La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en respuesta a la solicitud de la ONG Periodistas Desplazados sobre las amenazas que recibió el comunicador Carlos Jiménez.
En dicho documento, dieron a conocer que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha estado en comunicación con el periodista Jiménez para brindarle la atención y protección que requiera.
“Carlos Fernando Pérez Jiménez se encuentra incorporado al mecanismo de protección desde el 2019 y cuenta con un esquema para resguardar su seguridad desde esa fecha. Como consecuencia del incidente de riesgo que tuvo ayer se determinó fortalecer su protección, utilizando todos los medios y recursos posibles para garantizar su integridad y su vida”, se lee en el documento.
Asimismo, informaron que se mantiene una coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para fortalecer la protección al reportero.
El mecanismo es una institución operada desde la Secretaría de Gobernación y tiene como propósito trabajar en conjunto con instituciones de los tres órdenes de gobierno para adoptar medidas que garanticen los derechos humanos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su labor.
En la actualidad tiene incorporados a 598 periodistas, de las cuales 156 son mujeres y 442 hombres; y mil 172 personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 644 son mujeres y 528 hombres. Adicional a ello se protege a 374 personas que integran las familias, tanto de periodistas como de personas defensoras.
El gobierno de la 4T, en el marco de la IX Cumbre de las Américas, como muestra de la voluntad de cooperación y liderazgo regional en la materia, el Gobierno de México se comprometió con medidas ambiciosas y puntuales que robustecen la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección.
“México es congruente en su visión migratoria, al ampliar las vías laborales y de refugio con los países del norte de América Central, del mismo modo que solicita el respaldo de los Estados Unidos para las comunidades mexicanas que residen en dicho país”
Cabe destacar que la Declaración de Los Ángeles avanza en el objetivo común de una migración ordenada, segura y regular en las Américas, enfatizando medidas para fortalecer a las comunidades que reciben flujos migratorios substantivos; la expansión de mecanismos de movilidad laboral; medidas de gestión migratoria más humanas; y la respuesta coordinada ante situaciones de emergencia.
Es por ello que México respalda la Declaración y la complementa con una serie de nuevas medidas concretas en favor de la movilidad laboral, el sistema de refugio y la protección a grupos vulnerables.
En materia de movilidad laboral la 4T trabajará con el Gobierno de Guatemala a fin de lanzar un nuevo programa de cooperación laboral para personas de nacionalidad guatemalteca, donde se propone incorporar entre 15,000 y 20,000 migrantes de Guatemala en México por año, con miras a expandir para personas de Honduras y El Salvador en el mediano plazo.
El Gobierno de México expandirá el programa basado en las Tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF) con el objetivo de duplicar sus emisiones, de 10,000 a 20,000 documentos por año.
Se resalta que ambos programas se llevarán a cabo con el respaldo la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) a fin de reclutar personas trabajadoras de manera ética, acompañar los procesos de solicitudes de visas desde el norte de Centroamérica y robustecer la vigilancia de sus derechos laborales.
De la mano de organismos del Sistema de las Naciones Unidas, como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur), México buscaría facilitar oportunidades de empleo a 20,000 personas refugiadas reubicadas e integradas en los próximos tres años, a partir del 2022.
Mientras que los gobiernos de México y Estados Unidos han acordado la creación de dos nuevos grupos bilaterales de trabajo, el primero buscará la suscripción de un Memorándum de Entendimiento que fortalezca programas de visas y la defensa de los derechos laborales de las personas mexicanas que laboran en los Estados Unidos.
El nuevo mecanismo buscaría fortalecer la cooperación entre nuestros dos gobiernos en la implementación de los programas de trabajadores temporales H-2A y H-2B, incluyendo un enfoque en los estados del sur de México, a fin de promover el desarrollo en la región.
Por parte del Gobierno de México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Empleo, asumiría la promoción y difusión de sus vacantes e identificará los mejores mecanismos para acercar el capital humano que se requiere para cubrirlas.
El segundo grupo de trabajo binacional trabajará con el objetivo de diseñar e implementar nuevas medidas con el objetivo de proteger los derechos de las y los menores en situación de movilidad en ambos países.
Bajo el espíritu de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, México y Estados Unidos estrecharán su cooperación, junto con agencias de la Organización de las Naciones Unidas, para que las autoridades de los dos países brinden una atención adecuada a las y los de menores en situación de movilidad, un grupo vulnerable clave.
Por último el Gobierno de México reitera la importancia de atender las causas estructurales de la migración a fin de brindar alternativas económicas a las personas migrantes para hacer valer su derecho a permanecer en sus comunidades de origen.
