El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que recientemente alcanzó los 97 años de existencia, atraviesa el periodo más crítico de su historia.
Lo que alguna vez fue definido por Mario Vargas Llosa como “la dictadura perfecta” —un sistema de partido casi único que gobernó México por siete décadas ininterrumpidas— se ha transformado en una fuerza política que lucha por su supervivencia, asediada por escándalos de corrupción sistémica y una fuga masiva de cuadros hacia otras fuerzas políticas.
La represión de 1968 y el “Halconazo”
El momento de mayor ruptura ética entre el PRI y la sociedad civil ocurrió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Bajo el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, el Estado utilizó al ejército y a grupos paramilitares para masacrar a estudiantes que exigían libertades democráticas. Este evento no solo fue un crimen de lesa humanidad, sino que destruyó el mito del “gobierno de la Revolución” que trabajaba para el pueblo. La cifra oficial de muertos nunca fue clara, pero las estimaciones de testigos y organismos internacionales hablan de cientos de víctimas.
Apenas tres años después, el 10 de junio de 1971, durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, ocurrió la “Matanza del Jueves de Corpus” o El Halconazo. Un grupo paramilitar entrenado por el Estado, “Los Halcones”, atacó una manifestación estudiantil con armas de fuego y varas de bambú frente a la policía que solo observaba. Estos eventos inauguraron la llamada Guerra Sucia, un periodo donde el PRI utilizó la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial para aniquilar a cualquier disidencia política de izquierda o movimientos guerrilleros.
La herencia de estos años es un estigma de autoritarismo que el partido jamás pudo sacudirse del todo. La figura de Luis Echeverría permaneció hasta su muerte como el símbolo de la represión sistémica, siendo el primer expresidente en ser procesado (aunque bajo arresto domiciliario) por genocidio.
El colapso económico: “La docena trágica” y el error de diciembre
El siglo XX priista también estuvo marcado por una gestión económica que pasó de la estabilidad del “Milagro Mexicano” al desastre absoluto por decisiones populistas y técnicas deficientes.
Los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (1970-1982) llevaron al país a una inflación descontrolada y un endeudamiento externo masivo. López Portillo es recordado por su frase “defenderé el peso como un perro”, solo para presenciar una devaluación histórica que pulverizó los ahorros de millones de mexicanos mientras él lloraba en su último informe de gobierno.
Posteriormente, en 1994, el país vivió el famoso “Error de Diciembre” al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo, pero gestado en las políticas de Carlos Salinas de Gortari. La falta de reservas internacionales y el manejo político de las variables económicas provocaron una crisis financiera que se extendió por todo el mundo, conocida como el “Efecto Tequila”. Esto derivó en el rescate bancario a través del Fobaproa, una deuda privada que el PRI convirtió en deuda pública y que los mexicanos siguen pagando hasta el día de hoy, afectando el presupuesto nacional por generaciones.
El fraude del 88 y el magnicidio de 1994
El sistema político del PRI se basaba en el control absoluto de las elecciones, pero en 1988 ese control fue desafiado por la corriente democrática de Cuauhtémoc Cárdenas. La famosa “caída del sistema”, operada por Manuel Bartlett (entonces Secretario de Gobernación), es el fraude electoral más documentado y cínico de la historia moderna de México. Cuando los resultados preliminares favorecían a la oposición, el sistema de cómputo se detuvo sospechosamente; al “reiniciarse”, Carlos Salinas de Gortari apareció como ganador, una mancha de ilegitimidad que persiguió a su gobierno desde el primer día.
El año de 1994 representó el punto de quiebre violento dentro de la propia estructura del partido. El asesinato de su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, sacudió los cimientos del país. La teoría del “asesino solitario” nunca convenció a la población, que vio en el magnicidio una purga interna o una respuesta de los sectores más conservadores del PRI (los llamados “dinosaurios”) ante las promesas de reforma del candidato. Meses después, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del partido, confirmó que el PRI estaba en una guerra intestina sangrienta.
La quiebra ética: el sexenio de Enrique Peña Nieto
El regreso del PRI a la presidencia en 2012, tras doce años de gobiernos panistas, fue presentado como el nacimiento de un “Nuevo PRI”. Sin embargo, este periodo se convirtió rápidamente en el catálogo más extenso de corrupción en la historia moderna de México.
Casos como la Casa Blanca, una lujosa residencia propiedad de la esposa del presidente construida por un contratista favorecido por el gobierno, rompieron la confianza ciudadana de manera irreversible.
A este escándalo se sumó La Estafa Maestra, un sofisticado mecanismo de desvío de recursos públicos a través de universidades públicas y empresas fantasma que involucró a múltiples dependencias federales. La percepción de impunidad se consolidó con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, un evento que no solo exhibió la ineficiencia del Estado, sino también la colusión de autoridades locales priistas con el crimen organizado, marcando el inicio del fin para la legitimidad del sexenio.
El costo político de estos eventos fue devastador. El partido no solo perdió la presidencia en 2018 con su peor votación histórica, sino que quedó marcado como una marca “tóxica” para el electorado.
Los “gobernadores de la vergüenza” y el saqueo estatal
Uno de los puntos más bajos del PRI fue la conducta de su nueva generación de gobernadores, a quienes el propio Peña Nieto llegó a llamar el “rostro de la renovación”. Personajes como Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua) y Roberto Borge (Quintana Roo) terminaron en prisión o prófugos tras dejar sus estados en la quiebra financiera y sumidos en crisis de violencia.
En Veracruz, el caso de Javier Duarte fue emblemático: se le acusó de administrar quimioterapias falsas (agua destilada) a niños con cáncer mientras desviaba miles de millones de pesos. Por su parte, César Duarte fue señalado por crear un banco propio con recursos públicos, y Roberto Borge por el remate ilegal de terrenos del patrimonio estatal a familiares y amigos. Estos nombres se volvieron sinónimos del PRI ante la opinión pública nacional.
El desmantelamiento territorial: de 32 a 2 gubernaturas
La pérdida de poder territorial es, quizás, el síntoma más claro de la agonía del PRI. Tras las elecciones de 2024, el partido quedó reducido a su mínima expresión histórica, conservando únicamente las gubernaturas de Coahuila y Durango. Este declive es asombroso si se considera que, hasta antes del año 2000, el PRI gobernaba todas las entidades federativas del país sin excepción.
La debacle se aceleró con la pérdida del Estado de México en 2023, el bastión más importante, poblado y simbólico del priismo. Perder “la joya de la corona” después de casi un siglo de dominio ininterrumpido del Grupo Atlacomulco fue el golpe de gracia. Esta derrota no solo fue electoral, sino financiera, ya que el partido perdió el acceso a la mayor estructura de recursos y burocracia que le permitía operar a nivel nacional.
Actualmente, el PRI enfrenta una crisis de relevancia en el Congreso y en los estados. Con una militancia que disminuye año tras año y la pérdida de registros locales en varias entidades, el partido ha pasado de ser el “gran elector” a un actor secundario que debe aliarse con su antiguo rival, el PAN, simplemente para no desaparecer.
Crisis de dirigencia de “Alito” Moreno
La figura de Alejandro “Alito” Moreno, actual dirigente nacional, representa para muchos críticos el último clavo en el ataúd del partido. Su gestión ha estado plagada de controversias, incluyendo la filtración de audios donde se le escucha hablar de supuestos pagos ilícitos a periodistas y maniobras financieras dudosas. Bajo su mando, el PRI ha perdido más gubernaturas que en cualquier otra dirigencia en la historia.
Además de Alito, el partido ha sido lastrado por figuras como Carlos Salinas de Gortari, quien sigue siendo el villano favorito de la narrativa política mexicana, y Emilio Lozoya, cuyo proceso judicial por el caso Odebrecht ha mantenido vivos los señalamientos de sobornos para aprobar reformas estructurales. Estas figuras impiden que el PRI pueda presentarse como una opción de “cambio” o “renovación” ante un electorado que los asocia con el pasado más oscuro.
La reciente reforma a los estatutos para permitir la reelección de la dirigencia actual provocó una fractura interna sin precedentes. Figuras históricas y exdirigentes han abandonado las filas del partido, denunciando un “secuestro” de la institución por parte de una cúpula que prioriza sus intereses personales sobre la viabilidad del proyecto político.
