Etiqueta: Recursos públicos

  • Sheinbaum pide revisar contratos del INE y auditar gestiones pasadas

    Sheinbaum pide revisar contratos del INE y auditar gestiones pasadas

    La revisión abarcaría recursos públicos, salarios y acuerdos con proveedores, con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades y transparentar el manejo del presupuesto electoral.

    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una revisión amplia de los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), tanto de la gestión de Guadalupe Taddei como de administraciones anteriores, para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

    La mandataria sostuvo que la fiscalización no debe limitarse al último año, sino abarcar los ejercicios que la ASF considere necesarios conforme a sus atribuciones. Entre los aspectos que solicitó revisar se encuentran los contratos con proveedores, los salarios y el destino del presupuesto del organismo encargado de organizar las elecciones en México.

    Sheinbaum también recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante la gestión de Pablo Gómez, congeló cuentas de empresas señaladas por presuntas irregularidades, pero un amparo permitió levantar la medida y que continuaran operando. Ante estos antecedentes, consideró necesario que las autoridades competentes revisen los casos y esclarezcan los señalamientos.

    La Presidenta subrayó que, si bien los partidos políticos están sujetos a la fiscalización del INE, el propio instituto electoral también debe rendir cuentas sobre el manejo del dinero público. Por ello, insistió en que ningún contrato, sueldo o recurso debe quedar fuera del escrutinio de las autoridades auditoras.

    Además, consideró que es un buen momento para transparentar las operaciones del organismo, incluida la administración actual y la que asuma próximamente, y planteó que la revisión se realice antes de que concluya el año. En caso de existir indicios de posibles actos ilícitos o conflictos de interés, señaló que las consejerías del INE deberán actuar dentro de sus respectivas competencias.

  • “Porky” y “drogadicto”: alcalde de Morena y regidor del PT se insultan en Cabildo de Piedras Negras

    “Porky” y “drogadicto”: alcalde de Morena y regidor del PT se insultan en Cabildo de Piedras Negras

    Acusaciones personales, cuestionamientos por presuntos gastos excesivos y el rechazo de informes financieros tensan la relación entre el alcalde Jacobo Rodríguez y regidores de oposición.

    El alcalde morenista de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez González, y el regidor del Partido del Trabajo (PT), Juan Carlos Álvarez García, protagonizaron un enfrentamiento verbal durante una sesión de Cabildo, en medio de las diferencias por las facultades del presidente municipal para realizar compras y contrataciones.

    La discusión escaló luego de que regidores del PT y del PRI rechazaran el orden del día. Rodríguez los llamó “cobardes”, apodó “Porky” a Álvarez y lo señaló por una denuncia relacionada con una presunta agresión sexual contra una menor de edad. El petista respondió que el alcalde habría pagado a la joven para presentar una acusación falsa, además de lanzarle insultos y cuestionar su conducta.

    Álvarez también criticó el manejo de los recursos públicos, particularmente los gastos en fiestas y espectáculos. Entre ellos mencionó la contratación del cantante de narcocorridos Gabito Ballesteros para las celebraciones del Grito de Independencia, y sostuvo que ese dinero podría destinarse a atender a personas con discapacidad.

    Detrás del intercambio de insultos existe una disputa política y administrativa. Un grupo de ediles busca que el Cabildo revise y, en su caso, revoque las facultades delegadas al alcalde para realizar compras y contrataciones. Las diferencias también se reflejan en el rechazo de 13 informes financieros hasta agosto, durante la administración de Rodríguez.

    El conflicto ya había provocado una sesión dividida el 30 de septiembre, cuando 11 integrantes del Cabildo abandonaron los trabajos tras rechazar el orden del día. Rodríguez y ocho regidores continuaron la reunión y aprobaron varios asuntos, incluido el informe financiero de agosto, cuya legalidad cuestionó la síndica de mayoría, Rocío Julieta Cortez Arzola.

    Las diferencias alcanzan otros asuntos, como la renovación del consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento y el intento de remover a su gerente, Lorenzo Menera Sierra, dirigente local del PT. Así, el choque público exhibe las fracturas entre Morena y PT, partidos que llegaron juntos al gobierno municipal, pero mantienen desacuerdos sobre el control del gasto y las decisiones de la administración.

  • Amparo Casar dice que “hay que combatir la corrupción porque estaríamos mejor todos”

    Amparo Casar dice que “hay que combatir la corrupción porque estaríamos mejor todos”

    La presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad llama a combatir las malas prácticas, mientras el pago vitalicio que recibió tras la muerte de su esposo fue cuestionado por Pemex, que sostuvo que no procedía al tratarse de un suicidio.

    María Amparo Casar aseguró que “la corrupción hay que combatirla porque estaríamos mejor todos”. La frase revive la polémica por la pensión vitalicia que recibió durante años de Petróleos Mexicanos (Pemex), un caso que puso bajo la lupa la congruencia entre su discurso anticorrupción y los beneficios que obtuvo.

    En mayo de 2024, el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, sostuvo que la pensión y el seguro de vida entregados a Casar no procedían, pues la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, ocurrida el 7 de octubre de 2004 en la Torre Ejecutiva de la petrolera, fue determinada como suicidio y no como accidente laboral. Según la explicación del funcionario, esos beneficios correspondían cuando la muerte ocurría en funciones y por accidente.

    La cronología expuesta por Romero Oropeza llamó la atención: Casar solicitó la pensión el 15 de octubre, apenas ocho días después del fallecimiento, y recibió el primer pago el 29 de ese mes. El seguro de vida, por 17.6 millones de pesos, se entregó el 19 de noviembre, antes de que concluyera la investigación ministerial, según el relato presentado por Pemex.

    El funcionario también informó que, hasta febrero de 2024, Casar había recibido alrededor de 31 millones de pesos en pensiones, con pagos mensuales de aproximadamente 125 mil pesos. Pemex calificó el caso como un presunto acto de corrupción y cuestionó que los beneficios se autorizaran antes de que se cerrara el expediente sobre la muerte.

    Así, mientras Casar llama a combatir la corrupción, el caso de su pensión sigue siendo un punto de controversia pública. La ironía política resulta inevitable: quien encabeza una organización dedicada a denunciar la corrupción también debe responder a los cuestionamientos sobre los recursos públicos que recibió. Las acusaciones de Pemex, sin embargo, deben distinguirse de una resolución judicial definitiva que establezca responsabilidades.

  • Secretaria de Seguridad de Alessandra Rojo pasea a sus perros escoltada por policías

    Secretaria de Seguridad de Alessandra Rojo pasea a sus perros escoltada por policías

    La secretaria de Seguridad de la alcaldía, Martha Lilian Chapa, fue captada paseando a sus perros escoltada por policías, una imagen que contrasta con las necesidades de seguridad de los habitantes y los cuestionamientos por el uso de recursos públicos.

    Mientras miles de ciudadanos salen a pasear a sus perros sin escoltas y con la preocupación de sufrir algún asalto en la alcaldía Cuauhtémoc, la secretaria de Seguridad de Cuauhtémoc, Martha Lilian Chapa Koloffon, parece tener un privilegio bastante peculiar: policías para acompañarla durante sus paseos con sus mascotas.

    La escena abre una pregunta incómoda para la administración de Alessandra Rojo de la Vega: ¿la seguridad pública está para proteger a los vecinos o también para servir de acompañante en los paseos caninos de sus funcionarias?

    La ironía es difícil de ignorar. Los habitantes de la demarcación deben caminar por sus calles confiando en que no les ocurra nada, mientras una funcionaria encargada precisamente de la seguridad cuenta con elementos policiales a su lado cuando pasea a sus perros. ¿También los animales necesitan un operativo de seguridad o se trata de un privilegio personal financiado con recursos públicos?

    El episodio ocurre en medio de otros cuestionamientos a la administración de Rojo de la Vega. El 13 de septiembre, se informó que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) declaró procedentes denuncias contra la alcaldesa y otros funcionarios por presuntos actos de promoción electoral anticipada. Entre los señalados estaban Chapa, titular de Seguridad, y responsables de Cultura e Innovación Digital, por el uso de expresiones como “Gobierno de Ale Rojo” y “Renace Cuauhtémoc”.

    Las quejas apuntan a una posible estrategia institucional de posicionamiento personal con fines electorales. Además, la Comisión de Quejas del IECM dio vista a la Contraloría para investigar el posible uso de recursos humanos, materiales y económicos en un viaje a la playa y la asistencia de la alcaldesa al partido inaugural del Mundial de 2026.

    Así, entre denuncias electorales y paseos caninos con escolta, la administración de Alessandra Rojo de la Vega enfrenta preguntas sobre sus prioridades. Porque mientras una secretaria puede pasear a sus perros acompañada por policías, los ciudadanos tienen derecho a saber quién autorizó ese despliegue, con qué propósito y si los elementos estaban cumpliendo funciones oficiales. La policía no es una escolta para pasear mascotas: su trabajo es proteger a la población.

  • Anticorrupción detecta posibles daños al erario por 957 mdp en Birmex y Migración

    Anticorrupción detecta posibles daños al erario por 957 mdp en Birmex y Migración

    Auditorías señalaron compras de medicamentos sin respaldo documental, posibles sobreprecios y fallas en el reporte de ingresos migratorios; las observaciones pueden seguir en proceso de aclaración.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) detectó posibles irregularidades por 957.1 millones de pesos en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y el Instituto Nacional de Migración (INM), relacionadas con compras de medicamentos y fallas en la supervisión de ingresos por servicios migratorios, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización 2025.

    En Birmex, las auditorías realizadas durante 2024 y 2025 identificaron un posible daño patrimonial de 419.5 millones de pesos. Entre los hallazgos figuran expedientes de compras consolidadas sin documentación que las respalde y posibles contrataciones indebidas de bienes y servicios por 192.8 millones de pesos. Además, la empresa fue la única cuyos estados financieros de 2024 no pudieron dictaminarse, debido a que el auditor externo no recibió la información contable y presupuestal necesaria.

    Otra auditoría revisó 25 procedimientos de compra y detectó un posible sobreprecio de 65.6 millones de pesos en dos claves de medicamentos adquiridas a Farmacéuticos Maypo, sin que se presentara la cotización correspondiente. También señaló que nueve empresas recibieron adjudicaciones por 49 mil 738 millones de pesos para 423 claves de medicamentos, pese a no entregar documentación legal y administrativa obligatoria. El órgano fiscalizador advirtió posibles riesgos de desabasto por diferencias en las cantidades requeridas.

    En el INM, la SABG identificó 537.6 millones de pesos en ingresos que no fueron reportados o se enteraron fuera de tiempo, derivados de servicios migratorios a viajeros por vía aérea. De los recursos relacionados con la revisión, se reportó la recuperación de 284.1 millones de pesos para la Tesorería de la Federación, mientras que otros 399.6 millones en créditos fiscales fueron enviados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para su cobro.

    La dependencia atribuyó las anomalías a deficiencias en los controles internos, supervisión insuficiente y falta de capacitación. Asimismo, recomendó mejorar el seguimiento de contratos y pagos, establecer conciliaciones mensuales de ingresos y reforzar los mecanismos de control. La SABG aclaró que las observaciones pueden continuar en proceso de solventación y que, si no se justifican, podrían turnarse a las áreas de investigación y derivar en sanciones administrativas.

  • Investigan a funcionarios de la panista Lía Limón por compras de 31 mdp sin comprobar

    Investigan a funcionarios de la panista Lía Limón por compras de 31 mdp sin comprobar

    La ASF detectó que la alcaldía Álvaro Obregón no acreditó la entrega de bienes adquiridos durante la administración de la exalcaldesa.

    La alcaldía Álvaro Obregón, durante el gobierno de Lía Limón, realizó pagos por 31 millones 490 mil 640 pesos en contratos para adquirir material eléctrico y electrónico para alumbrado público, pinturas, impermeabilizantes, uniformes y prendas de protección, pero funcionarios de la demarcación no pudieron acreditar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que los bienes hubieran sido entregados.

    Las irregularidades fueron detectadas durante la auditoría 657, correspondiente a recursos de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios. Debido a la falta de documentación que permitiera comprobar la recepción de los productos, el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar posibles responsabilidades.

    De acuerdo con la revisión, la documentación presentada por la alcaldía no permitió demostrar de manera suficiente que los productos contratados hubieran sido recibidos en las cantidades y condiciones pactadas. Aunque los recursos fueron ejercidos, no quedó acreditado materialmente qué bienes recibió la administración a cambio de los pagos realizados.

    La denuncia coloca bajo investigación a los funcionarios que participaron en la contratación, supervisión, recepción, validación y pago de los bienes. La FGR deberá determinar quién autorizó los contratos, quién avaló los pagos y quién certificó que los productos habían sido entregados.

    El caso también contempla la posibilidad de que se hayan utilizado documentos para respaldar adquisiciones que no pudieron comprobarse físicamente. Será la autoridad ministerial la encargada de establecer si existió una simulación de operaciones, así como las posibles responsabilidades administrativas o penales de los servidores públicos involucrados.

  • Deuda de Marco Bonilla cuesta $95 millones en intereses; busca otros $150 millones

    Deuda de Marco Bonilla cuesta $95 millones en intereses; busca otros $150 millones

    El gobierno panista de Chihuahua ha contratado créditos por $1,095 millones en cinco años, mientras prepara un nuevo endeudamiento que heredaría a la siguiente administración.

    De acuerdo con una investigación de Zona Free, el alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, ha contratado $1,095 millones de deuda pública durante los últimos cinco años, créditos que han generado casi $95 millones en intereses bancarios. De acuerdo con información de la Tesorería Municipal, hasta enero de 2026 se habían pagado $65.1 millones y para diciembre se contemplan otros $29.6 millones.

    Ahora, el gobierno municipal busca que el Congreso de Chihuahua autorice otro crédito por $150 millones para construir 3.2 kilómetros del bulevar Luis H. Álvarez, conocido como Poniente 5. El Gobierno estatal aportaría otros $150 millones para el proyecto, cuya deuda quedaría a cargo de la siguiente administración.

    El nuevo endeudamiento ocurre mientras Bonilla se prepara para solicitar licencia tras su quinto informe de gobierno, con miras a buscar la candidatura del PAN a la gubernatura de Chihuahua. El proyecto, además, todavía se encuentra en trámites ante Semarnat, Profepa y Conagua, y el señalamiento más delicado apunta a que la primera etapa podría beneficiar terrenos de la desarrolladora CTU, propiedad de Federico Elías Madero, identificado en la publicación como patrocinador de campañas panistas.

    Los antecedentes tampoco ayudan al discurso de disciplina financiera. Uno de los créditos, contratado con Banobras por $318 millones, terminó costando $355.6 millones con intereses. Otro, por $132 millones para el nuevo relleno sanitario, acumula $26.9 millones en intereses, pese a que el proyecto de Mápula terminó enfrentando amparos y cuestionamientos ambientales.

    A ello se suman $570 millones destinados a tres obras viales, cuyos proyectos terminaron con un sobrecosto de más de $191 millones, según los datos citados en la investigación. También existe un crédito de $75 millones para una nueva comandancia policial, que generará otros $2.8 millones en intereses. Todo esto contrasta con los $4,354 millones de ingresos excedentes registrados por el municipio entre 2022 y 2025: dinero adicional que, según la publicación, no habría impedido recurrir al endeudamiento.

    Con información de Zona Free.

  • Mientras el PRI pierde militantes, Alito Moreno suma al menos 10 viajes a EUA

    Mientras el PRI pierde militantes, Alito Moreno suma al menos 10 viajes a EUA

    El dirigente priista ha pasado al menos 29 días en Estados Unidos, donde ha sostenido reuniones con políticos, congresistas y funcionarios para lanzar acusaciones contra el gobierno mexicano.

    El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ha realizado al menos 10 viajes a Estados Unidos desde 2020, de acuerdo con publicaciones y comunicados de su propio partido. En sus visitas, ha buscado respaldo y espacios para denunciar a Morena y al gobierno federal, además de reunirse con legisladores y figuras de la derecha estadounidense.

    En total, Alito Moreno habría permanecido al menos 29 días en territorio estadounidense durante los últimos seis años. Entre sus interlocutores se encuentran el exsecretario general de la OEA, Luis Almagro; la congresista republicana María Elvira Salazar; otros legisladores, así como integrantes del Departamento de Estado y agencias de seguridad de Estados Unidos.

    Durante 2026, el líder priista realizó un recorrido de al menos tres días para acusar a México de ser un supuesto “narcoestado” y posteriormente regresó al país vecino para presentar una denuncia contra integrantes del INE. Estos viajes ocurren mientras el PRI mantiene una creciente ofensiva política contra Morena rumbo a las próximas elecciones.

    Al mismo tiempo, el padrón del PRI se redujo casi 9 por ciento en menos de un año: pasó de 894 mil 220 militantes en octubre de 2025 a 819 mil 107 en agosto de 2026. Pese a esta reducción, el partido destinó este año 16.2 millones de pesos a publicidad en redes sociales, mediante un contrato con Veintiuno Doce Consultoría Estratégica.

    Moreno también ha utilizado la Copppal, organización que preside y que agrupa a 75 partidos de 30 países, para cuestionar a gobiernos que califica de autoritarios. Sin embargo, la agrupación mantiene entre sus integrantes a políticos mexicanos de distintas fuerzas, como el dirigente del PT, Alberto Anaya, y la emecista Vania Ávila.

    Con información de La Jornada.

  • Diplomado de Fuerza Popular: cinco participantes reprobaron y ONPE cuestiona uso de fondos públicos

    Diplomado de Fuerza Popular: cinco participantes reprobaron y ONPE cuestiona uso de fondos públicos

    El organismo electoral detectó irregularidades en dos contrataciones del partido por al menos 36 mil dólares.

    La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso nuevamente bajo cuestionamiento a Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, tras detectar dos irregularidades en el manejo del financiamiento público directo durante el segundo semestre de 2025. Las observaciones involucran contrataciones por al menos 36 mil dólares y apuntan a un posible uso indebido de dinero que proviene del Estado.

    Uno de los casos corresponde a un diplomado contratado con la Universidad de San Martín de Porres por 20 mil dólares para 35 personas. El problema es que cinco participantes reprobaron y uno ni siquiera asistió. La ONPE cuestionó 3 mil dólares de ese gasto, además de señalar que Fuerza Popular no presentó los informes individuales ni las actividades necesarias para demostrar que los beneficiarios aplicaron los conocimientos adquiridos. Pese a que el partido prometió entregar la documentación solicitada, esta nunca llegó.

    El segundo caso resulta todavía más cuestionable: Fuerza Popular pagó 32 mil dólares a Servic Team S.A.C. para realizar un taller de liderazgo político para jóvenes en San Martín, pese a que el proveedor no cumplía con el requisito de experiencia establecido por el propio partido. La empresa había iniciado actividades en febrero de 2023 y la ONPE solo pudo comprobar ocho meses y 13 días de experiencia antes de la firma del contrato, cuando se exigían al menos dos años.

    La ONPE concluyó que la contratación se realizó en contra de las condiciones establecidas y advirtió una posible infracción muy grave por utilizar financiamiento público para fines distintos a los permitidos por la ley. El señalamiento resulta especialmente relevante para un partido encabezado por Fujimori, que ya ha enfrentado cuestionamientos y sanciones relacionados con el manejo de recursos públicos. En este nuevo caso, el organismo electoral mantiene las observaciones mientras Fuerza Popular no ha presentado la documentación que le fue requerida.

  • Brugada exige el regreso de las esculturas a Cuauhtémoc

    Brugada exige el regreso de las esculturas a Cuauhtémoc

    El gobierno capitalino reclama a la alcaldía de Cuauhtémoc la devolución de piezas artísticas retiradas del espacio público.

    La jefa de Gobierno, Clara Brugada, criticó a la alcaldesa panista, Alessandra Rojo de la Vega, de Cuauhtémoc por quitar esculturas y exigir dinero a cambio de regresarlas. La mandataria capitalina calificó estas acciones como un daño directo al patrimonio público. Además, las comparó con un secuestro.

    Brugada explicó que su gobierno solicitó la devolución de las estatuas desde el inicio del conflicto. También señaló que la alcaldesa incurrió en varias faltas administrativas al actuar de esta manera.

    Los gobernantes electos por la ciudadanía tienen la obligación de cuidar el patrimonio público, afirmó Brugada. Este deber incluye todo el territorio que administran. Ninguna postura ideológica personal debe influir en decisiones sobre el valor de una obra de arte.

    Retirar las esculturas y luego pedir dinero o servicios a cambio carece de lógica, según la jefa de Gobierno. Estas piezas forman parte de los recursos públicos de la ciudad. Por lo tanto, quien asegura defender ese patrimonio debió protegerlo desde un principio.

    La solidaridad ciudadana permitirá que las obras regresen a su lugar. Varios artistas también respaldan este proceso de recuperación. Próximamente se dará a conocer más información sobre los siguientes pasos.