Una iniciativa en el Congreso capitalino plantea que las rentas suban solo al ritmo de la inflación. También propone limitar el depósito a un mes y crear un centro para resolver conflictos entre inquilinos y propietarios.
Pagar la renta cada mes pesa en el bolsillo de miles de familias capitalinas. La diputada Elizabeth Mateos Hernández, de Morena, quiere que ese pago deje de causar angustia. Presentó una iniciativa para expedir la Ley de Arrendamiento Habitacional y Protección de los Derechos Inquilinarios. También propone reformar el Código Civil y la Ley de la Procuraduría Social.
Los números explican la urgencia. Según la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, la capital tiene más de 813 mil viviendas en renta. Eso equivale a 26.9 por ciento de las viviendas particulares habitadas, casi tres de cada diez.
La legisladora pidió que rentar no sea “un abuso para quien necesita un hogar” ni “un riesgo para quien ha trabajado toda su vida para construir un patrimonio”. Su propuesta piensa en jóvenes, familias, personas trabajadoras y adultas mayores que buscan casa. Además, incluye a quienes completan su ingreso al rentar una propiedad.
Con ese enfoque, la iniciativa fija reglas para ambas partes. Los aumentos anuales de renta durante un contrato no podrían superar la inflación que reporte el INEGI. Los propietarios, en cambio, conservarían la libertad de acordar el precio inicial cuando firmen un contrato nuevo.
Por otro lado, el depósito no podría exceder una mensualidad. Tampoco podrían exigir garantías adicionales que la ley prohíbe. Los inquilinos, por su parte, tendrían que pagar a tiempo, cuidar la vivienda y cubrir los daños que causen. Al terminar el contrato, deberían devolver el inmueble.
La pieza central es el Centro de Justicia y Conciliación Inquilinaria de la Ciudad de México, que operaría dentro de la Procuraduría Social. Ahí, propietarios e inquilinos recibirían orientación, asesoría jurídica y apoyo para conciliar. Podrían resolver temas como rentas pendientes, daños, devolución del depósito o entrega de la vivienda. Si no llegan a un acuerdo, conservarían su derecho de acudir a los tribunales.
Además, la propuesta crea un Registro Digital de Contratos y un Observatorio de Arrendamiento Habitacional. Con ellos, busca dar más certeza jurídica, generar datos confiables y mejorar las políticas de vivienda.
La iniciativa también contempla sanciones. Castigaría a quien exija garantías indebidas, haga cobros prohibidos o suba la renta de forma ilegal. También alcanzaría a quien dañe el inmueble o se niegue sin razón a devolverlo. Las autoridades podrían investigar estos casos de oficio o tras una denuncia, y respetarían el derecho de audiencia, defensa y presentación de pruebas.
Esta propuesta se suma al esfuerzo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. El pasado 14 de octubre, ella presentó ante el Congreso reformas al Código Civil para el Distrito Federal y la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México.
Mateos Hernández insistió en que su propuesta no toma partido. “Esta iniciativa no está en contra de los propietarios ni de los inquilinos. Está a favor de ambos”, afirmó. Explicó que busca condiciones justas y herramientas para que las dos partes hagan valer sus derechos.
Por ahora, las Comisiones de Vivienda y de Administración de Justicia recibieron la iniciativa. Ahí la analizarán y elaborarán el dictamen.
