Un tribunal federal rechazó concederle un amparo a Artemio Gutiérrez Rodríguez, señalado por delincuencia organizada y presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la trama de corrupción que sacudió a Segalmex.
La justicia federal asestó un nuevo golpe a uno de los implicados en el escándalo de Segalmex. Un tribunal colegiado negó el amparo solicitado por Artemio Gutiérrez Rodríguez, exsubjefe operativo de Diconsa Querétaro, quien buscaba revertir la medida cautelar que lo mantiene en prisión preventiva por su presunta participación en una red de corrupción relacionada con el desvío de recursos públicos.
Los magistrados determinaron que los argumentos presentados por el exfuncionario carecían de sustento suficiente para modificar la resolución judicial. Gutiérrez Rodríguez alegó que el juez de amparo no valoró adecuadamente pruebas relacionadas con su arraigo familiar y social, además de cuestionar que la posesión de varios inmuebles fuera utilizada como elemento para acreditar riesgo de fuga. Sin embargo, el tribunal concluyó que la prisión preventiva sigue siendo necesaria para garantizar su comparecencia durante el proceso penal.
De acuerdo con la investigación federal, el exservidor público está vinculado al delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, una de las líneas de investigación derivadas del multimillonario fraude detectado en Segalmex. Las autoridades sostienen que formó parte de una estructura integrada por funcionarios encargados de autorizar compras, contratos y movimientos presupuestales que habrían permitido la simulación de operaciones comerciales para desviar recursos públicos.
El expediente señala que esta presunta red operó mediante convenios y pedidos relacionados con la adquisición de productos alimentarios. Entre ellos destaca una operación vinculada a toneladas de azúcar a granel, cuya requisición habría sido firmada por el propio Artemio Gutiérrez como parte de sus funciones en Diconsa Querétaro. Según la acusación, estos actos permitieron generar movimientos financieros destinados a dar apariencia de legalidad a recursos de origen presuntamente ilícito.
Los magistrados también consideraron que existe riesgo de sustracción de la justicia debido a inconsistencias en el arraigo del acusado y a la gravedad de los delitos imputados. La resolución confirma así que el exfuncionario continuará enfrentando el proceso penal privado de la libertad, mientras avanzan las investigaciones sobre uno de los mayores casos de corrupción registrados en la administración pública reciente.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el tamaño del saqueo atribuido a Segalmex, una trama que involucró a funcionarios, contratos irregulares y millones de pesos cuyo destino aún sigue siendo motivo de investigación. Mientras algunos responsables buscan salir de prisión mediante recursos legales, los tribunales comienzan a cerrarles la puerta.
En un rincón de El Marqués, Engracia Álvarez Raymundo, una mujer de 88 años, enfrentó a quienes intentaban arrebatarle el lugar donde había vivido durante décadas. Meses después murió.
Por Neri Torres, Luis Piña y Frank Alvarado
Hay historias que explican mejor que cualquier expediente cómo funciona el poder.
Esta no comienza en una oficina de gobierno ni en una sala de tribunales. Comienza en un viejo rancho llamado El Ojal, en las inmediaciones de Amazcala, Querétaro, donde la familia Esteban Álvarez asegura haber vivido desde finales de la década de 1960 cuidando la tierra que heredó de sus abuelos. Allí, entre árboles, pozos de agua y construcciones levantadas con décadas de trabajo, ocurrió un episodio que hoy se ha convertido en uno de los casos más delicados dentro de las denuncias sobre el presunto “cártel inmobiliario” de Querétaro.
Durante un recorrido realizado por Los Reporteros MX, el periodista Luis Piña llegó hasta el lugar donde, según la familia Esteban Álvarez, una disputa por más de 70 hectáreas terminó con la muerte de Engracia Álvarez Raymundo, una mujer de la tercera edad.
“Creo que no he encontrado otra historia más complicada que la que les voy a mostrar hoy”, relató Piña frente al rancho. “Aquí está involucrado Humberto Palacios Alcocer, cuñado del gobernador Mauricio Kuri, y la muerte de una mujer de 88 años”.
La historia, según los testimonios recabados, se remonta años atrás. La familia asegura que desde 2015 comenzaron las presiones para abandonar el predio. Quien aparecía constantemente era Humberto Palacios Alcocer, personaje ligado a una de las familias más influyentes de la política queretana.
“Venía diciendo que todo esto era suyo”, recuerda uno de los familiares. “Le pedíamos documentos, títulos, pruebas. Nunca los presentó. Solamente decía: ‘esto es mío y se tienen que ir’”, relatan Alicia Esteban Álvarez y Margarita Esteban Álvarez, hijas de la señora Engracia Álvarez Raymundo.
Pero el episodio que cambió todo ocurrió en 2020, cuando Kuri era senador. De acuerdo con los testimonios, una mañana arribaron al rancho trabajadores, personal de seguridad y maquinaria pesada con la intención de derribar parte de las construcciones donde habitaba la familia. En ese momento solamente había tres mujeres en el lugar. Una de ellas era Engracia Álvarez Raymundo.
Según los relatos entregados a Los Reporteros MX y documentados por el activista Manuel Zamorano Escobar, la mujer salió para defender su hogar cuando observó que intentaban ingresar al terreno. Durante la confrontación, presuntamente fue empujada y cayó al suelo. La caída le provocó una fractura de cadera.
Para cualquier adulto mayor una lesión así representa un riesgo enorme. Para ella fue el principio del final.
“La aventó, le rompió la cadera y después mi abuelita ya nunca volvió a recuperarse”, relata Luis Alberto Mendiola, uno de sus nietos con la voz entrecortada. Meses después falleció.
El caso dio un nuevo giro en abril de 2026, cuando familiares de Engracia Álvarez presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Querétaro para que se investigue la posible responsabilidad penal derivada de los hechos ocurridos durante el conflicto por el Rancho El Ojal.
En la querella, los denunciantes sostienen que su familia ha habitado el predio desde finales de la década de 1960 y relatan que, durante una confrontación ocurrida en octubre de 2020, la adulta mayor sufrió una caída que le provocó una fractura de cadera. De acuerdo con el documento presentado ante las autoridades, la familia considera que las lesiones y las complicaciones médicas posteriores guardan relación con el fallecimiento de Engracia Álvarez meses después.
La mujer del vestido es Alicia Esteban Álvarez, hija de Engracia.
La denuncia también señala que fueron incorporados comprobantes de atención médica, gastos hospitalarios y testimonios de familiares como parte de los datos de prueba ofrecidos ante la autoridad ministerial. Asimismo, los denunciantes solicitaron que se practiquen peritajes, testimoniales y demás diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Por ello, para la familia, el conflicto dejó de ser una disputa por tierras hace mucho tiempo.
“Ya no estamos hablando de dinero”, sostiene Manuel Zamorano. “Estamos hablando de una persona que murió después de una agresión denunciada por sus propios familiares. Eso tiene que investigarse”.
Detrás del conflicto aparece además otro elemento clave: el agua.
Los familiares afirman que en la zona existen dos pozos con importante capacidad de extracción. Una riqueza cada vez más codiciada en un estado donde el crecimiento urbano avanza a gran velocidad.
“Lo que quieren no son solamente las tierras”, asegura uno de los habitantes. “Quieren el agua. Aquí tenemos dos pozos y eso vale millones. Esta zona es hermosa, pasa la carretera cerca, la pueden fraccionar. Para ellos es un negocio enorme”.
La familia asegura que durante más de una década ha resistido intentos de desalojo, amenazas y procedimientos que consideran irregulares. Incluso, Manuel Zamorano afirma haber entregado documentación directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar la intervención federal.
Alicia Esteban Álvarez, hija de Engracia.
“Ahora ya no tenemos miedo”, dice Luis Alberto Mendiola. “Sabemos que no estamos solos. Lo único que queremos es justicia para mi abuelita”.
El caso forma parte de una investigación más amplia impulsada por Zamorano, quien ha documentado denuncias relacionadas con presuntos despojos, acaparamiento de agua, cambios de uso de suelo y operaciones inmobiliarias en diversos municipios queretanos. Según el activista, existen carpetas presentadas ante autoridades federales que involucran a personajes vinculados al poder político y económico de la entidad.
Hasta el momento, la denuncia presentada por la familia se encuentra en etapa de investigación y corresponde a las autoridades determinar si existen elementos suficientes para acreditar los hechos denunciados y establecer eventuales responsabilidades. Las personas señaladas mantienen plenamente su presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.
Sin embargo, en el rancho El Ojal permanece una pregunta que ni los años ni los tribunales han logrado responder.
Detrás de las cifras millonarias, de los desarrollos inmobiliarios y de las disputas por la tierra, quedó la historia de Engracia Álvarez Raymundo, una mujer que salió a defender la casa donde había pasado gran parte de su vida. Y que, según su familia, nunca volvió a levantarse de aquella caída.
Documentos notariales, huellas digitales, poderes irrevocables, una dación en pago y una deuda que terminó convirtiendo a dos campesinos en presuntos deudores millonarios forman parte de una historia que hoy sigue generando preguntas en Querétaro.
Por Neri Torres, Luis Piña y Frank Alvarado
El tránsito no se detiene. A cualquier hora del día, miles de vehículos recorren el Anillo Vial Fray Junípero Serra, una de las arterias que mejor simboliza la transformación económica de Querétaro. A sus costados se levantan desarrollos residenciales, plazas comerciales, complejos habitacionales y terrenos cuyo valor se ha multiplicado de forma extraordinaria durante las últimas dos décadas. En este corredor se concentra una parte importante del crecimiento inmobiliario del estado y también algunos de los proyectos más rentables construidos en años recientes.
Desde la superficie, todo parece contar una historia de prosperidad. Sin embargo, detrás de las fachadas comerciales, del concreto y de la plusvalía, existe otra historia. Una que comienza en el campo, entre parcelas ejidales y adultos mayores que dedicaron su vida a trabajar la tierra. Una historia que hoy es reconstruida a partir de testimonios, expedientes judiciales y escrituras notariales que permiten seguir la ruta mediante la cual dos terrenos terminaron fuera del patrimonio de sus propietarios originales para convertirse en parte de uno de los desarrollos más importantes de la zona metropolitana de Querétaro.
La historia gira alrededor de J. Guadalupe Campos Olvera y Flavia Herrera Maldonado, una pareja de ejidatarios del Ejido Bolaños. Según los testimonios recabados por el activista Manuel Zamorano y la documentación a la que tuvo acceso Los Reporteros MX, ambos vivieron durante años de las actividades agrícolas y enfrentaban una condición que los colocaba en una posición particularmente vulnerable frente a abogados, empresarios y operadores inmobiliarios: no sabían leer ni escribir.
Esa circunstancia aparece una y otra vez en los relatos que sobreviven alrededor del caso. Porque mientras para la mayoría de las personas una firma representa una decisión consciente, para quienes no saben leer el contenido de un documento, la huella digital se convierte en un acto de confianza. Confianza en quien explica el documento, confianza en quien lo redacta y confianza en quien promete que aquello que se firma corresponde a lo acordado verbalmente.
De acuerdo con la versión que sostienen familiares de los afectados, alrededor del año 2000 Mauricio Kuri González y Humberto Palacios Alcocer acudieron personalmente al domicilio de la pareja para negociar la adquisición de las parcelas. La escena, reconstruida a partir de los testimonios obtenidos por Manuel Zamorano, describe la llegada de ambos hombres con cien mil pesos en efectivo: cincuenta mil para cada propietario.
Para una familia campesina, aquella cantidad resultaba difícil de imaginar. Según los relatos, la propuesta consistía en adquirir las dos parcelas por un millón de pesos cada una. El dinero entregado era presentado como un anticipo y el resto sería cubierto posteriormente mediante pagos sucesivos. Los propietarios aceptaron bajo esa promesa. Sin embargo, los familiares sostienen que esos pagos nunca llegaron.
Lo que sí continuó, afirman, fue la firma de documentos. O más exactamente, la colocación de huellas digitales en papeles cuyo contenido los propietarios originales no podían leer por sí mismos. En esa visita, aquellas huellas quedaron estampadas en distintos instrumentos legales que eventualmente tendrían consecuencias definitivas sobre la propiedad de la tierra.
Con el paso del tiempo, el valor de las parcelas aumentó de manera acelerada. La apertura del Anillo Vial Fray Junípero Serra modificó completamente la dinámica económica de la zona. Lo que durante décadas había sido tierra agrícola comenzó a convertirse en uno de los puntos más codiciados para el desarrollo urbano. El dinero llegó a la región. Las constructoras llegaron a la región. Los grandes proyectos llegaron a la región. Pero los propietarios originales jamás vieron reflejada esa prosperidad.
Los documentos revisados permiten observar que para 2013 ya existía una compleja estructura jurídica alrededor de las parcelas. La escritura pública número 20,446, otorgada el 30 de septiembre de ese año ante el notario Francisco Pérez Rojas, constituye una de las piezas centrales del expediente. En ella comparecen Mauricio Kuri González y Humberto Palacios Alcocer como apoderados y representantes legales de J. Guadalupe Campos Olvera y Flavia Herrera Maldonado.
Sin embargo, la misma escritura contiene un elemento que ha llamado la atención de quienes han revisado el caso. Mientras Mauricio Kuri y Humberto Palacios aparecen representando jurídicamente a los propietarios originales, Humberto Palacios figura también como la persona que recibe el inmueble mediante una operación de dación en pago. Es decir, una misma estructura documental coloca a Palacios en una posición donde participa tanto dentro de la representación legal de los propietarios como en la adquisición final del terreno.
La operación no se presenta como una compraventa tradicional. Los documentos establecen expresamente que se trata de un Convenio de Cumplimiento de Transacción y Dación en Pago. En términos jurídicos, una dación en pago ocurre cuando una persona no puede cubrir una deuda y entrega un bien para extinguirla. Dicho de otra manera, el terreno no cambia de manos porque sea vendido directamente, sino porque sirve para saldar obligaciones económicas previamente reconocidas.
Es precisamente ahí donde aparece el elemento más desconcertante de toda la historia.
La escritura incorpora antecedentes relacionados con el Juicio Sumario Hipotecario 1207/2010 del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro. Dentro de esa documentación aparecen obligaciones económicas atribuidas a los propietarios originales. Una de ellas corresponde a once millones de pesos, actualizados conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor desde 2001. A ello se agregan otras cantidades vinculadas al valor comercial del terreno.
Conforme esas cifras fueron actualizadas durante años, los montos crecieron de manera exponencial. Según la información recabada por los denunciantes, la suma total de las obligaciones terminó superando los 214 millones de pesos.
La cifra resulta difícil de ignorar. No sólo por su magnitud, sino porque genera preguntas que hasta ahora permanecen sin respuesta pública. ¿Quién entregó originalmente esos recursos? ¿Dónde se encuentran los comprobantes de recepción? ¿Cómo una pareja de adultos mayores dedicada al campo adquirió obligaciones económicas capaces de alcanzar cientos de millones de pesos? ¿Cuál fue el destino de ese dinero? Son interrogantes que constituyen el núcleo de la denuncia.
Los documentos muestran además que para 2013 el inmueble ya tenía un enorme valor económico. El propio expediente incorpora un avalúo bancario que asignaba a la parcela un valor superior a los 58 millones de pesos. Para entonces, la transformación urbana de la zona era evidente y el corredor del Fray Junípero Serra se perfilaba como uno de los espacios más rentables para el desarrollo inmobiliario de Querétaro.
La escritura también contiene cláusulas mediante las cuales la parte enajenante se declara pagada y recibida de las cantidades relacionadas con la operación. Asimismo, se extinguen derechos y obligaciones previas, se cancelan reclamaciones y se establecen desistimientos relacionados con acciones futuras sobre el inmueble.
No obstante, para quienes cuestionan la legalidad y legitimidad de todo el proceso, la existencia de esos documentos no resuelve el problema. Por el contrario. Lo profundiza.
La discusión no gira únicamente en torno a la validez formal de las escrituras, sino alrededor de una pregunta mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más importante: ¿comprendían realmente Guadalupe Campos y Flavia Herrera lo que estaban autorizando cuando colocaban sus huellas digitales?
Esa pregunta adquiere mayor relevancia si se considera que ambos fallecieron sin ver resuelto el conflicto. Ella murió años después de iniciados los procedimientos. Él enfrentó problemas de salud durante el desarrollo de los litigios y falleció en 2014. Hoy ninguno puede explicar qué entendió cuando firmó, qué le prometieron, qué recibió realmente o qué ocurrió durante cada una de las etapas que terminaron con la pérdida de sus tierras.
El 19 de abril de 2016 aparece otra escritura relevante dentro de la cadena de operaciones. Para entonces, Humberto Palacios Alcocer ya figura como propietario de la parcela y posteriormente la transmite a la empresa Cabi Paseos Querétaro, vinculada al desarrollo inmobiliario de la zona donde actualmente se encuentra Paseo Querétaro.
La tierra había cambiado definitivamente de manos.
Hoy, donde alguna vez hubo parcelas ejidales, circulan miles de automóviles cada día. Donde antes trabajaban campesinos, se levantan desarrollos comerciales y habitacionales que representan millones de pesos en inversión. El paisaje cambió por completo.
Lo que permanece sin resolverse es la pregunta de fondo: si esa transformación fue el resultado de una operación plenamente comprendida y aceptada por quienes eran dueños de la tierra o si, como sostienen quienes denuncian el caso, una combinación de poderes notariales, juicios, deudas, documentos firmados con huellas digitales y figuras jurídicas complejas terminó arrebatando a una familia campesina el patrimonio construido durante toda una vida.
Los Reporteros MX buscó obtener testimonios directos de familiares de los propietarios originales. Sin embargo, las personas consultadas manifestaron temor a hablar públicamente sobre el caso. Esa negativa, respetada por este medio, impidió incorporar sus voces de manera directa en este reportaje. Aun así, los documentos existentes, los expedientes revisados y los testimonios recabados por quienes han acompañado la denuncia permiten reconstruir una historia que continúa esperando respuestas.
Residentes de la colonia Reforma Agraria bloquean avenidas por prolongados cortes de energía. La falta de respuesta de la CFE genera pérdidas y frustración.
Un grupo de alrededor de cien vecinos de la colonia Reforma Agraria, cuarta sección, realizó una protesta cerrando las principales avenidas de su localidad. La razón detrás de esta manifestación es la falta de energía eléctrica que ha afectado la zona por más de cinco días. Durante este tiempo, muchos hogares han sufrido pérdidas de alimentos y dificultades para conectarse a internet.
Una de las vecinas afectadas, compartió su experiencia. Esta no es la primera vez que la colonia enfrenta problemas eléctricos; la situación se repite desde hace cerca de quince años. Según la habitante, la causa principal son las viejas líneas eléctricas cercanas a los árboles, las cuales, con los fuertes vientos, causan cortocircuitos en los transformadores. “No nos quedó más opción que cerrar las avenidas. La falta de respuesta de la CFE nos ha dejado en una situación crítica”, afirmó.
La situación se ha vuelto insostenible. Muchos residentes dependen de la electricidad para la conservación de alimentos y para trabajar. “Soy insulino-dependiente y he tenido que comprar hielo para conservar mi insulina”, comentó la quejosa. Otros vecinos también han perdido productos en sus negocios, y muchos se han visto obligados a encender velas para iluminar sus hogares durante la noche.
Los vecinos denunciaron la actitud de un trabajador de la CFE que se presentó a atender la emergencia. La presencia de este empleado no trajo soluciones, sino una explosión en el transformador, lo que aumentó la frustración en la comunidad. “No podemos seguir así. A medida que Querétaro crece, la CFE no está a la altura de las necesidades de la población”, expresó ciudadana.
El problema se ha convertido en un tema recurrente. Mientras tanto, las familias se ven obligadas a cargar sus dispositivos móviles en casas de amigos o en el trabajo, donde aún tienen acceso a energía.
El pasado 22 de mayo, el gobierno estatal anunció una reunión entre el gobernador panista, Mauricio Kuri González, y el gerente de la CFE, Gilberto Cuautle Rosales. Se prometió trabajar juntos para atender mejor las necesidades de la población. Sin embargo, los vecinos esperan ver acciones concretas y soluciones reales a un problema que ya se ha prolongado demasiado.
Una activista detenida, con epilepsia, denunció que no recibió atención médica ni ambulancia pese a sufrir una crisis convulsiva durante el arresto.
Dos activistas del Frente Nacional por las 40 Horas y del colectivo Mapache Radical, identificadas como Brenda Rocío Reséndiz y Martha Lucía Garrido, fueron detenidas la noche del miércoles 20 de mayo por elementos de la Policía Municipal de Querétaro. Denuncian que pese a solicitar ayuda por una ataque de epilepsia, nunca recibieron la atención especializada.
Las detenciones ocurrieron durante una manifestación pacífica en el Centro Histórico en solidaridad con la Flotilla Global Sumud, luego de que las activistas intervinieran una pieza decorativa en forma de balón de fútbol, parte del programa “Querétaro: la Capital de la Cultura Futbolera”, impulsado por el gobierno municipal. Tras la intervención, policías municipales procedieron al arresto.
Durante la detención, las activistas denunciaron omisiones en la atención médica. En el caso de Lucía Garrido, quien padece epilepsia, señaló que solicitó auxilio y la presencia de una ambulancia tras advertir una crisis convulsiva, pero esta nunca llegó, mientras que las luces de la patrulla y el estrés del arresto habrían agravado su condición, según su testimonio.
Las detenidas fueron puestas a disposición de los juzgados cívicos de Santa Rosa Jáuregui, donde recibieron sanciones administrativas. Organizaciones feministas como el Frente Feminista y Mujeres Celayenses exigieron la anulación de las sanciones y una investigación por la falta de atención médica, mientras que el artista Diego Martínez Peña se deslindó de la protesta al señalar que la obra no estaba destinada a mensajes de política internacional.
El gobernador admitió que el proyecto beneficiaría a adultos mayores y habitantes de zonas altas, pero aseguró que deberá esperar al próximo sexenio mientras continúan gastos millonarios en seguridad, giras y eventos.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseguró que el proyecto de teleférico que conectaría San José El Alto con Plaza del Parque es “financieramente imposible” para su administración, pese a reconocer públicamente que sería una obra de gran ayuda para adultos mayores y habitantes de las zonas más altas de la capital. La declaración desató críticas entre ciudadanos que cuestionan las prioridades del gasto estatal.
Mientras el mandatario argumenta que no existe presupuesto suficiente para mejorar la movilidad urbana, su gobierno destinó 3 mil 919 millones de pesos a un contrato con la empresa Seguritech para la implementación de un sistema de videovigilancia y seguridad. El convenio fue señalado por realizarse bajo opacidad y sin licitación pública clara, además de que los resultados han sido cuestionados por el incremento de la violencia y la percepción de inseguridad en el estado.
Durante la operación de este modelo de seguridad, la incidencia delictiva reportó aumentos y diversas colonias denunciaron fallas constantes en cámaras y lentitud en la respuesta policial. Casos como el ataque en el bar Los Cantaritos, donde fueron asesinadas diez personas, aumentaron los señalamientos contra la estrategia de seguridad impulsada por la administración panista.
Las críticas también crecieron luego de revelarse gastos cercanos a 5 millones de pesos para traer al exfutbolista español Iker Casillas a una conferencia en Querétaro. El evento incluyó vuelos, hospedaje y logística; sin embargo, el propio Instituto del Deporte reconoció posteriormente que no cuenta con registros oficiales sobre asistentes ni informes que permitan medir el impacto real de la actividad financiada con recursos públicos.
A esto se suman los más de 5 millones de pesos ejercidos en viajes internacionales de Mauricio Kuri y miembros de su gabinete a destinos como Londres, Dubái, España, Austria, Arabia Saudita, Washington y Houston. Tan solo una gira a Londres superó el millón 200 mil pesos en vuelos, mientras otro recorrido por Europa y Medio Oriente habría costado más de 2 millones 235 mil pesos, sin contar viáticos y hospedajes.
Las declaraciones del gobernador generaron molestia entre habitantes de Querétaro, quienes señalan que sí existen recursos para contratos cuestionados, conferencias de lujo y giras internacionales, pero no para proyectos de movilidad que impactarían directamente en la calidad de vida de miles de personas.
El teleférico, que el propio Kuri reconoció como necesario, quedó nuevamente relegado bajo el argumento de la falta de presupuesto.
La Fiscalía de Nuevo León acusa al empresario inmobiliario de operar un esquema que provocó pérdidas superiores a los 100 millones de pesos; inversionistas exigen ampliar las investigaciones.
Después de casi un año de denuncias y señalamientos, autoridades detuvieron en Querétaro a Alejandro “N”, propietario de la desarrolladora inmobiliaria Tamayo Capital, por su presunta responsabilidad en un fraude que habría afectado a más de 60 inversionistas, entre ellos empresarios de Nuevo León. La captura fue realizada en el sector Bosques del Acueducto, como parte de una investigación encabezada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
De acuerdo con las autoridades, el empresario es señalado por el delito de fraude, luego de que presuntamente utilizara la firma inmobiliaria para captar recursos de inversionistas que entregaron distintas cantidades de dinero bajo promesas de rendimientos y proyectos inmobiliarios que nunca se concretaron. La Fiscalía de Querétaro confirmó que el operativo se realizó en coordinación con detectives investigadores de Nuevo León.
Las denuncias contra Tamayo Capital crecieron durante los últimos meses, luego de que representantes de las víctimas revelaran que el daño patrimonial supera los 100 millones de pesos. Los afectados también acusaron que la empresa habría seguido operando bajo otro nombre e incluso en otras entidades del país, pese a las investigaciones abiertas y los señalamientos públicos.
Además del empresario detenido, inversionistas afectados exigieron que las autoridades amplíen el alcance de las indagatorias hacia notarías públicas presuntamente involucradas en la operación de los contratos y movimientos financieros relacionados con la inmobiliaria. Entre las señaladas se encuentran las notarías 37, 147 y 3, mencionadas por las víctimas desde principios de año.
El caso tomó mayor relevancia el pasado 6 de marzo de 2025, cuando agentes ministeriales catearon oficinas de Tamayo Capital. Durante el operativo fueron detenidas seis personas y asegurados equipos de cómputo, teléfonos celulares, documentos, identificaciones y diversa papelería que ahora forma parte de la carpeta de investigación. Las autoridades buscan determinar el alcance total del presunto esquema fraudulento y deslindar responsabilidades.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, enfrenta una creciente ola de críticas luego de negarse a definir si promulgará o vetará la llamada “Ley Trans”, aprobada desde finales de abril por el Congreso local para permitir que personas trans mayores de edad puedan modificar su identidad de género en documentos oficiales mediante un trámite administrativo.
La polémica escaló esta semana después de que Kuri declarara públicamente que aún “analiza” la iniciativa y sus alcances, pese a que organizaciones civiles recuerdan que la reforma ya fue discutida y aprobada por legisladores locales. La incertidumbre provocó movilizaciones, reclamos en redes sociales y hasta un exhorto formal desde la Cámara de Diputados federal para exigir la publicación inmediata de la ley.
Diversos colectivos señalaron que el gobernador está utilizando los derechos de la comunidad trans como moneda política para evitar confrontarse con el ala más conservadora del PAN y sectores religiosos del estado.
Uno de los puntos que más indignación generó fue que Mauricio Kuri insinuara posibles afectaciones a menores de edad para justificar la revisión de la reforma, aunque activistas aclararon que la ley aprobada únicamente contempla a personas mayores de edad. Organizaciones defensoras de derechos humanos acusaron al mandatario de alimentar desinformación y discursos que históricamente han sido utilizados para frenar avances de la población trans en el país. “No está protegiendo a nadie, está retrasando derechos”, reclamaron colectivos queretanos durante protestas recientes.
La controversia también revivió señalamientos sobre la postura histórica del panismo queretano frente a temas de diversidad sexual. Activistas recordaron que Kuri ya había enfrentado críticas similares durante la aprobación del matrimonio igualitario en la entidad, cuando evitó asumir una postura clara frente a la reforma. Ahora, la presión política crece sobre el gobernador, quien enfrenta el riesgo de abrir un conflicto nacional con organizaciones LGBT+ y sectores progresistas si decide bloquear la entrada en vigor de la Ley Trans.
Felifer Macías dilapida 35 mdp en gradas y pasto sintético para “rehabilitar” un campo de béisbol y, antes, el alcalde panista de Querétaro otorgó un contrato por 4.5 millones de pesos para pintar y poner focos en 250 metros de calle.
Por Neri Torres
El alcalde panista de Querétaro, Felipe Fernando Macías, presume como un logro la “rehabilitación” de la Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en Villas del Sol.
De acuerdo con el edil, estas acciones forman parte de sus compromisos para recuperar espacios destinados al deporte y la convivencia social. Sin embargo, detrás del discurso oficial se asoman serias contradicciones, particularmente en el gasto destinado a obras que, en apariencia, resultan limitadas: la construcción de gradas y la colocación de pasto sintético en el campo de béisbol.
Para dimensionar la situación, vale la pena revisar antecedentes.
En 2018, durante la administración del entonces alcalde Marcos Aguilar Vega, se destinaron poco más de 3 millones de pesos para la rehabilitación integral de la misma unidad deportiva. Aquellas obras incluyeron mejoras en la pista de trote, instalación de enrejado, construcción de rampas y pisos de concreto, reubicación de luminarias y cercado perimetral.
Además, se intervinieron canchas de frontón con nueva techumbre, se instalaron alumbrados en andadores, se rehabilitaron baños, juegos infantiles y gimnasio, y se pintaron diversas áreas.
También se balizaron canchas de básquetbol, tenis y frontón, y se colocó pasto natural en el campo de vóleibol.
La pregunta es: ¿cómo fue que un conjunto más amplio de mejoras costó 3 millones de pesos? Y es que, si hacemos la comparativa, estamos hablando de un incremento del 1,066 por ciento.
¿Gradas y pasto sintético por 35 millones? ¡Es un robo!, asegura un grupo de vecinos.
Al revisar el contrato SOP/2025-0059/9, podemos observar que tres empresas fueron contratadas para la remodelación del campo de béisbol: Promociones y Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V., Grupo Corpbo S.A. de C.V., y Construcciones Acero, S.A. de C.V.
Curiosamente, Grupo Corpbo ya había sido beneficiada con un contrato de 5 millones 979 mil 749.71 pesos por instalar pasto sintético en una cancha de futbol, en la Unidad Deportiva Belén, en Lomas de San Pedrito Peñuelas.
Sin embargo, al contrastar cifras, las inconsistencias saltan a la vista.
Y es que el costo promedio del pasto sintético de alta calidad en Querétaro ronda los 289 pesos por metro cuadrado. En el caso de la Unidad Deportiva Belén, se sustituyeron mil 271 metros cuadrados, lo que arroja un costo aproximado de 367 mil 319 pesos.
La diferencia frente a los casi 6 millones reportados resulta imposible de justificar.
Por si fuera poco, en el informe de entrega de la obra, Felifer presume una inversión de 5.8 millones de pesos exclusivamente para la unidad deportiva, mientras que el contrato SOP/2025-008/4 detalla que el gasto correspondía únicamente al cambio de pasto. Y otra pregunta asoma con persistencia: ¿Cuál fue el destino real de los recursos?
Y no es el único escándalo que acecha al alcalde panista.
El gobierno de Felipe Fernando Macías enfrenta crecientes cuestionamientos por el manejo de recursos públicos.
Una investigación de Los Reporteros MX ha revelado, por ejemplo, un gasto superior a 4.5 millones de pesos en la rehabilitación de una calle de apenas 250 metros, en la colonia Reforma Agraria.
A esto hay que sumar que, de las 80 obras que prometió el presidente municipal de Querétaro, únicamente 48 han sido concluidas, y la mayoría de ellas de carácter menor. Lo que indigna al pueblo queretano es que, en esas pequeñas obras, se han dilapidado más de mil 200 millones de pesos.
Diferentes auditorías señalan posibles irregularidades. Y es que la mayoría de los contratos emitidos por la administración de Felifer Macías imperan las adjudicaciones directas, la falta de documentación y las obras inconclusas. Y todo ello, nos aseguran fuentes al interior del gobierno panista, sin importar que los pagos a proveedores han sido liquidados en su totalidad.
Lo cierto es que, a lo largo de su carrera, el actual alcalde blanquiazul —y que hoy aspira a la gubernatura de Querétaro— ha estado envuelto en diversas controversias, que van desde acusaciones de presuntos sobornos hasta críticas por gastos de campaña opacos y operativos municipales considerados excesivos.
Un historial que, lejos de disiparse, parece ampliarse con cada nueva obra bajo su administración.
El PRI en Querétaro destina al menos 7 millones de pesos, la mitad de su financiamiento, en multas por sanciones pasadas, lo que refleja las malas prácticas de su gestión.
En Querétaro, donde históricamente han gobernado únicamente el PRI y el PAN, el Partido Revolucionario Institucional enfrenta una crisis financiera que evidencia años de malas prácticas. Actualmente, el partido estatal destina hasta el 60% de su financiamiento público al pago de multas acumuladas por administraciones anteriores.
La diputada y dirigente estatal del PRI, Abigail Arredondo Ramos, reconoció que del presupuesto para este año, más de la mitad se descuenta automáticamente:“Son 14 millones. Obviamente, es un monto que incluye lo proporcional y lo asignado etiquetado para capacitación. Pero puedo decir que, en el tiempo que llevo como dirigente, cada mes el 50% o más de lo que llega se destina al pago de multas que se vienen arrastrando desde hace muchos años”, explicó (cita tomada de El Sol de Querétaro).
Esto deja al partido con recursos mínimos para gastos básicos como nómina, servicios e incluso actividades en territorio, las cuales dependen en gran medida de aportaciones directas de militantes. Sin embargo, la situación ha generado críticas, ya que la propia Arredondo no está exenta de responsabilidades. El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro la sancionó con una multa de 13 mil 443 pesos en 2021 por el uso indebido de la imagen de menores en propaganda electoral, una falta considerada grave ordinaria.
Además, el endurecimiento de los criterios del Instituto Nacional Electoral ha incrementado los porcentajes de retención. En un estado donde el PRI fue durante décadas una de las principales fuerzas políticas, su debilitamiento actual refleja tanto la presión institucional como la pérdida de confianza ciudadana.
