El pasado fin de semana, un pequeño grupo de personas, presuntamente trabajadores del Poder Judicial, se manifestó en las afueras del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Magdalena Mixhuca.
En redes sociales, personas contrarias a los intereses de la mayoría de los mexicanos y defensoras de los privilegios de jueces, magistrados y ministros, hicieron viral una fotografía y videos donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se paraban frente a los manifestantes para evitar que fueran agredidos.
En el video difundido por este grupo, alegaban que los policías los estaban reprimiendo, aunque no se observó tal acción. Ante esto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló en conferencia de prensa que esa información era totalmente falsa.
📹 #Vídeo | La Jefa de Gobierno detalló que es falso el que se le haya reprimido al pequeño grupo de personas integrantes del Poder Judicial cuando protestaban a las afueras del Autódromo Hermanos Rodríguez, lo que intentaban este pequeño grupo era impedir que quienes pagaron… pic.twitter.com/jOTRFnNg1w
“Lo que este grupo de trabajadores del PJ intentaba era impedir que las personas ingresaran al evento de la F1, y la policía capitalina solo los replegó de manera pacífica para que no afectaran a quienes iban al evento. Sin embargo, en todo momento se privilegió su derecho a la manifestación”, aseguró la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
Desde que comenzaron las manifestaciones y protestas por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, han cerrado calles y edificios y se han expresado libremente, sin que haya existido algún enfrentamiento con la policía capitalina.
A pocas horas de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados retome el análisis de la reforma de supremacía constitucional promovida por Morena, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, reiteró su postura en contra de la propuesta. Esta reforma busca reforzar la capacidad del Poder Legislativo para modificar la Constitución y evitar que el Poder Judicial bloquee tales cambios mediante amparos o acciones de inconstitucionalidad.
Laynez argumentó que la reforma, que incluiría un artículo transitorio para aplicar las nuevas disposiciones incluso en casos en curso, sería “retroactiva” e inconstitucional. Sin embargo, los legisladores de Morena defienden la medida como un ejercicio legítimo de sus facultades para evitar que el Poder Judicial intervenga en asuntos que responden al interés colectivo y al desarrollo institucional del país.
📹 #Vídeo | Sale Laynez a llorar por la reforma de supremacía constitucional que impide que meta las manos por sus amigos conservadores. Se lamenta porque ahora el pueblo manda.
En declaraciones para Radio Fórmula, Laynez describió la reforma como un “obstáculo” para la Corte en su función de análisis, afirmando que esto afectaría no solo al Poder Judicial, sino también a los derechos ciudadanos. Sin embargo, la postura de Laynez refleja la resistencia de ciertos sectores del Poder Judicial que buscan mantener intacta su capacidad de intervenir en decisiones del Congreso, especialmente aquellas que tocan intereses particulares y privilegios en el ámbito judicial.
Esta reforma, denominada de supremacía constitucional, responde a un contexto en el que el Poder Legislativo busca garantizar la supremacía de la Constitución sin interferencias del Poder Judicial, un principio que ha sido obstaculizado por ministros que, como Laynez, ven en ello una pérdida de su poder. Al respecto, voces del Congreso sostienen que la reforma es una medida justa y necesaria para reforzar el equilibrio de poderes, donde el Legislativo actúe en función de su mandato popular.
Además, el ministro Laynez advirtió que esta reforma permitiría al Congreso aprobar cambios sin que el Poder Judicial pueda obstaculizarlos, una preocupación que parece reflejar más el temor a perder privilegios que un riesgo real para los ciudadanos. Para algunos analistas, esta defensa a ultranza de la intervención judicial sobre el trabajo legislativo expone cómo ciertos actores dentro del Poder Judicial buscan proteger su propio control, incluso por encima de la voluntad popular expresada en el Legislativo.
El proceso sigue en curso, y la votación en el Congreso marcará un momento decisivo sobre la autonomía del Legislativo para llevar a cabo reformas constitucionales y consolidar una auténtica supremacía constitucional. La reforma podría sentar un precedente que obligue a la Corte a respetar las decisiones del Congreso sin condicionamientos, algo que Laynez y otros ministros ven con recelo.
La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que inicie un proceso contra la jueza federal Nancy Juárez, luego de que esta ordenara suspender la publicación de la Reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La solicitud de Godoy, hecha pública a través de un documento difundido por la periodista Azucena Uresti, subraya que la decisión de la jueza no tiene sustento legal y representa una interferencia indebida en el proceso constitucional.
Choque de competencias: jueza versus constituyente
La Consejería Jurídica argumenta que el Poder Judicial carece de facultades para detener o invalidar una reforma constitucional, lo que convierte la suspensión ordenada por la jueza Juárez en una “extralimitación de sus competencias”. Según Godoy, la única entidad con autoridad para modificar la Constitución es el Constituyente Permanente, formado por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales. En este sentido, la intervención judicial es vista como un ataque directo a la soberanía legislativa.
La polémica surgió cuando la jueza Juárez bloqueó la publicación de una reforma promovida por el Ejecutivo Federal que propone cambios profundos en el Poder Judicial. Entre estos cambios destacan la reestructuración del proceso de selección de jueces y magistrados, una medida que, según el gobierno, busca mayor transparencia y eficacia en el sistema judicial. La suspensión de esta reforma ha generado un conflicto institucional, ya que para el Ejecutivo, esta acción judicial es un precedente peligroso que permitiría que jueces interfieran en procesos legislativos clave.
Consecuencias institucionales
En su oficio dirigido a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, la Consejera Jurídica insta a que se tomen medidas urgentes para evitar que jueces de distrito sigan bloqueando la aplicación de reformas constitucionales. Godoy destaca la importancia de limitar este tipo de resoluciones, que considera fuera del ámbito de competencia del Poder Judicial. Asimismo, solicita activar el Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Poder Judicial para investigar si la jueza Juárez cometió alguna falta administrativa con su decisión.
Peligros del precedente judicial
Godoy advirtió que permitir este tipo de resoluciones judiciales podría sentar un precedente peligroso, en el que jueces de distrito puedan intervenir en la implementación de reformas aprobadas legítimamente por el Congreso. Según la Consejería Jurídica, esta práctica podría desvirtuar el equilibrio de poderes en México, interfiriendo con la labor del Constituyente Permanente, que tiene la exclusividad en la aprobación y modificación de la Carta Magna.
Finalmente, la Consejería Jurídica hizo un llamado a la SCJN y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que implementen mecanismos que garanticen que los jueces se abstengan de tomar decisiones que paralicen reformas constitucionales. Esta acción busca evitar futuras suspensiones y mantener la autonomía del proceso legislativo frente a injerencias judiciales que puedan afectar la estabilidad institucional del país.
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña, fue nuevamente cuestionada por mantener altos salarios a pesar del paro de labores en el Poder Judicial, un conflicto que sigue en la mira del Gobierno de México y del mismo pueblo inconforme con sus privilegios.
En un llamado enfático, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que “todos deben volver a trabajar”, recordando que las instituciones ya han avalado la continuación de los procesos electorales, subrayando la importancia de la elección de jueces, magistrados y ministros que se realizará en 2025. “Vamos a ser responsables y un ejemplo para el mundo de cómo en México hay democracia”, señaló, en referencia a la histórica reforma que permitirá a los ciudadanos elegir a las figuras del Poder Judicial.
Es muy importante y un reconocimiento (al CJF), es una decisión del pueblo de México la reforma constitucional al Poder Judicial (…) Esta decisión de que los jueces y juezas tengan que regresar a sus labores”.
El Consejo de la Judicatura Federal resolvió, con una votación dividida, la reanudación de actividades en todos los tribunales y juzgados del país, tras más de dos meses de suspensión. La medida pone fin a un paro que comenzó como protesta por la reforma que busca democratizar la elección de jueces y magistrados, permitiendo que la ciudadanía participe directamente en la selección de los ministros de la Suprema Corte.
La decisión fue respaldada por los consejeros progresistas Bernardo Bátiz, Eva Verónica De Gyvés, Celia Maya y Sergio Javier Molina, quienes abogaron por la necesidad de reactivar el sistema de justicia para el bienestar del pueblo. Por otro lado, la ministra presidenta Norma Piña y otros dos consejeros se mantuvieron en contra de la resolución, defendiendo la postura de mantener el paro hasta solucionar las demandas internas del gremio.
A partir del 24 de octubre, todos los órganos jurisdiccionales están obligados a retomar actividades, y se advierte de sanciones a quienes persistan en el paro. Este fallo es un paso clave hacia el fortalecimiento de la justicia en México, y un avance más en el camino hacia una mayor transparencia y participación democrática en el país.
La presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, convocó a una sesión extraordinaria del Pleno, que se está llevando a cabo en estos momentos, para evaluar la posibilidad de solicitar el apoyo de la fuerza pública con el fin de que los trabajadores en desacuerdo con la reforma al Poder Judicial permitan la salida del personal de las instalaciones del CJF. Esto después de que los empleados intensificaron sus protestas bloqueando los accesos al edificio.
La sesión comenzó después de las 22:00 horas, con la participación presencial de Piña Hernández y los consejeros Lilia Mónica López Benítez, José Alfonso Montalvo Martínez, Celia Maya García y Sergio Molina Martínez. De manera remota, están presentes el consejero Bernardo Bátiz Vázquez, quien ha seguido la sesión en línea durante el miércoles, y Eva Verónica de Gyvés Zárate, quien logró salir del edificio mezclándose con el grupo de trabajadores que fue autorizado a retirarse cerca de las 20:30 horas.
Los empleados, en desacuerdo con la Circular 23/2024, intensificaron su protesta al bloquear la salida de los consejeros tras conocer las disposiciones que indican que a partir de este jueves deben reanudarse las actividades en todos los juzgados y tribunales. La circular también establece que los impartidores de justicia deberán reportar las irregularidades o ausencias de quienes continúen con la suspensión de labores. Además, los jueces y magistrados que lo requieran podrán contar con el apoyo del coordinador de seguridad para ingresar a los inmuebles.
Ante esta situación, Piña Hernández convocó al Pleno para discutir las medidas a tomar frente al bloqueo, que es sostenido por aproximadamente 150 trabajadores. Según fuentes del Poder Judicial Federal, la ministra mencionó que sometería a votación el uso de la fuerza pública, aunque aclaró que no está a favor de reprimir a los manifestantes.
Los trabajadores han declarado que mantendrán el bloqueo durante toda la noche y exigen que una comisión sea recibida por los consejeros para discutir sus demandas.
Duarnte su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió este miércoles con firmeza a la notificación emitida por la jueza Nancy Juárez, quien pidió que se retirara del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al Poder Judicial que impulsa la democratización de esta institución. En su intervención, Sheinbaum calificó la notificación de la jueza como carente de fundamento legal y sin efectos, señalando que el documento incluía un código QR inservible que no lleva a ningún lado.
“Sí, fíjense, esto está muy bueno también, buenísimo. Fíjense, llega una notificación a la Consejería Jurídica, esa notificación de este juzgado de la jueza viene un texto y dice: véase la notificación en este QR. ‘El QR ha sido eliminado’”, dijo.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @ClaudiaShein denunció que Consejería Jurídica de Presidencia recibió como notificación para eliminar la Reforma al Poder Judicial del #DOF un código QR que no funciona. La presidenta agregó que se pidió a un notario público certificará que el… pic.twitter.com/gkvwnIZCop
Con tono irónico, Sheinbaum comentó: “A ver, que Harvard nos diga por qué el QR no se abrió”, lo cual desató risas entre los presentes en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. La referencia hizo alusión a un reciente evento en la Universidad de Harvard, donde el ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, abordó las reformas judiciales y los requisitos para los futuros jueces y magistrados.
Notificaciones sin respaldo legal y con irregularidades
Sheinbaum explicó que, al intentar validar la notificación, su equipo descubrió que el código QR proporcionado en el documento estaba desactivado, evidenciando un intento fallido de la jueza por obstaculizar las reformas impulsadas para hacer más democrático al Poder Judicial. “Sí viene un texto y dice ‘véase la notificación en este QR’, pero el QR ha sido eliminado. O sea, no hay notificación”, subrayó la mandataria.
En este sentido, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, solicitó que el Notario Público No. 176 certificara esta irregularidad, confirmando que la notificación no tenía validez alguna. Sheinbaum enfatizó que su gobierno está actuando conforme a la ley y amparado en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que este tipo de medidas no aplican en el caso de reformas constitucionales.
La mañana de este lunes, un grupo de jueces y magistrados del Poder Judicial comenzaron sus propias conferencias matutinas, a las que también han llamado “mañaneras”, esto como un intento de defender sus privilegios a costa del pueblo de la Reforma al Poder Judicial, sin embargo, este primer intento pareció ser un fracaso.
Previo a las 9 de la mañana, Adriana Ortega y los magistrados Juan José Olivera y José Rogelio Alanís García se presentaron en el recinto donde más de una decena de corresponsales de la prensa esperaban las declaraciones de los conservadores.
📹 #Vídeo | Con esta conferencia se le dará respuesta a lo que digan en la Mañanera del Pueblo; sin embargo, lo que hoy se tocó ahí no se brindará información hasta mañana, pero se hablara del comunicado de la FGR donde asegura que un juez federal no ha querido girar ordenes de… pic.twitter.com/u5vJuarIus
Desde iniciada la rueda de prensa, los ponentes mencionaron que el espacio es para responder a las declaraciones de la mandataria federal, pero este primer día omitieron esta parte, señalando que sería mañana el día en que comenzarán con esa sección; en el mismo sentido, se explicó que se atenderían preguntas, pero muchas de estas no sería respondidas en el momento hasta un posterior análisis, hecho que ha generado dudas.
Entre los temas tratados, la jueza y los magistrados no desaprovecharon para lanzarse en contra de la líder del Ejecutivo federal, sobre la que mencionaron que esta en su derecho de opinar sobre la indicación de eliminar la publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero agregaron que la mandataria debería, a su parecer, meter un recurso judicial sobre el caso.
En redes sociales llamó la atención no solo este nuevo intento de desacreditar al movimiento de la Cuarta Transformación, sino su mala ejecución, ya que además de los evidentes problemas técnicos, no se cumple con la premisa de un dialogo entre representantes del PJ y la prensa, como si ocurre entre el Ejecutivo y los medios de comunicación en las mañaneras del pueblo.
📹 #Vídeo | Así de atropellada e improvisada luce la "mañanera" del Poder Judicial, su aparente nueva medida en contra de la ya promulgada Reforma a la impartición de justicia. pic.twitter.com/rJuHVfBOH4
Este lunes, la jueza Nancy Juárez Salas, titular del juzgado décimo noveno del estado de Veracruz, ofreció una entrevista para MVS, en donde aprovechó para volver a lanzarse en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a la cual acusó de “despreciar” a la Constitución, a las instituciones y al pueblo de México, esto luego de que la mandataria desestimó los recursos presentados en contra de la ya promulgada Reforma al Poder Judicial.
Pese a que desde Palacio Nacional e infinidad de foros se ha discutido y explicado que la jueza Salas no tiene atribuciones para echar atrás una reforma ya aprobada y promulgada, la “impartidora de justicia” insistió en que “el Poder Judicial tiene la facultad de intervenir cuando se interponen amparos que alegan violaciones a los derechos humanos.”
“Nosotros somos quienes defendemos al pueblo de los actos arbitrarios de cualquier autoridad”, aseguró sin reparo la conservadora, a la par que lamentó que la Presidenta no le siga el juego y ésta no haya interpuesto ningún recurso de apelación según establece la Ley de Amparo.
“Efectivamente, si la presidenta o cualquier otra autoridad desde su particular apreciación considera que un juez federal no tiene atribución, como lo han venido manifestando, lo que tendrían que hacer es recurrir con los recursos previstos en la Ley de amparo”.
Finalmente, la jueza mencionó que el incumplimiento de la orden podría traer consecuencias legales a la Presidenta y cualquier otra autoridad que acate la suspensión judicial: “El artículo 107 de la Constitución establece sanciones penales, incluso la cárcel, para quienes desacaten una autoridad judicial”.
Este domingo 20 de octubre, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) lanzaron una serie de acusaciones contra la presidenta Claudia Sheinbaum, demostrando su falta de respeto a la legalidad de los procesos constitucionales y a la voluntad popular. A través de un comunicado difundido en redes sociales, los panistas intentaron descalificar la reforma judicial aprobada por la mayoría legislativa y ratificada por el pueblo en las urnas.
Lejos de aceptar la decisión del pueblo mexicano, que respaldó la reforma el pasado 2 de junio, el PAN insiste en frenar un proceso que busca democratizar el Poder Judicial. En lugar de acatar el mandato popular, los legisladores del PAN optaron por difundir acusaciones infundadas, afirmando que Sheinbaum está llevando a cabo un “golpe de Estado disfrazado” al mantener la reforma en el Diario Oficial de la Federación.
Las y los diputados federales del Grupo Parlamentario del PAN reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa del Estado de derecho, la democracia y el respeto irrestricto a la Constitución.https://t.co/RIxqXA8awCpic.twitter.com/PagBuqPkpm
Las críticas del PAN no son más que un intento por defender los privilegios de un sector que teme perder el control sobre el Poder Judicial. Al presentar un escrito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los panistas pidieron intervenir en un asunto que ya ha sido decidido de manera constitucional, ignorando así el deseo de la mayoría.
En lugar de defender la verdadera democracia, los diputados del PAN prefieren atacar a una presidenta que ha seguido los procedimientos establecidos en la Constitución y que cuenta con el respaldo de la ciudadanía. Al acusar a Sheinbaum de autoritarismo, lo único que hacen es intentar ocultar su incapacidad para aceptar una reforma que favorece la transparencia y la justicia en México.
El partido también mostró su preocupación por la demanda de Sheinbaum contra la jueza Nancy Juárez Salas, quien había emitido una suspensión definitiva contra la reforma. En lugar de reconocer que la reforma judicial ha sido aprobada conforme a la ley, el PAN prefiere alimentar un discurso de desinformación y confrontación.
Los intentos del PAN por desacreditar la reforma judicial solo reflejan su rechazo a los cambios que buscan poner fin a los privilegios y abusos dentro del sistema judicial. Mientras Morena y otros sectores apoyan la democratización del Poder Judicial, Acción Nacional continúa aferrado a un sistema que solo favorece a unos cuantos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha reafirmado su postura en defensa de la reforma al Poder Judicial, luego de que una jueza de Veracruz, Nancy Juárez Salas, ordenara retirar la iniciativa del Diario Oficial de la Federación (DOF). En un evento en Escárcega, Campeche, durante su gira política, Sheinbaum dejó claro que dicha medida no será acatada y acusó a la jueza de extralimitarse en sus funciones.
Sheinbaum, en medio de un multitudinario acto, señaló que la reforma busca garantizar la elección directa de jueces y magistrados, un proceso que, según la mandataria, es respaldado por el pueblo mexicano. “La jueza no tiene atribución jurídica para ordenar la eliminación de la reforma”, sostuvo tajante la presidenta, subrayando que la orden carece de sustento legal.
📹 #Vídeo | Firme en la defensa de la democratización, la Presidenta @Claudiashein le repite a los conservadores y a la jueza Nancy Juárez que no se va a bajar la #ReformaJudicial del #DOF y la transformación continuará. “Se está extralimitando”, señaló sobre Juárez Salas. pic.twitter.com/S7dih8KP7z
La controversia comenzó cuando Juárez Salas, desde Coatzacoalcos, Veracruz, emitió una resolución ordenando bajar del DOF la publicación de la reforma, argumentando que se trataba de una suspensión derivada de un amparo y basada en el Artículo 262 de la Ley de Amparo y el artículo 107 Constitucional. La jueza advirtió que el desacato a su mandato podría implicar hasta siete años de prisión para los responsables.
Sin embargo, Sheinbaum respondió que el Artículo 61 de la misma Ley de Amparo establece que las reformas constitucionales no pueden ser objeto de suspensión judicial. En este sentido, la mandataria reiteró que la decisión de elegir a los jueces es un mandato popular: “El pueblo eligió a sus gobernantes, diputados y senadores, y ahora también quiere elegir a jueces y ministros”.
El conflicto legal ha generado reacciones tanto a nivel judicial como político. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación votó mayoritariamente a favor de continuar con el paro de labores en los juzgados y tribunales de todo el país. Con 809 votos a favor y 497 en contra, los jueces decidieron suspender parcialmente sus actividades, a partir del lunes 21 de octubre, en protesta por la reforma.
