Etiqueta: Represión

  • Vecinos denuncian represión en Miguel Hidalgo por protestar abandono del Parque Lira

    Adulta mayor de 72 años resultó lesionada tras forcejeo con policías durante protesta pacífica por falta de mantenimiento y seguridad.

    Un grupo de vecinos acusó a autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo de represión y uso excesivo de la fuerza durante una protesta pacífica para denunciar el abandono del Parque Lira, donde señalaron falta de limpieza, mantenimiento y seguridad.

    De acuerdo con testimonios, al menos 15 elementos de la Policía Auxiliar intervinieron cuando los manifestantes colocaban carteles y residuos recolectados del parque como parte de una acción simbólica. La protesta, realizada en la explanada de la alcaldía, buscaba visibilizar el deterioro del espacio público, pero derivó en empujones, amenazas y detenciones.

    Entre los casos más graves destaca el de María Teresa Angulo, de 72 años, quien denunció haber sido jaloneada violentamente por dos oficiales al intentar colocarle esposas. La mujer presentó lesiones en el brazo y fue trasladada a un hospital tras acudir al Ministerio Público para interponer una denuncia por agresión.

    Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del forcejeo, mientras otros vecinos exigían su liberación. Según los afectados, no hubo diálogo previo y al menos cuatro personas fueron llevadas al juzgado cívico, donde permanecieron retenidas por varias horas sin que se fincaran cargos.

    Los manifestantes señalaron como responsable del operativo a la comisionada de Seguridad Ciudadana en la demarcación, mientras que la alcaldía defendió la actuación policial al asegurar que se trató de un “arresto en flagrancia” por alterar el orden público al arrojar basura en la explanada, versión que fue rechazada por los vecinos.

    Con información de La Jornada.

  • Kast anuncia indultos para policías condenados por represión durante el estallido social de 2019 en Chile

    Kast anuncia indultos para policías condenados por represión durante el estallido social de 2019 en Chile

    El nuevo presidente chileno confirmó que utilizará la facultad de indulto para uniformados sentenciados por abusos durante las protestas que dejaron 30 muertos y cientos de heridos.

    El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció que analiza conceder indultos a policías y militares condenados por casos de represión durante el estallido social de 2019, una decisión que ha generado controversia en el país sudamericano por su impacto en los procesos de justicia relacionados con violaciones a derechos humanos.

    En una entrevista con Canal 13, el mandatario afirmó que utilizará la facultad presidencial de indulto, aunque aseguró que su gobierno revisará cada expediente antes de tomar una decisión definitiva. “La facultad de indulto la tiene el presidente de la República y yo la voy a utilizar. Estamos estudiando cada caso”, declaró el jefe de Estado.

    Las protestas iniciadas en octubre de 2019 durante el gobierno de Sebastián Piñera derivaron en una de las mayores crisis sociales recientes en Chile. De acuerdo con datos de la fiscalía chilena, entre octubre de 2019 y marzo de 2020 se registraron más de 35 mil delitos, de los cuales alrededor del 34 por ciento fueron atribuidos a agentes del Estado.

    El estallido social dejó al menos 30 personas fallecidas y 464 víctimas con lesiones oculares, según reportes oficiales, lo que provocó múltiples investigaciones y condenas contra integrantes de las fuerzas de seguridad por abusos cometidos durante las manifestaciones.

    Kast, quien en el pasado ha calificado las protestas como un “estallido delictual”, ya había adelantado durante su campaña presidencial que consideraba injustas algunas condenas contra carabineros, a quienes acusó de ser objeto de persecución judicial. Por ello, reiteró que su administración evaluará posibles liberaciones para uniformados sentenciados por estos hechos.

    El mandatario también ha señalado que analizará indultos para algunos exuniformados condenados por delitos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, etapa que dejó más de 3 mil 200 víctimas entre muertos y desaparecidos, lo que ha reavivado el debate político y social sobre memoria, justicia y derechos humanos en Chile.

  • Milei advierte a periodistas antes de protestas por reforma laboral y anticipa acción policial

    Milei advierte a periodistas antes de protestas por reforma laboral y anticipa acción policial

    El Gobierno argentino fijó “reglas” para la prensa y dejó claro que las fuerzas de seguridad intervendrán ante disturbios durante el debate legislativo.

    En un clima político cada vez más crispado, el gobierno de Javier Milei lanzó una advertencia directa a periodistas que cubrirán las movilizaciones contra su reforma laboral. A través del Ministerio de Seguridad Nacional, la administración libertaria informó que, ante hechos de violencia, “nuestras fuerzas actuarán”, un mensaje que para muchos suena más a amenaza que a protocolo preventivo.

    El comunicado oficial no solo anticipa la intervención policial, sino que establece indicaciones específicas para la prensa: delimita zonas de estacionamiento para móviles sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y recomienda no ubicarse entre manifestantes y fuerzas de seguridad, advirtiendo que no acatar las disposiciones podría implicar “autopuesta en peligro”. En otras palabras, si hay represión, la responsabilidad podría recaer también en quienes documenten los hechos.

    La advertencia se produce en la antesala del tratamiento en Diputados de la reforma laboral, que ya obtuvo media sanción en el Senado y ha provocado fuertes movilizaciones sociales. La Asociación de Trabajadores del Estado convocó a una protesta frente al Congreso, mientras crece el rechazo sindical a la iniciativa oficial.

    El antecedente inmediato no es menor: la semana pasada hubo detenciones durante manifestaciones similares. Ahora, con un mensaje que condiciona la cobertura periodística, el Ejecutivo parece optar por blindarse ante posibles críticas.

    La discusión de fondo ya no es solo la reforma laboral, sino el tono de un gobierno que, frente a la protesta social, prioriza el despliegue de fuerza y marca límites a la prensa. En un país con una historia sensible en materia de represión y libertad de expresión, las advertencias oficiales no pasan desapercibidas.

  • Trump amenaza con enviar al ejército a reprimir protestas contra ICE en Minesota

    Trump amenaza con enviar al ejército a reprimir protestas contra ICE en Minesota

    El presidente de EUA, Donald Trump, advirtió que podría invocar la Ley de Insurrección para enviar militares a Minesota con el fin de reprimir protestas contra operativos del ICE.

    El presidente Donald Trump amenazó con recurrir al ejército estadunidense para contener las protestas contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis, luego de varios días de disturbios relacionados con operativos migratorios. El mandatario dijo que, de persistir la violencia, podría aplicar la Ley de Insurrección de 1807, una herramienta legal poco utilizada que permite el despliegue militar en territorio nacional.

    Las manifestaciones se intensificaron tras la muerte de Renee Good, quien fue abatida por un agente de ICE a principios de enero, y un nuevo tiroteo ocurrido esta semana, en el que un oficial federal hirió a un hombre durante un altercado. En respuesta, agentes federales utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes, mientras algunos grupos respondieron con piedras y fuegos artificiales.

    Autoridades locales criticaron la presencia federal. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, señaló que el despliegue de fuerzas migratorias ha generado miedo y tensión entre los residentes, al tiempo que el gobernador Tim Walz acusó al gobierno federal de llevar a cabo una campaña de fuerza que, dijo, ya rebasó el ámbito del control migratorio.

  • Agentes del ICE reprimen con gas a civiles en Mineápolis

    Agentes del ICE reprimen con gas a civiles en Mineápolis

    Un nuevo episodio de represión y abuso policial se registró en Mineápolis, en un clima de tensión debido al reciente asesinato de la civil Renee Good a manos de un agente de ICE.

    La tensión volvió a las calles de Mineápolis, donde agentes del ICE utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a una multitud que se congregó tras un choque automovilístico en el que estuvieron involucrados elementos federales. El incidente ocurrió a pocas cuadras del sitio donde, días antes, Renee Good fue asesinada por un agente de inmigración, hecho que detonó protestas en distintas ciudades de EUA.

    De acuerdo con lo ocurrido, las personas se reunieron para observar cómo un hombre era interrogado por los agentes, quienes momentos antes habían impactado su vehículo. La situación escaló rápidamente y los oficiales recurrieron al gas para desalojar a los presentes, retirándose del lugar entre gritos de reproche y consignas de la multitud.

    El episodio se suma a una serie de operativos migratorios y manifestaciones que han marcado a Mineápolis desde la muerte de Good, ocurrida el 7 de enero. Autoridades estatales y locales han cuestionado la actuación de los agentes federales, mientras el gobierno de Donald Trump ha defendido reiteradamente el uso de la fuerza, postura que continúa generando críticas y movilización social.

  • La DFS infiltró a espías en Avándaro: el festival que el gobierno quiso controlar

    La DFS infiltró a espías en Avándaro: el festival que el gobierno quiso controlar

    Documentos oficiales revelan que agentes jóvenes de la Dirección Federal de Seguridad asistieron días antes y durante el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, registrando nombres, actividades y hasta supuestos excesos de los asistentes.

    Tres días antes de Avándaro, agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) se infiltraron entre los estudiantes que planeaban asistir al festival de rock en Valle de Bravo. Según una investigación de Laura Sánchez Ley para Milenio, los policías jóvenes se mezclaron con universitarios de cabello largo y mezclilla deslavada, registrando movimientos, nombres de asistentes e incluso el certamen de Señorita Simpatía en la preparatoria.

    El 11 de septiembre de 1971, más de 150 mil jóvenes llegaron al evento, organizado por Eduardo López Negrete y Justino Compeán, inicialmente pensado como carrera automovilística. La DFS describió el festival con términos alarmantes: “aquelarre psicodélico”, consumo masivo de drogas, topless, amor libre y un supuesto 70% de asistentes intoxicados.

    Los reportes exageraban la realidad. Periodistas como Jorge Meléndez recuerdan que la mayoría eran familias que asistían a escuchar rock y que la presencia de drogas era minoritaria. La narrativa oficial estigmatizó a los jóvenes, prohibiendo publicar la crónica verdadera y reforzando la visión de Echeverría sobre una juventud “desbordada e inmoral”.

    Los documentos detallan la logística del festival: escenario central para 12 bandas, 200 elementos de seguridad, 150 mil cocacolas, 240 mil cervezas, 170 mil sándwiches y 100 mil cajetillas de cigarros. Todo esto evidencia la planificación profesional del evento, que buscaba combinar música y automovilismo con fines comerciales, sin intención política.

    Los informes posteriores describen con exageración desórdenes, consumo excesivo de alcohol y drogas, y actos inmorales, mientras medios sensacionalistas publicaron titulares como: “Infierno en Avándaro: encueramiento, mariguaniza y depravación”. Para Meléndez, fueron estrategias del gobierno para repudiar la cultura juvenil tras la masacre de 1968.

    Avándaro no solo fue un festival de música; se convirtió en símbolo de resistencia cultural y juvenil. A pesar de la censura, despertó interés en el rock y la libertad de expresión, demostrando que la narrativa oficial no siempre coincide con la realidad de los hechos.

  • Trump intenta reprimir protestas en Los Ángeles con amenazas de Ley de Insurrección

    Trump intenta reprimir protestas en Los Ángeles con amenazas de Ley de Insurrección

    El presidente Donald Trump ha intensificado su respuesta a las protestas en Los Ángeles, amenazando con invocar la Ley de Insurrección. Esta medida extrema revela su falta de comprensión sobre el derecho a la protesta y muestra un enfoque autoritario ante el descontento social.

    Trump argumenta que, sin el despliegue de casi 5 mil soldados, la ciudad estaría “en llamas”. Esta afirmación no solo es alarmista, sino que también ignora las causas profundas de las manifestaciones. Las protestas, que inicialmente fueron pacíficas, se desencadenaron por las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) contra migrantes indocumentados.

    El presidente justificó el uso de la Guardia Nacional y marines, alegando que era necesario “detener” a los manifestantes. Sin embargo, este enfoque militarizado solo exacerba la tensión en la ciudad. La Ley de Insurrección, que Trump parece estar dispuesto a utilizar, otorga al presidente poderes extraordinarios para reprimir disturbios. Esta medida ha sido criticada por muchos como un ataque a la democracia.

    Trump recientemente se comunicó con el gobernador de California, Gavin Newsom, instándolo a manejar mejor la situación. Esta interacción refleja la tensión entre ambos líderes. Newsom ha criticado públicamente las políticas de Trump, lo que resalta la falta de cooperación en momentos de crisis.

    La situación en Los Ángeles ha escalado durante cinco días consecutivos de protestas, que han pasado de ser pacíficas a violentas. La respuesta del presidente, en lugar de buscar un diálogo, ha sido invocar la violencia y la represión.

    La decisión de desplegar tropas sin el consentimiento del gobernador es sin precedentes. Muchos líderes locales y defensores de derechos civiles consideran que Trump está agravando la situación en lugar de buscar soluciones pacíficas. La historia recordará este episodio como un intento fallido de un presidente por controlar a su propia población a través del miedo y la fuerza.

    La administración de Trump, en lugar de buscar la paz, elige el camino del enfrentamiento, lo que pone en riesgo la estabilidad social y el respeto a los derechos humanos en Estados Unidos.

  • Periodista Ana Ronquillo es detenida y retirada del cabildo de Cadereyta tras enfrentar al alcalde

    Periodista Ana Ronquillo es detenida y retirada del cabildo de Cadereyta tras enfrentar al alcalde

    Un incidente en el cabildo de Cadereyta, Nuevo León, terminó con la periodista Ana Ronquillo esposada y expulsada del recinto mientras realizaba su labor informativa.

    Según el testimonio de la comunicadora, la situación se originó cuando intentó cuestionar al alcalde Carlos Rodríguez sobre la compra de vehículos para el municipio. Sin embargo, el edil evitó responder sus preguntas y se retiró a su oficina. Ronquillo decidió seguirlo y, al llegar a la recepción, fue interceptada por dos mujeres que le impidieron el paso. En ese momento, asegura haber escuchado la orden directa para que fuera retirada: “Que la retiren”.

    La periodista identificó a Joaquín Bautista, secretario particular del alcalde, como el responsable de dar la instrucción para que fuera sacada del lugar. Minutos antes, en una transmisión en vivo publicada en su medio Brújula Noticias, se le ve intentando acceder a la reunión, mientras dos funcionarios bloqueaban la entrada.

    Ronquillo fundó Brújula Noticias en enero de este año, y desde entonces ha publicado diversas investigaciones sobre la administración municipal. Hasta el momento, ni el alcalde ni su equipo han dado declaraciones sobre lo ocurrido.

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  • Milei descarga toda la fuerza del estado para reprimir protesta pacífica de jubilados a los que les cortó la pensión

    Milei descarga toda la fuerza del estado para reprimir protesta pacífica de jubilados a los que les cortó la pensión

    El día de ayer, lo que parecía ser una protesta pacífica de jubilados frente al Congreso de Argentina se convirtió ayer en el escenario de la mayor represión policial desde la llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023. El reclamo, que contaba con el apoyo de hinchas de fútbol, sindicatos y movimientos sociales, exigía una actualización de las pensiones y la continuidad de la moratoria previsional que vence en marzo. Sin embargo, la movilización derivó en un violento enfrentamiento cuando las fuerzas de seguridad intervinieron para desalojar a los manifestantes.

    La protesta había comenzado de manera tranquila. Los jubilados, afectados por los bajos ingresos que los condenan a la pobreza, exigían no solo el ajuste de las pensiones, sino también la restitución de la cobertura de medicamentos. Sin embargo, el amplio despliegue policial, con efectivos armados con escudos y bastones, rompió rápidamente con la calma del lugar.

    En cuestión de minutos, los agentes arremetieron contra los manifestantes utilizando gases lacrimógenos y golpeando a quienes se encontraban en la zona, despejando así la avenida Entre Ríos, frente al Palacio Legislativo. El gas irritante causó ardor en los ojos, la garganta y las fosas nasales de los presentes, muchos de los cuales no lograban comprender el nivel de violencia desplegado.

    A medida que los manifestantes intentaban reagruparse, un camión hidrante avanzó por la avenida Bartolomé Mitre expulsando potentes chorros de agua para dispersar a quienes persistían en acercarse a la plaza. En medio de la confusión, algunas voces alzaron consignas contra el gobierno y las fuerzas de seguridad, entonando canciones que denunciaban el abuso policial y cuestionaban el accionar gubernamental con frases como “Milei, vos sos la dictadura” y “qué triste debe ser tener que pegarle a un jubilado para poder comer”.

    La represión sorprendió incluso a quienes estaban acostumbrados a presenciar las tradicionales manifestaciones de los miércoles frente al Congreso, donde los jubilados históricamente se reúnen para exigir mejoras en sus condiciones de vida. Esta vez, el habitual acto de resistencia pacífica se transformó en una postal de violencia estatal, generando una fuerte reacción social y cuestionamientos hacia la gestión del gobierno.

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  • El gobernador Ricardo Gallardo, anuncia acciones penales contra periodistas que denunciaron aumentos impositivos en San Luis Potosí

    El gobernador Ricardo Gallardo, anuncia acciones penales contra periodistas que denunciaron aumentos impositivos en San Luis Potosí

    En una muestra más de autoritarismo, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha declarado que se tomarán medidas enérgicas contra quienes han divulgado información sobre los incrementos de impuestos propuestos en la Ley de Ingresos de 2025.

    Estas acciones incluirán la presentación de denuncias, que serán gestionadas por el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez. Las acusaciones se centrarán en publicaciones anónimas que, según el gobierno, buscan desinformar al público y generar inestabilidad.

    El gobernador también mencionó que se ha identificado a los responsables de estas campañas de desinformación, las cuales están diseñadas para crear un clima de “desgobernabilidad”. En este contexto, Gallardo expresó su inquietud por el lenguaje utilizado en algunas de estas campañas, especialmente aquellas que hacen referencia a la tenencia vehicular.

    Por su parte, durante la conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la libertad de expresión y subrayó la importancia de que los medios informen con responsabilidad. “Primero, esta denuncia a los periodistas y medios de comunicación. Pues no estoy de acuerdo. En el caso de la libertad de expresión, prohibido prohibir”, señaló.

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