La presidenta Dina Boluarte ha convocado elecciones generales para abril de 2026, en un intento por generar estabilidad en medio de una crisis política que persiste desde su ascenso al poder en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo. Sin embargo, esta decisión ha sido objeto de cuestionamientos y podría interpretarse como una estrategia para afianzar un gobierno cuya legitimidad continúa siendo puesta en duda.
Boluarte afirmó que el proceso electoral será “transparente y democrático”, pero muchos interpretan esta decisión como una estrategia para posponer los comicios hasta 2026, una fecha que coincide con el término del mandato original de Castillo. Esto podría interpretarse como un intento de prolongar su gobierno sin atender las demandas de elecciones anticipadas. Sectores leales al expresidente, que aún mantienen influencia en regiones rurales, la acusan de ser una “usurpadora” y la responsabilizan por la represión de las protestas que resultaron en más de 60 muertes entre 2022 y 2023.
Por otro lado, a pesar de que las movilizaciones masivas han disminuido, persiste un ambiente de polarización y desconfianza hacia las instituciones. Con seis presidentes en ocho años y una ciudadanía desilusionada, la amenaza de la inestabilidad sigue presente en un país donde, aunque las calles están más tranquilas, el descontento permanece.
