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  • Ortega mantiene presos a 72 opositores políticos en Nicaragua y 33 siguen desaparecidos

    Ortega mantiene presos a 72 opositores políticos en Nicaragua y 33 siguen desaparecidos

    El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene encarcelados a 72 opositores y críticos, 33 de ellos en condición de desaparición forzada, según la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua. Las cifras exhiben el costo de la represión política en el país, donde se han documentado 1,506 detenciones por motivos políticos desde 2018.

    La Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua denunció que, hasta el 23 de octubre de 2026, 56 hombres y 16 mujeres permanecían presos por motivos políticos bajo el gobierno de Ortega y Murillo. De ese total, 16 son adultos mayores y 33 se encuentran en condición de desaparición forzada, incluidos ocho mayores de edad avanzada. La organización reportó un aumento de 12 personas respecto al registro de julio.

    Entre los casos documentados se encuentran seis familiares del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera, quien murió bajo custodia estatal el pasado 30 de mayo, de acuerdo con la asociación. Sus familiares fueron detenidos el día siguiente, cuando intentaban reclamar el cuerpo para darle sepultura. Los datos de personas presas políticas cuentan con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según la información difundida.

    Encarcelar a quienes cuestionan al poder y mantener a personas sin información pública sobre su paradero son prácticas incompatibles con las garantías fundamentales. La permanencia de decenas de opositores en prisión y las denuncias de desaparición forzada colocan al gobierno de Ortega ante graves cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos. La muerte de Rivera bajo custodia estatal agrava la preocupación por la situación de las personas detenidas.

    Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde 2018, profundizada tras las controvertidas elecciones de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo. Las 1,506 detenciones políticas documentadas desde ese año reflejan la dimensión de una represión que no puede justificarse como una simple disputa entre el gobierno y sus adversarios. La libertad personal, el debido proceso y el derecho de las familias a conocer el paradero de sus seres queridos deben ser respetados sin importar la posición política de las víctimas.

  • Ortega y Murillo eliminan vicepresidencia de Nicaragua para mantener a su familia en el poder

    Ortega y Murillo eliminan vicepresidencia de Nicaragua para mantener a su familia en el poder

    El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impulsó una reforma constitucional para eliminar la figura de vicepresidente y sustituirla por designados presidenciales nombrados por los propios gobernantes. Esta decisión podría facilitar una sucesión dinástica y culminar en dictadura, al concentrar todavía más el poder en la pareja presidencial y su círculo familiar.

    La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó por unanimidad y en primera legislatura la reforma que modifica el artículo 126 de la Constitución para crear la figura de los “designados presidenciales”. Estos serán nombrados directamente por los copresidentes y asumirán las funciones que ellos determinen, sin que la disposición descrita establezca atribuciones claramente delimitadas ni un mandato derivado de la elección popular. La medida todavía requiere una segunda aprobación legislativa para entrar en vigor.

    El dirigente opositor Félix Maradiaga denunció que la reforma forma parte de una serie de cambios constitucionales contradictorios que evidencian la manipulación de las instituciones para resolver la sucesión del poder desde la cúpula gobernante. Primero se permitió la existencia de varios vicepresidentes, después se estableció la copresidencia y ahora se elimina la vicepresidencia. En lugar de fortalecer las instituciones democráticas, el régimen modifica las reglas para adaptarlas a sus propias necesidades políticas, mientras el Parlamento actúa bajo el control del oficialismo.

    La oposición también alertó sobre la posibilidad de que Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, sea colocado entre los posibles designados, lo que alimenta las sospechas de una sucesión familiar. Maradiaga sostiene que Rosario Murillo busca garantizar la continuidad del poder cuando Daniel Ortega deje de gobernar, sin provocar una fractura dentro del sandinismo. Aunque esa eventual designación no está confirmada, la posibilidad resulta especialmente preocupante en un sistema donde los principales cargos dependen de decisiones de la propia pareja presidencial.

    La reforma representa una nueva señal de alarma para la democracia nicaragüense: cuando quienes gobiernan pueden cambiar repetidamente la Constitución, controlar el Legislativo y diseñar los mecanismos de sucesión a su conveniencia, el riesgo es avanzar hacia un poder cada vez más autoritario, sin contrapesos efectivos y con características dinásticas. La segunda votación será decisiva para determinar si esta modificación se incorpora definitivamente a la Constitución, pero las críticas ya apuntan a un problema de fondo: la concentración del poder político en manos de una sola familia.

  • Denuncian desapariciones forzadas en Nicaragua bajo la dictadura de Ortega y Murillo

    Denuncian desapariciones forzadas en Nicaragua bajo la dictadura de Ortega y Murillo

    Expertos de Naciones Unidas documentan 161 casos desde 2018 y advierten que al menos 29 personas continuaban desaparecidas al 31 de agosto de 2026.

    Expertos de la ONU denunciaron que la dictadura de Nicaragua, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantiene al menos a 29 personas en situación de desaparición forzada, una práctica que, según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, se ha utilizado para perseguir e intimidar a opositores. El organismo documentó 161 casos desde 2018 y señaló que ocho personas murieron mientras estaban detenidas por motivos políticos.

    El informe sostiene que las desapariciones pasaron de ser periodos breves de incomunicación a convertirse en detenciones prolongadas que pueden durar meses o años. Los expertos consideran que esta práctica, junto con encarcelamientos, torturas y persecución política, puede constituir crímenes de lesa humanidad y señalan una actuación coordinada de instituciones estatales.

    La situación se enmarca en la represión que siguió a las protestas de 2018, tras las cuales organismos de la ONU han documentado graves violaciones de derechos humanos. El Grupo de Expertos ha señalado además restricciones contra la libertad de expresión, asociación y participación política, así como detenciones arbitrarias y exilio forzado.

    Uno de los casos señalados es el del líder indígena Brooklyn Rivera, quien murió en mayo de 2026 después de casi tres años de detención, incluidos periodos de desaparición forzada. Los expertos cuestionaron las explicaciones oficiales sobre su fallecimiento y señalaron que su familia no tuvo acceso a su expediente médico ni se realizó una autopsia independiente.

    Ante este panorama, los expertos de la ONU exigieron al gobierno nicaragüense informar sobre el paradero de las personas desaparecidas, liberar a quienes permanecen detenidos por motivos políticos e investigar las muertes ocurridas bajo custodia estatal. Las denuncias internacionales muestran la gravedad de un sistema de persecución política que, según Naciones Unidas, continúa afectando derechos fundamentales en Nicaragua.