Estudiantes de una secundaria en Zacatecas son víctimas de abuso tras la creación de un catálogo de fotos alteradas. Las autoridades enfrentan críticas por su lenta respuesta.
En la Escuela Secundaria Técnica Número 1, 400 alumnos denunciaron ser víctimas de un grave caso de pornografía infantil. Un compañero de tercer año creó un catálogo con imágenes manipuladas de sus compañeros, utilizando herramientas de inteligencia artificial.
Las imágenes, que mostraban a los estudiantes desnudos y en situaciones explícitas, fueron publicadas en Instagram y en un sitio creado con ese fin. Una alumna de segundo año compartió su experiencia: “Nos quitaron la ropa con inteligencia artificial”. Relató que el agresor tomó fotos de sus compañeros en lugares como el patio y los baños.
El estudiante responsable capturaba imágenes de sus compañeros en secreto. Las víctimas contaron que se escondía en las salidas de los sanitarios, con su celular listo para fotografiar. Una estudiante afirmó que la tomó en educación física mediante un ángulo incómodo y sorpresivo.
Las fotos originales se alteraron con aplicaciones que eliminan ropa y modifican la anatomía, creando imágenes que parecían reales. Esto permitió que los alumnos compartieran el contenido en grupos privados de WhatsApp y luego en perfiles públicos.
Cuando los afectados acudieron a maestros y prefectos, su respuesta fue ignorar las denuncias. Tras recibir quejas de padres, el director llamó al alumno responsable, pero la acción fue inadecuada. Ya era demasiado tarde, las cuentas y el material habían sido eliminados.
El 10 de noviembre, los padres de los estudiantes organizados se manifestaron frente a la escuela. Cerraron el tráfico en un bulevar de la ciudad para exigir respuestas. Buscaban que las autoridades tomaran acción, pero no obtuvieron apoyo inmediato.
Las mujeres en la protesta expresaron su miedo de que las imágenes manipuladas fueran compartidas o vendidas en la red. Exigieron una respuesta de la secretaria de educación, Gabriela Pinedo. En lugar de atenderlas, se enviaron representantes que ofrecieron una mesa de diálogo, lo que intensificó el descontento.
La Fiscalía General del Estado envió a su personal para ayudar a las familias afectadas y anunció que se abriría una investigación. Allan López, fiscal especializado en derechos humanos, reiteró que buscarán justicia para los menores involucrados.
Hasta ahora, la Secretaría de Educación de Zacatecas no ha hecho declaraciones ni tomado medidas sobre los funcionarios responsables de la omisión ante este grave caso. La comunidad educativa sigue en estado de alerta ante las implicaciones de este suceso.
