La propuesta de reforma de Claudia Sheinbaum busca limitar las pensiones de altos funcionarios, afectando a más de 700 jubilados de Luz y Fuerza del Centro.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa una reforma para poner un límite a las pensiones de exfuncionarios públicos, un cambio que impactaría a más de 700 exdirectivos de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Estos jubilados actualmente reciben pensiones que van de los 350 mil pesos a más de un millón mensuales.
La propuesta se discutirá la próxima semana en el Senado. Su objetivo es reformar el artículo 127 de la Constitución, poniendo fin a las llamadas “pensiones doradas”. Sin embargo, la iniciativa no afectará a los extrabajadores sindicalizados, quienes continúan con sus elevadas prestaciones debido a contratos colectivos.
Desde la desaparición de LyFC en 2009, más de 800 exdirectivos han recibido pensiones. De ellos, alrededor de 700 aún están vivos y gozan de ingresos superiores al promedio del sector público. Por ejemplo, el ingeniero Jorge Evodio Chapa de la Torre, exsubdirector de la empresa, recibe más de un millón de pesos al mes. Entró a trabajar a la compañía a los 16 años y tras 35 años de servicio obtuvo una pensión que ha ido creciendo considerablemente.
El contrato colectivo firmado con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en ese entonces permitió que los directivos disfrutaran de las mismas prestaciones que el personal sindicalizado, lo que explica estas pensiones tan elevadas. La nómina revela que tres exdirectivos reciben 971 mil pesos mensuales, mientras que otros perciben cantidades de hasta 918 mil y más de 700 mil.
Esta reforma podría traer un ahorro significativo al gobierno, estimado en 5 mil millones de pesos al año. Además de los jubilados de LyFC, la medida también afectaría a pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otros.
A pesar de que el gasto en pensiones de LyFC sigue siendo alto, con una erogación anual de cerca de 29 mil millones de pesos para 14 mil 73 jubilados, la mayoría corresponde a extrabajadores sindicalizados. Aunque algunos de ellos tienen pensiones altas, sus ingresos no cambiarán bajo esta nueva reforma debido a la protección de su contrato colectivo.
La medida busca ajustar un sistema que ha generado desigualdades. Al limitar estas pensiones, el gobierno mexicano intenta garantizar una mayor justicia económica en el sector público.
