El senador aseguró que nunca ha pagado a Natalia Torres por colaborar con él, aunque su cercanía con una consultora vinculada al círculo del gobernador Mauricio Kuri vuelve a poner el tema bajo los reflectores.
Si alguien creyó que la política ya no podía sorprender, Agustín Dorantes decidió demostrar lo contrario. El senador del PAN aseguró que Natalia Torres colabora con él de manera completamente voluntaria, sin cobrar un solo peso y sin estar contratada por el Senado, algún partido o institución pública. En pocas palabras, según Dorantes, la activista es poco menos que la Cruz Roja de la política: ayuda por pura vocación.
Al ser cuestionado sobre la relación con Natalia Torres, el legislador afirmó que sus declaraciones son personales y que será ella quien responda por sus dichos. Además, insistió en que únicamente ha colaborado con él en consejos, eventos y actividades con jóvenes, incluida la organización de visitas al Senado. Cuando la prensa le preguntó directamente si alguna vez le había pagado, respondió con un categórico “no”, asegurando que nunca ha recibido un sueldo ni como asesora externa ni por cualquier otra vía.
🚨Chulada: Agustín Dorantes asegura que Natalia Torres es como la Cruz Roja y que no le paga nada, que ella trabaja para el de forma voluntaria.
Senador, no insulte nuestra inteligencia, ¿No le suena la consultora Somos Estrategia? Esa la cual la dueña es la cuñada del…
Sin embargo, la explicación del senador deja más dudas que certezas. ¿De verdad pretende que la ciudadanía crea que una colaboradora participa de forma constante en actividades políticas, asesorías y eventos sin recibir ningún tipo de remuneración? La versión resulta difícil de sostener cuando aparece en escena Somos Estrategia, la consultora cuya propietaria es la cuñada del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y que ha sido señalada por su cercanía con distintos actores del PAN.
La pregunta sigue siendo la misma: si Dorantes asegura que nunca le pagó directamente, entonces quién financió ese trabajo político. Porque una cosa es no aparecer en la nómina del Senado y otra muy distinta es sostener que toda colaboración fue producto del altruismo. En política, los favores gratuitos suelen ser tan escasos como los unicornios.
Mientras el senador pide creer en su versión, los vínculos políticos y empresariales alrededor del caso mantienen viva la polémica. Calladito se ve más bonito, senador, porque intentar vender la idea de que todo fue voluntario no solo exige mucha fe, sino también pedirle a la ciudadanía que ignore las piezas que no encajan en el rompecabezas.
El senador del PAN por Querétaro ha construido su carrera entre cargos públicos, polémicas por violencia política de género, declaraciones calificadas como clasistas y señalamientos que han marcado su trayectoria política.
El nombre de Agustín Dorantes Lámbarri volvió a colocarse en la conversación pública luego de que Natalia Torres fuera identificada como colaboradora cercana del senador panista.
Aunque en el discurso Acción Nacional suele presentarlo como uno de sus principales perfiles rumbo a la gubernatura de Querétaro, la trayectoria de Dorantes también está marcada por sanciones, controversias y episodios que han generado fuertes críticas.
Licenciado en Derecho y con estudios de maestría en Gestión e Innovación Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro, Dorantes ha desarrollado prácticamente toda su carrera dentro de gobiernos emanados del PAN.
Fue asesor legislativo en el Senado entre 2012 y 2015; posteriormente ocupó la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal en dos periodos (2015-2018 y 2021-2024), además de ser diputado local de 2018 a 2021. Actualmente es senador de la República, donde participa en comisiones de Energía, Seguridad Pública, Comunicaciones, Recursos Hídricos e Inteligencia Artificial.
Sancionado por violencia política de género
Uno de los episodios más delicados de su carrera ocurrió en 2021, cuando el Congreso de Querétaro lo amonestó por ejercer violencia política en razón de género contra la entonces diputada de Morena, Laura Polo Herrera.
El procedimiento derivó de una resolución del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), posteriormente confirmada en la vía jurisdiccional, que estableció la existencia de la conducta. Aunque la Contraloría del Congreso calificó la falta como “levísima” y únicamente impuso una amonestación que permaneció en su expediente durante un año, la legisladora morenista rechazó la sanción al considerarla insuficiente e incluso sostuvo que debió ser separado del cargo.
El caso representó uno de los pocos antecedentes en Querétaro donde un dirigente panista fue sancionado formalmente por este tipo de violencia.
El comentario que desató acusaciones de clasismo
En 2026, cuando ya competía por convertirse en el candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Dorantes volvió a ocupar titulares por una declaración que generó una ola de críticas.
Durante una entrevista comparó a los municipios con las “sirvientas” de Querétaro al hablar de los servicios públicos, una expresión que rápidamente fue considerada clasista y discriminatoria por diversos sectores.
Las críticas recordaron incluso la frase pronunciada por Enrique Peña Nieto en 2012, cuando respondió que él “no era la señora de la casa” al ser cuestionado sobre el precio de la canasta básica.
Tras la polémica, Dorantes ofreció disculpas públicas y aseguró que sus palabras habían sido mal interpretadas; sin embargo, el episodio volvió a colocar sobre la mesa cuestionamientos sobre la visión que algunos cuadros del PAN mantienen respecto a los trabajadores y los sectores populares.
Señalamientos durante campañas
Durante el proceso electoral de 2024, la entonces candidata Alicia Colchado denunció presuntos actos de intimidación por parte de personas que, según dijo, estaban vinculadas al equipo de campaña de Agustín Dorantes.
El hoy senador negó categóricamente las acusaciones y exigió que se presentaran pruebas para sustentar los señalamientos, asegurando que su campaña siempre se condujo con propuestas y sin actos de violencia.
Denuncias sobre uso político de programas sociales
En 2025 también circularon denuncias anónimas relacionadas con el programa “Juntos Contigo”, donde se señaló a Laura Angélica Dorantes, esposa del senador, de presuntamente utilizar brigadas del programa para promover políticamente a Agustín Dorantes y desacreditar a otros aspirantes panistas.
Las denuncias también hablaban de presunto acoso laboral y exigencias excesivas hacia brigadistas. Sin embargo, estos señalamientos fueron difundidos de manera anónima y no existe, hasta el momento, una resolución oficial que los confirme.
Señalado por presuntas operaciones políticas para frenar a Morena
La carrera de Agustín Dorantes también ha estado acompañada por señalamientos sobre su operación política al interior del PAN queretano.
En diciembre de 2020, el periodista Sergio Arturo Venegas publicó en Plaza de Armas una columna en la que aseguró que, como entonces dirigente estatal del blanquiazul, Dorantes sostenía reuniones con políticos del PRI para ofrecerles “lo que necesitaran”, incluyendo presuntos apoyos económicos y logísticos, con el objetivo de evitar el crecimiento electoral de Morena en Querétaro.
Según la publicación, estas presuntas negociaciones contrastaban con el compromiso público del entonces gobernador panista Francisco Domínguez Servién, quien había asegurado que su administración no intervendría en el proceso electoral.
La columna incluso advertía que, de confirmarse ese tipo de prácticas, tanto quienes ofrecieran como quienes aceptaran esos apoyos podrían incurrir en responsabilidades electorales. No obstante, estas afirmaciones nunca derivaron en una resolución de autoridad que acreditara dichos señalamientos, aunque el episodio alimentó las críticas sobre la forma en que el PAN operaba políticamente en Querétaro.
Un perfil que divide al PAN
A pesar de las polémicas, Agustín Dorantes continúa siendo uno de los principales cuadros del PAN en Querétaro y uno de los aspirantes más visibles para buscar la gubernatura del estado.
Su carrera refleja el respaldo que ha recibido del grupo político que gobierna Querétaro desde hace más de una década, pero también acumula episodios que han alimentado críticas por violencia política de género, declaraciones consideradas clasistas y diversas controversias que han acompañado su ascenso dentro del blanquiazul.
Hoy, con Natalia Torres formando parte de su equipo político, el historial del senador vuelve a cobrar relevancia, pues detrás de la imagen del aspirante panista existe una trayectoria marcada por decisiones y polémicas que continúan siendo motivo de escrutinio público.
La mañana de este 23 de julio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, participó en la mesa de seguridad metropolitana con los estados de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro, donde presentaron avances de la coordinación en contra de distintos delitos que aqueja a sus entidades.
La mandataria capitalina, Clara Brugada, aseguró que la capital mantiene una tendencia sostenida a la baja en los delitos de alto impacto y destacó que, en comparación con 2019, este tipo de ilícitos han disminuido 64 por ciento.
Durante una reunión de coordinación en materia de seguridad realizada en Tecámac, Estado de México, la mandataria señaló que los homicidios dolosos y el robo de vehículos, tanto con violencia como sin ella; son algunos de los delitos que más han reducido su incidencia en los últimos años.
Brugada atribuyó estos resultados al trabajo conjunto entre los gobiernos federal, estatales y municipales, particularmente a las mesas de coordinación que se realizan de manera permanente entre las entidades que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.
La reunión se llevó a cabo en el Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento Tecámac (CICATEC), donde participaron autoridades de seguridad de la Ciudad de México, el Estado de México y otras entidades vecinas.
Uno de los datos que destacó la jefa de Gobierno fue que junio de 2026, mes en el que la Ciudad de México fue sede de partidos de la Copa Mundial de la FIFA, se convirtió en el junio con menos homicidios dolosos registrados desde 2015.
En materia de robo de vehículos, explicó que el promedio diario pasó de 18 unidades robadas en 2019 a 14 durante junio de este año, lo que representa una reducción cercana al 40 por ciento.
La mandataria capitalina también señaló que, además de la disminución en la incidencia delictiva, se han logrado avances en la reducción de la impunidad y en el combate a delitos como la extorsión.
Clara Brugada sostuvo que la estrategia de seguridad ha tenido continuidad durante los últimos siete años y afirmó que su administración mantendrá la coordinación con las autoridades federales y estatales para reforzar la seguridad y proteger el patrimonio de las familias.
En el encuentro participaron, entre otros funcionarios, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia; así como representantes de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro, además de mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.
Un accidente vehicular sobre la carretera federal 57, a la altura del puente de avenida Cimatario, en la capital de Querétaro, cobró la vida de dos músicos vinculados al Centro de Educación Artística, Ignacio Mariano de las Casas.
Las personas fallecidas fueron identificadas como Alejandro Villagómez Martínez y Laura Cecilia González Bautista, reconocidos por su labor en el ámbito artístico y su colaboración en distintos proyectos musicales en Querétaro. Alejandro Villagómez se desempeñaba como maestro en el Centro de Educación Artística, mientras que González era maestra de violín.
De acuerdo con las versiones disponibles, la pareja viajaba en un Mustang con dirección a la Ciudad de México cuando, presuntamente, otro vehículo que circulaba a exceso de velocidad los impactó por la parte trasera. Tras el impacto, la unidad salió proyectada, derribó la barra de contención y cayó desde el puente hacia la avenida Cimatario.
Además del Mustang, un Nissan en el que viajaba una familia también estuvo involucrado en el accidente. La copiloto de ese vehículo fue trasladada a un hospital por las lesiones sufridas, y una menor de edad también resultó afectada.
Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, pudieron confirmar que la pareja ya no contaba con signos vitales. El conductor del otro vehículo permaneció en el sitio y fue puesto a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades. Hasta el momento no existe una resolución oficial sobre las causas del accidente.
El siniestro provocó el cierre parcial de la circulación tanto en la carretera federal 57 como en la avenida Cimatario durante varias horas, mientras se realizaban las labores periciales y el retiro del vehículo.
La noticia generó consternación en la comunidad artística de Querétaro. La Secretaría de Cultura del Estado, la Subdirección General de Educación e Investigación Artística y el Centro de Educación Artística expresaron sus condolencias y solidaridad con las familias de los músicos.
La presidenta busca sumar a todo el país a una tendencia que ya siguen 16 estados para cuidar la salud y el aprendizaje de los estudiantes.
Claudia Sheinbaum anunció que Guanajuato ya cuenta con reglas propias para regular el uso de celulares en las aulas. Con esta entidad, ya son 16 los estados que avanzan en la materia.
La presidenta explicó que el objetivo no es prohibir los teléfonos por completo. El plan busca fomentar un uso responsable dentro de los planteles educativos del país.
Detrás de esta estrategia está la preocupación por el tiempo de pantalla en niñas, niños y adolescentes. El gobierno federal espera que todos los estados adopten lineamientos similares antes de que termine el año.
Las nuevas reglas fijarán criterios claros para el uso de dispositivos en cada escuela. También limitarán el tiempo de exposición a pantallas durante el horario de clases.
Existirán excepciones para actividades pedagógicas o para apoyar a estudiantes con necesidades específicas. Cada plantel podrá crear sus propias políticas, siempre dentro del marco estatal y federal.
El enfoque central protege el bienestar emocional, físico y social de los alumnos. Por eso, el plan incluye campañas y talleres de educación digital para familias y docentes.
Sheinbaum fue clara sobre el alcance de la medida. “No se trata de demonizar las herramientas”, afirmó, sino de encontrar un balance que aproveche lo positivo de la tecnología.
Al mismo tiempo, la mandataria busca proteger a los menores de riesgos como la adicción, la ansiedad y el bajo rendimiento escolar. El debate evita, por ahora, una postura de prohibición absoluta.
Aguascalientes, Campeche, la Ciudad de México y Coahuila ya forman parte de la lista de estados regulados. Se suman Durango, el Estado de México, Guanajuato y Guerrero.
También aplican estas reglas Hidalgo, Jalisco, Michoacán y Nuevo León. Completan la lista Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas, sin importar el partido en el poder.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum insistió en construir consensos en lugar de imponer reglas de forma unilateral. “Que entre todas y todos lleguemos a un acuerdo”, expresó la presidenta.
En agosto y septiembre se realizarán foros regionales con especialistas, autoridades, docentes y familias. Ahí se analizará a fondo el impacto de la tecnología en el desarrollo infantil.
Organismos internacionales como la Unesco ya alertaron sobre los efectos del uso excesivo de pantallas. El sueño, la salud mental y el desempeño escolar figuran entre los más afectados.
Por esa razón, el gobierno federal decidió actuar. La meta es proteger el desarrollo integral de la niñez y, a la vez, orientar a las familias sobre los riesgos de la tecnología.
La droga fue incinerada en una empresa especializada del Estado de México bajo supervisión del Ministerio Público Federal.
La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó dos kilos 306 gramos 800 miligramos y 28 mil 308 unidades de sustancias que contenían fentanilo, como parte de diversas investigaciones iniciadas en el estado de Querétaro.
La destrucción se realizó en las instalaciones de una empresa especializada en el tratamiento y disposición final de sustancias químicas, ubicada en el Estado de México, en cumplimiento de los protocolos y disposiciones legales vigentes.
El procedimiento fue supervisado por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Querétaro, con la participación de personal del Órgano Interno de Control (OIC), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados en química y fotografía forense.
El Dr. Ángel Balderas Puga confirmó en exclusiva a LosReporterosMX su intención de buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Querétaro rumbo a 2027.
Desde las bases del partido, el matemático y dirigente morenista construyó su trayectoria con pasos firmes. Hoy ocupa la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro. Además, forma parte del Instituto de Formación Política del partido. Esa experiencia lo coloca como uno de los perfiles con mayor conocimiento del terreno político queretano.
La carrera por Querétaro apenas comienza y ya genera expectativa. El escenario apunta a una disputa cerrada entre Morena y el PAN en 2027. Balderas Puga apuesta a que su arraigo en la militancia y su trabajo organizativo dentro del partido le abren la puerta a la candidatura. Por eso da hoy el paso que muchos de sus compañeros esperaban.
Una profesora jubilada exige justicia tras caer en un bache dejado por una obra de telefonía. El accidente le costó la vista del ojo izquierdo y cuatro cirugías.
Josefina Arellano Chávez caminaba por una banqueta del centro de Querétaro cuando su vida cambió para siempre. La maestra jubilada de 62 años pisó el borde de una jardinera, perdió el equilibrio y cayó de frente sobre una piedra. El golpe destruyó su ojo izquierdo. Ahora demanda al municipio panista de Felipe Fernando Macías Olvera para que le reparen el daño.
El accidente ocurrió el 14 de mayo de 2025. En ese punto de la acera, un árbol antiguo y de gran tamaño obstruía el paso peatonal. Junto a la jardinera había un hoyo que dejó una empresa de telefonía tras realizar reparaciones autorizadas por el ayuntamiento. Ese hoyo llevaba mucho tiempo ahí, sin señalización y sin reparar. Josefina tropezó y su ojo impactó directamente contra una piedra en ese hueco.
Las consecuencias fueron devastadoras. La maestra sufrió lo que los médicos llaman una explosión ocular. Desde entonces, 25 especialistas la han atendido y ha pasado por cuatro intervenciones quirúrgicas. Los gastos acumulados, dice ella, han sido “increíbles”.
Magdiel Hernández Tinajero, su representante legal, presentó una demanda de reparación del daño ante el municipio. La respuesta del ayuntamiento fue una negativa rotunda. Las autoridades municipales desecharon todas las pruebas presentadas, entre ellas peritajes médicos y de criminalística. El argumento del municipio fue que el hoyo ya estaba reparado cuando iniciaron el procedimiento legal, por lo que no había daño que acreditar.
Para Josefina, el problema va más allá de su caso. Pide que la ciudad mejore sus banquetas de forma real, no solo en apariencia. Señala que hay cuadras enteras donde los árboles han roto las aceras y los peatones deben caminar sobre el arroyo vehicular, exponiéndose al tráfico. “Nadie más merece vivir lo que yo estoy viviendo”, dijo.
Su abogado asegura que buscará sentar un precedente. El objetivo, afirma, es impulsar una nueva política de reparación integral del daño con enfoque en derechos humanos.
Un tribunal federal rechazó concederle un amparo a Artemio Gutiérrez Rodríguez, señalado por delincuencia organizada y presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la trama de corrupción que sacudió a Segalmex.
La justicia federal asestó un nuevo golpe a uno de los implicados en el escándalo de Segalmex. Un tribunal colegiado negó el amparo solicitado por Artemio Gutiérrez Rodríguez, exsubjefe operativo de Diconsa Querétaro, quien buscaba revertir la medida cautelar que lo mantiene en prisión preventiva por su presunta participación en una red de corrupción relacionada con el desvío de recursos públicos.
Los magistrados determinaron que los argumentos presentados por el exfuncionario carecían de sustento suficiente para modificar la resolución judicial. Gutiérrez Rodríguez alegó que el juez de amparo no valoró adecuadamente pruebas relacionadas con su arraigo familiar y social, además de cuestionar que la posesión de varios inmuebles fuera utilizada como elemento para acreditar riesgo de fuga. Sin embargo, el tribunal concluyó que la prisión preventiva sigue siendo necesaria para garantizar su comparecencia durante el proceso penal.
De acuerdo con la investigación federal, el exservidor público está vinculado al delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, una de las líneas de investigación derivadas del multimillonario fraude detectado en Segalmex. Las autoridades sostienen que formó parte de una estructura integrada por funcionarios encargados de autorizar compras, contratos y movimientos presupuestales que habrían permitido la simulación de operaciones comerciales para desviar recursos públicos.
El expediente señala que esta presunta red operó mediante convenios y pedidos relacionados con la adquisición de productos alimentarios. Entre ellos destaca una operación vinculada a toneladas de azúcar a granel, cuya requisición habría sido firmada por el propio Artemio Gutiérrez como parte de sus funciones en Diconsa Querétaro. Según la acusación, estos actos permitieron generar movimientos financieros destinados a dar apariencia de legalidad a recursos de origen presuntamente ilícito.
Los magistrados también consideraron que existe riesgo de sustracción de la justicia debido a inconsistencias en el arraigo del acusado y a la gravedad de los delitos imputados. La resolución confirma así que el exfuncionario continuará enfrentando el proceso penal privado de la libertad, mientras avanzan las investigaciones sobre uno de los mayores casos de corrupción registrados en la administración pública reciente.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el tamaño del saqueo atribuido a Segalmex, una trama que involucró a funcionarios, contratos irregulares y millones de pesos cuyo destino aún sigue siendo motivo de investigación. Mientras algunos responsables buscan salir de prisión mediante recursos legales, los tribunales comienzan a cerrarles la puerta.
En un rincón de El Marqués, Engracia Álvarez Raymundo, una mujer de 88 años, enfrentó a quienes intentaban arrebatarle el lugar donde había vivido durante décadas. Meses después murió.
Por Neri Torres, Luis Piña y Frank Alvarado
Hay historias que explican mejor que cualquier expediente cómo funciona el poder.
Esta no comienza en una oficina de gobierno ni en una sala de tribunales. Comienza en un viejo rancho llamado El Ojal, en las inmediaciones de Amazcala, Querétaro, donde la familia Esteban Álvarez asegura haber vivido desde finales de la década de 1960 cuidando la tierra que heredó de sus abuelos. Allí, entre árboles, pozos de agua y construcciones levantadas con décadas de trabajo, ocurrió un episodio que hoy se ha convertido en uno de los casos más delicados dentro de las denuncias sobre el presunto “cártel inmobiliario” de Querétaro.
Durante un recorrido realizado por Los Reporteros MX, el periodista Luis Piña llegó hasta el lugar donde, según la familia Esteban Álvarez, una disputa por más de 70 hectáreas terminó con la muerte de Engracia Álvarez Raymundo, una mujer de la tercera edad.
“Creo que no he encontrado otra historia más complicada que la que les voy a mostrar hoy”, relató Piña frente al rancho. “Aquí está involucrado Humberto Palacios Alcocer, cuñado del gobernador Mauricio Kuri, y la muerte de una mujer de 88 años”.
La historia, según los testimonios recabados, se remonta años atrás. La familia asegura que desde 2015 comenzaron las presiones para abandonar el predio. Quien aparecía constantemente era Humberto Palacios Alcocer, personaje ligado a una de las familias más influyentes de la política queretana.
“Venía diciendo que todo esto era suyo”, recuerda uno de los familiares. “Le pedíamos documentos, títulos, pruebas. Nunca los presentó. Solamente decía: ‘esto es mío y se tienen que ir’”, relatan Alicia Esteban Álvarez y Margarita Esteban Álvarez, hijas de la señora Engracia Álvarez Raymundo.
Pero el episodio que cambió todo ocurrió en 2020, cuando Kuri era senador. De acuerdo con los testimonios, una mañana arribaron al rancho trabajadores, personal de seguridad y maquinaria pesada con la intención de derribar parte de las construcciones donde habitaba la familia. En ese momento solamente había tres mujeres en el lugar. Una de ellas era Engracia Álvarez Raymundo.
Según los relatos entregados a Los Reporteros MX y documentados por el activista Manuel Zamorano Escobar, la mujer salió para defender su hogar cuando observó que intentaban ingresar al terreno. Durante la confrontación, presuntamente fue empujada y cayó al suelo. La caída le provocó una fractura de cadera.
Para cualquier adulto mayor una lesión así representa un riesgo enorme. Para ella fue el principio del final.
“La aventó, le rompió la cadera y después mi abuelita ya nunca volvió a recuperarse”, relata Luis Alberto Mendiola, uno de sus nietos con la voz entrecortada. Meses después falleció.
El caso dio un nuevo giro en abril de 2026, cuando familiares de Engracia Álvarez presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Querétaro para que se investigue la posible responsabilidad penal derivada de los hechos ocurridos durante el conflicto por el Rancho El Ojal.
En la querella, los denunciantes sostienen que su familia ha habitado el predio desde finales de la década de 1960 y relatan que, durante una confrontación ocurrida en octubre de 2020, la adulta mayor sufrió una caída que le provocó una fractura de cadera. De acuerdo con el documento presentado ante las autoridades, la familia considera que las lesiones y las complicaciones médicas posteriores guardan relación con el fallecimiento de Engracia Álvarez meses después.
La mujer del vestido es Alicia Esteban Álvarez, hija de Engracia.
La denuncia también señala que fueron incorporados comprobantes de atención médica, gastos hospitalarios y testimonios de familiares como parte de los datos de prueba ofrecidos ante la autoridad ministerial. Asimismo, los denunciantes solicitaron que se practiquen peritajes, testimoniales y demás diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Por ello, para la familia, el conflicto dejó de ser una disputa por tierras hace mucho tiempo.
“Ya no estamos hablando de dinero”, sostiene Manuel Zamorano. “Estamos hablando de una persona que murió después de una agresión denunciada por sus propios familiares. Eso tiene que investigarse”.
Detrás del conflicto aparece además otro elemento clave: el agua.
Los familiares afirman que en la zona existen dos pozos con importante capacidad de extracción. Una riqueza cada vez más codiciada en un estado donde el crecimiento urbano avanza a gran velocidad.
“Lo que quieren no son solamente las tierras”, asegura uno de los habitantes. “Quieren el agua. Aquí tenemos dos pozos y eso vale millones. Esta zona es hermosa, pasa la carretera cerca, la pueden fraccionar. Para ellos es un negocio enorme”.
La familia asegura que durante más de una década ha resistido intentos de desalojo, amenazas y procedimientos que consideran irregulares. Incluso, Manuel Zamorano afirma haber entregado documentación directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar la intervención federal.
Alicia Esteban Álvarez, hija de Engracia.
“Ahora ya no tenemos miedo”, dice Luis Alberto Mendiola. “Sabemos que no estamos solos. Lo único que queremos es justicia para mi abuelita”.
El caso forma parte de una investigación más amplia impulsada por Zamorano, quien ha documentado denuncias relacionadas con presuntos despojos, acaparamiento de agua, cambios de uso de suelo y operaciones inmobiliarias en diversos municipios queretanos. Según el activista, existen carpetas presentadas ante autoridades federales que involucran a personajes vinculados al poder político y económico de la entidad.
Hasta el momento, la denuncia presentada por la familia se encuentra en etapa de investigación y corresponde a las autoridades determinar si existen elementos suficientes para acreditar los hechos denunciados y establecer eventuales responsabilidades. Las personas señaladas mantienen plenamente su presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.
Sin embargo, en el rancho El Ojal permanece una pregunta que ni los años ni los tribunales han logrado responder.
Detrás de las cifras millonarias, de los desarrollos inmobiliarios y de las disputas por la tierra, quedó la historia de Engracia Álvarez Raymundo, una mujer que salió a defender la casa donde había pasado gran parte de su vida. Y que, según su familia, nunca volvió a levantarse de aquella caída.
