El comisionado Mauricio Rodríguez Alonso aseguró que la propuesta federal ya cuenta con presupuesto, calendario y responsables para ejecutarse por fases.
El Gobierno de la República entregó una hoja de ruta concreta para destrabar el conflicto de la planta GPO en la bahía de Ohuira. Mauricio Rodríguez Alonso, comisionado federal para este tema, explicó que el Plan Integral para la Conservación Ambiental surgió de cinco mesas de diálogo. Estas se realizaron durante más de una semana con todos los sectores involucrados.
El funcionario detalló que el documento ya define una dependencia responsable, un presupuesto y un calendario para cada etapa. Además, señaló que la empresa ya aceptó el planteamiento. Por eso, si el colectivo también lo respalda, el siguiente paso será una firma pública con el Gobierno de México.
Después de esa firma, las autoridades nombrarán a un responsable estatal para dar seguimiento al plan. También instalarán una oficina de información y realizarán reportes públicos cada mes para mantener informada a la población.
A pesar de este avance, Rodríguez Alonso lamentó que algunos grupos buscan boicotear el acuerdo. Afirmó abiertamente que ciertas personas trabajan para romper el diálogo construido con esfuerzo. Por ello, insistió en que el interlocutor oficial sigue siendo el Gobierno federal.
El comisionado recordó que el plan se presentó formalmente el martes 4 de agosto. Ese día, el colectivo Aquí No pidió más tiempo para compartirlo con las comunidades indígenas. Reconoció que este conflicto no es reciente, ya que lleva más de una década sin solución.
Por esta razón, dijo comprender que el proceso tomará tiempo, aunque urge encontrar una salida pronto. En consecuencia, respetará el plazo solicitado por el colectivo para socializar la propuesta.
“Ellos comenzarán hoy los diálogos internos en sus comunidades. Estaremos atentos y apoyando lo necesario. Esperamos tener una respuesta concreta la próxima semana”, expresó Rodríguez Alonso.
El plan responde directamente a las preocupaciones ambientales planteadas por pescadores y prestadores turísticos. Entre las medidas principales, la extracción y descarga ya no ocurrirán dentro de la bahía. Asimismo, contempla un programa de restauración del manglar y un comité de vigilancia ambiental.
Para atender riesgos de operación, se creará un Centro de Atención Inmediata con Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil. Igualmente, se realizarán recorridos periódicos de seguridad y se instalarán cortinas de aspersión sobre las líneas de conducción del producto.
Rodríguez Alonso también destacó dos ejes adicionales del plan. Primero, la inversión social mediante obra pública y servicios en las comunidades. Segundo, el impulso económico con programas de apoyo a pescadores y desarrollo regional.
“Algo fundamental es el respeto a los usos y costumbres de las comunidades indígenas”, concluyó el funcionario federal.
