Expertos de Naciones Unidas documentan 161 casos desde 2018 y advierten que al menos 29 personas continuaban desaparecidas al 31 de agosto de 2026.
Expertos de la ONU denunciaron que la dictadura de Nicaragua, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantiene al menos a 29 personas en situación de desaparición forzada, una práctica que, según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, se ha utilizado para perseguir e intimidar a opositores. El organismo documentó 161 casos desde 2018 y señaló que ocho personas murieron mientras estaban detenidas por motivos políticos.
El informe sostiene que las desapariciones pasaron de ser periodos breves de incomunicación a convertirse en detenciones prolongadas que pueden durar meses o años. Los expertos consideran que esta práctica, junto con encarcelamientos, torturas y persecución política, puede constituir crímenes de lesa humanidad y señalan una actuación coordinada de instituciones estatales.
La situación se enmarca en la represión que siguió a las protestas de 2018, tras las cuales organismos de la ONU han documentado graves violaciones de derechos humanos. El Grupo de Expertos ha señalado además restricciones contra la libertad de expresión, asociación y participación política, así como detenciones arbitrarias y exilio forzado.
Uno de los casos señalados es el del líder indígena Brooklyn Rivera, quien murió en mayo de 2026 después de casi tres años de detención, incluidos periodos de desaparición forzada. Los expertos cuestionaron las explicaciones oficiales sobre su fallecimiento y señalaron que su familia no tuvo acceso a su expediente médico ni se realizó una autopsia independiente.
Ante este panorama, los expertos de la ONU exigieron al gobierno nicaragüense informar sobre el paradero de las personas desaparecidas, liberar a quienes permanecen detenidos por motivos políticos e investigar las muertes ocurridas bajo custodia estatal. Las denuncias internacionales muestran la gravedad de un sistema de persecución política que, según Naciones Unidas, continúa afectando derechos fundamentales en Nicaragua.
