La administración estadounidense aplazó sin fecha la decisión de incluir a la mariposa monarca como especie amenazada, pese a advertencias científicas sobre su posible extinción en las próximas décadas.
El gobierno de Donald Trump decidió postergar indefinidamente la resolución para otorgar protección federal a la mariposa monarca, una de las especies polinizadoras más emblemáticas de América del Norte, a pesar de años de alertas de científicos y organizaciones ambientalistas sobre el acelerado colapso de sus poblaciones.
En diciembre de 2024, durante los últimos días del mandato de Joe Biden, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS) anunció su intención de incluir a la monarca en la lista de especies amenazadas antes de que concluyera 2025. Sin embargo, ya bajo el nuevo gobierno, el plan fue reclasificado como una “acción a largo plazo”, lo que implica que no se resolverá en el corto ni mediano plazo.
La decisión fue revelada en un informe de septiembre de la Oficina de Administración y Presupuesto, sin que se explicaran públicamente las razones del retraso. Aunque el FWS aseguró que cualquier determinación debe basarse en “la mejor información científica disponible”, organizaciones ambientales denunciaron que la mariposa quedó atrapada en un limbo burocrático.
“Es profundamente decepcionante. Las monarcas necesitan toda la ayuda posible”, advirtió Tierra Curry, codirectora del Centro para la Diversidad Biológica, al recordar que incluir una especie en la lista puede tardar más de una década. El organismo impulsa esta protección desde 2014 y mantiene una demanda legal para obligar al gobierno a actuar.
Expertos del propio FWS han advertido que las monarcas al oeste de las Montañas Rocosas tienen hasta 95% de probabilidad de extinguirse para 2080, mientras que las poblaciones del este enfrentan un riesgo de hasta 74%. El cambio climático, la pérdida de hábitat y el desarrollo agrícola son las principales amenazas.
Pese a su inconfundible color naranja y su valor cultural, la mariposa monarca permanece sin resguardo legal, mientras la administración Trump prioriza la desregulación ambiental y la expansión energética, relegando la protección de especies clave para los ecosistemas.
