El Partido Acción Nacional llevó el caso ante la Fiscalía General de la República. La querella también involucra a mandos de la Secretaría de Marina.
Diputados panistas presentaron este viernes una denuncia penal contra Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La acusación también señala a autoridades de la Secretaría de Marina, responsables del manejo y control del tren.
La querella busca que la FGR investigue dos accidentes ocurridos en la misma línea ferroviaria. El primero sucedió el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca y dejó 14 personas fallecidas y más de cien heridos. El segundo ocurrió el pasado 14 de julio de este año, sin víctimas, en el mismo tramo cercano a Nizanda.
Priscila Vera Hernández, coordinadora nacional de Medio Ambiente del CEN del PAN, explicó el objetivo de la denuncia durante una conferencia de prensa. Según dijo, ni los constructores ni López Beltrán, supervisor honorífico del proyecto, han enfrentado citatorios por las muertes del primer accidente.
El diputado Federico Döring Casar recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el primer descarrilamiento. Döring aseguró que la mandataria eximió entonces de responsabilidad a “Bobby” López Beltrán ante la opinión pública.
Los legisladores panistas también exigieron una investigación sobre el personal de Semar que operaba el tren durante el accidente. El grupo parlamentario rechazó que el caso se resuelva atribuyendo el choque solo a un error humano por exceso de velocidad.
Además de la vía penal, el PAN inició procesos administrativos ante la Auditoría Superior de la Federación. Los diputados solicitaron revisar a fondo los contratos y gastos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
El proyecto arrastra también polémica presupuestal. Para este año se habían destinado más de 25 mil millones de pesos al tren, monto que la Secretaría de Hacienda redujo después a menos de 4 mil millones.
Los legisladores insistieron en que el caso no puede tratarse como un incidente menor. Para el PAN, las familias afectadas merecen respuestas claras y responsables identificados con nombre y cargo.
