Etiqueta: Ricardo Sevilla

  • Sicariato informativo

    Sicariato informativo

    Por Ricardo Sevilla

    Durante la conferencia matutina, el reportero Jorge Chaparro Acosta, quien trabaja para la empresa Megacable, buscó confrontar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

    Chaparro Acosta, quien dejó claro que no sabe que entrar a un país extranjero con pasaporte falso es un delito, cuestionó acciones gubernamentales, pero ignorando un principio básico del Derecho Internacional y el Código Penal Federal: la falsificación y uso de documentos públicos (como un pasaporte) constituye un delito internacional grave que vulnera la soberanía nacional.

    Pero aquí hay un elemento adicional: Chaparro es muy cercano a los senadores panistas Ricardo Anaya Cortés y Enrique Vargas del Villar, expresidente municipal de Huixquilucan.

    Y esto no es una ocurrencia. Hay datos duros que así lo comprueban. De hecho, investigaciones y registros fotográficos obtenidos, de manera exclusiva, en el Senado de la República, confirman una cercanía estrecha entre el reportero y las figuras cupulares del Partido Acción Nacional (PAN), específicamente con los senadores Ricardo Anaya Cortés y Enrique Vargas del Villar. Estas pruebas documentales muestran reuniones de “pasillo” y diálogos prolongados fuera de las áreas de prensa convencionales, que dejan en claro que existe un intercambio de información que trasciende la relación reportero-fuente.

    Pero le digo más: la trazabilidad de las preguntas del reportero de Megacable, Chaparro coincide, sospechosa y sistemáticamente, con los puntos de acuerdo y las críticas emitidas horas antes por la bancada panista, lo que revela la burda estrategia de “periodismo de consigna” diseñada por la derecha para confrontar al Ejecutivo desde una trinchera hipócritamente neutral.

    Es más: Un análisis de trazabilidad de discurso revela una coincidencia del 95% entre los puntos de acuerdo presentados por la bancada del PAN y las líneas de cuestionamiento de Chaparro en la conferencia matutina, con un desfase temporal de apenas 2 a 4 horas.

    Este caso, en particular, ilustra el fenómeno de la “imparcialidad performativa”. El actor (disfrazado de reportero) utiliza el escenario de la “mañanera”, pero no para informar, sino para ejecutar un rol de oposición política bajo el amparo de la libertad de prensa.

    No nos engañemos ni le juguemos al payaso ni al distraído. La cercanía con figuras cupulares del PAN no es solo una inocua relación fuente-periodista; es un intercambio de capital social. El político otorga una falsa “exclusividad” y el periodista, generalmente pagado o chapoteado, otorga “validación pública” a las consignas del partido.

    Cuando un medio de comunicación masiva como Megacable permite que sus reporteros actúen como personeros o gestores de intereses partidistas, la función social del periodismo se pervierte, convirtiéndolo en un horripilante apéndice de la comunicación política de una facción.

    Por eso es sumamente importante, siempre, investigar la naturaleza de las alianzas políticas de todos los medios de comunicación.

    Y quiero dejarle aquí, en la mesa, una pregunta picosita: ¿Estamos ante el fin de la objetividad y ante el nacimiento del sicariato informativo?

  • ¡Mentira criminal!

    ¡Mentira criminal!

    Por Ricardo Sevilla

    He seguido de cerca el caso de la jueza Amarande Riojas. ¿Y sabe qué? La han suspendido con pruebas falsas.

    Usted sabe que este columnista no se anda con cuentos y puede revisar (con lupa) una serie de constancias sobre el expediente 533/2026 del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la CDMX.

    Gracias a eso, puede confirmar una anomalía procedimental: la suspensión de la jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco se sustenta en un documento que, de plano, no existe en el SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).

    Lamentablemente, para descarrilar a Amarande Riojas mediáticamente se utilizó el dolor de una víctima (que perdió a su madre) para culpar a la jueza de una liberación inexistente.

    ¿Y sabe por qué es mentira? ¡Porque el imputado permanece bajo prisión domiciliaria y bajo custodia policial!

    Y es importante aclararlo porque ese es el eje de la desinformación que se utilizó para atacar a la jueza.

    A quienes pretenden tergiversar las cosas, hay que explicarles este punto con bolitas y palitos. Y es que, en el marco del proceso penal mexicano, la prisión domiciliaria no es un beneficio de “libertad”, sino una medida cautelar restrictiva de la libertad (artículo 155, fracción XIII del CNPP).

    El imputado no ha sido absuelto. La prisión domiciliaria (resguardo domiciliario) es una modalidad de la prisión preventiva. El sujeto sigue siendo un reo, pero su celda es su casa. No puede salir, no puede realizar una vida normal y sigue a disposición absoluta del tribunal hasta que se dicte la sentencia.

    Llegado el momento, tenga usted la certeza de que el imputado será trasladado a las audiencias de juicio oral esposado y por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

    Insisto: la narrativa mediática, en este caso, utilizó el término “liberación” para encender la indignación social. Y esta falacia es, a todas luces, un arma de manipulación.

    Al decirle a la opinión pública que la jueza lo “liberó”, a Mario Alberto “N”, acusado del feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, pretende borrarse el hecho de que el imputado sigue (y seguirá) bajo vigilancia policial 24/7, con el fin de justificar la suspensión de la juzgadora por una supuesta “negligencia” o “corrupción” que, en realidad, no existe.

    Es vital explicarle a la gente que la jueza no decidió que el hombre era inocente. La etapa de Juicio Oral, donde se determinará la culpabilidad o inocencia y se dictará la sentencia, sigue su curso. Acusar a la juzgadora de “dejar libre a un feminicida” es, por donde se le vea, una calumnia malintencionada.

    Este linchamiento mediático, me informan fuentes al interior del propio Poder Judicial, estaría siendo orquestado por un grupo cercano a Alessandra Rojo de la Vega (los abogados Nassar), quienes habrían instrumentalizado al Tribunal de Disciplina Judicial como brazo ejecutor de una venganza personal tras denuncias de violación previas contra Gabriel Castañeda Gómez-Mont.

    Infelizmente, no sería la primera vez que el Tribunal de Disciplina opera bajo la presión del clic y la opinión pública, validando pruebas falsas, siempre que satisfagan la narrativa de “castigo” que el sector político demanda.

    Estamos frente a un caso de una gravedad institucional profunda, donde se entrelazan la fabricación de pruebas, el influyentismo político y la revictimización.

    A últimas fechas, los grupos de poder ya no atacan directamente, sino que utilizan “víctimas escudo”. Al poner el rostro de una hija que busca justicia frente a la jueza, cualquier defensa jurídica de la juzgadora se percibe socialmente como un ataque a la víctima.

    Utilizar a una víctima de feminicidio para una venganza política es la forma más baja de corrupción.

    Una cosa más: a la jueza Riojas no la juzgaron por sus sentencias, la persiguieron por sus denuncias.

  • ¡Como delincuentes! Vallas y policías encierran a los queretanos

    ¡Como delincuentes! Vallas y policías encierran a los queretanos

    Por Ricardo Sevilla

    Mauricio Kuri y Felifer Macías sitiaron Querétaro para evitar protestas durante visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo oficial del panismo fue, de dientes para afuera, garantizar el orden durante la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

    Sin embargo, el objetivo real fue la anestesia del espacio público. Desde la madrugada, puntos estratégicos de acceso al Centro Histórico de la capital queretana fueron bloqueados con vallas metálicas y patrullajes preventivos. La población se quedó perpleja ante lo que fue visto como una estrategia de urbanismo defensivo temporal.

    A diferencia de otros estados donde la seguridad es perimetral al recinto, en Querétaro se observó un bloqueo radial que impidió la libre circulación en 14 arterias clave del primer cuadro.

    La población estaba desconcertada. Y asombrada. Y no era para menos. Desde la tarde del miércoles se montó el operativo de seguridad para recibir a la presidenta, quien encabezó el evento conmemorativo de la promulgación de la Constitución Mexicana.

    En el operativo de seguridad participaron elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, así como la Secretaría de Gobernación de México, Protección Civil, Movilidad, Policía municipal y estatal, y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro.

    Lo curioso es que, de acuerdo con cifras dadas a conocer por distintos medios de comunicación locales, hubo un despliegue de más de 600 elementos de seguridad estatal y municipal.

    El dispositivo de seguridad excluyó a cualquier tipo de manifestantes.

    Decenas de personas que se habían concentrado este jueves frente a la Alameda Hidalgo, sobre avenida Zaragoza, en Querétaro, para entregar un pliego petitorio a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se quedaron esperando.

    El panismo queretano, que detesta marchas, manifestaciones y plantones, prefirió amurallar el centro histórico, importándole un cacahuate que esa medida sería un brutal embate contra el pueblo queretano. De hecho, diferentes organizaciones reportan que hubo una caída del 40% en las ventas del comercio local del Centro Histórico durante las horas de cierre.

    Los gobiernos panistas presumen que Querétaro es uno de los estados con mayor índice de “paz social”. Sin embargo, eso solo es apariencia, puesto que, por otro lado, tiene un aumento del 15% en la dispersión de manifestaciones civiles en el último año.

    Al sitiar la ciudad durante la visita de la presidenta Sheinbaum, los gobiernos de
    Kuri y Felifer convirtieron al ciudadano en un espectador lejano, eliminando el derecho a la ciudad.

    Lamentablemente, el gobierno panista ha utilizado la fuerza pública no como protección, sino como arquitectura de exclusión.

    En el fondo, la administración panista de Querétaro está operando como un laboratorio de resistencia del PAN ante el avance de la Transformación.

    Nunca se buscó proteger a la Presidenta de un ataque físico (tarea de la Federación). Lo que buscó Kuri y Felifer fue proteger al gobierno estatal y local de una imagen de desaprobación frente a la primera mandataria.

    Sitiar una ciudad es la confesión más clara de que se ha perdido el diálogo con ella.

    Lamentablemente, no sorprende que Mauricio Kuri y Felifer Macías, cuyos gobiernos son repudiados por los queretanos, sean los carceleros de la democracia.

  • Pablo Lemus: sarampión, tarifazos y corrupción

    Pablo Lemus: sarampión, tarifazos y corrupción

    Por Ricardo Sevilla

    Jalisco está mal gobernado. Y eso lo sabe y lo padece la población. El gobierno de Pablo Lemus es un auténtico desastre. El tarifazo y el tarjetazo son otras evidencias de sus políticas antipopulares y su entreguismo al corporativismo.

    Pero las cosas se ponen cada vez peor. Ya no es un secreto. Jalisco atraviesa una crisis de gestión que se está manifiestando en dos frentes: la economía del bolsillo y la seguridad sanitaria. Y es que, mientras la administración de Pablo Lemus se enfoca en una supuesta modernización digital, los indicadores básicos de bienestar social muestran grietas enormes.

    Pero déjeme contarle la historia con Daros duros.

    En enero de este año, los casos de Sarampión pasaron de 663 casos a 829. Estamos hablando de que eso representa un incremento del 25% en solo 31 días, superando la incidencia previa en un tiempo récord.

    Y Pablo Lemus, sencillamente, parece estar encogiéndose de hombros.

    El gobernador emecista había enfrentado el escándalo del “Tarifazo”, que no es solo un aumento de precio, sino un impacto directo al salario mínimo local, donde el gasto en transporte puede llegar a representar hasta el 15% del ingreso diario de un trabajador promedio.

    Ahora mal, no se necesita ser un especialista en medicina ni un epidemiólogo para darse cuenta de la triste realidad que padece el pueblo jalisciense. La transmisión activa de Sarampión en 23 estados revela una terrible falla en la cadena de vacunación. Pero el pico estadístico en Jalisco coloca a ese estado como el epicentro de la crisis sanitaria actual. ¿Quién debería enfrentar esta situación? La administración del emecista Pablo Lemus.

    El terrible brote de sarampión en Jalisco es el síntoma de una erosión en el tejido preventivo. ¿Y qué hace el gobierno de Lemus? Dilapidar el dinero en el narcisismo del gobernador.

    Y es que no solo es la crisis de salud. No solo es el brutal incremento en los casos de sarampión. Además de todo, en el estado de Jalisco, la gestión de los gobiernos emanados del partido Movimiento Ciudadano (MC) han puesto en evidencia una preocupante tendencia: la desmedida inversión en comunicación social y publicidad.

    Más que una herramienta informativa, esta práctica se ha convertido en una plataforma para la construcción de imágenes personales y el impulso de carreras políticas, transformando a los funcionarios públicos en figuras que, por su obsesión con los reflectores, se asemejan más a estrellas de la farándula que a servidores públicos.

    Lemus y los presidentes municipales, lejos de preocuparse por la población, están muy emocionados dando contratos de publicidad millonarios.

    Y es que no es solo Pablo Lemus. Los datos duros que emergen de las tesorerías municipales de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan revelan que ahí, Movimiento Ciudadano, también está haciendo lo mismo.

    Las estadísticas de sarampión en Jalisco no son números, son fallos sistémicos de la administración. Por cierto, ahí, en ese estado, los emecistas no aceptaron adherirse al programa IMSS Bienestar. Para más datos duros, dale like, comenta y comparte.

  • UNAM importa modelo de corrupción penitenciaria

    UNAM importa modelo de corrupción penitenciaria

    Por Ricardo Sevilla

    La seguridad de la máxima casa de estudios será entregada a un personaje que es experto en cárceles. El terror de las cárceles mexiquenses llegará mañana al campus universitario.

    El polémico Raúl Arcenio Aguilar dejó hoy la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria.

    En su lugar, el rector Leonardo Lomelí Vanegas designó a Manuel Palma Rangel como titular de la SPAMSU, quien asumirá el cargo a partir de mañana.

    Cabe recordar que, el pasado 25 de octubre, la muerte de un aficionado del equipo de futbol Cruz Azul a las afueras del Estadio Olímpico Universitario, enfatizó la crisis de seguridad que impera en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

    Sin embargo, la nueva designación del rector Leonardo Lomelí vuelve a encender las alarmas en la comunidad universitaria.

    Y es que llama poderosamente la atención que el rector, ahora, haya decidido poner la seguridad universitaria en manos de un personaje como Manuel Palma Rangel, un priísta de hueso colorado.

    Y es que Manuel Palma Rangel, además de tener un plaza en la Facultad de Economía de la UNAM y ser colaborador de le revista Nexos, también fue subsecretario de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

    Le platico más.

    En teoría, el nombramiento que hizo el rector Lomelí debería ser una respuesta contundente para enfrentar la falta de seguridad que padece la máxima casa de estudios.

    Sin embargo, la experiencia de Manuel Palma Rangel está muy lejos de lo que, en estos precisos momentos, necesita la UNAM.

    Y es que la experiencia del nuevo titular de la SPAMSU se centra en el control de poblaciones cautivas y sistemas de máxima seguridad (es decir: cárceles y centro penitenciarios), un modelo de seguridad que, para ser honestos, es completamente opuesto al ambiente de autonomía, libertad de cátedra y prevención social que deberían caracterizar a la UNAM.

    Pero eso no es todo.

    Y es que, durante la gestión de Palma Rangel al frente de la Subsecretaría de Control Penitenciario del Edomex, diferentes informes periodísticos señalaron que, en los 22 penales mexiquenses que dependían del ahora nuevo titular de la SPAMSU, existían cobros múltiples a los internos, corrupción en todos los niveles, y negocios millonarios con la venta de alimentos y los lugares para dormir.

    Y eso es sumamente preocupante.

    Porque estos señalamientos asocian directamente al nuevo titular de la seguridad universitaria con un historial de presunta corrupción sistémica y fallas gravísimas en el control y la ética institucional en un entorno de alta vulnerabilidad.

    Y le digo más: No deja de llamar poderosamente la atención que, en algún momento, Manuel Palma Rangel haya celebrado un convenio con el actor y ultraderechista Eduardo Verástegui para la reinserción social de adolescentes.

    Francamente, el rector Lomelí debería comprender que la UNAM, como universidad libre y autónoma, debe operar bajo un modelo de seguridad comunitaria y de prevención social, y no como una cárcel.

    Sin embargo, al designar a un exfuncionario con experiencia en el modelo de control y punitividad carcelaria, la UNAM ha optado por una estrategia de mano dura. Y eso es terriblemente preocupante.

  • Norma Piña confiesa estrategia de bloqueo a proyectos prioritarios de la 4T desde el Poder Judicial

    Norma Piña confiesa estrategia de bloqueo a proyectos prioritarios de la 4T desde el Poder Judicial

    Por Ricardo Sevilla

    Ayer, Norma Piña, exministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reapareció en la UNAM.

    En un evento titulado “El Futuro de la Justicia: Independencia Judicial en México y su Entorno Regional”, Norma Lucía Piña Hernández presumió que durante su gestión como presidenta de la SCJN, un grupo de juzgadores se dedicó a “parar” proyectos emblemáticos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, específicamente el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

    La declaración fue realizada, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), en un foro que reunió a una pléyade de virulentos opositores de la Cuarta Transformación.

    Y aquí hay un dato clave: la afirmación de Norma Piña sobre “parar” el Tren Maya y el AIFA. Esto, dicho de manera sucinta, se refiere a la proliferación de amparos y suspensiones concedidas por jueces federales que obstaculizaron temporalmente (o buscaron detener definitivamente) la ejecución de obras prioritarias del Gobierno Federal.

    La UNAM, especialmente el Instituto de Investigaciones Jurídicas, lleva tiempo se afanándose en buscar exponentes que tienen una clara afinidad ideológica y académica con la derecha.

    De hecho, al revisar el directorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IJJ) cualquiera puede percatarse de que, en efecto, ese lugar es una cueva de conservadores.

    De hecho, la actual directora de ese instituto, Mónica González Contró, no estudió en la UNAM, sino en el ITAM.

    Ahora bien, si le echamos un ojo a la sociología del derecho, observaremos que esta supuesta invocación a la “independencia judicial”, en realidad, suele ser utilizada como una bandera de legitimación por grupos conservadores que se sienten amenazados por un cambio de régimen político.

    Y no es necesario ser un genio para percatarse de cómo son las cosas.

    Que Norma Piña haya admitido su modus operandi en la Corte revela que, durante su presidencia, las decisiones judiciales, que legalmente deberían haber sido neutrales, se convirtieron en actos con una clara –y tramposa– intencionalidad política.

    Y eso reafirma muchas de nuestras sospechas: que la suspensión de obras no solo fue una aplicación del derecho, sino una estrategia coordinada de contrapeso al Poder Ejecutivo.

    Y hay algo mucho más grave que lamentar:

    El juicio de amparo, diseñado para proteger al ciudadano de abusos de autoridad, en la época de Piña en la Corte, fue instrumentalizado como una herramienta de freno político por actores con grandes recursos, convirtiendo la defensa legal de los ciudadanos en una batalla a favor de los grandes corporativos.

    Es muy triste –y lamentable- que la UNAM se haya convertido en una cueva de itamitas y una trinchera contra el pueblo.