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Etiqueta: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

  • Fin a las pensiones doradas en México

    Fin a las pensiones doradas en México

    La Secretaría Anticorrupción presenta datos sobre pensiones millonarias, marcando un hito en la transparencia y eliminando privilegios injustificados.

    El gobierno mexicano dio un paso importante hacia la transparencia al hacer públicos los datos sobre pensiones millonarias. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó esta información trabando en cumplimiento del artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

    El 13 de marzo de 2026, se comunicó que diversas entidades han hecho accesible un listado de personas jubiladas y los montos que reciben mensualmente. A través de un portal especializado, ciudadanos pueden consultar estos datos.

    Durante una reciente presentación, se expuso que algunos pensionados reciben más dinero al mes que la Presidenta de la República. Algunas pensiones superan incluso el millón de pesos. Este hallazgo ha generado un debate sobre la justicia y la equidad en el uso de recursos públicos.

    El gobierno habilitó un portal donde se reúne toda la información sobre pensiones hasta el 31 de diciembre de 2025. En este sitio, los ciudadanos pueden consultar el año de ejercicio, el nombre del jubilado, la institución correspondiente y el monto de la pensión. Esta iniciativa busca responder a la demanda social de mayor claridad sobre el uso de los recursos públicos.

    La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en su propuesta. Busca reducir las pensiones millonarias de funcionarios públicos, destacando la necesidad de eliminar privilegios excesivos del pasado. La Cámara de Senadores aprobó recientemente una reforma histórica para limitar estas pensiones.

    Con esta reforma, que modifica el Artículo 127 de la Constitución, se establece que nadie podrá recibir una pensión mayor al 50% del salario de la Presidenta. Actualmente, esto equivale a aproximadamente 70 mil pesos mensuales.

    A pesar de las reservas planteadas por algunos senadores de oposición, Morena y sus aliados decidieron mantener el proyecto sin cambios. Este evento marca una nueva etapa en la construcción de un gobierno más austero y responsable.

    La publicación de estos datos representa un avance hacia la justicia y la rendición de cuentas en México. Los ciudadanos ahora tienen una herramienta más para exigir transparencia en el uso de los recursos públicos.

  • Dos empresas inhabilitadas por corrupción

    Dos empresas inhabilitadas por corrupción

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sanciona a dos compañías por incumplimiento en contratos públicos, reafirmando su compromiso con la transparencia.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha tomado medidas firmes contra la corrupción al inhabilitar a dos empresas proveedoras del gobierno. Se trata de Grupo Industrial Asad, S.A. de C.V. y Sistematización Itzcoatl, S.A. de C.V. Ambas compañías no podrán participar en nuevas contrataciones con la Administración Pública Federal.

    Grupo Industrial Asad enfrenta una sanción por 791 mil 980 pesos y una inhabilitación de un año y tres meses. Esta acción se debe a la rescisión de varios contratos con diferentes instituciones, como los Centros de Integración Juvenil y el Servicio de Administración Tributaria. En total, se rescindieron cuatro contratos en solo 140 días. Estas decisiones reflejan una clara violación de la Ley.

    Por su parte, Sistematización Itzcoatl también sufrió una dura sanción. Se le impuso una multa de 701 mil 468 pesos y una inhabilitación de un año. La empresa tuvo contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Colegio de la Frontera Sur, ambos relacionados con la adquisición de ropa quirúrgica y equipo de protección. En este caso, se rescindieron dos contratos en un plazo de 13 meses y 18 días.

    Las sanciones se notificaron el 30 de enero de 2026 y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, estas empresas figuran en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. Esto asegura que no podrán participar en futuros procesos de contratación con el Gobierno de México.

    La Secretaría actúa con base en la ley y considera la gravedad de las faltas cometidas. Las empresas tienen derecho a impugnar las sanciones, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá firmemente su decisión. Con estas acciones, la dependencia reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad en las compras públicas. Incumplir contratos tiene consecuencias, y estas sanciones son una prueba de ello.

  • Inhabilitan a Lax Constructora por falsear información en licitaciones del AIFA

    Inhabilitan a Lax Constructora por falsear información en licitaciones del AIFA

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de más de 189 mil pesos y suspendió por cuatro meses a la empresa, tras detectar documentación falsa.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la inhabilitación de la empresa Lax Constructora, S.A. de C.V., tras detectar irregularidades en su participación en licitaciones públicas relacionadas con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La sanción contempla una multa económica y la restricción temporal para contratar con la Administración Pública Federal.

    De acuerdo con el comunicado oficial, la empresa fue multada con 189 mil 170 pesos e inhabilitada por un periodo de cuatro meses, luego de que proporcionará información falsa en dos Licitaciones Públicas Nacionales Electrónicas para el servicio de mantenimiento a instalaciones arquitectónicas. En ambos procesos, Lax Constructora presentó un certificado apócrifo para acreditar el cumplimiento de la norma NMX-R-025-SCFI-2025, relativa a Igualdad Laboral y No Discriminación.

    La notificación de la sanción se realizó el 27 de enero de 2026 y este 6 de febrero fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, además de que la empresa quedó inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. La dependencia señaló que las medidas se impusieron conforme a la ley y reiteró su compromiso con la legalidad y la integridad en las compras públicas.

  • Buen Gobierno sanciona a D’sazón por falsear información en contrato con el IMSS

    Buen Gobierno sanciona a D’sazón por falsear información en contrato con el IMSS

    Falsear información en contratos públicos no queda impune. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la empresa D’Sazón Seguridad Alimentaria con una multa millonaria y un año de inhabilitación por presentar datos falsos.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una sanción económica y administrativa a la empresa D’Sazón Seguridad Alimentaria, S.A. de C.V., tras detectar irregularidades en un proceso de contratación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La medida incluye una multa de 537 mil 720 pesos y la inhabilitación por un año para participar en procedimientos de compra o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

    De acuerdo con la autoridad, la sanción fue aplicada a través del Órgano Interno de Control del IMSS, luego de comprobar que la empresa presentó información falsa durante su participación en una invitación nacional electrónica relacionada con la adquisición y distribución de víveres para unidades médicas y hospitalarias del programa IMSS-Bienestar.

    La irregularidad consistió en la entrega de dos resultados de laboratorio para detección de coronavirus que no correspondían a información verídica, lo que representó una falta grave dentro de un procedimiento de contratación pública vinculado a servicios esenciales de salud.

    La notificación oficial de la sanción fue realizada el 9 de enero de 2026 y quedó formalizada con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, D’Sazón Seguridad Alimentaria fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México durante el periodo de inhabilitación.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las medidas se aplicaron conforme a la ley, tomando en cuenta la gravedad de la falta y criterios de proporcionalidad. Aunque la empresa cuenta con el derecho de impugnar la resolución, la dependencia afirmó que defenderá la sanción por estar sustentada en el marco legal y en la protección del interés público, reiterando que engañar para obtener contratos gubernamentales tiene consecuencias.

  • Combate anticorrupción en compra de medicamentos

    Combate anticorrupción en compra de medicamentos

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revela serias irregularidades en la compra de medicamentos y asegura un refuerzo en la transparencia del sector. Se han tomado medidas contundentes para corregir el rumbo.

    Recientes investigaciones lideradas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno han destapado serios problemas en el proceso de compra de medicamentos. El hallazgo más alarmante fue la detección de sobreprecios y posibles casos de corrupción. La secretaria de la dependencia, Raquel Buenrostro, lleva las riendas de esta investigación crucial.

    La auditoría oficial para la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026 arrojó preocupantes resultados. Se evidenciaron pagos irregulares, opacidad en las adjudicaciones y contratos cerrados con empresas inhabilitadas. Todo esto pone en entredicho la gestión de Birmex, la empresa estatal encargada de la distribución de insumos médicos.

    De acuerdo con la auditoría, funcionarios de Birmex realizaron pagos sin respaldo documental suficiente. Además, aprobaron contratos con empresas que no debían estar en la contienda. Entre los hallazgos destacan pagos indebidos por más de 65 millones de pesos realizados a la empresa Farmacéuticos Maypo S.A. de C.V., producto de un sobreprecio alarmante.

    La respuesta de la Secretaría Anticorrupción ha sido clara: deben corregirse estos errores para proteger los recursos públicos. Por ello, Birmex recibió instrucciones de iniciar procedimientos legales para recuperar los fondos comprometidos.

    El informe también resaltó casos específicos en contratos con el IMSS y el ISSSTE. Documentos de respaldo en estas transacciones fueron firmados por una empresa inhabilitada, lo que constituyó una violación directa a la normativa.La principal causa de estas irregularidades, según el informe, radicó en la falta de capacitación del personal y supervisión efectiva. Esta debilidad permitió adjudicaciones dudosas y pagos no transparentes.

    Ante el escándalo, el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, aseguró que el suministro de medicamentos está asegurado para 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum apoyó esta declaración y confirmó que los involucrados en hechos de corrupción ya han sido cesados.

    Este caso llevó a la destitución del director de Birmex, Iván Olmos. Anteriormente, se había señalado en el proceso un sobreprecio de 13 mil millones de pesos en medicamentos.

    La lucha contra la corrupción sigue, y la Secretaría de Anticorrupción ha reafirmado su compromiso de fomentar la transparencia y el uso honesto de los recursos públicos. Con nuevas medidas, el sector salud busca cerrar las brechas que permiten tales irregularidades: el bienestar social y confianza en las instituciones son la prioridad.

  • Suspensión de Javier Tapia por corrupción en el IPN

    Suspensión de Javier Tapia por corrupción en el IPN

    La Secretaría Anticorrupción ha solicitado la suspensión de Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración del IPN, en medio de graves acusaciones de corrupción.

    El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha suspendido temporalmente a Javier Tapia Santoyo. Este movimiento se produce tras la solicitud de la Secretaría Anticorrupción, que busca asegurar el progreso de las investigaciones en su contra. La suspensión entró en vigor el 29 de noviembre, enfocándose en posibles irregularidades en su gestión.

    Las acusaciones contra Tapia son serias. La Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por presuntamente otorgar contratos millonarios a una empresa vinculada a su esposa. Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esta empresa es considerada “fantasma”. Las denuncias indican que Tapia adjudicó contratos por más de mil 600 millones de pesos a esta firma entre 2012 y 2019.

    La situación se complica aún más al revelarse que, a pesar de las advertencias del SAT sobre la empresa, Tapia otorgó tres contratos directos que suman más de 11 millones de pesos en 2018. Además, su conexión personal con la empresa ha generado cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés.

    La Secretaría Anticorrupción ha manifestado preocupación por los riesgos de obstrucción en las investigaciones. En este sentido, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, ha pedido colaboración total para esclarecer los hechos. El IPN se compromete a mantener la transparencia durante todo el proceso.

    Las investigaciones también apuntan a irregularidades en otras adjudicaciones. Se han detectado contratos por 2,500 millones de pesos a una empresa cuestionada por supuestas prácticas corruptas. Este escenario plantea un ambiente de preocupación tanto para el IPN como para el gobierno federal.

    Javier Tapia Santoyo no es un desconocido en el mundo del servicio público; previamente, fue tesorero en el ISSSTE. Desafortunadamente, su carrera ahora se ve ensombrecida por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y la manipulación de pruebas.

    El caso de Tapia despierta un interés significativo en la sociedad, sobre todo al considerar la importancia de combatir la corrupción en México. La ciudadanía reclama justicia y espera que esta investigación pueda arrojar luz sobre la opacidad que a menudo envuelve la gestión pública.

  • Multa de 3.1 mdp a proveedor por incumplimiento de contrato

    Multa de 3.1 mdp a proveedor por incumplimiento de contrato

    La Secretaría Anticorrupción impone una severa sanción a un proveedor por fallar en un contrato de arrendamiento de vehículos.  

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha tomado una decisión contundente al multar a Saúl Hernández González con 3 millones 197 mil 386 pesos. Esta es una de las sanciones más significativas durante la actual administración. El proveedor incumplió un contrato del año 2024 que estaba relacionado con el arrendamiento de vehículos terrestres y su mantenimiento.

    Este incumplimiento causó un daño considerable a la empresa Exportadora de Sal, S.A. de C.V. La multa fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado viernes y marca un paso firme en la lucha contra la corrupción en el país.

    La sanción incluye la inhabilitación del proveedor por 57 meses. Esto significa que no podrá participar en nuevos procedimientos de contratación con la administración pública federal. La notificación de esta medida llegó al sancionado el 3 de octubre y ya se ha registrado su nombre en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

    La Secretaría destacó que la decisión se ha tomado de manera justa y con criterios de proporcionalidad. Además, recordó que Saúl Hernández tiene el derecho de impugnar esta resolución. La Secretaría se compromete a defender su posición ante cualquier apelación.

    Por otro lado, la dependencia también informó que la empresa Aulis Sol, S.A. de C.V. recibió una inhabilitación de un año, además de una multa, por irregularidades en contrataciones con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta serie de acciones refuerza el compromiso del gobierno por mantener la transparencia y la legalidad en la administración pública.

  • Gobierno presenta herramientas para que ciudadanos combatan la corrupción

    Gobierno presenta herramientas para que ciudadanos combatan la corrupción

    La Secretaría Anticorrupción presentó dos nuevas herramientas digitales para que cualquier persona pueda entender cómo funciona el gobierno y aprender a combatir la corrupción. Estas acciones buscan fomentar la participación ciudadana y el cuidado de los recursos públicos.

    Durante un encuentro con contralores estatales en Mérida, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó dos nuevas herramientas digitales. Su objetivo es empoderar a la ciudadanía en la lucha contra la corrupción.

    La primera herramienta se llama “Data Buen Gobierno”, la cual es una plataforma que reúne más de 50 bases de datos públicas de dependencias como el SAT y el INEGI. Alejandro Encinas Nájera, subsecretario de Buen Gobierno, explicó que la plataforma transforma datos complejos en información clara y descargable.

    “Cualquier persona puede explorar y entender cómo funciona el gobierno. No se necesita ser un especialista”, aseguró Encinas. Así, periodistas, estudiantes o cualquier ciudadano podrá vigilar la gestión pública y el desempeño de sus gobernantes.

    La segunda herramienta es el dosier interactivo “Corrupción Cero”, el cual acerca el conocimiento anticorrupción a toda la población mediante contenidos fáciles de entender, pues incluye historias reales y guías prácticas para reconocer, denunciar y prevenir actos de corrupción en la vida diaria.

    Además, se anunció el “Rally Corrupción Cero”, iniciativa que comenzó en el Tecnológico Nacional de México y busca formar a jóvenes intolerantes a la corrupción a través de juegos y dinámicas participativas. El ejercicio se replicará en escuelas de todo el país.

    “Prevenir la corrupción también significa ahorrar dinero público. Ese dinero puede usarse para más obras y servicios que beneficien a todas las familias”, subrayó el subsecretario. Finalmente, con estas acciones el gobierno refrenda su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

  • Peña Nieto y Fuerza México bajo la lupa: millones sin transparencia

    Peña Nieto y Fuerza México bajo la lupa: millones sin transparencia

    La actual administración revela cómo el gobierno de Peña Nieto manejó la plataforma Fuerza México, sin transparentar más de 5 mil millones de pesos en fideicomisos y donaciones. La falta de claridad genera dudas sobre el uso de recursos destinados a emergencias y reconstrucción.

    El gobierno de Claudia Sheinbaum sacó a la luz detalles que dejan mal parado al antiguo régimen de Enrique Peña Nieto. La plataforma Fuerza México, creada en 2017, prometía seguir el gasto público en la reconstrucción de los daños por los sismos de ese año. Sin embargo, hoy se sabe que esa promesa quedó en nada.

    Según el informe presentado por Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y del Buen Gobierno, Peña Nieto no transparentó más de 5 mil millones de pesos que pasaron por esta plataforma. Estos recursos, que debían ser monitoreados y fiscalizados, terminaron en la sombra, sin detalles claros sobre su destino.

    Fuerza México fue diseñada para dar seguimiento a los recursos destinados a la atención de emergencias. Pero, a ocho años de la tragedia, la administración actual denuncia que esa labor no se cumplió. En su lugar, se crearon fideicomisos y donaciones privadas que nunca mostraron cómo se gastaron esos miles de millones.

    Entre las instituciones que participaron en el proyecto se encontraban las secretarías de Hacienda, Gobernación, Educación, Relaciones Exteriores, además del IMSS, ISSSTE y Bansefi. La idea era que estas entidades vigilaban los apoyos entregados. No obstante, desde 2019, no hay información pública que aclare qué sucedió con esos fondos.

    La titular de la Secretaría Anticorrupción también señaló que, durante el gobierno de Peña Nieto, solo se atendieron el 21 por ciento de las unidades de salud afectadas por los sismos. Además, reveló que en ese período, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destinó recursos a Comunicaciones y Transportes por un “error burocrático”, sin justificación clara.

    Por si fuera poco, en el último año del mandato de Peña Nieto, se usaron recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para emergencias que, en realidad, no lo eran. Se registraron 57 declaraciones, de las cuales 46 correspondieron a olas de calor. Esto refleja un mal uso del presupuesto destinado a emergencias reales.

    En resumen, la administración anterior dejó en la sombra millones de pesos destinados a la reconstrucción y ayuda en emergencias. La actual gestión trabaja para aclarar estos manejos y garantizar que los recursos públicos tengan un destino transparente y efectivo. La historia revela que, en política y en gestión pública, la transparencia nunca debe quedar en segundo plano.

  • Sanción a Loeffler por incumplimiento de contrato con ISSSTE

    Sanción a Loeffler por incumplimiento de contrato con ISSSTE

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impone una multa y una inhabilitación a la farmacéutica Loeffler por no cumplir con un contrato de suministro.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha tomado medidas enérgicas contra la empresa Loeffler, S.A. de C.V. La farmacéutica recibió una multa de 128 mil 255 pesos y fue inhabilitada por tres meses para participar en contratos con el gobierno federal. Esta decisión se deriva del incumplimiento del contrato número 190214 ME, que obligaba a Loeffler a entregar 5 mil 320 envases de un medicamento específico en el Centro Nacional de Distribución.

    El 3 de octubre, Loeffler fue notificada sobre esta sanción, y la medida se publicó el 17 de octubre en el Diario Oficial de la Federación. La empresa ahora figura en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que limita su capacidad para participar en futuros contratos públicos.

    La Secretaría ha señalado que las sanciones se aplicaron de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley. Loeffler tiene el derecho de impugnar esta decisión, lo que podría abrir un camino para que la empresa defienda su posición.

    Este caso resalta la importancia de la responsabilidad en el cumplimiento de contratos públicos, especialmente en el sector farmacéutico, donde la entrega oportuna de medicamentos es crucial para la salud pública. La acción del gobierno busca garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones y mantengan la confianza en el sistema de salud.