La explosión de seis pipas con combustible presuntamente robado exhibió fallas en la vigilancia de la zona; la FGR ya investiga posibles redes de protección detrás de los centros clandestinos de almacenamiento.
La explosión de seis pipas utilizadas para almacenar huachigas en el municipio de Tepeaca, Puebla, provocó la remoción de mandos y personal operativo de la Policía Estatal asignados a la región. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, reconoció que existieron omisiones en las labores de supervisión y vigilancia, situación que quedó al descubierto tras el siniestro ocurrido la semana pasada.
El funcionario informó que la decisión se tomó como una medida preventiva mientras avanzan las investigaciones federales. Incluso admitió que los elementos destacados en la zona no estaban cumpliendo adecuadamente con sus responsabilidades. “Yo soy el primero en aceptar que mi personal no estaba haciendo bien su trabajo”, declaró al confirmar el relevo del comandante y de los agentes adscritos al Centro de Coordinación Regional de Tepeaca.
La explosión también evidenció la magnitud de la operación ilegal relacionada con el almacenamiento de combustible robado en la región. Sánchez González reconoció que los patios utilizados para resguardar gas LP funcionaban de manera prácticamente visible para la población. “Todo el mundo sabe que estos patios operan como centros de almacenaje”, señaló, cuestionando el papel de las autoridades encargadas de la vigilancia.
Durante las inspecciones posteriores al estallido, las autoridades localizaron instalaciones improvisadas para el manejo de combustible, incluyendo tanques conocidos como “salchichas”, montados sobre camionetas de redilas. Estos hallazgos confirmaron los riesgos con los que operaban los presuntos centros clandestinos de distribución de gas LP, una actividad que puso en peligro a habitantes de la zona.
Debido a que el robo, traslado y almacenamiento ilegal de hidrocarburos son delitos de carácter federal, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo formalmente el caso. Las investigaciones buscan determinar no sólo quiénes operaban los sitios clandestinos, sino también si existió algún tipo de protección o complicidad institucional que permitiera el funcionamiento de estas instalaciones durante tanto tiempo.
Mientras la FGR desarrolla las indagatorias, el gobierno estatal aseguró que colaborará con las autoridades federales para esclarecer los hechos. El caso de Tepeaca vuelve a colocar sobre la mesa el problema del huachicol y el huachigas en Puebla, una actividad ilícita que durante años ha representado uno de los principales desafíos de seguridad en la entidad.
