El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene encarcelados a 72 opositores y críticos, 33 de ellos en condición de desaparición forzada, según la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua. Las cifras exhiben el costo de la represión política en el país, donde se han documentado 1,506 detenciones por motivos políticos desde 2018.
La Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua denunció que, hasta el 23 de octubre de 2026, 56 hombres y 16 mujeres permanecían presos por motivos políticos bajo el gobierno de Ortega y Murillo. De ese total, 16 son adultos mayores y 33 se encuentran en condición de desaparición forzada, incluidos ocho mayores de edad avanzada. La organización reportó un aumento de 12 personas respecto al registro de julio.
Entre los casos documentados se encuentran seis familiares del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera, quien murió bajo custodia estatal el pasado 30 de mayo, de acuerdo con la asociación. Sus familiares fueron detenidos el día siguiente, cuando intentaban reclamar el cuerpo para darle sepultura. Los datos de personas presas políticas cuentan con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según la información difundida.
Encarcelar a quienes cuestionan al poder y mantener a personas sin información pública sobre su paradero son prácticas incompatibles con las garantías fundamentales. La permanencia de decenas de opositores en prisión y las denuncias de desaparición forzada colocan al gobierno de Ortega ante graves cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos. La muerte de Rivera bajo custodia estatal agrava la preocupación por la situación de las personas detenidas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde 2018, profundizada tras las controvertidas elecciones de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo. Las 1,506 detenciones políticas documentadas desde ese año reflejan la dimensión de una represión que no puede justificarse como una simple disputa entre el gobierno y sus adversarios. La libertad personal, el debido proceso y el derecho de las familias a conocer el paradero de sus seres queridos deben ser respetados sin importar la posición política de las víctimas.
