Dos comunicadoras ya fueron encarceladas y al menos nueve periodistas, activistas y críticos del gobierno potosino aparecen en carpetas de investigación tras reformas impulsadas por el gobierno de Ricardo Gallardo.
En San Luis Potosí, criticar al gobernador Ricardo Gallardo ya parece delito. Lo que comenzó con un video difundido en redes sociales —en el que supuestos integrantes del crimen organizado acusaban al mandatario del PVEM de tener vínculos con el CJNG— terminó convirtiéndose en una auténtica cacería contra periodistas, activistas y voces incómodas para el gobierno estatal.
Luego de que Gallardo negara las acusaciones y asegurara que el video había sido creado con inteligencia artificial, el Congreso local, dominado por aliados del Partido Verde, aprobó en 2025 una polémica reforma al Código Penal conocida ya como la “Ley Serrano”. Bajo el argumento de combatir contenidos falsos generados con IA, la norma abrió la puerta para perseguir penalmente a comunicadores y críticos del gobierno. Y no tardaron en usarla.
La semana pasada fueron detenidas Eréndira Reyes, administradora de la página San Wicho Times, y su hija Alejandra Hermosillo. Ambas permanecen en prisión preventiva acusadas de “uso indebido de inteligencia artificial”. Mientras tanto, otras nueve personas —entre periodistas, activistas y defensores de derechos humanos— aparecen señaladas en documentos filtrados de la Fiscalía estatal. Curiosamente, todos tienen algo en común: han cuestionado públicamente a Ricardo Gallardo y a su administración.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales ya encendieron las alarmas. El Comité para la Protección de los Periodistas calificó el caso como uno de los precedentes más peligrosos contra la libertad de expresión en México. Artículo 19 también denunció el uso del sistema penal como mecanismo de intimidación. Y es que mientras el gobernador insiste en victimizarse, en San Luis Potosí crece el miedo entre reporteros que ahora deben pensar dos veces antes de publicar información incómoda para el poder estatal.
La polémica llega además en medio de las tensiones rumbo a las elecciones de 2027. Ricardo Gallardo enfrenta fuertes críticas por impulsar políticamente a su esposa, la senadora Ruth González Silva, como posible sucesora en el gobierno estatal, algo que contradice incluso el discurso nacional contra el nepotismo promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Para muchos periodistas locales, el endurecimiento contra medios críticos forma parte de una estrategia para blindar políticamente al grupo que controla el estado.
Mientras el gobierno potosino asegura que “no hay persecución”, las detenciones, las carpetas de investigación y las amenazas judiciales cuentan otra historia. En un país donde ejercer el periodismo ya implica riesgos por la violencia criminal, ahora también hay gobiernos locales que parecen decididos a utilizar las leyes como herramienta para silenciar críticas. Y en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo está demostrando que la piel delgada puede convertirse rápidamente en política de Estado.
Con información de Beatriz Guillén y Ernesto Núñez para El País.
