Aunque seguirán su proceso en libertad, los manifestantes deberán acudir durante seis meses a firmar ante las autoridades en Puente Grande; sus defensores consideran que el caso envía un mensaje contra la protesta social.
Cuatro hombres detenidos durante la protesta contra el agua contaminada en Guadalajara fueron vinculados a proceso por los delitos de lesiones y resistencia de particulares, tras la manifestación del domingo pasado frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. El juez de control Francisco Javier Castellanos de la Cruz determinó que enfrenten las acusaciones en libertad, con la obligación de firmar periódicamente durante seis meses en Puente Grande.
La abogada Alejandra Cartagena, integrante del equipo de defensa de Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava, calificó la resolución como frustrante y advirtió que podría interpretarse como un mensaje para quienes participan en movilizaciones sociales.
Entre los procesados está Samuel Morales, de 24 años, repartidor de Rappi, cuya madre aseguró que esperaba un pedido cuando fue agredido y detenido por policías estatales. Según su testimonio, los agentes también le quitaron su motocicleta, casco, mochila y teléfono celular. Alexis Daniel es cineasta y acudió a documentar la protesta; Teodoro Jesús es empleado y padre de familia, mientras que Juan Darío estudia en la universidad y trabaja.
Con esta resolución, seis de las 39 personas detenidas durante la movilización han sido vinculadas a proceso. Los otros dos casos corresponden a Israel Rosas Flores e Iván Salazar Reynoso. Las 33 personas restantes continúan bajo reserva de la ley, mientras la Fiscalía de Jalisco integra las investigaciones, por lo que aún podrían ser requeridas. Esto contrasta con las declaraciones de Lemus, quien afirmó que todos los arrestados estaban en libertad.
El juez Castellanos también fue señalado por organizaciones civiles tras vincular a proceso, en noviembre de 2025, a ocho participantes de la llamada marcha de la Generación Z. Aunque inicialmente enfrentaron prisión preventiva por presuntos daños a monumentos históricos, un juez federal los liberó en diciembre de ese año, luego del debilitamiento de las pruebas presentadas en su contra.
