Los accesos a la Cámara de Diputados fueron bloqueados por presuntos trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y algunos de los llamados “porros”, quienes se manifestaron en un intento por impedir que los legisladores discutan y voten una reforma que propone, entre otros aspectos, que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular.
En respuesta, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara Alta, llamó a mantener la calma y anunció que las sesiones se llevarán a cabo en una de las dos sedes alternas disponibles. “Esta reforma va”, afirmó con firmeza en un mensaje compartido en redes sociales.
📹 #Vídeo | En un desesperado intento por frenar la discusión de la #ReformaAlPoderJudicial, presuntos porros de #NormaPiña y trabajadores del PJ, bloquean con sus autos la avenida Congreso de la Unión y cierran los accesos a la Cámara de Diputados.
“Contamos con dos sedes alternas (…) No tenemos inconveniente y, para evitar cualquier incidente, queremos debatir con civilidad, con racionalidad política y fundamentación, por qué esta reforma es necesaria, tal como lo decidió el pueblo de México en las urnas”.
Para asegurar la tranquilidad en el Palacio de San Lázaro, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México vigilan los alrededores, previniendo posibles altercados.
Desde las 6:00 horas de este martes, los trabajadores del PJF formaron una cadena humana y bloquearon las entradas a la Cámara Baja utilizando vehículos. Posteriormente, en un video compartido en redes sociales, una trabajadora del PJF respondió a Monreal Ávila con la frase: “Que los diputados se vayan a sesionar al infierno”.
El día de ayer se reveló que la comunicadora de Televisión Azteca, Lourdes Mendoza, trató de ofrecer columnas a modo a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, a la cual también se comprometió a conseguir una reunión con directivos de El Financiero.
Tras el escándalo, la ministra ha emitido un comunicado en donde trata de desvincularse de la situación y de Mendoza, acusando que ella no buscó comprar una columna, sino que fue Lourdes la única responsable de tratar de vender el espacio editorial.
En el breve comunicado compartido en redes, Ríos Farjat menciona que la columna de Lourdes Mendoza solo le llamó la atención por las imágenes de los jóvenes que marcharon el pasado domingo y agregó que solo buscó dar una “respuesta amable” a la autora, a la cual aclara, solo ha visto una vez.
“Adelantó que ella escribiría más del tema, cosa que no respondí porque no tengo nada que decir al respecto, ni mucho menos sugerir sobre lo que deseen escribir los columnistas. Solamente contesté que sería interesante una reunión con el medio, pensando en resolver las dudas que pudieran existir sobre el gran tema judicial que tiene a la sociedad dividida”.
Finalmente, la “impartidora de justicia”, trató de desestimar la gravedad de sus negociaciones con Mendoza, cuestionando cuál es la relevancia del chat revelado: “una es responsable de lo que escribe, no de lo que escriben otros”.
En medio del debate sobre la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) han enviado un documento a la Cámara de Diputados y al Senado de la República manifestando su desacuerdo con la reforma. Según los jueces, esta propuesta incumple los compromisos adquiridos por México en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, diversos sectores del gobierno han reiterado que la reforma no afectará las relaciones comerciales internacionales ni la independencia de los tribunales.
El Rol de los Jueces en el Debate de la Reforma Judicial
Los jueces y magistrados que respaldan el documento incluyen a titulares de los Tribunales Laborales Federales, Tribunales Colegiados de Circuito especializados en Materia de Trabajo, y Plenos Regionales en Materias Penal y de Trabajo. Ellos argumentan que la reforma judicial podría poner en riesgo los compromisos internacionales de México, particularmente en lo referente a la independencia de los tribunales.
Documento entregado hoy a las Cámaras de Diputados y Senadores en el que juzgadoras y juzgadores, integrantes del #PJF, expresan su desacuerdo con la iniciativa de reforma judicial en los términos presentados por el titular del Ejecutivo Federal, pues incumple distintos… pic.twitter.com/Tofd17wyut
No obstante, la postura del gobierno federal ha sido clara en cuanto a que la reforma busca fortalecer la transparencia y eliminar la corrupción dentro del Poder Judicial, sin interferir con la independencia judicial necesaria para mantener la confianza en las instituciones.
La Relación Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá
Los críticos de la postura de los jueces sostienen que la reforma no está diseñada para afectar la relación comercial de México con sus socios del T-MEC. Desde la implementación del tratado, México ha mantenido un papel crucial como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, y cualquier insinuación de que la reforma podría desestabilizar esta relación carece de fundamento.
Además, las autoridades mexicanas han asegurado que las reformas propuestas están alineadas con los compromisos internacionales de México, incluyendo el respeto a la independencia judicial y el fortalecimiento de los sistemas de justicia laboral. Las afirmaciones de que las reformas judiciales afectarían las obligaciones de México bajo el T-MEC, por tanto, parecen más una táctica de desinformación impulsada por sectores conservadores que buscan mantener privilegios dentro del Poder Judicial.
Compromiso con la Independencia Judicial y la Transparencia
El presidente López Obrador y su administración han reiterado que la propuesta de reforma judicial no tiene la intención de interferir con la independencia de los tribunales, sino más bien de asegurar que el sistema judicial mexicano funcione de manera justa y transparente. Esta postura busca poner fin a prácticas de nepotismo y corrupción que han minado la confianza en el sistema judicial y asegurar que todos los ciudadanos, así como los inversionistas extranjeros, puedan confiar en la imparcialidad de las decisiones judiciales en México.
De acuerdo con el gobierno, la elección en las urnas de jueces, magistrados y ministros, propuesta en la reforma, busca democratizar el acceso a estos puestos y hacer que el sistema judicial sea más responsable ante la ciudadanía, sin comprometer su independencia ni la estabilidad de los acuerdos internacionales.
En medio de las protestas contra la reforma al Poder Judicial, que ha propuesto el gobierno federal, se han detectado actos de desinformación protagonizados por estudiantes de universidades que han sido cooptadas por sectores conservadores. Este fenómeno se ha evidenciado a través de redes sociales, donde se han viralizado imágenes y comentarios que muestran un nivel preocupante de desconocimiento sobre el proceso legislativo en México.
Un caso destacado es el de un estudiante de preparatoria, quien en una manifestación portaba un cartel con el mensaje: “Soy estudiante de preparatoria y hasta yo sé que la ley no se vota”. Este acto ha sido interpretado como un reflejo de la falta de información adecuada, ya que todas las leyes en México son votadas en el Congreso Federal, los congresos estatales o los cabildos municipales, e incluso los reglamentos universitarios son aprobados en los consejos universitarios. El periodista Jorge Gómez Naredo compartió esta imagen en su cuenta de Twitter, señalando el nivel de desinformación al que han llegado ciertos sectores de la derecha mexicana.
Todas las leyes se votan o en el Congreso federal o en los estatales o en los cabildos. Hasta las leyes y reglamentos universitarias se votan en consejos universitarios
Todas.
A ese nivel de desinformación llegan ciertos sectores de la derecha mexicana. pic.twitter.com/0aJfoccY3c
Las protestas y manifestaciones han sido motivadas, en gran parte, por la resistencia de estos sectores a perder los privilegios que mantienen en el Poder Judicial. El presidente López Obrador ya había mencionado en múltiples ocasiones lo mal informados que estaban los estudiantes de la derechizada UNAM y de otras universidades. Según el mandatario, la reforma propuesta busca acabar con las cúpulas de corrupción y el nepotismo dentro del Poder Judicial, abrir los puestos a procesos más transparentes, y reforzar la autonomía de estos órganos, que actualmente están bajo el control de minorías con intereses particulares.
A medida que se avanza en el debate sobre la reforma, es vital que se mantenga un flujo de información veraz y se eduque a la población sobre los cambios propuestos y sus implicaciones para el sistema de justicia en México.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha dado un paso importante en la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación, a pesar de los intentos de obstrucción por parte de algunos jueces y partidos de oposición. Este domingo, se le dio publicidad al dictamen de reforma, citando a los diputados para iniciar el análisis formal de la iniciativa el próximo martes 3 de septiembre a las 10:00 horas en el pleno de San Lázaro.
La maniobra legal para frenar la reforma
Tras la entrega del sexto y último informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta de la Mesa Directiva, Ifigenia Martínez, convocó a una sesión ordinaria para cumplir con el trámite de darle publicidad al dictamen de reforma. Sin embargo, desde el inicio de la sesión, partidos de oposición manifestaron su inconformidad, argumentando que dos jueces de distrito de Morelos y Chiapas habían otorgado amparos para evitar que la reforma se discutiera.
Rubén Moreira, coordinador del PRI, anunció la retirada de su bancada, alegando que no podían debatir el dictamen debido a las suspensiones concedidas por los jueces. De manera similar, Agustín Rodríguez Torres del PAN rechazó la orden del día, argumentando la necesidad de respetar las suspensiones otorgadas por juzgados federales y propuso la realización de foros de parlamento abierto para debatir nuevamente la reforma.
Acusaciones de corrupción y nepotismo en la oposición
En contraste, representantes de los partidos Morena, PT y PVEM denunciaron las maniobras como intentos desesperados de proteger las profundas redes de corrupción y nepotismo dentro del Poder Judicial. Ricardo Mejía Berdeja, del PT, señaló que los amparos eran “promovidos por sus colegas jueces” para favorecerse entre ellos mismos. Propuso desestimar las suspensiones y continuar con el proceso de reforma, calificándolas de “seudo suspensiones” y “la nada jurídica”.
Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, subió a la tribuna para pedir el rechazo a los amparos, afirmando que eran improcedentes y violaban la Constitución. Monreal citó artículos de la Ley de Amparo y la Carta Magna que establecen la improcedencia del juicio de amparo en casos de reformas constitucionales y subrayó la imposibilidad de que el Poder Judicial interfiera en las decisiones del Legislativo.
“Por eso no aceptamos la tiranía de la toga y el birrete, de jueces incompetentes a quienes ahora quieren colocar como héroes, cuando no son más que vulgares violadores de la Constitución. (…) Estoy seguro de que, con esta resolución emitida con fines no jurídicos, los propios jueces de distrito, magistrados y ministros que conocen de derecho deben sentirse avergonzados ante tal chicana. En mi pueblo, les llaman abogados huizacheros”, recalcó Monreal
Monreal calificó las acciones de los jueces como una “vulgar violación” de la Constitución, denunciando lo que consideró un acto de “tiranía de la toga y el birrete” por parte de jueces incompetentes. Este enfrentamiento generó un ambiente de tensión en la Cámara de Diputados, con gritos de “¡quieren llorar, quieren llorar!” de la mayoría oficialista hacia los diputados de oposición.
El camino hacia la reforma del Poder Judicial
La disputa evidencia la profunda división entre los partidos políticos en México en torno a la reforma al Poder Judicial, una iniciativa que pretende acabar con las redes de corrupción y nepotismo en los órganos de impartición de justicia del país. La mayoría oficialista insiste en la necesidad de avanzar con la reforma para fortalecer la democracia y la legalidad en México, mientras que los partidos de oposición y algunos jueces buscan frenar el proceso con argumentos legales que han sido cuestionados por el gobierno.
El debate continuará en los próximos días, y la sesión del martes en San Lázaro será clave para el futuro de la reforma. La resolución de este conflicto determinará si México da un paso hacia un Poder Judicial más transparente y eficiente o si las maniobras obstruccionistas logran frenar el avance de esta crucial reforma.
En un reciente tuit, Claudio X. González, destacado empresario y activista político, ha pedido a los senadores de oposición votar en contra de la reforma al poder judicial y otros elementos del denominado “Plan C”. En la imagen compartida, González incluye fotografías de senadores del PAN, PRI, PRD, y, sorprendentemente, de Movimiento Ciudadano, un partido al que ha criticado abiertamente en numerosas ocasiones.
Este llamado a la unidad de la oposición levanta sospechas sobre las verdaderas intenciones de González. Hace apenas unos meses, González hablaba de manera despectiva sobre Movimiento Ciudadano, sugiriendo que su postura política era un obstáculo para la unidad opositora. Sin embargo, ahora parece buscar su apoyo para frenar una reforma que democratizaría la elección de jueces y magistrados, aumentando la transparencia y la imparcialidad en la impartición de justicia en México.
Te la pasaste atacando a MC y diciendo que no eran opositores. Y ahora los cuentas como oposición. De verdad Claudio eres lo peor junto a los dirigentes de los partidos que le pudo pasar a México.
La Reforma Al Poder Judicial propuesta en el “Plan C” tiene como uno de sus objetivos principales democratizar el proceso de selección de jueces y magistrados, un cambio que necesario para eliminar la corrupción y el nepotismo del Poder Judicial. Esta propuesta busca fortalecer la independencia del poder judicial, permitiendo que jueces y magistrados sean seleccionados de manera más transparente y sin la influencia de intereses partidistas o económicos.
El repentino cambio de postura de Claudio X. González, de criticar a Movimiento Ciudadano a buscar su respaldo, sugiere una estrategia más centrada en proteger ciertos intereses que en verdaderamente abogar por la democracia y la justicia en México. Es crucial cuestionar si sus acciones están alineadas con el interés público o si responden a motivaciones políticas que buscan mantener el status quo en el sistema judicial mexicano.
La democracia se fortalece con la participación informada y crítica de la ciudadanía. Es fundamental que los actores políticos y sociales sean consistentes en sus principios y que sus llamados a la acción reflejen un compromiso genuino con la transparencia, la justicia y el bienestar de todos los mexicanos.
Según diversos medios, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, ha convocado de manera urgente a los ministros y ministras que conforman el pleno de la Corte a una reunión a las 11:30 AM. En esta reunión, se propone ampliar el paro de labores que actualmente afecta al Poder Judicial para que también abarque a la SCJN.
La propuesta de la Ministra Presidenta llega en un contexto de tensiones crecientes dentro del Poder Judicial, tras su voto reciente en el Consejo de la Judicatura para continuar con el pago al personal que se encuentra en paro. Asimismo, en conjunto con jueces y magistrados, Piña Hernández busca dar trámite a un expediente “varios” que permitiría alejarse del criterio jurisprudencial de que la Constitución no puede ser analizada por el Poder Judicial de la Federación cuando viola derechos humanos, abriendo así la posibilidad de impugnaciones a la reforma constitucional que afecta a los poderes judiciales.
Este jueves, trabajadores del Poder Judicial han bloqueado todos los accesos del edificio de la Suprema Corte en protesta. Se prevé que este bloqueo dure hasta las 15 horas, aunque los manifestantes no han confirmado la duración exacta de la protesta.
Las manifestaciones y bloqueos recientes responden a la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual ha generado controversia tanto dentro como fuera del país. Esta reforma plantea que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular en dos elecciones especiales previstas para 2025 y 2027. Además, propone reducir el número de ministros de la Corte de 11 a 9 y modificar la duración de su cargo de 15 a 12 años.
Se espera que la reforma al Poder Judicial sea discutida en el Congreso tan pronto como el 1 de septiembre, y ha provocado numerosas protestas y manifestaciones de trabajadores y estudiantes de derecho. Estos últimos han señalado que la elección popular de jueces no garantiza una mejora en la impartición de justicia y podría comprometer la independencia judicial.
El abogado Diego Valadés Ríos, uno de los más acérrimos detractores de la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en el centro de la controversia por ser, a su vez, un beneficiario de los privilegios que dicha reforma busca eliminar. Valadés, quien fue nombrado Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, ha gozado de una pensión vitalicia desde hace casi tres décadas, a pesar de haber ocupado el cargo durante apenas siete meses.
Nombrado Ministro de la SCJN en mayo de 1994, en medio de las investigaciones por el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, Valadés fue uno de los nueve ministros removidos de su cargo en diciembre de ese mismo año como parte de la reforma al Poder Judicial implementada por el entonces presidente Ernesto Zedillo. Sin embargo, conforme al decreto de Zedillo, los ministros de la Corte extinta continúan recibiendo una pensión vitalicia que, según información del Poder Judicial, asciende a 286,423.84 pesos mensuales en términos brutos.
La pensión vitalicia al mes de Diego Valadez que le pagamos con presupuesto de la Suprema Corte, de la que acaba de hablar el presidente AMLO, asciende a 286 mil pesos. Laboró como ministro sólo 4 meses, en 1997. Desde entonces es vividor del erario. Aquí la lista completa: pic.twitter.com/po7afqiVmJ
En marzo de 2019, el propio Poder Judicial informó que Valadés, junto a otros ocho ministros en retiro, recibe esta pensión, la cual ha ido incrementándose anualmente. Además, a este monto se suma el pago por viudez para las parejas de los ministros fallecidos, con una cuota que comienza en el 80% del total de la pensión durante el primer año y se reduce gradualmente hasta el 50% en los años subsecuentes.
A pesar de haber sido parte del equipo que impulsó la reforma judicial de 1994, Valadés se ha posicionado en contra de las reformas propuestas por López Obrador, que incluyen la elección popular de jueces, magistrados y ministros. En una conversación con la periodista Carmen Aristegui, Valadés aseguró que estas reformas buscan concentrar el poder en la figura presidencial, argumentando que “México está estableciendo con esto la posibilidad de un sistema absolutista ahora presidencial, ahora republicano, antes monárquico, sin miramientos”.
En la conferencia matutina de este miércoles, el presidente López Obrador respondió a las críticas sobre los altos salarios y pensiones en el Poder Judicial, identificando a Valadés como una de las voces que se resisten a terminar con estos privilegios, de los cuales, señaló, es un claro beneficiario.
Valadés fue también Procurador General de la República durante la administración de Salinas de Gortari, en cuyo mandato ocurrió el asesinato de Colosio. Durante su breve gestión al frente de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), fue consignado Mario Aburto como el autor material del crimen, aunque la investigación siempre estuvo rodeada de controversias y deficiencias, como ha señalado la Fiscalía General de la República (FGR) en investigaciones recientes.
Además de Valadés, otros ocho ministros retirados de la SCJN extinta continúan recibiendo pensiones vitalicias, entre ellos: Victoria Adato Green, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Irma Cue Sarquis y Ulises Sergio Schmill Orodoñez. La información, publicada originalmente por la periodista Nancy Flores, subraya los altos costos que estas pensiones representan para el erario, en un contexto donde el debate sobre la reforma judicial y los privilegios de la clase política sigue polarizando a la sociedad mexicana.
En un mensaje dirigido a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que están siendo “engañados” respecto a la reforma al Poder Judicial que su gobierno impulsa en el Congreso.
El mandatario emitió estas declaraciones luego de que miles de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM se manifestaran en contra de la reforma, marchando desde su facultad hasta el edificio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ubicado al sur de la Ciudad de México.
Según López Obrador, los estudiantes están recibiendo información sesgada por parte de algunos de sus maestros, quienes les aseguran que la reforma es “injusta, ilegal y antidemocrática”.
“¿Qué es lo que significa la reforma? Es limpiar esa corrupción, que nunca más vuelvan a darse esos abusos y ya acabar con la hipocresía, porque resulta que estos señores se presentan como blancas palomas y quieren darnos clase de legalidad, Estado de derecho, ¿cuál Estado de derecho? Si ellos encarnan el estado de chueco, de cohecho”, enfatizó.
López Obrador también lamentó el impacto negativo que tuvo el periodo neoliberal en la UNAM, institución que describió como su “alma mater”.
El presidente fue especialmente crítico con ciertos abogados que han pasado por la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, argumentando que la reforma judicial es necesaria para eliminar la corrupción y evitar futuros abusos contra el pueblo mexicano.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, aseguró que la reforma judicial no resolverá todos los problemas de la administración de la justicia, pero sin ella no será posible avanzar en el desarrollo y la democratización del país. Estas declaraciones fueron realizadas durante un foro informativo celebrado en el auditorio “Enrique Bátiz” de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al que asistieron más de mil quinientos vecinos interesados en conocer los detalles de esta trascendental transformación.
Batres Guadarrama enfatizó que “si no se democratiza el Poder Judicial no va a avanzar absolutamente ninguna transformación en favor de la justicia; es una condición indispensable”. La ministra subrayó que el Poder Judicial no es propiedad de jueces, magistrados o ministros, ni siquiera de los trabajadores, sino del pueblo mexicano, quien tiene el derecho inalienable de reformar sus instituciones en todo momento.
Agradezco la invitación a este magnífico evento a @daniel_ser, presidente municipal electo de Cuautitlán Izcalli. Maravilloso, el clamor popular por la reforma judicial. pic.twitter.com/n7rgskG7Ii
El evento fue organizado por el presidente municipal electo de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, quien expresó su agradecimiento hacia Lenia Batres por su valentía al enfrentar persecuciones y hostigamientos por simplemente llevar información al pueblo. Serrano también destacó la relevancia de que una representante del pueblo ocupe un lugar tan importante en la SCJN, señalando que “es la primera vez que una de nosotras, de nosotros, del pueblo, se encuentra en esta instancia”.
Muchas gracias por tu amor a nuestro pueblo, por tu valentía y compromiso @LeniaBatres Cuautitlán Izcalli siempre será tu casa! Te abrazamos. https://t.co/W7VUe20kGn
Este jueves, la ministra Batres, conocida por algunos como “la ministra del pueblo”, participará en una mesa de análisis titulada “Sobrerrepresentación y reformas estructurales”, organizada por el Centro de Análisis de Coyuntura Económica Política y Social (CACEPS) de la Facultad de Economía de la UNAM. El objetivo es examinar críticamente dos temas de relevancia en la agenda nacional actual.
