La mandataria arrancó una gira de dos días por cuatro municipios mexiquenses para revisar infraestructura hidráulica y programas de bienestar.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comenzó este viernes una gira de trabajo por el Estado de México. El recorrido incluye los municipios de Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Ecatepec y Texcoco, donde revisará obras y programas sociales para la región.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez acompañó a la mandataria en la primera parada. Ambas llegaron a Cuautitlán Izcalli para supervisar los avances del Sistema de Aprovechamiento de Agua Presa Lago de Guadalupe, una obra hidráulica clave para el Valle de México.
Por la tarde, la agenda presidencial continúa en Naucalpan. A las 16:00 horas, Sheinbaum encabezará el acto de la Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a las habitantes del municipio.
Después, la comitiva se trasladará a Ecatepec para participar en las jornadas “Gobernando desde el Territorio”. Estas actividades se realizarán en el fraccionamiento Las Américas y buscan atender necesidades directas de la población.
La gira concluye el sábado 8 de agosto en Texcoco. Ahí, la presidenta inaugurará el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 330, un nuevo espacio educativo para la zona.
La periodista, quien ha cuestionado en distintas ocasiones los apoyos sociales del Gobierno federal, abrió vacantes en su medio La Saga mediante un programa impulsado por la administración de la Cuarta Transformación.
La periodista Adela Micha quedó en medio de críticas luego de que su medio digital La Saga publicara una convocatoria para reclutar personal a través del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, una iniciativa de la Cuarta Transformación que en otras ocasiones ha sido cuestionada por sectores opositores.
El anuncio difundido en redes sociales contempla vacantes para reporteros, editores de video, personal de marketing, encargados de redes sociales, asistentes de producción y administrativos. Para ingresar, los interesados deberán registrarse mediante el programa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan.
La convocatoria incluye un folio para realizar el trámite correspondiente en la plataforma oficial del programa. Sin embargo, la publicación generó críticas entre usuarios de redes sociales, quienes señalaron una supuesta contradicción entre el discurso público de Micha y el uso de uno de los programas sociales más representativos del gobierno de la 4T.
Durante los últimos años, Adela Micha ha sido una de las voces críticas de diversas políticas impulsadas por gobiernos de Morena, incluyendo programas sociales y proyectos de la administración federal. Por ello, algunos internautas cuestionaron que ahora recurra a una estrategia de contratación vinculada directamente con el gobierno que suele cuestionar.
La polémica abrió nuevamente el debate sobre el uso de los programas públicos por parte de empresas y particulares, incluso de aquellos sectores que han expresado críticas hacia la administración federal. Hasta el momento, Adela Micha ni La Saga han emitido una postura sobre los señalamientos.
Mientras algunos usuarios calificaron el hecho como una contradicción, otros defendieron que cualquier empresa tiene derecho a utilizar los mecanismos disponibles para incorporar talento joven. Lo cierto es que el caso volvió a colocar a Jóvenes Construyendo el Futuro en el centro de la conversación política.
El Gobierno de Sinaloa informó que ya se vendió el 100% de la cosecha de maíz y comenzó la entrega de incentivos por más de 4 mil 500 millones de pesos.
La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, afirmó que el Gobierno de México cumplió los compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum con los productores de maíz del estado, al concretar la venta total de la cosecha del ciclo otoño-invierno 2025-2026 y comenzar el pago de apoyos a la comercialización mediante las Tarjetas del Bienestar.
Durante la entrega de las primeras 580 tarjetas, la mandataria señaló que en total 26 mil 800 productores recibirán incentivos por la venta de 3.5 millones de toneladas de maíz, lo que representa una inversión de 4 mil 566 millones de pesos. Destacó que, por primera vez, este apoyo fue acordado antes de la comercialización de la cosecha para brindar mayor certidumbre al sector.
La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, informó que el 100% de la producción ya fue comercializada y que el programa beneficiará a productores de todos los tamaños, sin distinción. Agregó que, tan solo por parte del Gobierno federal, llegarán a Sinaloa más de 10 mil 100 millones de pesos mediante apoyos directos, programas estatales y créditos para el campo.
Las autoridades destacaron que los recursos serán entregados de forma directa, sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar. Productores asistentes reconocieron el respaldo del Gobierno de México y del Gobierno de Sinaloa, al considerar que estos apoyos fortalecen la producción agrícola y brindan mayor estabilidad al campo sinaloense.
El partido guinda pidió al Instituto Electoral de Guanajuato investigar si recursos públicos y apoyos sociales fueron utilizados con fines político-electorales en favor de Movimiento Ciudadano.
Morena denunció ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) un presunto uso electoral de programas sociales del gobierno municipal de León para beneficiar a Movimiento Ciudadano (MC). El regidor Guillermo Medina Plascencia acusó que existen señalamientos de ciudadanos y comités vecinales sobre presuntas presiones para sumarse al partido naranja bajo la amenaza de perder apoyos gubernamentales.
Durante una sesión del Ayuntamiento, el edil morenista aseguró que la denuncia solicita una investigación exhaustiva sobre la actuación de la Dirección de Desarrollo Social, incluyendo el uso de vehículos oficiales, personal, padrones de beneficiarios, programas sociales, comités ciudadanos y cualquier recurso público que pudiera haberse utilizado con fines partidistas. Además, pidió que el IEEG dicte medidas cautelares si detecta riesgos de desvío de recursos.
Uno de los principales señalamientos recae sobre Miguel Ángel Bosques Vera, titular de la Dirección de Desarrollo Social, quien recientemente fue designado delegado municipal de Movimiento Ciudadano para coordinar la estrategia electoral rumbo a los comicios de 2027, sin dejar su cargo en la administración municipal. Morena sostuvo que ambas responsabilidades representan un posible conflicto de interés, al tratarse de una dependencia que mantiene contacto permanente con miles de familias beneficiarias de programas sociales.
Por su parte, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quien dejó las filas del PAN para incorporarse a Movimiento Ciudadano, rechazó que el gobierno municipal avale cualquier condicionamiento de apoyos. La edil afirmó que ningún programa social, ya sea federal, estatal o municipal, puede utilizarse para influir en el voto, y sostuvo que cualquier irregularidad debe denunciarse para que las autoridades correspondientes investiguen y sancionen.
La controversia ocurre en medio de una reconfiguración política en León, donde tras la incorporación de la alcaldesa a MC, al menos 17 funcionarios municipales abandonaron el PAN, entre ellos Bosques Vera. Morena insistió en que las instituciones públicas deben actuar con absoluta imparcialidad y advirtió que vigilará que los recursos destinados a la ciudadanía no sean utilizados como herramientas de promoción electoral de cara al proceso de 2027.
El actor, quien ha expresado críticas contra el gobierno de la Cuarta Transformación y sus políticas sociales, fue señalado en redes sociales por presuntamente acudir a cobrar el apoyo universal para adultos mayores, reavivando el debate sobre estos programas.
La figura del actor César Bono volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que en redes sociales circularan imágenes que confirman que fue visto cobrando la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa impulsado por el Gobierno de México. La situación llamó la atención debido a que el actor ha realizado en distintas ocasiones críticas públicas hacia la Cuarta Transformación y algunas de sus políticas sociales.
En diversas entrevistas, César Bono ha cuestionado decisiones del Gobierno federal y ha manifestado reservas sobre el modelo de programas sociales, los cuales han sido calificados por algunos sectores opositores como “asistencialistas”. Por ello, su presunta aparición como beneficiario del apoyo generó reacciones encontradas entre usuarios de redes sociales, quienes señalaron una aparente contradicción entre su discurso y sus acciones.
No obstante, la Pensión del Bienestar es un programa universal establecido como un derecho para todas las personas mayores de 65 años, sin importar su afiliación política, postura ideológica o condición económica. Su objetivo es garantizar un ingreso que contribuya al bienestar de los adultos mayores, por lo que cualquier persona que cumpla con los requisitos puede acceder al beneficio.
El caso abrió nuevamente el debate sobre la naturaleza de los programas sociales impulsados por la 4T. Mientras algunos usuarios cuestionaron la congruencia de quienes critican estas políticas y posteriormente reciben sus beneficios, otros recordaron que precisamente su carácter universal demuestra que se trata de un derecho social y no de un apoyo condicionado a simpatías políticas o ideológicas.
Hasta el momento, César Bono no ha emitido un posicionamiento público sobre la información difundida en redes sociales.
El partido guinda denunció irregularidades en 962 casillas y exige anular los resultados de las 16 diputaciones de mayoría relativa obtenidas el 7 de junio.
Morena presentó una impugnación formal ante las autoridades electorales de Coahuila. El partido acusa al PRI de comprar votos mediante códigos QR y pide que se anulen las 16 diputaciones de mayoría relativa.
La denuncia, difundida el 14 de junio, detalla irregularidades en 962 casillas. Esa cifra representa el 22.6 por ciento del total instalado en el estado durante la jornada del 7 de junio.
Morena no solo señala la compra de votos. También acusa participación indebida de servidores públicos, propaganda calumniosa, uso de programas sociales con fines electorales, violencia política de género y rebase de topes de campaña. Además, denuncia que la Policía Estatal detuvo de forma arbitraria a diputados federales.
El método de los códigos QR ya había aparecido antes. En 2025, durante la elección municipal de Durango, ciudadanos denunciaron la misma práctica: la distribución individual de esos códigos entre votantes.
El partido sostuvo que las irregularidades afectaron la voluntad de la ciudadanía. Por ello, pidió a las autoridades revisar las pruebas presentadas e investigar el origen de los recursos utilizados en el proceso.
Por su parte, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó el cómputo estatal y asignó nueve curules de representación proporcional, cinco de ellas para Morena. Sin embargo, los diputados electos del partido no acudieron a la sesión. Su representante, José Arturo Braña Sotomayor, explicó que la ausencia responde a los recursos de inconformidad que Morena promueve contra los resultados.
En esa misma sesión, Braña Sotomayor reiteró los señalamientos sobre la compra de votos y la presencia de funcionarios estatales y municipales durante la jornada electoral.
El expresidente panista Vicente Fox aseguró que el 90% del gasto público se va a programas sociales. La realidad es muy distinta: solo el 12% del presupuesto se destina a estos apoyos. Analizamos su afirmación y lo que revela.
Citlalli Hernández respondió con claridad al expresidente Vicente Fox. El exmandatario afirmó que el “90% del presupuesto se destina a los programas sociales. Hernández explicó que esa cifra es falsa. Los Programas para el Bienestar representan apenas el 12% del presupuesto público. Estos llegan a 42 millones de familias mexicanas.
Fox cometió un error grave. Como expresidente, debería saber leer un presupuesto. Su declaración muestra desconocimiento o mala fe. Muchos ciudadanos lo califican como analfabeta funcional. La senadora lo describió como “el mejor vocero de Acción Nacional”. Destacó que Fox es sincero y no oculta su pensamiento clasista.
El ignorante de @VicenteFoxQue dice que el “90% del presupuesto se destina a los programas sociales”.
Ya sabemos que es analfabeta funcional, pero una leída básica del presupuesto por parte de alguien que fue presidente, sería básico.
La diferencia entre 90% y 12% es enorme. No se trata de un pequeño error. Es una distorsión total de la realidad. Los programas sociales son importantes, pero no consumen casi todo el presupuesto. La mayoría del gasto público se va a educación, salud, seguridad e infraestructura.
Las familias beneficiarias son personas reales. Son madres solteras, adultos mayores y jóvenes estudiantes. Estos programas les cambian la vida. Fox minimiza su importancia con cifras falsas. Hernández defendió a esos 42 millones de mexicanos.
La política social busca reducir la desigualdad. Cada peso invertido tiene un propósito claro. Fox no entiende esa realidad o no quiere entenderla. Su comentario revela su visión de país. Un México donde los programas sociales no importan.
Los ciudadanos deben informarse bien. No creer todo lo que dicen los políticos. La senadora invitó a revisar el presupuesto. Los datos están disponibles para quien quiera verlos. La verdad es simple: 12%, no 90%.
El dirigente político alertó sobre la falta de apoyo del Gobierno del Estado hacia la comunidad de Aldama, generando un llamado a la acción.
Cruz Pérez Cuéllar expresó su profunda preocupación por el abandono que sufre el municipio de Aldama. En un evento dirigido a más de 500 madres de familia, resaltó que el Gobierno del Estado ha limitado los programas sociales. Afirmó que este comportamiento responde a un enfoque que prioriza los intereses políticos por encima del bienestar de las familias.
“Es una pena que una comunidad tan cercana a la capital esté sumida en condiciones de marginación”, comentó Pérez Cuéllar. Se preguntó cuántas obras públicas se han realizado en Aldama, subrayando la falta de atención de las autoridades hacia el interior del estado.
Durante su discurso, el político planteó dos caminos para el futuro de Chihuahua. Por un lado, propuso la colaboración con el gobierno federal. Por otro, criticó el aislamiento y la confrontación innecesaria que persiste en algunos sectores. “¿Qué opción elegiremos? ¿La de atacar al Gobierno de México o la de trabajar juntos para traer beneficios a nuestras comunidades?”, cuestionó.
Pérez Cuéllar explicó que el freno en los apoyos se debe al miedo de ciertas autoridades a que la gente reconozca y respalde el trabajo del movimiento de regeneración nacional. Este bloqueo, argumentó, afecta directamente la economía de los hogares chihuahuenses.
El evento finalizó con un fuerte mensaje de unidad y esperanza. Cruz Pérez Cuéllar reafirmó su compromiso con el desarrollo integral de Aldama y concluyó su intervención con un llamado a la transformación en Chihuahua. “Es hora de actuar y cambiar el rumbo de nuestra comunidad”, afirmó.
La Presidenta exhibió la contradicción de la derecha: critican los programas sociales, pero hasta sus voceros cobran la pensión del Bienestar que tanto desprecian.
La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a poner contra las cuerdas al usurero Ricardo Salinas Pliego tras burlarse de su polémica propuesta de retirar el derecho al voto a quienes reciben programas sociales. Y es que, según la mandataria, si esa absurda idea se aplicara, uno de los principales defensores del evasor. fiscal, Sergio Sarmiento, tampoco podría votar porque ya recibe la pensión para adultos mayores.
Durante la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum recordó cómo sectores de la derecha han mostrado históricamente desprecio hacia los apoyos sociales y hacia la población más vulnerable. Desde Vicente Fox llamando “huevones” a quienes reciben apoyos, hasta Marko Cortés asegurando que los programas del Bienestar “adormecen” a la gente. Ahora, Ricardo Salinas Pliego decidió llevar el clasismo un paso más lejos proponiendo, básicamente, que los pobres no voten.
“Él propone que voten todos menos los que tienen programas de bienestar. Por cierto, Sergio Sarmiento no va a votar porque recibió recientemente su pensión Adulto Mayor”, lanzó Sheinbaum entre risas, exhibiendo la contradicción monumental de quienes demonizan los apoyos sociales mientras cobran los beneficios públicos sin ningún problema.
La declaración rápidamente provocó reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios señalaron el tono elitista y profundamente antidemocrático de la propuesta del dueño de TV Azteca. Porque detrás del discurso de “mérito” y “esfuerzo” que suele promover el conservadurismo mexicano, aparece una vieja obsesión: limitar la participación política de quienes no pertenecen a las élites económicas.
Sheinbaum sostuvo que este tipo de posturas dejan claro que existen dos proyectos de nación completamente opuestos. Por un lado, explicó, está el modelo conservador del PRIAN y sus aliados empresariales, que apuesta por privilegios para unos cuantos bajo la vieja idea de que “si le va bien a los de arriba, algo caerá abajo”. Del otro lado, dijo, está el proyecto de la Cuarta Transformación, basado en el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”.
Lo irónico del caso es que mientras personajes como Salinas Pliego atacan los programas sociales, millones de mexicanos —incluyendo periodistas, empresarios y sectores históricamente cercanos a la derecha— ya reciben beneficios como la pensión universal para adultos mayores. Al final, el problema para ciertos grupos no parece ser el apoyo social, sino que ahora también llegue al pueblo y no solamente a los de siempre.
La gobernadora Margarita González Saravia presentó nuevos programas enfocados en el bienestar social, el emprendimiento y la certeza jurídica del patrimonio familiar.
La gobernadora Margarita González Saravia encabezó la presentación de una serie de programas orientados a fortalecer el bienestar social en Morelos mediante el acceso al financiamiento, el impulso al emprendimiento y la regularización del patrimonio familiar.
Entre las acciones más destacadas se encuentra el Programa Permanente de Escrituración Social y Regularización Territorial, el cual buscará brindar seguridad jurídica a miles de familias morelenses.
El programa estará a cargo de la Secretaría de Gobierno, encabezada por Edgar Maldonado, y ofrecerá acompañamiento jurídico para que las personas puedan obtener certeza legal sobre sus propiedades.
Además, contempla descuentos de hasta el 100% en impuestos y derechos estatales, dependiendo del valor catastral del inmueble.
Las autoridades informaron que la estrategia estará dirigida principalmente a personas que no cuentan con escrituras, enfrentan problemas sucesorios o registrales, así como a comunidades indígenas y sectores en situación de vulnerabilidad.
Una vez regularizado su patrimonio, los beneficiarios podrán acceder con mayor facilidad a créditos y programas de desarrollo social y económico.
