El juez federal Tim Kelly consideró que la exclusión de los medios podría constituir una represalia por sus coberturas críticas y vulnerar la libertad de expresión protegida por la Constitución estadounidense.
Un juez federal de Estados Unidos ordenó a la administración de Donald Trump permitir nuevamente el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, mientras continúa el litigio promovido por los medios contra las restricciones impuestas por el presidente a sus acreditaciones de prensa.
El juez Tim Kelly determinó que existen elementos para considerar que el veto pudo violar la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión. De acuerdo con su resolución, los propios comentarios de Trump respaldan la posibilidad de que la revocación de las credenciales estuviera relacionada con las opiniones y publicaciones de los medios afectados.
Kelly sostuvo que es probable que el mandatario haya excluido a los tres medios porque considera que sus reportajes son inexactos y parciales en su contra. A partir de esas declaraciones, el juzgador identificó indicios de una posible represalia por el ejercicio de la libertad de prensa, lo que podría constituir una forma inconstitucional de discriminación por puntos de vista.
La resolución también rechazó los argumentos del Departamento de Justicia, que defendió las medidas de la administración. El juez señaló que el expediente no contiene pruebas de que la revocación de las acreditaciones se hubiera decidido por razones de seguridad nacional, ni declaraciones directas de Trump que sustentaran esa justificación.
El caso ya había derivado en una orden previa para restablecer las credenciales de los periodistas, luego de que los medios no recibieran una notificación adecuada sobre las reglas aplicables antes de perder su acceso. La nueva resolución amplía los argumentos jurídicos contra la exclusión y mantiene vigente la posibilidad de que los medios continúen cubriendo las actividades presidenciales.
La decisión abre la puerta a una apelación del gobierno de Trump, en una disputa que vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre la Casa Blanca y la prensa crítica. El litigio busca determinar si el Ejecutivo puede restringir el acceso de determinados medios sin vulnerar las garantías constitucionales de libertad de expresión y de prensa.
