Etiqueta: Prisión domiciliaria

  • La vieja guardia del PAN cierra filas con Ernesto Ruffo y lo visitan en su casa

    La vieja guardia del PAN cierra filas con Ernesto Ruffo y lo visitan en su casa

    El exgobernador de Baja California enfrenta un proceso por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, mientras sus antiguos compañeros insisten en llamarlo “preso político”.

    Con nostalgia por los viejos tiempos, integrantes de la vieja guardia del PAN acudieron a Ensenada para visitar a Ernesto Ruffo Appel, quien continúa su proceso bajo prisión preventiva domiciliaria por su presunta participación en una red de contrabando de combustible. Entre abrazos y respaldos, los panistas volvieron a sostener que el exgobernador es un “preso político”.

    Hasta el domicilio llegaron los exgobernadores Carlos Medina Plascencia y Juan Carlos Romero Hicks, además de los exsenadores Héctor Osuna, Víctor Hermosillo Celada y Ramón Corral Ávila. Ruffo también sostuvo una videollamada con Vicente Fox y otros exmandatarios panistas, como Fernando Canales, Marco Adame, Patricio Patrón e Ignacio Loyola. Una auténtica reunión de exfuncionarios para recordar aquellos años del PAN.

    La visita ocurrió días después de que Ruffo saliera del penal del Altiplano para continuar su proceso desde su casa. El traslado hasta Ensenada tomó alrededor de 40 horas por tierra, luego de que un juez modificara la medida cautelar.

    Mientras sus antiguos compañeros hablan de persecución, la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que existen “datos de prueba contundentes” contra el exmandatario. La investigación incluye dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información relacionados con su presunta participación en Ingemar, empresa vinculada con servicios portuarios.

    De acuerdo con la FEMDO, la investigación apunta a una red dedicada al contrabando de combustible mediante el uso de ferrotanques. La Fiscalía señala que Ruffo, como accionista y secretario del Consejo de Administración de Ingemar, habría participado en la conducción, representación legal y decisiones estratégicas de la compañía. Así, mientras el PAN desempolva a sus figuras históricas para arroparlo, la carpeta de investigación sigue su curso.

  • Acosta Naranjo dice que el traslado terrestre de Ruffo fue “represalia política”

    Acosta Naranjo dice que el traslado terrestre de Ruffo fue “represalia política”

    El dirigente de Somos México cuestionó que el exgobernador fuera llevado casi 3 mil kilómetros por carretera, aunque la FGR explicó que el cambio de reclusión responde a su edad y estado de salud.

    El presidente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, salió en defensa de Ernesto Ruffo Appel y calificó como una “represalia política” el traslado por carretera del exgobernador de Baja California desde el Altiplano, en el Estado de México, hasta su domicilio en Ensenada. Según el dirigente, el recorrido habría tenido como propósito “humillarlo”.

    Acosta Naranjo cuestionó que Ruffo, de casi 75 años, fuera trasladado bajo custodia de la Guardia Nacional en un vehículo blindado y, según su versión, con manos y pies esposados durante parte del trayecto. El dirigente incluso pidió a ciudadanos documentar el paso del convoy por Sinaloa, Sonora y Baja California, aunque aclaró que no pretendía convocar bloqueos ni movilizaciones.

    El reclamo contrasta con la explicación oficial: la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el cambio en la medida cautelar fue autorizado por un juez debido a que Ruffo es adulto mayor y presenta problemas de salud. Es decir, el exmandatario no quedó libre ni se canceló el proceso; simplemente continuará la prisión preventiva desde su domicilio.

    Acosta Naranjo comparó el traslado con el realizado en julio, cuando Ruffo fue llevado de Tijuana a Almoloya de Juárez en una aeronave oficial, y cuestionó que ahora el recorrido se hiciera por tierra. Con esa comparación, calificó la operación como una supuesta “venganza” y aseguró que no sería “más barata, más segura” ni “más humana”.

    Mientras el dirigente intenta convertir el trayecto de casi 3 mil kilómetros en una nueva batalla política, el proceso judicial sigue su curso. Ruffo enfrenta acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, mientras la FGR sostiene que cuenta con datos de prueba sobre una presunta red de contrabando de combustible. La responsabilidad, sin embargo, deberá ser determinada por las autoridades judiciales.

  • Dicen que sí sirvió ir a Europa: PAN festeja prisión domiciliaria de Ernesto Ruffo

    Dicen que sí sirvió ir a Europa: PAN festeja prisión domiciliaria de Ernesto Ruffo

    El partido celebró el cambio de medida cautelar para el exgobernador de Baja California, quien continuará enfrentando su proceso penal desde su domicilio.

    El PAN salió a festejar la prisión domiciliaria de Ernesto Ruffo Appel, luego de que una jueza federal ordenara cambiar la medida cautelar que mantenía al exgobernador en el Altiplano. El partido presentó la resolución como un avance en la defensa de sus derechos, aunque el proceso penal en contra del político no fue cancelado y continuará desde su domicilio.

    La modificación fue concedida después de que la defensa de Ruffo presentara un nuevo recurso acompañado de peritajes médicos actualizados. La jueza tomó en cuenta su edad, de 74 años, y su condición física, además del impacto que las condiciones del penal federal tenían sobre su salud, por lo que determinó que podía continuar el proceso bajo arresto domiciliario.

    El PAN, mientras tanto, aprovechó la resolución para lanzar su celebración pública. “Desde Acción Nacional festejamos esta decisión”, expresó el partido, que también sostuvo que debe prevalecer la presunción de inocencia y el debido proceso mientras continúan las investigaciones.

    La celebración panista, sin embargo, no significa que Ruffo haya quedado libre de las acusaciones. El exgobernador seguirá sujeto al proceso penal y deberá enfrentar las diligencias correspondientes desde su residencia. Es decir, el PAN ya sacó los confetis, pero jurídicamente el expediente sigue abierto.

    El partido también insistió en que las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto huachicol fiscal tendrían motivaciones políticas, una interpretación que corresponde a la postura del PAN y que no modifica la situación procesal del exmandatario. La resolución judicial únicamente cambió las condiciones de su cautela, no determinó su inocencia.

    Así, Ernesto Ruffo dejó el penal federal, pero no el proceso que enfrenta. Mientras la defensa busca que continúe bajo mejores condiciones de salud, el PAN celebra una decisión que no representa el cierre del caso ni una absolución para quien fuera el primer gobernador panista de México.

  • Ernesto Ruffo Appel deja la cárcel; seguirá proceso bajo prisión domiciliaria

    Ernesto Ruffo Appel deja la cárcel; seguirá proceso bajo prisión domiciliaria

    Una jueza de control modificó la medida cautelar del exgobernador de Baja California, quien permanecerá seis meses en su domicilio mientras continúa el proceso penal.

    El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dejará el penal para continuar su proceso judicial bajo prisión domiciliaria, luego de que una jueza de control determinara modificar la medida cautelar de prisión preventiva que cumplía en reclusión.

    De acuerdo con su defensa, encabezada por Juan Marcos Gutiérrez González, se prevé que Ruffo Appel salga del centro penitenciario entre este domingo y lunes, una vez que concluyan los trámites administrativos correspondientes. La nueva medida establece que deberá permanecer en su domicilio particular en Ensenada durante seis meses, mientras avanza el procedimiento penal.

    La resolución tomó en cuenta los argumentos de la defensa sobre la protección de los derechos de las personas mayores de 70 años, además de un cuadro clínico que, según los informes presentados durante la audiencia, podría agravarse bajo las condiciones de reclusión.

    Sin embargo, el cambio de medida cautelar no representa una exoneración ni una resolución sobre el fondo del caso. Ruffo Appel continuará sujeto al proceso judicial y tendrá restricciones de movilidad supervisadas por las autoridades mientras se desahogan las pruebas correspondientes.

    La defensa y familiares del exmandatario reiteraron además su postura de que no existen elementos que acrediten una responsabilidad directa en los hechos que se le imputan y sostuvieron que los señalamientos están relacionados con su participación en una empresa, mas no con acciones individuales concretas. El caso continuará ahora bajo la modalidad de prisión preventiva justificada en su domicilio, mientras un juez determina su situación jurídica.

  • FGR halla más pruebas del huachicol ferroviario

    FGR halla más pruebas del huachicol ferroviario

    Dos bodegas en la alcaldía Miguel Hidalgo guardaban documentos clave sobre la red de contrabando de combustible ligada a Ernesto Ruffo Appel.

    La Fiscalía General de la República encontró nueva evidencia dentro de la investigación por huachicol fiscal ferroviario. Los hallazgos apuntan directamente a la empresa Ingemar, controlada en su mayoría por Ernesto Ruffo Appel.

    La fiscal Ernestina Godoy Ramos dio a conocer los detalles en un mensaje por videoconferencia. Explicó que peritos de la FGR localizaron dos bodegas en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo.

    Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acompañaron el operativo. Los equipos aseguraron pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos. Estos documentos revelarían la simulación que ejecutaba la presunta red criminal.

    Godoy Ramos añadió que ambas bodegas ocultaban también papeles ligados a otros esquemas delictivos. La FGR ya investiga esos casos por separado. Toda la información permanecía oculta hasta este hallazgo.

    El análisis del material asegurado arrojó indicios relevantes sobre las operaciones de comercio exterior de la empresa. Estos datos amplían el panorama del modus operandi de la red. Además, abren nuevas líneas de investigación.

    La organización estaría vinculada con Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, y otras 24 personas. Nueve de ellas ya enfrentan detención formal.

    La fiscal insistió en que la institución respeta la presunción de inocencia y el debido proceso. Cada persona vinculada a proceso cuenta con garantías legales para su defensa frente a los documentos que integran las carpetas.

    Sobre el caso particular de Ruffo Appel, Godoy Ramos aclaró un punto importante. La FGR no ha recibido notificación de que su defensa solicite el cambio a prisión domiciliaria. Aun así, el equipo legal del ex gobernador promovió un juicio de amparo. Buscan una audiencia que le permita dejar el penal del Altiplano.

    La funcionaria también respondió a las denuncias de la familia. Aseguró que la institución cuenta con información que garantiza la atención médica adecuada dentro del reclusorio. Sus derechos, dijo, se respetan por completo.

    Esta versión llega después de que Verónica Ruffo, hija del ex mandatario, denunciara públicamente fallas en la entrega de medicamentos. También señaló un trato inadecuado hacia su padre dentro de la prisión.

  • Defensa de Ernesto Ruffo tramita cuarto amparo para conseguir prisión domiciliaria

    Defensa de Ernesto Ruffo tramita cuarto amparo para conseguir prisión domiciliaria

    La defensa del exgobernador de Baja California argumenta que su edad y condición médica justifican sustituir su permanencia en el penal de máxima seguridad.

    La defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, presentó un cuarto juicio de amparo para intentar modificar la medida cautelar que lo mantiene recluido en el Penal del Altiplano. El recurso busca que un tribunal federal revise las resoluciones que hasta ahora han rechazado la posibilidad de que enfrente su proceso bajo prisión domiciliaria.

    El nuevo amparo se suma a otros recursos promovidos por sus abogados contra la vinculación a proceso y la prisión preventiva dictadas en su contra por presuntos delitos relacionados con materia fiscal y contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal. La defensa sostiene que los expedientes no contienen elementos suficientes para acreditar la participación directa de Ruffo en los hechos que se le imputan.

    Los abogados y familiares del exgobernador, de 74 años, argumentan que su permanencia en un penal de alta seguridad vulnera sus derechos debido a su edad y a la necesidad de atención médica continua. También han denunciado presuntas restricciones en el acceso a medicamentos prescritos para atender sus afecciones cardiacas.

    El caso ha generado respaldo entre figuras del PAN, entre ellas el expresidente Vicente Fox, quien acudió públicamente a respaldar a Ruffo y cuestionó las condiciones de su reclusión. Fox afirmó que el exgobernador es inocente y defendió que pueda continuar su proceso fuera del penal, al considerar que su situación representa un trato degradante.

    Ruffo Appel enfrenta un proceso relacionado con presuntos delitos fiscales y de huachicol fiscal, mientras su defensa busca agotar las vías legales para modificar la medida cautelar. El cuarto amparo deberá ser analizado por la justicia federal, que determinará si existen elementos para conceder la prisión domiciliaria solicitada por sus abogados.

  • FGR pide que Murillo Karam regrese a prisión

    FGR pide que Murillo Karam regrese a prisión

    Familiares de los 43 normalistas y la Fiscalía impugnaron el resguardo domiciliario del exprocurador.

    La Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa de cuatro integrantes del Cártel de Guerreros Unidos impugnaron esta semana una resolución judicial clave. El fallo había otorgado prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam, exprocurador de la República.

    Murillo Karam enfrenta un proceso penal por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia. Estos cargos se relacionan con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

    Según el expediente, cuatro personas presentaron la apelación. Ellas son Agustín García Reyes, “El Chereje”; Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”; Darío Morales Sánchez,“El Comisario”; y Patricio Reyes Landa, “El Pato”. Las autoridades los consideran entre los principales responsables de la desaparición de los estudiantes.

    El recurso impugna la decisión que tomó el juez el 23 de julio pasado. En esa audiencia, el juzgador determinó cancelar la prisión preventiva del exprocurador.

    Los demandantes presentaron su recurso ante el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación. Sin embargo, ese órgano decidió turnar el caso al Primer Tribunal Colegiado de Apelación para su análisis y resolución final.

    El juez Edmundo Manuel Perusquia Cabañas emitió el fallo original en julio. Él preside el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el Reclusorio Norte.

    Perusquia Cabañas canceló entonces la prisión preventiva justificada en la causa penal 307/2022. Este proceso representa uno de los dos que enfrenta Murillo Karam por el caso Ayotzinapa.

    El juzgador sustituyó esa medida por resguardo domiciliario y un brazalete electrónico. Su decisión se basó en que el proceso se prolongó más de dos años por causas ajenas al imputado.

    Además, el juez consideró que los retrasos surgieron por la tramitación de varios amparos en revisión. Estos trámites correspondieron a órganos del Poder Judicial de la Federación, no al propio Murillo Karam.

    La defensa del exfuncionario aportó pruebas sobre el deterioro de su salud. También argumentó que Murillo Karam necesita atención médica especializada de forma constante.

    Cabe recordar que el exprocurador enfrenta un segundo proceso penal paralelo. Este caso involucra los mismos delitos, pero en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, presunto miembro de Guerreros Unidos. Por ese proceso, Murillo Karam también cumple prisión domiciliaria.

  • Marín Torres regresa a su casa en Xilotzingo

    Marín Torres regresa a su casa en Xilotzingo

    Trasciende que el exgobernador de Puebla dejó el penal del Altiplano y podría retomar el arresto domiciliario en Puebla capital.

    Versiones extraoficiales señalan que Mario Marín Torres fue trasladado a su vivienda particular en el Residencial San Ángel, en Xilotzingo. De confirmarse, el exgobernador de Puebla continuaría su proceso judicial bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Hasta el momento, no se observa presencia policiaca en el recinto habitacional y ninguna autoridad ha confirmado el movimiento.

    El exmandatario enfrenta cargos por tortura y abuso de autoridad contra la periodista Lydia Cacho, denunciados desde 2005. La acusación surgió tras la publicación del libro “Los demonios del Edén”, donde Cacho documentó una red de explotación sexual infantil vinculada a empresarios y políticos poblanos.

    Marín Torres ya había cumplido arresto domiciliario en esa misma residencia entre agosto de 2024 y abril de 2025. Un tribunal de apelación en Quintana Roo revocó entonces la medida por considerar que existía riesgo de fuga. El exgobernador regresó esa misma noche al Centro Federal de Readaptación Social Número 1.

    Durante su reclusión más reciente, la defensa de Marín Torres urgió a los magistrados a resolver cuatro juicios de amparo pendientes. Los abogados buscaban con esa estrategia acelerar un nuevo cambio de medida cautelar hacia la prisión domiciliaria.

    Trascendidos de este tipo ya se han presentado antes sin concretarse de inmediato, por lo que la información debe tomarse con reserva. El caso mantiene alta relevancia por el peso político del acusado, exgobernador entre 2005 y 2011 y con vínculos señalados en distintos partidos.

    Por ahora, ninguna instancia federal ha emitido un comunicado oficial sobre el supuesto traslado. Tampoco se ha precisado si el exgobernador portaría de nuevo el brazalete electrónico ni qué restricciones aplicarían en su domicilio.

  • Juez le quita prisión domiciliaria a Murillo Karam; usará brazalete electrónico

    Juez le quita prisión domiciliaria a Murillo Karam; usará brazalete electrónico

    El exprocurador dejará la vigilancia permanente de la Guardia Nacional en uno de los procesos que enfrenta, aunque continuará bajo restricciones judiciales y sigue vinculado a otro expediente penal.

    Un juez federal modificó las medidas cautelares impuestas al exprocurador Jesús Murillo Karam en uno de los procesos penales relacionados con el caso Ayotzinapa, por lo que dejará de cumplir prisión domiciliaria bajo vigilancia permanente de la Guardia Nacional y, en su lugar, permanecerá en su domicilio con brazalete electrónico y restricciones de movilidad.

    La resolución fue emitida por el juez de control Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien consideró que el estado de salud del exfuncionario requiere atención médica constante. Además, determinó que la prolongación del proceso no ha sido consecuencia de maniobras dilatorias atribuibles a Murillo Karam, sino del desarrollo de diversos recursos legales presentados durante el juicio.

    Con esta decisión, Murillo Karam ya no estará bajo vigilancia permanente de elementos de la Guardia Nacional y tampoco requerirá autorización judicial para acudir a consultas médicas. Sin embargo, continuará sujeto al monitoreo electrónico, deberá permanecer en su domicilio y cumplir las restricciones impuestas por la autoridad judicial mientras avanza el proceso.

    Pese al cambio de medidas cautelares, el exprocurador sigue enfrentando un segundo proceso penal ante un juez del Reclusorio Sur, donde permanece bajo prisión domiciliaria por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos, relacionados con el caso de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”.

    La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Murillo Karam de haber participado en la construcción de la llamada “verdad histórica”, la versión oficial presentada tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, la cual, según las investigaciones, implicó la presunta alteración de pruebas y el desvío de líneas de investigación. La resolución judicial modifica únicamente las medidas cautelares de uno de los expedientes, por lo que las investigaciones y procesos penales en su contra continúan vigentes.