El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impulsó una reforma constitucional para eliminar la figura de vicepresidente y sustituirla por designados presidenciales nombrados por los propios gobernantes. Esta decisión podría facilitar una sucesión dinástica y culminar en dictadura, al concentrar todavía más el poder en la pareja presidencial y su círculo familiar.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó por unanimidad y en primera legislatura la reforma que modifica el artículo 126 de la Constitución para crear la figura de los “designados presidenciales”. Estos serán nombrados directamente por los copresidentes y asumirán las funciones que ellos determinen, sin que la disposición descrita establezca atribuciones claramente delimitadas ni un mandato derivado de la elección popular. La medida todavía requiere una segunda aprobación legislativa para entrar en vigor.
El dirigente opositor Félix Maradiaga denunció que la reforma forma parte de una serie de cambios constitucionales contradictorios que evidencian la manipulación de las instituciones para resolver la sucesión del poder desde la cúpula gobernante. Primero se permitió la existencia de varios vicepresidentes, después se estableció la copresidencia y ahora se elimina la vicepresidencia. En lugar de fortalecer las instituciones democráticas, el régimen modifica las reglas para adaptarlas a sus propias necesidades políticas, mientras el Parlamento actúa bajo el control del oficialismo.
La oposición también alertó sobre la posibilidad de que Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, sea colocado entre los posibles designados, lo que alimenta las sospechas de una sucesión familiar. Maradiaga sostiene que Rosario Murillo busca garantizar la continuidad del poder cuando Daniel Ortega deje de gobernar, sin provocar una fractura dentro del sandinismo. Aunque esa eventual designación no está confirmada, la posibilidad resulta especialmente preocupante en un sistema donde los principales cargos dependen de decisiones de la propia pareja presidencial.
La reforma representa una nueva señal de alarma para la democracia nicaragüense: cuando quienes gobiernan pueden cambiar repetidamente la Constitución, controlar el Legislativo y diseñar los mecanismos de sucesión a su conveniencia, el riesgo es avanzar hacia un poder cada vez más autoritario, sin contrapesos efectivos y con características dinásticas. La segunda votación será decisiva para determinar si esta modificación se incorpora definitivamente a la Constitución, pero las críticas ya apuntan a un problema de fondo: la concentración del poder político en manos de una sola familia.
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