La Suprema Corte determinó que el caso involucra violaciones graves a derechos humanos, lo que permite continuar con los juicios 17 años después de la tragedia.
Han pasado 17 años desde que 49 niñas y niños murieron en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Sus familias llevan ese mismo tiempo esperando justicia. Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el proceso penal contra dos exfuncionarios del IMSS continuará adelante.
La decisión se ancla en un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo tribunal determinó que los delitos vinculados con este caso constituyen violaciones graves a los derechos humanos. Por esa razón, la acción penal no puede extinguirse con el paso del tiempo.
Los dos exservidores públicos del IMSS enfrentan cargos por homicidio culposo y lesiones culposas en la modalidad de comisión por omisión. Es decir, la acusación sostiene que sus omisiones en el cargo contribuyeron a la tragedia del 5 de junio de 2009.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf subrayó que el caso debe analizarse desde una perspectiva de derechos humanos. Para la Corte, no basta con revisar las conductas de los imputados. También importa el daño causado a la vida, la integridad y los derechos de los niños afectados y de sus familias.
Actualmente, tres personas permanecen en prisión por este caso. Entre ellas están Nohemí López Sánchez, exresponsable del área de guarderías del IMSS en Sonora, y Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la estancia infantil.
Uno de los exfuncionarios intentó frenar el proceso por la vía legal. Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, promovió un amparo para anular su vinculación a proceso. Su defensa argumentó que el delito había prescrito desde 2019. Un juzgado de distrito rechazó ese argumento. Salazar recurrió la decisión y el caso llegó hasta la Suprema Corte, que terminó por cerrarle esa puerta.
