinatos de funcionarios, autoridades electas y actores políticos desde 2018, de acuerdo con datos de la organización Data Cívica.
El caso más reciente ocurrió en Irapuato, donde fue asesinado Roberto Castañeda Tejeda, director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (JAPAMI). Días antes, en Jerécuaro, Eduardo Olvera García, presidente del DIF municipal y esposo de la alcaldesa priista Isabel Acevedo Mercado, también fue víctima de un ataque armado.
Estos hechos han intensificado los cuestionamientos hacia la administración de la gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo. La problemática no es aislada, ya que este tipo de homicidios se han documentado en al menos 22 de los 46 municipios del estado. Ciudades como Celaya, Pénjamo, Villagrán y Apaseo el Grande encabezan la lista con mayor número de casos, consolidando a diversas regiones como focos rojos.
A nivel nacional, Guanajuato se posiciona como el cuarto estado con más asesinatos de funcionarios y actores políticos, solo por debajo de Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Este panorama ha generado un clima de presión política con exigencias de resultados concretos frente a una crisis de violencia que, lejos de disminuir, continúa afectando tanto a autoridades como a la población en general.
Más de 400 militantes podrían abandonar el partido tras ruptura con la dirigencia estatal, dejando al Verde sin fuerza política en el Congreso local.
El PVEM enfrenta una profunda crisis en Guanajuato luego de la renuncia de seis liderazgos, que se suman a la salida previa de legisladores locales, dejando al partido sin representación en el Congreso estatal.
Entre los perfiles que abandonaron el Verde destacan la exdiputada Vanessa Sánchez, la regidora de León Norma López Zúñiga, así como el excandidato a la alcaldía Gerardo Fernández, quien encabezó la nueva ola de renuncias. También se sumaron exlegisladores y liderazgos como Alejandro Flores Razo, María Soledad Ledesma, Luis Gerardo Suárez y Jorge Navarrete.
Las salidas responden a diferencias con la dirigente estatal, Virginia Kikis Magaña, a quien los exmilitantes acusan de falta de trabajo territorial y liderazgo político. Fernández señaló que la situación no es aislada, sino reflejo de una dirigencia enfocada en intereses personales y alejada de las necesidades sociales.
El impacto político es significativo: previamente, los diputados Sergio Contreras e Itzel Mendo renunciaron al partido, lo que dejó al PVEM sin bancada en el Congreso de Guanajuato. Algunos de los perfiles que abandonaron el Verde ya se han sumado a otras fuerzas políticas, principalmente al PAN.
Además, los exintegrantes anunciaron la creación de una asociación civil con la que buscarán mantener influencia en ayuntamientos y en la vida pública del estado, marcando una nueva etapa fuera del partido.
La fractura podría profundizarse aún más, ya que se prevé que alrededor de 400 militantes sigan el mismo camino, evidenciando una descomposición interna que debilita seriamente al PVEM en una de las entidades clave del país.
La modificación del calendario legislativo permitirá a los diputados capitalinos ausentarse casi cinco días consecutivos, lo que ha generado críticas por priorizar el descanso sobre el trabajo parlamentario.
Los diputados del Congreso de la Ciudad de México iniciaron un “megapuente” legislativo con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, luego de que se determinara suspender las sesiones ordinarias hasta el miércoles 18 de marzo. La decisión fue anunciada por la diputada del PAN, Olivia Garza de los Santos, quien encabezó la sesión en ausencia del presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma.
La modificación del calendario legislativo permitirá que los legisladores dispongan de casi cinco días consecutivos sin actividad parlamentaria, luego de que se acordara posponer las sesiones de la próxima semana, que normalmente se realizan los martes y jueves, para concentrarlas únicamente el miércoles.
De acuerdo con el acuerdo aprobado previamente por la Junta de Coordinación Política, el calendario de sesiones fue ajustado en el marco de la planeación del segundo periodo legislativo que iniciará en abril, lo que derivó también en el cambio de la sesión programada para el martes.
Tras concluir los asuntos del día, la diputada Garza dio por terminada la sesión y citó oficialmente al pleno para reanudar trabajos el miércoles 18 de marzo a las 10 de la mañana, según consta en la versión estenográfica del Congreso capitalino.
No es la primera vez que esta legislatura enfrenta cuestionamientos por priorizar los recesos legislativos. En febrero pasado, durante el puente por el Día de la Constitución, el Congreso fue criticado porque solo 36 de los 66 diputados acudieron a la sesión de apertura del periodo ordinario, lo mínimo necesario para alcanzar el quorum.
Aquella sesión, realizada el 1 de febrero, fue breve y permitió a los legisladores continuar con el descanso del fin de semana largo, retomando actividades hasta el 5 de febrero, fecha en que se conmemoró el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana.
El actor ultraconservador anunció que deja la arena política luego de no lograr candidatura presidencial ni registrar su partido “Viva México”. Ahora dice que dará la “batalla espiritual”… con rosarios y películas.
Después de varios intentos fallidos por convertirse en figura política, Eduardo Verástegui anunció su retiro de la política mexicana, luego de no conseguir consolidar su proyecto ultraconservador “Viva México” ni registrar un partido propio. El actor, que buscó una candidatura independiente a la Presidencia en 2024 y posteriormente intentó crear una nueva fuerza política en 2025, terminó reconociendo que su aventura terminó en un callejón sin salida.
A través de un mensaje dirigido a sus simpatizantes, Verástegui admitió que el proyecto político no logró despegar, aunque intentó culpar al sistema electoral. Según su versión, el sistema político mexicano “impide que un outsider avance sin maquinaria partidista, financiamiento y estructura nacional”, argumento que utilizó para justificar su salida de la contienda pública.
El actor agradeció a los seguidores de su movimiento Viva México, surgido durante la gira de su película Inesperado en 2019, y recordó que posteriormente impulsó campañas como la promoción de la cinta Sound of Freedom y su intento de reunir apoyos para competir como candidato independiente. Sin embargo, tras varios años de promoción política y religiosa, los resultados electorales simplemente nunca llegaron.
Lejos de reconocer errores estratégicos o la falta de respaldo social, Verástegui aseguró que su decisión responde a un “proceso profundamente desgastante”, por lo que optó por abandonar temporalmente la política. En su mensaje, incluso ofreció una disculpa a sus seguidores por la incertidumbre generada tras el fallido intento de construir un partido político propio.
Eso sí, el actor no planea desaparecer del todo del escenario público. Ahora afirma que continuará la lucha desde lo que llamó la “batalla cultural y espiritual”, dedicándose a producir cine con valores conservadores. Entre sus próximos proyectos anunció la preproducción de Sound of Freedom 2 y el estreno de Zero A.D. a finales de este año.
Como si fuera el inicio de una cruzada religiosa más que política, Verástegui también anunció el arranque de una gira de 32 rosarios por México, comenzando en Guadalajara, uno por cada estado del país. Según el propio actor, la misión será orar por la “restauración de la nación”, cerrando su mensaje con una frase que resume el tono de su despedida política: “El hombre da la batalla, pero solo Dios da la victoria”.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que recientemente alcanzó los 97 años de existencia, atraviesa el periodo más crítico de su historia.
Lo que alguna vez fue definido por Mario Vargas Llosa como “la dictadura perfecta” —un sistema de partido casi único que gobernó México por siete décadas ininterrumpidas— se ha transformado en una fuerza política que lucha por su supervivencia, asediada por escándalos de corrupción sistémica y una fuga masiva de cuadros hacia otras fuerzas políticas.
La represión de 1968 y el “Halconazo”
El momento de mayor ruptura ética entre el PRI y la sociedad civil ocurrió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Bajo el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, el Estado utilizó al ejército y a grupos paramilitares para masacrar a estudiantes que exigían libertades democráticas. Este evento no solo fue un crimen de lesa humanidad, sino que destruyó el mito del “gobierno de la Revolución” que trabajaba para el pueblo. La cifra oficial de muertos nunca fue clara, pero las estimaciones de testigos y organismos internacionales hablan de cientos de víctimas.
Apenas tres años después, el 10 de junio de 1971, durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, ocurrió la “Matanza del Jueves de Corpus” o El Halconazo. Un grupo paramilitar entrenado por el Estado, “Los Halcones”, atacó una manifestación estudiantil con armas de fuego y varas de bambú frente a la policía que solo observaba. Estos eventos inauguraron la llamada Guerra Sucia, un periodo donde el PRI utilizó la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial para aniquilar a cualquier disidencia política de izquierda o movimientos guerrilleros.
La herencia de estos años es un estigma de autoritarismo que el partido jamás pudo sacudirse del todo. La figura de Luis Echeverría permaneció hasta su muerte como el símbolo de la represión sistémica, siendo el primer expresidente en ser procesado (aunque bajo arresto domiciliario) por genocidio.
El colapso económico: “La docena trágica” y el error de diciembre
El siglo XX priista también estuvo marcado por una gestión económica que pasó de la estabilidad del “Milagro Mexicano” al desastre absoluto por decisiones populistas y técnicas deficientes.
Los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (1970-1982) llevaron al país a una inflación descontrolada y un endeudamiento externo masivo. López Portillo es recordado por su frase “defenderé el peso como un perro”, solo para presenciar una devaluación histórica que pulverizó los ahorros de millones de mexicanos mientras él lloraba en su último informe de gobierno.
Posteriormente, en 1994, el país vivió el famoso “Error de Diciembre” al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo, pero gestado en las políticas de Carlos Salinas de Gortari. La falta de reservas internacionales y el manejo político de las variables económicas provocaron una crisis financiera que se extendió por todo el mundo, conocida como el “Efecto Tequila”. Esto derivó en el rescate bancario a través del Fobaproa, una deuda privada que el PRI convirtió en deuda pública y que los mexicanos siguen pagando hasta el día de hoy, afectando el presupuesto nacional por generaciones.
El fraude del 88 y el magnicidio de 1994
El sistema político del PRI se basaba en el control absoluto de las elecciones, pero en 1988 ese control fue desafiado por la corriente democrática de Cuauhtémoc Cárdenas. La famosa “caída del sistema”, operada por Manuel Bartlett (entonces Secretario de Gobernación), es el fraude electoral más documentado y cínico de la historia moderna de México. Cuando los resultados preliminares favorecían a la oposición, el sistema de cómputo se detuvo sospechosamente; al “reiniciarse”, Carlos Salinas de Gortari apareció como ganador, una mancha de ilegitimidad que persiguió a su gobierno desde el primer día.
El año de 1994 representó el punto de quiebre violento dentro de la propia estructura del partido. El asesinato de su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, sacudió los cimientos del país. La teoría del “asesino solitario” nunca convenció a la población, que vio en el magnicidio una purga interna o una respuesta de los sectores más conservadores del PRI (los llamados “dinosaurios”) ante las promesas de reforma del candidato. Meses después, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del partido, confirmó que el PRI estaba en una guerra intestina sangrienta.
La quiebra ética: el sexenio de Enrique Peña Nieto
El regreso del PRI a la presidencia en 2012, tras doce años de gobiernos panistas, fue presentado como el nacimiento de un “Nuevo PRI”. Sin embargo, este periodo se convirtió rápidamente en el catálogo más extenso de corrupción en la historia moderna de México.
Casos como la Casa Blanca, una lujosa residencia propiedad de la esposa del presidente construida por un contratista favorecido por el gobierno, rompieron la confianza ciudadana de manera irreversible.
A este escándalo se sumó La Estafa Maestra, un sofisticado mecanismo de desvío de recursos públicos a través de universidades públicas y empresas fantasma que involucró a múltiples dependencias federales. La percepción de impunidad se consolidó con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, un evento que no solo exhibió la ineficiencia del Estado, sino también la colusión de autoridades locales priistas con el crimen organizado, marcando el inicio del fin para la legitimidad del sexenio.
El costo político de estos eventos fue devastador. El partido no solo perdió la presidencia en 2018 con su peor votación histórica, sino que quedó marcado como una marca “tóxica” para el electorado.
Los “gobernadores de la vergüenza” y el saqueo estatal
Uno de los puntos más bajos del PRI fue la conducta de su nueva generación de gobernadores, a quienes el propio Peña Nieto llegó a llamar el “rostro de la renovación”. Personajes como Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua) y Roberto Borge (Quintana Roo) terminaron en prisión o prófugos tras dejar sus estados en la quiebra financiera y sumidos en crisis de violencia.
En Veracruz, el caso de Javier Duarte fue emblemático: se le acusó de administrar quimioterapias falsas (agua destilada) a niños con cáncer mientras desviaba miles de millones de pesos. Por su parte, César Duarte fue señalado por crear un banco propio con recursos públicos, y Roberto Borge por el remate ilegal de terrenos del patrimonio estatal a familiares y amigos. Estos nombres se volvieron sinónimos del PRI ante la opinión pública nacional.
El desmantelamiento territorial: de 32 a 2 gubernaturas
La pérdida de poder territorial es, quizás, el síntoma más claro de la agonía del PRI. Tras las elecciones de 2024, el partido quedó reducido a su mínima expresión histórica, conservando únicamente las gubernaturas de Coahuila y Durango. Este declive es asombroso si se considera que, hasta antes del año 2000, el PRI gobernaba todas las entidades federativas del país sin excepción.
La debacle se aceleró con la pérdida del Estado de México en 2023, el bastión más importante, poblado y simbólico del priismo. Perder “la joya de la corona” después de casi un siglo de dominio ininterrumpido del Grupo Atlacomulco fue el golpe de gracia. Esta derrota no solo fue electoral, sino financiera, ya que el partido perdió el acceso a la mayor estructura de recursos y burocracia que le permitía operar a nivel nacional.
Actualmente, el PRI enfrenta una crisis de relevancia en el Congreso y en los estados. Con una militancia que disminuye año tras año y la pérdida de registros locales en varias entidades, el partido ha pasado de ser el “gran elector” a un actor secundario que debe aliarse con su antiguo rival, el PAN, simplemente para no desaparecer.
Crisis de dirigencia de “Alito” Moreno
La figura de Alejandro “Alito” Moreno, actual dirigente nacional, representa para muchos críticos el último clavo en el ataúd del partido. Su gestión ha estado plagada de controversias, incluyendo la filtración de audios donde se le escucha hablar de supuestos pagos ilícitos a periodistas y maniobras financieras dudosas. Bajo su mando, el PRI ha perdido más gubernaturas que en cualquier otra dirigencia en la historia.
Además de Alito, el partido ha sido lastrado por figuras como Carlos Salinas de Gortari, quien sigue siendo el villano favorito de la narrativa política mexicana, y Emilio Lozoya, cuyo proceso judicial por el caso Odebrecht ha mantenido vivos los señalamientos de sobornos para aprobar reformas estructurales. Estas figuras impiden que el PRI pueda presentarse como una opción de “cambio” o “renovación” ante un electorado que los asocia con el pasado más oscuro.
La reciente reforma a los estatutos para permitir la reelección de la dirigencia actual provocó una fractura interna sin precedentes. Figuras históricas y exdirigentes han abandonado las filas del partido, denunciando un “secuestro” de la institución por parte de una cúpula que prioriza sus intereses personales sobre la viabilidad del proyecto político.
“Somos México” realizó su asamblea constitutiva rumbo a su registro ante el INE, eligieron a Guadalupe Acosta Naranjo y Cecilia Soto como dirigentes y sumó a exministros, exfuncionarios y figuras opositoras del viejo régimen.
La organización política de derecha “Somos México” celebró su asamblea constitutiva con miras a obtener el registro como partido nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en un acto donde fueron electos Guadalupe Acosta Naranjo como presidente y Cecilia Soto como secretaria general.
Durante su toma de protesta, Acosta Naranjo, exintegrante del grupo conocido como Los Chuchos, en el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), acusó de supuesto “autoritarismo” al actual gobierno y arremetió contra la reforma electoral, a la que calificó de regresiva, pese a que esta apenas se dará a conocer hasta el próximo martes.
En el acto también se presentaron nuevos integrantes, entre ellos los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y José Ramón Cossío; siendo que los dos primeros dejaron el cargo en agosto del año pasado al no aceptar participar en la primera elección judicial. Mientras que la secretaria general, Cecilia Soto, después de ser candidata a la presidencia en 1994 por el Partido del Trabajo (PT), últimamente fue diputada federal plurinominal por el PRD de 2015 a 2018.
Durante el evento también se autorizó el nombramiento del abogado Juan Francisco Torres Landa como presidente de la Comisión Interna de Justicia. Además, se dejaron ver los nombres de personajes de la oposición, tal es el caso de Leonardo Valdés Zurita, último consejero presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE); el panista José Luis Luege Tamargo; el exsenador Emilio Álvarez Icaza; el hijo del expresidente del PRI, Enrique de la Madrid; y el expresidente del INE, Lorenzo Córdova.
La organización tiene hasta finales de mes para formalizar su solicitud de registro ante el INE, requisito indispensable para participar en elecciones futuras. Mientras tanto, sus dirigentes ya proyectan competir en 2027 y 2030, cuando se trata de una agrupación conformada por figuras de sectores del antiguo régimen judicial y político que perdieron privilegios con la reconfiguración del poder.
