Colectivas feministas denunciaron actos de represión y abuso por parte de Fuerza Civil durante la marcha del 8M en Monterrey, mientras el gobierno de Nuevo León sostuvo que no hubo incidentes ni detenciones evidenciando versiones contradictorias sobre lo ocurrido.
La movilización feminista del 8 de marzo en Nuevo León volvió a exhibir la separación entre el discurso oficial del gobierno estatal y la realidad que denuncian las colectivas en las calles. Miles de mujeres marcharon en Monterrey y entre consignas dirigidas contra el poder político local, pero lo que debía ser una jornada de protesta terminó envuelta en señalamientos de intimidación y abusos así como contradicciones por parte de las autoridades.
Dentro del movimiento, también surgieron críticas hacia Mariana Rodriguez, primera dama de Nuevo León, quien es señalada como representante de un feminismo más ligado a la imagen pública que a la defensa real de las mujeres, mientras que en redes sociales suele presentarse como aliada de las causas de género.
Durante el inicio de la marcha, integrantes del colectivo Morras Feministas Mty, denunciaron que elementos de Fuerza Civil confiscaron aparatos de comunicación para la organización de los grupos, además de empujar y golpear a algunas participantes, entre ellas una mujer embarazada.
La tensión aumentó hacia el final de la marcha, cuando grupos permanecían en las inmediaciones de la Macroplaza, donde una joven fue sometida por varios policías cuando intentaban rodear al contingente. Mientras tanto, el comunicado oficial de la Fuerza Civil presentó un panorama distinto, asegurando que no hubo incidentes ni detenciones.
Asimismo, la movilización dejó en la mira al gobernador Samuel García quien junto con su esposa han intentado proyectar una imagen de apoyo al feminismo; sin embargo, la manifestación vuelve a exhibir la distancia entre el discurso y la práctica.
Mientras desde el gobierno estatal se promueve una narrativa moderna y de progreso, en las calles las manifestantes denunciaban intimidación policial y operativos para dispersar la protestas, un contraste que para muchas mujeres confirma que el feminismo que presume la pareja gobernante queda más en la propaganda y las redes sociales que en la práctica y garantía real de derechos para las mujeres.
